Publicado en El Observador 29/03/2022
Entre el contagioso virus Cristina y el riesgo de promediar las ideologías
Mientras el Frente Amplio Sindical jura que perdió pero ganó y quiere promediar para neutralizar, el gobierno debe refirmar su rumbo en los dos años útiles que le restan
La pandemia había quitado potencia y oportunidad al plan del gobierno, al torpedear el equilibrio económico y distraer recursos, energías y dedicación y cambiar el foco del interés social. Allí la Coalición sufrió una feroz embestida del Pit-Cnt-FA, (hay que llamarlo de ese modo en homenaje a la verdad) que proponía aumentar el aislamiento dictatorial y el cierre y generar más parálisis y más subsidios parecidos a la Renta Universal. Se salió de esa emergencia bastante airosamente, pero se licuaron buena parte de los dos primeros años de gestión, y también el efecto “arrastre” del comienzo de todo mandato popular.
El tratado climático exprés, que transformó de un plumazo en parias globales a los países que no se comprometieran a reemplazar instantáneamente su generación de energía por algún sistema no polucionante almacenable de algún modo aún no descubierto, colaboró con un aumento descomunal en los precios de gas y petróleo y con la deliberada inflación mundial previamente provocada por el pro-reseteo empobrecedor universal, cuyos efectos se sumaron a la inflación autóctona, lo que también desacomodó los planes gubernamentales, o los diluyó.
La guerra, si bien mejoró los precios de los bienes exportables uruguayos, provocó una inflación y escasez mundial que pega tanto en el nivel de precios como en la inversión productiva local, cuyos efectos ya se notan o se notarán. La mejora de la posición externa es temporal.
El referéndum por la LUC, planificadamente o no, fue otra demora que consumió energías y paralizó todo cambio que implicase cualquier tipo de sacrificio para la sociedad, como todos los cambios que tienden a la seriedad económica.
O sea que los dos primeros años de mandato se consumieron con muy escasos logros. Ni la misma LUC lo es. Tenían razón el domingo a la noche los críticos de TV, pese a su parcialidad manifiesta en favor de la oposición: no hay nada para celebrar en el triunfo del NO, dado el poco peso de los cambios contenidos en la ley. Si la parcialidad no los hubiera cegado, habrían también reconocido que esa misma intrascendencia hacía injustificable haber convocado al referéndum.
Ahora quedan menos de tres años, bastante menos, para parafrasear y enarbolar el lema que Ortega y Gasset propinara a los argentinos: “¡Orientales, a las cosas!” Y encarar algunas reformas de fondo, como señaló el presidente en su conferencia de prensa la medianoche del domingo. Sin embargo, el punteo del presidente es imposible de lograr, por importantes que luzcan esos objetivos.
La llamada reforma de la Seguridad Social, en la reiterada opinión de esta columna, es sencillamente inviable. En primer lugar, porque se produce en ese punto una conveniente confusión entre el sistema jubilatorio legítimo y la gran cantidad de gastos que se le cargan en la práctica, que no le corresponden. Para más claridad, se usan los fondos jubilatorios y otros impuestos para pagar todo tipo de subsidios que nada tienen que ver con el régimen de aportes y su correspondiente contrapartida. Si se excluyesen todos esos gastos que configuran un robo a los aportantes, el déficit, un minuto antes de la pandemia, requeriría sólo algunos ajustes y cambios que se podrían aplicar en etapas y a plazos, como ocurrió en Suecia, no una revolución urgente. En cambio, ahora todo indica que cualquier propuesta con algún grado de consenso terminará siendo más costosa que antes, es decir más inviable. Esto se agrava con la posición tomada por la oposición desde que perdiera el poder, que mostró con toda crudeza el discurso del presidente del Pit-Cnt-FA del domingo, en el que simultáneamente decidió establecer, aparentemente, nuevos preceptos constitucionales que fijan un mínimo de diferencia de votos para determinar la validez de las mayorías, considerar “pueblo” solamente a los que adhieren a sus ponencias e invisibilizar a la mitad más uno que no las apoyan, reemplazar al Parlamento por una mesa de diálogo, sostener que diálogo es igual a cogobierno o promedio decisional, una suerte de empate moral. Conceptos que por cierto regirán sólo cuando la izquierda pierda.
La realidad es que el sistema llamado de reparto y manejado por el estado no sirve más, salvo una limosna mínima de supervivencia sostenida por un impuesto que se llama aporte. No hay manera de resolver tal problema, menos con una oposición que se ha juramentado oponerse permanentemente y por todos los medios a cualquier medida que cambie sus decisiones de 15 años. Una confirmación de lo que ya se sabía, pero no se aceptaba. Un plan de combate que se notó demasiado en las opiniones de los comentaristas, que reclamaban un diálogo que supuestamente era obligatorio con el resultado del referéndum, que sin embargo copiaba la decisión democrática de 2019. Es decir, que la democracia indirecta o por representantes, tan descalificada por el gramscismo, terminó coincidiendo con la posición de la democracia directa, el recurso para el nuevo intento de revolución neomarxista.
Algo parecido ocurre con las imprescindibles modificaciones en la enseñanza, tornada en embrutecimiento colectivo y en indoctrinamiento por el trotskismo sindical, no por casualidad, sino en cumplimiento de un plan global de largo plazo de revolución permanente, que conduce al vasallaje resignado y a la pobreza intelectual, material y moral, la igualdad en la miseria y la marginalidad. El intento imprescindible de cambiar semejante estado de cosas es un misil fatal en la línea de flotación del comunismo, de modo que la lucha sobre ese punto será terminal y con cualquier clase de recursos, como lo ha anticipado Fernando Pereira. No hay promedio posible en este punto, tampoco.
Hay otro tema que no mencionó el presidente, tal vez menos estructural y clave que la educación, pero que está solapado y agazapado mientras acumula potencia explosiva: la inflación con todas sus consecuencias. La inflación en pesos va en camino de llegar este año a una cifra mucho más cercana al 11% que al 7.7% que prevé las expectativas y a la cifra tope del gobierno. El gravísimo sistema de indexar los valores de toda la economía por el índice de precios pasado tiene efectos de espiral viciosa explosiva, que además acentúa las diferencias entre el empleo público privilegiado y el privado, aumenta el gasto hasta lo imposible y termina en una pérdida de empleos y déficit insoportables. Ignorar ese rumbo puede ser una concesión a la paz política, pero no anula los efectos.
Peor es el tema si se mide la inflación en dólares, que, a este paso, tiende a ser entre 16 y 17% en el año por la apreciación del peso. Un país ya suficientemente caro en dólares, empeñado en romper su propio record que siempre culmina en desempleo y en falta de inversión, y pérdida de rentabilidad en los sectores productores por el lado de los costos, más la destrucción de toda industria que intente agregar valor a la exportación. En tal sentido, es urgente y fundamental abrir mucho más la importación, lo que incluye, además de bajar los aranceles y el IMESI, romper varios monopolios públicos y privados, lo que por un lado estabilizará el tipo de cambio, y por el otro colaborará a controlar los precios del único modo serio posible, no con medidas tipo peronistas. Si se desea, por caso, se puede culpar de la pérdida del aporte exportador del turismo a la crisis argentina. También se puede analizar esa pérdida como una simple cuestión de oferta y demanda a la que no se quiere adaptar de puro voluntarismo. Pero el resultado de esa inflación en dólares es siempre negativo para la exportación y el empleo, a la larga.
Eso implica competir y flexibilizar el sistema de trabajo y aún el salarial, lo que creará otra lucha, imposible de soslayar e imposible de resolver con un promedio con el partido opositor sindical, que no tiene ninguna intención de mantener o aumentar el empleo privado, más bien al contrario: lograr el falso empleo público, el subsidio y la dependencia del individuo del estado.
Se puede argüir que se trata de situaciones puntuales, que luego tenderán a regularizarse. Falso. La inflación no retrocede, no hace promedio con una deflación futura, y para peor, si bajaran los precios de las materias primas, como ya ocurrió varias veces, el sistema rígido implantado por los gobiernos de la ahora oposición impide cualquier tipo de ajuste en salarios, gastos o subsidios, o peor, obligará a compensarlo con más subsidios. Lo que quiere decir que, si en algún momento bajase la inflación, quedará el peso aumentado del sector público y el gasto, sin ninguna posibilidad de retroceso, y en detrimento del trabajador en el sector privado.
No hay nada que se haya hecho, ni se hará, que tienda a resolver ese problema, con lo que, en ese aspecto, el gobierno ya ha promediado sus decisiones con el trotskismo, le guste o no el concepto. O, peor, ha caído en la trampa de la oposición o sea que ha cedido a su amenaza sin siquiera notarlo.
El Frente Amplio Sindical, por su lado, sigue en pie de guerra, en el camino de Cristina Kirchner niega su derrota y la esconde en palabras de relato, niega la mayoría de la democracia indirecta y directa que ha refrendado la ley y decide cuál es la cifra mínima que considera válida para aceptar que sus oponentes han ganado. Recuerda la vieja broma futbolera: “Resultado: dos golinhos uruguayos, un golazo brasileiro”.
Por ahora, el camino uruguayo sigue siendo hacia el socialismo, en el peor sentido del término. Quedan menos de tres años para cambiar ese rumbo. Si alguien quisiera cambiarlo. El promedio entre uno y cero, en política, suele ser cero.