Ahora, cien mil fiscales del gasto

Dardo Gasparre
El Gobierno ha anunciado que practicará una auditoría externa (las internas se han desmantelado) en todas las áreas de la administración pública para determinar el estado de situación en el que asume la gestión nacional. Sigue aquí la sugerencia que en su momento realizara el talentoso economista Roberto Cachanosky, con todo tino.
Una auditoría, en el caso del Estado, debería conllevar dos aspectos completamente distintos. Uno es la verificación de todas las normas del manejo presupuestario, las partidas, su ejecución, los diferentes puntos de cumplimiento legal que se requieren de los funcionarios en cada estamento estatal. Ciertamente eso es necesario y probablemente se encuentren irregularidades de diversa importancia, algunas graves y hasta punibles.
El otro aspecto es más parecido al de cualquier empresa privada. El análisis de cada contratación, licitación o acuerdo y los respectivos cumplimientos de las normas de adjudicación. Posteriormente, el estudio del desarrollo de esos contratos, cumplimiento, litigios, demandas, pagos y otras eventualidades. Por supuesto que desde el origen la comparación de precios es fundamental.
En un rubro aparte colocaremos a las tercerizaciones, en cualquiera de sus formatos y en cualquier tipo de prestaciones que se realicen. Este apartado requiere un largo comentario que haremos más adelante.
Por último, está el caso de todas las facturas que no se originan en los dos apartados anteriores y que, sin embargo, implican un monto trascendente.
Una auditoría en el Estado tiene tres objetivos centrales. Primero, asegurarse de que las operaciones realizadas han sido legítimas y no existen situaciones delictivas. Segundo, determinar el estado de situación a un momento determinado de las cuentas de la administración. Tercero, tomar los recaudos para que no se sigan realizando pagos indebidos o improcedentes originados en la gestión revisada.
Por la situación en que se realiza este trabajo, es de esperar que se encare a nivel nacional, provincial y municipal en todas aquellas jurisdicciones en que haya habido un cambio de signo en el Gobierno. También será fundamental que la revisión no se limite solamente a la evaluación del déficit o del cumplimiento presupuestario, sino que abarque los demás aspectos que hemos puntualizado.
Esto porque habría que aprovechar esta auditoría para bajar el gasto, no sólo para deslindar responsabilidades. Y ciertamente el gasto puede bajar varios puntos con los resultados de este trabajo.
Es redundante puntualizar el rico campo que son los contratos, las licitaciones, las concesiones y todos sus derivados. Desde los juicios inventados en conjunto, cuyos plazos se dejan caer a propósito, hasta el viejo sistema de repartirse las licitaciones entre los contratistas. Sin olvidar las prórrogas y los agregados sin licitación y todo el pentagrama de trampas conocido.
El componente privado mafioso del gasto: el ahorro aquí es incalculable. Pero eso será cuestión de una política de Estado y tomará muchos años para luchar contra la acusación de inseguridad jurídica que esgrimirán los ladrones públicos y privados.
Pero donde más rápido se encontrarán enormes fraudes y grandes ahorros futuros es en las tercerizaciones. Este ha sido el método exprés preferido por los corruptos públicos y privados para saquear al Estado nacional, a las provincias y a los municipios.
Cientos de miles de tercerizaciones, que ya no tienen el clásico diezmo de retorno, sino que, al revés, es todo mentira, y el privado que presta el servicio recibe apenas 20% o 30% de la factura y un mecanismo de ceguera impositiva para que el costo del retorno no encarezca la operatoria  y licue la ganancia.
Vigilancias que no existen o al triple de precio, asesores de todo tipo que realizan informes copiados o vacíos, siempre innecesarios, servicios por los conceptos más inverosímiles, clases de dialéctica, o cursos de coaching, de presentaciones de Power Point, de dicción, de actuación, de cocina o de cualquier cosa de alguien amigo que tenga un membrete y pueda acreditar que algo sabe de algún tema. Ni hablar de los servicios financieros y similares.
El despojo ha sido rampante. No sería descabellado pensar en un ahorro significativo del gasto, que baje un par de puntos el déficit. Un ahorro importante, rápido, ético y con muy bajo costo social.
No se trata de olvidar de todos los otros aspectos del gasto, que por supuesto deben atacarse al mismo tiempo. Simplemente me limito a puntualizar este rubro por la rapidez y la importancia de los resultados.
Pero llevar adelante esta tarea es ciclópeo, carísimo y lento. Ni todos los estudios de auditoría juntos están preparados para semejante tarea. Entonces brindo una alternativa. Propongo la creación de una fuerza de profesionales que trabajen pro bono. Pueden ser retirados, jubilados o donar tiempo parcial, o estar temporariamente sin empleo. Miles de voluntarios, como los fiscales, pero con formación y experiencia.
La tarea se haría entonces de una forma mixta. Bajo la dirección y la supervisión de un estudio de auditores, pero con el aporte a distintos niveles y especialidades de este batallón de voluntarios. La tarea en sí puede tomar formas diversas. Se pueden asignar tres o cuatro contratos a cada equipo de dos o tres profesionales, que se concentren en ellos y eleven sus conclusiones y sus dudas a los auditores rentados, o semi integrándose a los cuerpos estables.
Se debe entender que, por tratarse de una tarea única y sin precedentes, se debe recurrir a soluciones únicas.
La tarea de contralor presupuestario y de cumplimiento de leyes presupuestarias deberá hacerse en menor tiempo que el resto, por razones de oportunidad, y acaso solamente por los auditores profesionales. Pero un contrato de asesoramiento para dicción de los empleados de un área cualquiera requiere menos especialidad.
Este sistema evita que se termine dejando la auditoría en manos de la administración interna, por razones obvias, y además obra de control cruzado de la objetividad y la integridad de la tarea del estudio contable a cargo. Pone además a un número muy importante de ciudadanos sin compromiso político alguno a controlar el gasto estatal y a luchar frontalmente contra la corrupción.
Comprendo que se trata de una solución audaz y compleja. Pero no encuentro otros modos de pasar de la discusión obvia, al voleo y de café sobre el gasto a una acción concreta sistemática. Arrojo esta idea con la esperanza de que sea discutida, perfeccionada y aplicada, como un primer movimiento hacia un control de la ciudadanía de la gestión del Estado, que puede ser potenciado por las redes y la colaboración en línea con programas de workflow.
Si parece disparatada, les recuerdo que hace 8 meses nadie creía que Cambiemos podía llegar a tener cien mil fiscales voluntarios, que fueron vitales para su triunfo. Propongo ahora crear cien mil fiscales voluntarios del gasto. Se puede. ¿Se podrá?

La deuda con los importadores


Un contrato de venta de "dólares pasado"



           Una larga charla-debate con mi colega y amigo Roberto Cachanosky nos permitió a ambos aclarar ideas sobre el Bonar USD 2016, el bono del Tesoro cuya emisión se dispuso el 23 de diciembre.

         Esta es mi parte de las conclusiones, seguramente Roberto comentará las suyas,  ya que en su momento anticipó con gran valentía y conocimiento la situación pavorosa de reservas en que estábamos sumidos.

         El bono es del tipo de lo que se ha dado en llamar "Bono Milei" en reconocimiento a otro colega, Javier Milei, que propuso como alternativa para absorber pesos sin crear una espiral inflacionaria la emisión de un bono a suscribir en pesos pero denominado en dólares.

         El objetivo es saldar con él la deuda que el Central tiene con los importadores. Se recordará que, acuciado por la escasez de reservas, el BCRA no entregó a los importadores los dólares necesarios para pagar importaciones con DJAI aprobadas, una especie de "pido" que hubiera merecido una trompada si uno se lo hubiera hecho a cualquiera.

         Para ponerlo en términos más técnicos, el importador tenía virtualmente un "call" que el Central incumplió: debía entregar dólares contra pesos en un determinado tiempo y forma y no lo hizo. También a un determinado tipo de cambio.

         Como buena parte de esta situación data de 2014, el importador se enfrentó a la desagradable situación de no poder pagarle a su proveedor.  Como se sabe, ni los proveedores aceptan como excusa que el Banco Central está loco, ni el importador tiene ganas de perder a un proveedor y de perder prestigio como cumplidor. 

         De modo que, sin entrar en mucho análisis, es fácil colegir que, como tantas veces en nuestra fecunda historia de "pidos" del estado, el importador anticipó los fondos a su acreedor, por uno de dos caminos, el Contado con Liquidación, o dólares de su propiedad ubicados en el exterior. Eso era lo que correspondía.

         Como parte de la salida del cepo el Banco Central ha aceptado esta deuda con los importadores, y ha dicho, en la palabra de Alfonso de Prat Gay, que habrá un cronograma de pagos, aunque sin entrar en precisiones.

         Ahora se concreta la alternativa también ofrecida por Prat Gay: la emisión de un bono ad hoc para solucionar el problema. Aquí empieza una madeja interesante de desenredar.  

         En esta licitación sólo podrán participar los importadores a quienes el Banco les adeuda dólares, de modo que yo llamaría a este bono un "Milei forzoso". Lo de forzoso va porque la alternativa de pago en cuotas es sólo una promesa que, sin dudar de la pureza sacrosanta de los nuevos funcionarios, se vuelve especialmente vaga en cuanto al tipo de cambio a utilizarse en su momento.

         El importador probablemente no tenga ya los pesos que necesita para comprar los dólares, pero los tenga o no, esta suscripción tendrá el efecto secundario de secar la plaza de pesos, lo que no viene mal.

         Aquí vale la pena la disgresión de que el Central ha incumplido hasta ahora solamente con la entrega de los dólares. Habrá que ver si cumple con el valor al que calcula los pesos que aceptará en pago de ese Call del que hablábamos.

         Esto es importante si se mira desde el aspecto del cumplimiento de la obligación por la operatoria, como si se comprende que el importador vendió  su mercadería a un precio relacionado con el tipo de cambio de ese momento.

         Estamos en presencia de un extraño formato, que en oposición al de contrato de venta de dólar futuro, llamaría de contrato de venta de dólar pasado.

         Pronto sabremos si se respeta ese tipo de cambio histórico. La licitación supone que los importadores "han ganado el derecho" a licitar a un cierto precio, bonos por el monto de dólares que se les adeuda. 

         Como esto no es un remate, todos los bonos tienen que terminar pagándose al mismo valor en pesos, con lo que habrá de utilizarse algún mecanismo de consenso en un único valor. Ese único valor, tendrá implícito el tipo de cambio que se reconocerá al importador.

         Ahora viene la segunda parte, esto no termina aquí. Una vez que el importador se haga de los bonos, tendrá que optar entre quedarse con esos papeles y obtener una renta de 6% anual, o venderlos. Si decide venderlos, deberá hacerlo en un mercado secundario en el exterior, para conseguir dólares.

         Quiere decir que al ofrecer/acordar el precio que pagará por el bono en la licitación tendrá que tener en cuenta:

         El tipo de cambio histórico implícito
         El desagio por tasa y riesgo que puede sufrir en la reventa
         Los costos de esa operatoria
         El tiempo de espera que media entre la compra y el   establecimiento de un mercado secundario.

         La pregunta que surge es: ¿y todo este lío no se evitaría emitiendo un bono también suscribible en pesos, también con ley argentina y también pagadero en un año, pero abierto a cualquier interesado?

         Si bien Griesa y su facilitador están más mansos con el acercamiento argentino, los holdouts no sacan la espuela del caballo. Un elemental principio de negociación les hace ponerse duros cuando Argentina muestra su disposición de negociar. Cualquier armenio lo entendería.

         En ese plan, si el Bonar USD 16 fuera abierto, se parecería peligrosamente al Bonar 24, y sufriría múltiples trabas y objeciones,  y hasta podría ser posible que se impidiera su lanzamiento.

         En cambio, este formato mata varios pájaros de un tiro. Resuelve el problema con los importadores, absorbe pesos de la plaza, evita cualquier impugnación al tratarse claramente de un instrumento de pago de una deuda local y los privados se juntan con muchos dólares,  de los que algunos pueden retornar.

         Es posible especular, meramente especular, con la presencia de algún banco americano que esté interesado en ser un comprador importante de estos bonos, lo que facilitaría la formación del mercado secundario y una rápida liquidez del papel.

         Para terminar de cerrar la comprensión del tema, hay que tener muy en cuenta el misterio y silencio insondable que rodean a las reservas disponibles, que parece ser el único aspecto de la gestión kirchnerista que tendrá continuidad. Esperemos que no sea una política de estado.



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