El coronavirus pasará, pero el mundo seguirá. ¿Y Argentina?

El gobierno parece haber elegido un escenario irreal sobre el que elaborar sus planes y estrategias económicas, si los tiene.

Como era previsible, la renegociación de la deuda amenaza con ser un largo calvario, no un trámite exprés cual soñaban los supuestos especialistas en negociaciones de deuda de este gobierno. La actitud de decirle a los acreedores “no puedo bajar mis gastos, así que lo que espero es que ustedes nos regalen los fondos suficientes para poder seguir alegremente con el mismo nivel de despilfarro”, parece que no dará resultados. El párrafo encomillado sonará exagerado, pero eso es exactamente lo que se les ha dicho a los bonistas. 
Si se recuerda, es muy parecido a lo que dijo Macri al comienzo de su mandato: “Sería inviable pretender bajar el gasto de golpe, necesitamos crecer para bajar el déficit”. No parece que se trate de un argumento de éxito en el mundo financiero. Tampoco las frases de café como “cuando la deuda es muy grande el que no duerme es el acreedor” y otras elucubraciones igualmente magistrales fruto de la inteligencia colectiva nacional. 
Igual fracaso ha sido la estrategia de no mostrar el plan económico –habrá que suponer que hay alguno– y la de demorar el ajuste tarifario y de combustibles y empezar una nueva negociación con las empresas del rubro que a su vez llevará a un largo y continuo replanteo que descarta toda inversión seria y verdadera y en el sistema, y terminará con desabastecimiento, racionamiento, acuerdos secretos con las petroleras, sin excluir la posibilidad de tener que volver a importar gas, para alegría de varios. 
La política de usar el tipo de cambio como una especie de ancla inflacionaria y congelarlo en 60 pesos, combinada con el multicepo del dólar país, la prohibición de comprar divisas, y el desestímulo doctrinario al campo, que sólo recibe 40 pesos por dólar, también golpeará la exportación e indirectamente la importación, de igual o más significación. Hasta aquí, una foto ya vieja. 
Entra ahora en escena el coronavirus y sus efectos económicos provocados o precipitados, tal como sostiene esta columna.  Cuando el virus haya pasado, cuando la crisis se haya disipado, el mundo se recompondrá, se sacudirá como un perro mojado y retomará su rumbo de crecimiento, como muestran la historia y la experiencia.  ¿Y Argentina? 

Atrapados en el relato

Argentina está atrapada en el relato progrekirchnerista que está plasmado en el actual modelo económico-social. Cuando todo indica que tiene que dejar que el tipo de cambio refleje el real deterioro del peso, el gobierno (Fernández, Kirchner, cualquiera)  no puede permitir que suba porque la exportación se enfrentaría a su quiebra masiva. De paso, se le caería la política monetaria también falsa que le permite simultáneamente emitir fuertemente, bajar la tasa de interés y mostrar una baja de inflación. Un cortoplacismo a costa de exprimir los números del exportador, llenar de papeles sin valor al propio estado, empujar a los bancos a límites de solidez preocupantes, y seguir inventando formatos para reabsorber lo que emite sin que le salga demasiado caro.  
En esa instancia aparece una nueva idea de café. “Con esta crisis los rendimientos son muy bajos y entonces a los fondos les convendrá tomar los nuevos bonos que les daremos, tal vez al 4 por ciento de interés”. Y de nuevo el sueño de que tras la quita de capital e intereses que harán, el país tendrá margen para crecer, poner plata en el bolsillo de la gente y motorizar el consumo.
La ensoñación nocturna, para no llamarla de un modo más gráfico, no se sostiene en ningún punto que tenga conexión con la realidad. Las commodities tenderán a bajar de precio por la apreciación del dólar –moneda de refugio- y la baja de demanda. Eso no podrá ser contrarrestado porque el gobierno no puede tolerar una devaluación, como se explica antes. De modo que el ingreso caerá y la actividad también. Las importaciones se pulverizarán, y con ellas la poca industria en pie.  El petróleo y derivados tenderán a oscilar en precio con tendencia a la baja, por lo que será imposible lograr inversiones, en especial las de Vaca muerta, con costos de extracción fuera de competencia en un mercado global donde el combustible fósil sobrará. Siempre habrá algún osado que quiera participar, pero sólo en sociedad – pública o secreta – con el gran estado argentino bondadoso. Lo que termina sin excepción en juicios o arreglos en que el país se desangra. 

Absurda idea

En cuanto a la absurda idea de que alguien escogerá los bonos argentinos porque rendirán más, evidencia una falta de conocimiento de lo que ocurre en las plazas financieras y aún de la acción humana, como diría Mises. Se invierte a tasa cero en bonos de países confiables como EE.UU. o Alemania, no exactamente de Argentina. Un fondo de inversión preferirá decirles a sus accionistas que se equivocó al prestarle al país hace 4 años, antes que aparecer dando un nuevo crédito a menor tasa de interés que la que se reclama hoy de un bono de Brasil o de una empresa con grado inversor BBB+ó A-.
Hasta podría arriesgarse el concepto de que ya es tarde para un arreglo amigable con los acreedores. El proceso será entonces penoso, eterno, por goteo, que es la mejor manera de no gozar de ninguna confianza, que es finalmente lo único que decide las inversiones y los préstamos. 
Económicamente, el futuro no es negro. Es vacío. Invisible.
Pero hay otros aspectos concretos en el tablero. En un apretado resumen:
  • La reforma del sistema de Justicia, un proceso lanzado tanto en lo legislativo como en el relato, que puede derivar en cualquier resultado, incluyendo la desaparición de la república.  
  • La reforma jubilatoria de los jueces y personal de la Justicia, que obra como creadora de vacantes instantánea que serán suplidas por el actual gobierno a voluntad.  
  • Una relanzada operación de creación de un nuevo Código Penal, también de resultado impredecible, o predecible. 
  • Proyectos de despenalización del aborto. De reivindicaciones de género e idioma inclusivo y otros similares, que promueven el desmembramiento de la sociedad y el orden social. 
  • Un avance sobre la educación y orientación sexual y de género en los sistemas educativos que amenaza llevarse adelante sin basamentos científicos ni con un plan orgánico basado en recomendaciones serias de los profesionales capacitados. 
  • Un criterio de vigilancia sobre las empresas y de controles crecientes sobre sus precios y estructuras de costos y formatos de comercilización que puede dañar seriamente el abastecimiento de todos los bienes, a la vez que alejar a empresas internacionales radicadas en el país. La designación de un antiempresa como Ricardo Nissen en la IGJ es un síntoma ominoso. 
  • La reinserción en la Patria Grande y los entes suprarregionales progresistas. Incluye la reivindicación a los gobiernos de Venezuela y Cuba, aún a costa del alejamiento del Mercosur y sus socios. Esto es percibido claramente por Brasil, Uruguay y EE. UU. 
  • Una oposición minoritaria, desgranada y a la defensiva, que poco puede hacer legalmente para evitar el avance de estos temas, donde tampoco existe la intención de tener un debate serio sobre los contenidos. 
  • Un sistema de gobernadores e intendentes corruptos, agrupados en el peronismo, donde funcionan como corporación. 
  • Similar situación en el aparato sindical y seudosindical (piqueteros & anexos) que no actúan representando a sus sectores sino como vectores políticos que conducen a sus masas a alinearse tras el oficialismo y sus mandatos. 
No es muy difícil comprender que, ante la desaparición de cualquier posibilidad de solución en la economía y la inviabilidad de continuar una línea populista que últimamente ya ha sido meramente dialéctica, el gobierno, quienquiera que fuera, puede elegir un camino de relato y épica para reemplazar el de pan y circo que ya no puede costear. 
¿O ese plan siempre existió? ¿O ése es el plan que no se puede mostrar? 

Hay un Plan

Se nota el obsesivo y desesperado esfuerzo de Alberto Fernández y todo el sistema de obsecuentes periodísticos para convencernos de que el Presidente es autónomo de Cristina Kirchner. Creen que hemos olvidado que AF es un invento de Cristina y que si no fuera por el toque del índice regordete de la vice hoy estaría dando clases en serio para vivir. Suponiendo. 

Sin embargo, a cada paso se advierte que cada una de las medidas que se toman van en la misma dirección: el populismo K, la patria grande, el socialismo ladrón regional. 
Se nos vende la idea de que el monstruo bicéfalo que nos gobierna se ha dividido el poder: Cristina quiere para ella la justicia, el espionaje, la AFIP y su impunidad. Y que AF se ocupa de la economía con un plan serio para reactivar la actividad y “poner plata en el bolsillo de la gente”, mientras renegocia la deuda.

Supuestamente, allí CFK deja las manos libres a AF para que se manejase de modo más ortodoxo y propusiera un plan integral a los bonistas y a la sociedad. La realidad muestra que ese cuadro que nos intentan colgar es falso. No sólo se vuelven a implantar los mismos criterios que en materia social y política sostuvo la ahora vice, sólo se vuelve a las desaforadas fracasadas pagas tipo Lufrano, sino que se reinstalan todas las seudoreivindicaciones que tienden a la desmembración de la Nación que desarman y humillan a las fuerzas de seguridad, y a las fuerzas armadas y vuelven al garantismo, al abolicionismo y al desorden organizado. 

También se regresa apresuradamente al negocio de los DDHH, a la payasada de balbucear críticas al régimen de Maduro para no enojar a Trump/FMI y, por supuesto, se continúa con la idea central de eliminar la Justicia y transformarla en un órgano de partido, en vez de una institución republicana. 

Pero si se observa la economía, también las ideas (¿) que se aplican son las de Cristina y su troupe histórica: jugar al truco con los acreedores, control de precios, cepo cambiario empeorando, trabas a las importaciones (exportaciones), fuerte ataque a la clase media media, cero inversión, subsidios de tarifas, rechazo al tratado con la UE, impuestos al que trabaja, turbios manejos en Vaca Muerta que se muere por sí sola en un mercado bajista o designaciones de inútiles en áreas sensibles y, en otras áreas, oficialización del diezmo de los dirigentes piqueteros en los planes sociales. 

No hay un solo punto en todo el accionar económico en que AF esté haciendo algo distinto a CFK, en sus medidas o en sus consecuencias. Hasta en el resentimiento se parecen. La eliminación de la movilidad jubilatoria a que obligó la Corte, que empobrece a los jubilados con aportes plenos, en beneficio de los 3.500.000 jubilados sin aportes que inventó Cristina es una revancha, además de un error económico que retraerá el consumo. 
No hay dos planes, ni dos criterios, ni dos líneas. El país ha retomado la misma senda que quedó pendiente el 10/12/2015. Con un agregado. Ahora hay un nuevo objetivo: Máximo 2023. Ese es el proyecto, que se inserta otra vez en el populismo seudoprogresista latinoamericano. 

Ya la prensa de sumisión rentada ha comenzado a hablar de su nueva figura de conductor, como antes habló de Néstor ahorrativo y buen administrador, de Cristina gran oradora y estratega política, de Zaffaroni jurista, de Gils Carbó proba, imparcial y de carrera, etc. 
En esas condiciones, el fracaso económico, que caerá sobre las espaldas de AF, Guzmán y premios nobeles rentados, empujará al típico giro hacia el totalitarismo que se vió en Venezuela y Cuba, que tiende a culpar al capitalismo, los bonistas, los bancos o al sionismo del fracaso y profundizar en los mismos errores hasta que no quede nada de la sociedad. 

Cristina Kirchner no abdicó en favor de Fernández, sólo lo contrató como presidente pro tempore. Abdicó a 4 años vista en favor de su hijo Máximo. Por eso, la negociación de la deuda deja de lado el resentimiento por un momento, para postergar la crisis y permitir el nuevo reparto. Por eso no hay un plan, para que no se note que HAY UN PLAN. Ella no cometerá el error de Macri: no dejará que nadie la aparte de ese plan, ni los suyos.

El kirchnerismo volvió para quedarse. No habría que caer de nuevo en el error en el que se cayó con el “no vuelven más”.



La propuesta de Fitch de un ajuste al estilo Argentina

La evaluadora tiene un enfoque superficial, parcial y contraproducente para cualquier economía

El informe de la calificadora ofrece una buena oportunidad para repasar algunos fundamentos básicos de economía y reafirmar conceptos fundamentales. El trabajo no difiere demasiado de lo que sostienen muchos economistas y periodistas especializados: como bajar el gasto es difícil y hay que cortar mucho para que la deuda sea sustentable, entonces hay que aumentar los impuestos o inventar nuevos para poder reducir el déficit.
Una concepción matemática de la acción humana, diría von Mises. No muy distinta a las recomendaciones del Fondo Monetario: bajar el déficit no importa cómo. La misma idea que se le impuso a Macri cuando, luego de mantener el mismo nivel de gasto cristinista y de endeudarse para pagarlo, se le acabó el crédito y tuvo que a aferrarse al salvavidas de un acuerdo que lo obligó a un ajuste que no bajó el gasto estatal, sino que aumentó tarifas e impuestos a privados, con el resultado conocido.
Habrá entonces que empezar por recordar que no es lo mismo reducir el déficit aumentando impuestos que bajando el gasto. Porque el problema principal no es el déficit, es justamente el gasto. Cualquier economista sabe que es preferible tener un gasto pequeño con déficit que equilibrio fiscal con gasto elevado. Desde la corta e interesada mirada de un fondo de inversión, o de una calificadora, se percibe un espejismo: al bajar el déficit habrá más dólares disponibles, y la deuda se volverá sustentable en los cálculos.
Pero eso es sólo en los papeles. En la vida real, un aumento de impuestos tiene siempre mucho más efectos negativos y por más tiempo sobre el PIB y la actividad que la baja del gasto. Entonces, el déficit termina siendo porcentualmente igual o mayor que el que se intenta resolver, al achicarse el Producto, y el supuesto sustento de la deuda se cae a pedazos al reducirse el saldo del balance de pagos. Con lo cual el acreedor tampoco logra cobrar. Ajuste a la Argentina.
Si el déficit se intenta paliar con más impuestos, las recesiones duran mucho más que si se resuelven con baja del gasto, y ello causa más daño a los trabajadores, a los contribuyentes y al consumo. Por mayor abundamiento, la columna vuelve a recomendar el trabajo publicado este año bajo el título Austerity (Alesino, Favero y Giavazzi, @ Princeton University Press), donde se analizan con avanzada técnica 50 casos de ajustes de déficit en países y casos compables, con los resultados comentados.
En términos casi filosóficos, el otro problema de aumentar los impuestos cada vez que se gasta de más, es que se acostumbra al estado –y a la sociedad– a que sus dispendios son siempre inmortales y siempre financiables. Eso termina muchas veces en default. Otra vez ajuste a la Argentina. Dudosamente eso puede servirle a los acreedores, ni tampoco a Fitch.
Ciertamente, las dificultades instantánteas políticas, legales, sociales y las presiones de muchos intereses, hacen que parezca más fácil aplicar soluciones alternativas que ofrecen menor resistencia, pero se trata de un inmediatismo que tiende a obnubilar el razonamiento, a hacer olvidar lo aprendido en los claustros y a debilitar la voluntad de quienes deben aplicar los remedios. Tampoco es menor la amenaza latente de hordas salvajes rompiendo y quemando bienes públicos. Pero todas las hordas no alcanzan a cambiar las leyes económicas. Habrá que usar el capital político y la capacidad de persuadir y de paso testear el apotegma de que Uruguay es distinto.
También es cierto que a lo largo de quince años, como explica El Observador en esta nota, se fue armando una barricada legal que tiene componentes lógicos y otros exagerados, cuando no directamente nocivos. Nuevamente se deberá recurrir a la negociación, la persuasión, la creatividad y a usar los mecanismos legales existentes para corregir esas poison pills paralizantes, que tienen en muchos casos características que rozan lo inconstitucional o debieron ser objetos de una reforma de la Constitución. De lo contrario, esas leyes harían innecesario votar, porque cualquier gobierno estaría atado a un modelo ideológico, lo compartiese o no.
Un tema de fondo que deja de lado el informe de Fitch es el valor de un plan, tanto para la ciudadanía como para los acreedores, los bancos y las calificadoras de riesgo, que no deberían comportarse solamente como una oficina burocrática tipos FMI u OCDE. Por plan no debe interpretarse un conjunto de buenos deseos o pronósticos, sino un proyecto de tres o cuatro años elaborado en detalle, un copromiso del gobierno y sus funcionarios, un cronograma de acciones y metas, debidamente cuantificado. Un compromiso que requeriría de los jerarcas un seguimiento trimestral y una continua rendición de cuentas al público, para evaluar los resultados, los desvíos y las demoras.
Para los rioplantenses que las saben todas, esta idea es utópica, sobre todo por la costumbre de que la política sea frecuentada por algunos charlatanes. Pero un gobierno serio que tiene que enfrentarse a un cambio de habitos, prácticas y excesos, debe utilizarlo como eje de su política económico-social. De paso, es una excelente herramienta para convencer a los inversores y mercados de deuda.
Como referencia para los escépticos, ese concepto de plan fue utilizado con gran éxito por Suecia, cuando tuvo que salir de la quiebra (sic) a la que la llevó el socialismo y pasar a ser un país económicamente serio. El resultado fue notablemente bueno, pese a que todavía muchos sigan sosteniendo que Suecia es socialista.
Fitch equivoca el consejo, y propone algo que puede ir en su propia contra. De paso, seguramente sin intentarlo, pone una presión innecesaria sobre los jerercas del nuevo gobierno, que necesitarán toda su energía, su convicción, su tenacidad, su capacidad y su coraje para bajar el gasto y subir las chances de bienestar para todos.
Fitch propone un ajuste a la Argentina. Lo que hace falta es un ajuste a la uruguaya, diría Jorge Batlle. Y tendría razón.




Otra nueva estafa a los jubilados legítimos


Por los políticos ruines, el periodismo complaciente y los economistas superficiales, los llamados condescendientemente “abuelos” volverán a perder, y así hasta la muerte 


Cada vez que se habla de bajar el gasto, la respuesta de los expertos del análisis presupuestario exprés es: “el Gasto Social es más del 80% de Gasto Público, por lo que no se puede tocar ni desindexar”. Eso puede estar por cambiar, por la fuerza de la realidad y de la manipulación del gobierno de TodosPonen, pero como siempre, del modo más injusto posible, a lo argentino. 

Dentro del multipropósito paquete del Gasto Social, se incluye como si fuera un rubro más de erogaciones el pago de jubilaciones regulares de aquellos que contribuyeron entre 30 y 45 años con sus aportes al sistema y que seguramente correrá la misma suerte que el resto del gasto social, o sea, será licuado, devaluado, desindexado, postergado o algún destrato similar.

Se omitirá así una cuestión de gradación, de orden de prelación de derechos, hasta de Derecho Administrativo, esa rama jurídica asesinada por el tándem Cavallo-Liendo en los 90. 

Se ve muy claro si se desagrega el gasto de la ANSeS. Allí se explica que el gasto global del ente representa el 10.3 % del PBI, el 72% del Gasto Social total y el 46% del Gasto Público Nacional. Impactantes cifras. Hasta que se adentra en el análisis. 

Porque cuando se resta del gasto una serie de prestaciones (cuya oportunidad, necesidad, monto, equidad o justicia no son tema de discusión en esta nota), se observa que el monto dedicado al pago de jubilaciones se reduce al 7.8% del PBI, o sea al 34.6% del Gasto Público Nacional, y al 54.2% del Gasto Social Total. 




Es decir que se están contabilizando como gastos de la ANSeS la AUH, las pensiones de todo tipo, las asignaciones familiares y una gran cantidad de gastos y compensaciones que nada tienen que ver con el Sistema de Jubilaciones, ni justifica mezclar con el presupuesto de la administración de dicho sistema, cuya recaudación de aportes tiene fines legales específicos e inamovibles. 

Por supuesto que el estado, la sociedad, la sensibilidad popular o lo que fuera pueden establecer dádivas con cualquier propósito, y eso no se discute aquí. Pero sí se discute el hecho de que se mezclen conceptos y se equiparen derechos contractuales, con dádivas que dio el estado por la razón que fuere, que no solamente se roban los fondos específicos, sino que terminan metiendo en una misma bolsa conceptos jurídicos muy diferentes de forma ilegal, inmoral e injusta.

La jubilación es un derecho adquirido no por una ley, un decreto o una gracia. Sino por el aporte que hacen los individuos a lo largo de su vida, que por otra parte es obligatorio. Para ambas partes, se supone, o debería ser así al menos, porque quien ha hecho esos aportes tiene un derecho contractual y moral de orden superior a cualquiera otro que reciba una gracia del estado. Lo que por otra parte ha sido consagrado también por la Corte. Por lo menos hasta el momento de escribir esta nota. 

Que algunos que dicen entender sostengan que es un sistema de reparto, como si fuera un sistema de limosnas, no cambia ni la obligación de respetar el destino de los fondos ni la diferencia jurídica que existe entre una jubilación y una AUH, por ejemplo. 

Por lo menos esto debería ser entendido por los liberales de apuro que defienden los derechos adquiridos de Eskenazi, Bulgheroni, Techint o Socma, que hacen y ganan juicios contra el estado con gran facilidad, mientras que un jubilado, con un contrato mucho más simple, claro y transparente con el estado, en el que fue forzado a una adhesión involuntaria, no tiene ningún derecho, ni el de cobrar los juicios ganados con sentencia definitiva ni los superfluos jucios adicionales por cobro y embargo. 

Antes de que los expertos salten diciendo que el sistema está fundido y que hay que cambiarlo por estar desfinanciado y ser insostenible, habrá que seguir mirando los datos. Y excluir los pagos que se hacen en concepto de las denominadas moratorias, que Cristina Kircher adjudicó a voluntad y que Macri no paró del todo. Entonces, cuando el cuadro se limita solamente a las auténticas jubilaciones con aportes legales, la situación cambia drásticamente.






¡Ahora resulta que lo que gasta ANSeS en pagar las jubilaciones legítimas, de acuerdo a las reglas vigentes, malas o buenas, es el 4.4% del PBI, no el 10.3 original!

No sólo no es culpa de los jubilados que el sistema sea insustentable, sino que no es cierto. Es posible que haya que cambiarlo previendo el futuro a mediano plazo. Pero hasta hoy no es infinanciable. 11.5 millones de personas aproximadamente aportan 7% del PBI, en promedio, lo que excede el total de jubilaciones a abonar, incluyendo el efecto de los pagos a los ex afiliados a las AFJP.





Por supuesto, si a la cifra de 3.075.000 jubilados con aportes plenos y completos se le agrega la carga adicional y súbita de 3.730.000 jubilados frutos de moratorias que no tienen nada que ver con el sistema, no habrá mecanismo que aguante. De nuevo, podrá haber justificaciones de todo tipo, razones atendibles y consideraciones sumamente válidas. Pero si el estado considera que deben otorgarse subsidios, dádivas o pensiones por esa causa o por cualquier otra, no deben imputarse contra los fondos legítimos recaudados con los aportes directos o indirectos de los trabajadores. 


AUH, moratorias por falta de aporte, pensiones de invalidez, vejez, asignaciones familiares, subsidios por desempleo o maternidad, deben ser abonados de los fondos generales del estado o de partidas creadas y financiadas al efecto, no robándolo de los fondos de los futuros jubilados. O de los fondos confiscados a las AFJP, que supuestamente eran para asegurar la sustentabilidad del sistema. 

Ahora que se supone que es casi inexorable un ajuste presupuestario a menos que se desee una hiperinflación o una parálisis del estado por falta de pago, el argumento de esta nota es que los jubilados deben ser preservados y diferenciados al mismo nivel que cualquier acreedor privilegiado de la Nación Argentina, por derecho humano, por derecho administrativo y por derecho a la seguridad jurídica que su contrato con el estado merece. 

Salvo que haga falta que los jubilados formen un gremio combativo, tomen las calles y consigan jefes piqueteros que los apoyen con alguna intifada y saqueen los supermercados. Todo el resto del gasto, que hoy se mete bajo el mismo paraguas, con el argumento falso de que el sistema es infinanciable, tiene que seguir el destino de cualquier otro gasto estatal. Las jubilaciones no. Ya se les ha robado demasiado a “nuestros abuelos”, como aman decir los autores del despojo. No se los debe defaultear.  

Hay que recuperar el crédito. Pero primero hay que recuperar la moral. 



Fuente de los datos: Oficina de Presupuesto del Congreso - 2019






Enojando a Trump


Desde el mismo momento en que comenzaron las negociaciones para pedir la ayuda al FMI, que presagiaba el desenlace que se vive hoy, expresé mi desacuerdo con cualquier propuesta de solución que se basase en confiscación o default de cualquiera de las deudas que mantiene el país, incluyendo plazos fijos, Leliqs y similares. 




Esa posición, contraria a la de algunos conocidos economistas, obedecía a diversas razones. La más elemental era que un default, una licuación o una confiscación no deberían ser considerados herramientas para una solución, porque en ese caso se estaría ante un acto de piratería y apoderamiento inaceptable, sino que se tratan de desastres a los que llevan las malas políticas fiscales. Como tal, planificarlas constituía una canallada. Y no evitarlos también.

Hay otros elementos prácticos y técnicos que justificaban mis argumentos. El más evidente es que no hay nada peor que acostumbrar al Estado a que sus dispendios tendrán un financiamiento infinito, o no tendrán ninguna consecuencia. Porque entonces su gasto tenderá también a infinito. Lo mismo rige para lo sociedad, acostumbrada, más allá de sus declamaciones, a pedir del estado más y más, para luego protestar contra los costos de sus reclamos: inflación, impuestos, endeudamiento, desempleo, falta de crecimiento. Borrar mágicamente los efectos de un atracón de gasto y sensiblería fiscal es como malcriar a un niño del peor modo. 

En el aspecto técnico, un default o confiscación alejan la inversión, tanto en el tiempo como en la confianza. Un costo demasiado alto cuando, justamente, hace falta una vívida creación de empleo privado que sólo saquella produce. Máxime si se llega a esa situación de insolvencia planificadamente, como si se aplicase un cronograma fraudulento. 

En lo que hace al mercado interno, confiscar depósitos o canjearlos por instrumentos de deuda aleja el consumo todavía más, o pone su impulso en manos del estado, la peor de todas la soluciones. 

Y luego queda el aspecto ético. El usar un default, una licuación o una confiscación como solución planeada es sencillamente repugnante. Debería serlo todavía más para quienes han hecho tantas barbaridades en nombre de la gente, la solidaridad, el pueblo, la justicia social y una serie de palabras igualmente vacías, por las consecuencias futuras.  Y algo más: aún los más fríos banqueros, los que se han beneficiado tantas veces de nuestra irresponsabilidad, miran con desprecio y desconfianza a quienes siguen esas prácticas.

“El default, la licuación y la confiscación ya están. Sólo la estamos visualizando”.  
– Dicen los predicadores de la quiebra. Sólo habrá que recordar la inteligencia, el coraje y la grandeza de Jorge Batlle cuando resolvió la crisis uruguaya con decencia, mientras nosotros elegimos la trampa, para mirar a los exégetas del incumplimiento con desprecio. 

En varias circunstancias parecidas en el pasado, y en pos de similares soluciones “pícaras”, nuestros políticos y economistas recurrieron a algún personaje mascarón de proa que consciente o no, aplicara previamente una política o un plan que estallaría finalmente, y produjese una licuación, un default generalizado, una hiperinflación, una hiperdevaluación que permitiera empezar de nuevo, borrar la memoria de los precios relativos y del poder adquisitivo históricos. Eso permitía partir de una base de comparación depreciada que asegurase el éxito estadístico y justificase el silenciamiento y la pasividad sindical. También permitió que apareciesen luego economistas prodigiosos y mágicos que por unos años hicieron milagros, hasta que la calesita volvía a acelerar su ritmo y se producía una nueva crisis, con las mismas situaciones, las mismas palabras, las mismas consecuencias y las mismas víctimas. 

Muchas veces fueron esos economistas iluminados los que designaron antecesores de plástico para que provocaran deliberadamente o no el borrón y cuenta nueva que les allanara el terreno para el reseteo y resurrección. 

Enfrentado a la herencia de su herencia,  empeorada con los retoques del gobierno de Macri, el peronismo no es capaz de producir un plan creíble. Ni ningún otro. Ni tiene una solución ni una salida, ni el talento técnico para discurrirla. Tampoco el coraje político ni la estatura moral para hacerlo. En esa situación, no es imposible que busque a algún gurú que lo saque de la disyuntiva. Pero ese gurú necesita una licuación previa. Necesita partir desde la tan agitada tierra arrasada y desde el reclamo cero, que se produce después del incendio.

En ese proceso, la ayuda americana, apenas insinuada por el casquivano presidente carotenado, puede resultarle más una carga que una solución. Porque lo obliga a hacer una buena letra que no puede, no quiere y no sabe hacer. Y a un ajuste imprescindible pero que jamás hará Cristina. Más bien le conviene pelearse con él. Como con Braden. Como la épica con el Fondo, cuando se le pagó a su pedido el 100% de su préstamo y se lo disfrazó de liberación y soberanía. 

Sobre esa épica y la acusación  a la herencia al cuadrado recibida, se puede montar el escenario de licuación y default que prepare el panorama para algún mesías económico que produzca la recuperación estadística. Otro 2003. Sin soja, claro. Pero si la debacle es suficientemente grande lo mismo darán los números para mostrar una recuperación y se podrá gobernar en la emergencia por varios años, y justificar lo que siempre fue injustificable, hasta el default judicial.

¿Trump o Fernández?






Hay que cambiar el capitalismo

Para que la democracia vuelva a ser democracia, el capitalismo debe volver a ser lo que era


El estallido de una nueva versión de guerrilla en Chile pone otra vez en tela de juicio al sistema capitalista, que es en esencia el liberalismo aplicado. Marx necesitaba sacralizar el trabajo dándole un papel de preferencia en la producción de bienes y entonces lo opuso al capital, (tecnología, en términos actuales). 

En vez de entender la forma en que ambos conceptos se interrelacionan y producen riqueza, como dice la teoría liberal, o sea la economía ortodoxa, prefirió inventar una lucha a muerte entre capital y trabajo, convirtió al primero en un ogro explotador y usó la denominación de  capitalismo. Hoy se le llama, con igual propósito denigrante, neoliberalismo. 

El término liberal se usa en EEUU de un modo casi opuesto, pero los americanos son todos un poco Trump desde siempre, de modo que no hay que sorprenderse por esa deformación idiomática precaria. 

Se suele acusar al sistema capitalista de ser culpable de la pobreza, de la desigualdad - ahora llamada con toda deliberación inequidad, para darle un tono de reclamo justo - de que haya billones de personas con pocas oportunidades en el mundo, como si algún otro método o teoría hubiera hecho antes algo por ellos, fuera de matarlos, esclavizarlos o ignorarlos. Se omite deliberadamente que esas masas olvidadas empezaron a transitar un sendero de progreso y de mejor calidad de vida cuando sus países abrazaron los principios liberales, o capitalistas. Antes de ese momento, eran ignorados por todos los sistemas y por sus religiones, como el dramático caso de India, donde la resignación está contenida en su formato de castas inexorables. 

Pero aún si se da validez a las críticas al capitalismo liberal - para unificar el concepto - se puede observar que todas las fallas que se le atribuyen, en realidad se han producido y se siguen produciendo cuando se quiere eludir sus enseñanzas, sus reglas, las consecuencias de la acción humana que tan bien describiera von Mises. Así, se fueron buscando trucos matemáticos, seudoteóricos y dialécticos para justificar excepciones que permitieran a los gobiernos (políticos al fin) eludir las consecuencias de sus desvíos sin efecto aparente, con lo que se ha generalizado la creencia de que el capitalismo es algo viejo, que no se ha adaptado a los reclamos de las sociedades modernas, como si los deseos de la sociedad fueran suficiente argumento para cambiar las reglas de la economía clásica, que describe y anticipa con precisión los efectos de cada distorsión, de cada exceso, de cada desvío. 


Ese voluntarismo fomentado también se podría llamar populismo, en cuanto simplemente busca satisfacer lo que quieren las sociedades, que es el obtener el mayor beneficio con el menor esfuerzo. En el afán de congraciarse con su electorado y así poder justificar su presencia y su frondosa participación en las ganancias, los políticos hacen creer a la población que las ventajas que se obtienen gratuitamente sin esfuerzo, trabajo, formación y talento no tienen contrapartidas carísimas, con lo que terminan desilusionándose del capitalismo cuando en rigor deberían desilusionarse del sistema político que las estafa, hoy llamado pomposamente democracia. 

Para poner algunos ejemplos. Cuando la población se duplica en menos de medio siglo, o se triplica en un siglo, la economía requiere que ocurran paralelamente algunos fenómenos inevitables:

a.    que bajen los salarios o se flexibilice la legislación laboral. 
b. que se eduque a los trabajadores en las nuevas necesidades de conocimiento. 
c.  que aumente la inversión para agregar más tecnología (capital) que permita mejorar el output.
d.   que aumente la innovación con igual propósito. 

Si en cambio esos pasos se evitan, se impiden por el medio o razón que fuese, faltará empleo, estallarán todos los sistemas de pensión, los precios serán inalcanzables para una buena parte de la población, igual que los servicios esenciales. 

Si se intenta proteger a una industria local de la competencia externa, los precios serán siempre relativamente altos, la calidad siempre relativamente baja, las opciones pocas, el empleo será pobre y el crecimiento y el comercio internacional escuálido. 

Si se controla el tipo de cambio, la especulación interna y externa será una constante, la inversión será pobre, la exportación provisoria y precaria, las reservas siempre se aniquilarán y la productividad y aún la producción caerán. 

Si se intenta acelerar el proceso de eliminación de la pobreza o la desigualdad por medio de impuestos, la inversión caerá, el consumo caerá, y además el valor agregado del consumo caerá. También caerán el ahorro (inversión interna) y la inversión externa. La competitividad caerá y con ella la exportación y la importación. 

Si en vez de eso se intenta financiar el gasto solidario con emisión, se tendrá alta inflación, tipos de cambios fluctuantes y crecientes con espiralización cruzada, aumento de la pobreza y la desigualdad, baja inversión y finalmente, baja importación, baja exportación, bajo consumo y finalmente más carencia generalizada. 

Si se intenta aumentar el valor de la jubilación sin respaldo, se deberá recurrir a nuevos impuestos, o a emisión. O a endeudamiento interno o externo. Lo mismo vale para cualquier prestación que no se compadezca con el crecimiento real del país. Con las consecuencias que se han descrito antes, según el financiamiento que se elija. O se irá a alguna clase de default. 

Si se pretende sancionar a los grandes innovadores con impuestos o prohibiciones, se terminará desestimulando la inversión, la productividad y la calidad de los outputs, con efectos negativos sobre el empleo, primero que nada, y sobre todas las demás variables mencionadas. 

Si se intenta subsidiar el desempleo con planes o pagos permanentes, además del efecto sobre el gasto total con todos los efectos negativos que se describen, se terminará por eliminar la vocación de trabajo, empujando a la marginalidad a buena parte de los habitantes.

Si se quiere dar educación gratuita para todos se terminará dando una pobre educación para todos, donde la inclusión se privilegiará por sobre la excelencia, como es cada vez más notorio. Más allá de los efectos económicos del gasto. 

 Esto se aplica a todos y cada uno de los casos en que la sociedad reclama más acción y beneficios del estado, a cualquier nivel de ingresos, en cualquier papel que le toque ocupar a cada factor en la escena nacional. 

Por eso el nivel de intervención estatal y de financiación del estado de los costos de beneficios a la población deben mantenerse acotados y dentro de parámetros de subsidiaridad, temporalidad y sustentabilidad. Porque de lo contrario el efecto de esas acciones terminan empeorando la situación que se intenta aliviar. 

No importa el tamaño de la economía. Esto ocurrirá en cualquier país donde se intenten estas excepciones, aunque el efecto pueda demorarse un poco más en casos de grandes potencias, que además en una primera etapa pueden exportar esos efectos a otros países menores.

También la falacia de otorgar estas ventajas a cuenta de un supuesto crecimiento futuro originado por esas mismas concesiones estalla siempre en un desequilibrio presupuestario de magnitud. 

Un dramático ejemplo mundial se observa cuando los gobiernos intentan evitar las recesiones, fruto de los ciclos económicos, con emisión monetaria, baja de tasas de interés a niveles anticapitalistas y mecanismos de compra espuria de acciones y bonos de empresas.  O rescatan empresas fundidas. El experimento suele tener éxito un tiempo, para estallar en alguna burbuja que deja un tendal de víctimas inocentes, o terminar con el estado financiando a los que lucraron con semejante idea, otro mecanismo fatal de gasto con todos los efectos ya descriptos. Siempre el sistema se recupera más rápidamente de una recesión sin intervención del estado que con su intromisión. Como se recupera más rápido y con menos daño de un déficit bajando el gasto que subiendo impuestos. 

Todos los efectos negativos que se atribuyen al sistema capitalista, son en realidad excepciones que se han intentado a su concepto de fondo, a pedido de pobres y ricos, de empresarios y trabajadores, de gente con trabajo y de gente sin trabajo, de damnificados y beneficiados, en nombre de la solidaridad, de la creación de empleo, de la patria, de la defensa de la industria de un país, de los derechos inalienables de algún sector, de los derechos humanos o de cualquier otra cosa. Y a los efectos acumulados exponencialmente de esas excepciones. 

Los gobiernos, los candidatos y sus economistas no tienen el coraje y convicción técnica para defender los principios de sanidad que configuran y definen al capitalismo. Ni tampoco el coraje político para explicar que la realidad es que no hay manera de evitar las consecuencias de lo que se hace cuando se rompen las leyes de la economía. Con lo que toda la humanidad se siente en el derecho de reclamar todas las excepciones que hagan falta, que se apodan con floridos nombres y doctrinas. 

No hay tal cosa como una modernidad que obliga a cambiar conceptos y decisiones. Hay una enorme mentira que a la sociedad le conviene creerse y a los políticos les conviene hacer creer mientras patean la pelota para adelante. La neoguerrilla chilena no es una excepción. Piñera, con su mea culpa familiar, tampoco lo es. 


Los principios del liberalismo son de tal potencia que es muy difícil concebir una democracia sin pleno capitalismo liso y llano, sin creatividades ideológicas tramposas. Pero los efectos de esa hipocresía global son de tal magnitud que, en las condiciones actuales, ni el capitalismo es capitalismo ni la democracia es democracia. Todo es una puesta en escena con nombres de fantasía.