Para dejar de bastardear
la democracia



   


Una propuesta de cambio en el sistema político-electoral para propender al único acuerdo social que hace falta










Siempre se habla de le necesidad de consensuar políticas de estado, o la de lograr un pacto de gobernabilidad, o de la importancia de recrear el contrato social. Frases que se sabe son vacías y formales, ya que tan pronto algún partido llega al poder ejecutivo o controla el legislativo, las tira a la papelera de reciclaje, cuando no es el poder judicial el que manosea la lógica de la representatividad. 

La consecuencia es la permanente sensación de hartazgo de la sociedad, que no se relaciona solamente con los pobres resultados de las gestiones de incompetentes que pasan por el estado, sino que se refiere al permanente jugueteo con las normas, a las avivadas y las trampas comunes a todos los partidos, los gobiernos y las jurisdicciones. Baste el ejemplo de las PASO, que fueron reformadas al poco tiempo de su aprobación durante el kirchnerismo, y ahora están nuevamente en la mira de la rosca política, como definiera Emilio Monzó en su lunfardo parlamentario. 


El monopolio de los partidos


En el Pacto de Olivos, Alfonsín le cobra cara a Menem su venia para la reforma constitucional reelectoral, y transforma la Constitución en un híbrido entre el liberalismo político del texto de 1853 y una ensoñación socialista de garantías, derechos y representatividades que alejan el poder de la ciudadanía y lo pone en mano de pocas fuerzas partidarias, todo lo opuesto a la democracia moderna, y más parecida a la seudodemocracia del partido único soviético, cubano o chino. 

Para terminar con ese escamoteo, se propondrán algunos cambios que se explican por sí mismos, a distintos niveles de la normativa legislativa. En términos constitucionales, debería volverse a los dos senadores elegidos para representar a cada provincia, sin el aditamento de un tercer representante por la minoría. Se supone que los senadores representan a la provincia ante la Nación y defienden sus intereses más allá de banderías políticas. Fomentar una partidización de ese mandato es antifederal y desvirtúa la esencia misma de la institución senatorial. 


Retomar la representación proporcional y por distritos


También, por vía de la reglamentación, debería volverse a la representatividad proporcional de los diputados de cada provincia. No hay razón alguna para que ciertos estados provinciales tengan una representación mayor que el resto del país, lo que lesiona la igualdad ante la ley. 

Dentro de ese cambio, debe incluirse la división distrital para la elección de diputados, aceptando que algunas provincias de baja concentración pueden ser consideradas un único distrito. Esa división distrital - que debería respetar el número actual de diputados y la proporcionalidad poblacional citadas antes, implica cambios de gran importancia democrática. 

Al elegirse por distritos, muere automáticamente la lista sábana para la elección legislativa, porque la boleta de cada distrito sólo puede contener un candidato por partido. No importa tanto si se postulan partidos o independientes, algo que debería ser posible, de todos modos. Importa la personalización, la posibilidad de que sectores más chicos de la población puedan reclamar a su candidato o su representante por el modo en que votó o en que defendió una causa. La constituency, por las que los políticos americanos tienen un temor reverencial, y cuya importancia ponen por encima de la voluntad partidaria. 

De paso, se produce de este modo el timbreo auténtico, con los candidatos hablando cara a cara con los votantes. Tal vez se incurra en algunos costos de impresión de boletas algo mayores, pero el precio económico es despreciable frente a las ventajas de la representatividad, y de todos modos, los costos se reducen con el uso de la boleta única, del que hablaremos luego.

Este cambio implica una revolución en el ejercicio de la voluntad popular, que hace del partido una usina de ideas, de formación política, pero le da a la ciudadanía un instrumento formidable y cercano. Al mismo tiempo, saca otro obstáculo deliberado: la necesidad de formar un partido para presentarse como diputado. En la actualidad, tal misión es imposible. 


La misión imposible de formar un partido


Si cualquier ciudadano intenta candidatearse como diputado, debe afiliarse a unos de los partidos monopólicos, donde pasa a sufrir todo el filtrado imaginable e inimaginable. Si en cambio decidiese crear un partido distrital, pese a que la exigencia es de 4.000 afiliados, se encontrará con una burocracia diseñada por los propios partidos existentes, que se ocupan de destrozar su formación. Le queda la posibilidad de comprar o alquilar algún partido vetusto residual existente, lo que siempre termina mal. Este mecanismo permite que muchos individuos valiosos se postulen, lo que implica aires nuevos para el sistema y no ahuyenta a la gente honesta de la política. Obviamente, algún número de firmas en apoyo de su candidatura debería alcanzarse, sin llegar al sistema expulsivo actual. 

Otro tema que con toda razón urtica hasta el cansancio a los ciudadanos,  que tiene efectos graves y distorsivos, es la reelección en todos los cargos políticos. Los griegos, que hasta pensaron en algún momento designar a sus gobernantes por sorteo, comprendían la doble importancia de impedirlo. Para permitir la renovación inherente a la democracia, o sea la oportunidad para todos de representar a sus pares, para eliminar el clientelismo, posibilitar la revisión de todas las gestiones, y sobre todo, para que ningún ciudadano en ningún cargo se sienta tentado u obligado a ser demagogo, populista o a no hacer lo que piensa que corresponde por consideraciones electorales.  

Este aspecto fue analizado brillantemente por Tocqueville en 1835, en su libro La Democracia en América, donde llega a decir que el Presidente, en la concepción americana, había sido condenado a reelegirse, y que, en consecuencia, no tomaría ninguna medida que fuera impopular en el corto plazo, aunque lo fuera a la larga, y se le demandaría ejercer la demagogia, lo que no tendría más remedio que aceptar. Formidable lección olvidada. 


Ninguna reelección consecutiva

Ni el presidente, ni los gobernadores, ni los intendentes o legisladores, deberían poder reelegirse, al menos en períodos simultáneos. Ninguna medida más eficaz para evitar la demagogia, el populismo, la corrupción y la falta de grandeza por especulación política. Por eso mismo, el partido como cuerpo resulta sumamente nocivo en estos puntos. Porque su influencia hace que aún cuando los candidatos no sean reelegibles, la conducción partidaria estará interesada en congraciarse a cualquier precio con el electorado para imponer sus nuevos candidatos en la próxima compulsa. Por eso la importancia de la división distrital para la elección de diputados. Y hasta no habría que descartar la posibilidad de la postulación de candidatos independientes a la presidencia, cualquiera fuera su chance, como ocurre en Estados Unidos, que no pueden ser disputados en su vocación democrática. 

Otro punto a analizar es lo que tiene que ver con el contralor de la gestión de gobierno. Comenzando por el Congreso, el órgano fundamental en esa tarea. El sistema de renovación de legisladores por mitades a los dos años crea una falsa mayoría. "La ciudadanía eligió que hubiera un gobierno con minoría en el Congreso" se suele escuchar. No es cierto. La mitad de los diputados y senadores son arrastre de elecciones anteriores, de proyectos anteriores, y tal vez si los electores pudieran les quitarían el mandato. Es interesante en este sentido el sistema de Uruguay. 


Eliminar el medio término por mitades


Allí tanto el Presidente como los legisladores se eligen cada 5 años. El presidente no puede serlo por dos períodos consecutivos. (Lo ideal sería que los legisladores tuvieran igual régimen) El presidente se elige en una elección única, con ballotage. Unas semanas después se eligen los legisladores. Se elimina así la sábana, y si la ciudadanía quiere efectivamente que el ejecutivo tenga un Congreso opositor, puede votar en ese sentido a las pocas semanas. Además de evitar el estado de campaña electoral permanente, el resultado es mucho más homogéneo y adecuado a la voluntad popular e impide los feudos. 

Aquí debe incorporarse el tema de la boleta sábana. Este punto tiene dos aristas. La boleta por cada partido tiene apareado el robo de papeletas, lo que obliga a imprimir varias veces más de lo que se necesita de votos, (además una restricción económica para los partidos más chicos que deben anticipar los fondos para imprimirlos) y a tener un fiscal en cada mesa para actuar de vigilante. Por otro lado, fomenta el voto sábana, con boletas que antaño venían troqueladas y que ahora vienen casi soldadas para evitar el corte. 


No sólo la boleta única





La boleta única, en que el votante marca con un bolígrafo al candidato que vota, resuelve parte del problema, pero no todos, porque permite muchos manejos de transa política y caudillista al hacerse una elección múltiple simultánea. Además de la boleta única - y de la natural antisábana que implica la elección distrital de diputados, habría que considerar la posibilidad de que las elecciones de presidente, gobernador e intendente se hicieran en momentos separados, al igual que sus legislaturas y consejos. Se dirá que es demasiada frecuencia de votos y gastos. Debe recordarse que con el esquema propuesto se votaría una vez cada cinco años y no cada dos años. La boleta única también reduce los costos de modo notable, y por último se podría alternar la elección de intendentes y gobernadores, con lo cual se votaría 3 veces por año, un esfuerzo que vale la pena.  

Esto lleva a la obligatoriedad del voto. Debería eliminarse. Si alguien considera que es demasiado trabajoso o complicado destinar algunas horas cada año a elegir sus representantes, debe tener el derecho de no ejercer su derecho, redundancia necesaria y saludable. 

Algunos de estos puntos se podrían solucionar mejor con el sistema de urna electrónica, (no con voto digital) pero se ha eliminado del planteo para no enzarzarse en discusiones estériles y diluyentes con quienes sostienen una serie de argumentos que descalifican la idea. 


Contralor y coto a las decisiones de la mayoría


Un tema que no es exactamente electoral pero que debiera analizarse más en profundidad, es el control de la toma de decisiones de todos los funcionarios y representantes. Ello es para asegurarse de que, además de cumplir los mandatos de las mayorías, se apliquen los límites imperativos para asegurar el respeto por los derechos de las minorías. El Consejo de la Magistratura, las distintas oficinas de auditoría y contralor tanto del Poder ejecutivo como del poder Legislativo deben estar en poder de las minorías. En el caso del ejecutivo, deben surgir de la decisión de los partidos que no ejerzan la presidencia, y en el caso del Congreso, de las minorías. Obviamente serán decisiones posteriores al acto electoral principal. Quedan para analizar más precisamente y con más profundidad, por juristas, los complementos y mecanismos de control de las mayorías a los que se refiere antes esta nota. Seguramente deberá incorporar una mayor importancia y vincularía a las propuestas colectivas de tratamiento de leyes o censura de ciertas disposiciones, pero no se tratarán aquí.   

Una cuestión que parece secundaria pero que requiere suma atención, en línea con la necesidad de asegurar la confianza y credibilidad en el acto electoral, es el conteo de los votos, tanto en el escrutinio provisorio como en el definitivo. Como se sabe, al cierre de cada mesa, el presidente y los fiscales proceden a labrar el acta de escrutinio, que el presidente de mesa, con la firma de los fiscales debe remitir a la Justicia Federal, que está a cargo del conteo definitivo. Al mismo tiempo, el presidente de mesa envía un telegrama al Correo Central con los resultados de su mesa. 



Reglas para el escrutinio






El escrutinio provisorio - sin valor vinculante alguno - se hace mediante el conteo de esos telegramas. Hasta ahora se ha venido haciendo con la tercerización de la tarea en firmas privadas. Ese paso debería estar a cargo del estado o la justicia, y no de una empresa privada, simplemente para ahuyentar suspicacias como las que han surgido en varios actos comiciales.

El escrutinio definitivo se hace en la Justicia Federal mediante la utilización de las actas de escrutinio, con la presencia de todos los fiscales generales de los partidos. Aquí vale la pena detenerse. Un punto posible de fraude existe en el caso de que sólo el presidente de mesa esté presente en el momento de la confección del acta. O que sólo se hallen en el acto el presidente de mesa y el fiscal del partido ganador. Sólo en situaciones especialísimas se procede al recuento de los votos de cada urna, que obran en sobres en poder de la Junta Electoral. Este aspecto debe modificarse. En casos de diferencias abrumadoras, imposibles, o cuando se impugna alguna mesa donde sólo firmó el acta el presidente, debiera flexibilizarse esa regla, aún a riesgo de alargar el escrutinio. Y hasta cabría la posibilidad de realizar muestreos al azar, con duras sanciones en caso de diferencias groseras. 


Recuento manual de votos


En algunos estados americanos, como se ha visto en las recientes elecciones de medio término, si los resultados distritales generales arrojan una escasa diferencia, se procede al recuento manual de todos los votos, tanta es la importancia que se da a la seguridad en ese punto del comicio, tan frágil en el caso local. 

Un capítulo aparte para las PASO, las primarias abiertas y obligatorias. Este sistema fue aplicado por el kirchnerismo como un modo de cerrar y dificultar el acceso de más partidos a la contienda electoral, y posteriormente modificado a su conveniencia. Hoy se discute la conveniencia de volver a modificarlas. Debería encontrarse un formato verdaderamente democrático y no modificarlo sino con consenso de amplias mayorías y con bajísima frecuencia. 

Parece claro que la participación en las internas no debería ser obligatoria, como no lo debe ser el voto en las generales. Tiene sentido que sea obligatoria su existencia para los partidos, a fin de asegurarse que no existan candidatos elegidos "a dedo". Pero cada partido debería darse su propio reglamento. Debería estar abierta la participación en ellas de todos los afiliados que se deseen postular a cualquier cargo o banca, para evitar la preconfección de listas compulsivas o consensuadas, mecanismo que se ha usado  con formatos diversos en el pasado, aún antes de las PASO, y que tiene un componente antidemocrático importante. También las fechas deberían ser fijas o por lo menos hacerse con una antelación mínima a las generales. 


Democracia participativa online


Seguramente al analizar estos temas, surgirá la idea de apelar obligatoriamente o no a la consulta directa popular, mediante los medios digitales disponibles. Desde el punto de vista de la calidad de las decisiones y la juridicidad de estas consultas, habrá que tomar en cuenta algunas decisiones disparatadas a las que se ha arribado con este tipo de compulsas directas, por medios convencionales. No es casualidad que el modelo universal de democracia sea representativo, y hasta que muchas constituciones fulminen la petición directa en nombre del pueblo. "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes" no es una mera fórmula. El voto y las decisiones políticas de la sociedad, se toman - así lo aseguran los expertos mundialmente - sobre impulsos emocionales. Sumarle a esos impulsos la instantaneidad que ofrece Whatsapp, por caso, parece peligrosísimo. 

Por otra parte, no se puede ignorar que al sopesar la posibilidad de utilizar la urna digital, ya ni siquiera el voto digitalizado, quienes se consideran los máximos expertos en el área informática han rechazado de plano cualquier sistema de cualquier índole que utilice software, trasmisión online o un procesador. Con menos razón entonces se podría osar utilizar Internet o cualquier sistema con protocolos parecidos y que se basase en los mismos principios para realizar consultas a la ciudadanía, cuya autenticidad y calidad podría ser disputada agria y salvajemente, como ha ocurrido con el voto electrónico, y por las mismas razones.  


Comentario final


Este trabajo no intenta ser un anteproyecto legal ni una propuesta de modificación constitucional. Es apenas un enunciado con cierto grado de puntualización y precisión de las críticas, observaciones, dudas y defectos que se advierten y denuncian en nuestro sistema electoral y en nuestras reglas que confluyen en el ejercicio de la democracia. 

Se suele confundir las malas prácticas de los gobiernos, tanto en su comportamiento político como en su gestión, con un pobre desempeño de la democracia, lo que además de ser un resumen demasiado superficial, es una conclusión riesgosa y que crea una gran inseguridad social, al ponerse en duda, con razón o no, a la esencia de nuestro contrato social, nuestro pacto fundamental de convivencia. 

Aunque el momento no sea oportuno -nunca lo será - se trata este de un pequeño aporte para estimular el debate y el análisis, y enfocar desde otro ángulo lo que se ha dado en llamar grieta, que nunca será un mecanismo válido para la sociedad, y que habrá que tratar de soldar desde la base misma del orden social: el derecho. 





¡No hables de la economía, estúpido!









Cambiemos ha decidido que la campaña electoral que empieza ahora y durará buena parte de 2019 no versará sobre economía. Se trata de un acto de voluntarismo, porque el peronismo se ocupará de que el centro del debate en los medios, las redes, las calles, los piquetes y las huelgas, sea justamente la performance económica del país, que ciertamente ha sido y es mala. 

Por más que se intente acallar las voces que - sin necesitar demasiado esfuerzo académico - auguran un difícil futuro inmediato, aún los más fanatizados macristas deberán hacer un esfuerzo de negación para no incorporar en su evaluación de voto el golpazo de la recesión y el parate consecuente. Se debe tener en cuenta que la actual caída de la actividad se debe a la combinación de la astringencia monetaria y la alta tasa de interés antipyme. 

Hasta los economistas más prudentes han debido dejar de lado el miedo técnico y están aceptando que la recesión irá más allá de los tres trimestres

A partir de enero se agregará la nueva recesión motivada por la carga fiscal adicional contenida en el presupuesto peronista que se ha aprobado, con un gasto cuyo despropósito sólo se ha disimulado y que ahora se direccionará todavía más a pagar piqueteros, planeros y subsidiados para ganar seguridad. 

Por eso hasta los economistas más prudentes han debido dejar de lado el miedo técnico y están aceptando que la recesión irá más allá de los tres trimestres, con lo que empiezan a digerir que el escenario será casi el de una depresión. 

Y aquí habría que hacer un pido. Es muy probable que lo que se está haciendo sea lo correcto.El punto es que recién se hace luego de tres años de miedos y vacilaciones, que con el nombre de gradualismo se encargaron de aplicar Prat Gay, Sturzenegger y Caputo, albaceas que manejaron muy mal el destejido de la herencia maldita. La combinación de emisión y esterilización espiralada vía tasas de interés, y al mismo tiempo un tipo de cambio que al salir del cepo se mantuvo con una paridad artificialmente baja con la ayuda de fondos de inversión amigos que luego huyeron en estampida, llevaba a un resultado único e ineludible. A eso, como para reforzar el efecto explosivo, se agregó el financiamiento del colosal déficit mediante la toma de deuda en dólares, que tenía también un cúmulo de consecuencias previsibles, que, como en un manual, se dieron todas. A lo que hay que sumar la deuda acumulada en moneda local por la coima a los tenedores de pesos para que no los tiren sobre el consumo o compren dólares. 


La conclusión es que salvo un cambio drástico en el manejo del gasto y del riesgo país, no se podrá cumplir los compromisos con el actual perfil de vencimientos y tasas

No se trata de una crítica ex post ni con el diario del lunes, como gustan decir quienes no han leído lo suficiente y descubren que la realidad que no habían querido imaginar les estalla ante sus ojos. Esta columna, entre otras, se ocupó de advertir y pronosticar todas estas consecuencias desde hace más de tres años, como se puede comprobar recorriendo las notas de este blog, prolijamente archivadas por fecha. 

Como si esto fuera poco, ya muchos académicos respetables están hablando abiertamente de la posibilidad cierta de un default, o de la inexorabilidad del mismo, por lo cual están siendo descalificados como destituyentes, palabrita que se escuchará muchas veces en el próximo año, también sólo como una herramienta dialéctica. Quienes en público o en privado ven ahora un default cercano, agregan que se trataría de un default blando, donde no se reducirían los montos de la deuda sino que se extendería su plazo. Disputable. No hay tal cosa como un default blando. El monto de los intereses totales de la deuda en dólares es muy alto con relación al PBI, y genera un déficit adicional que no es soportable por el actual tamaño de la torta económica. La conclusión es que salvo un cambio drástico en el manejo del gasto y del riesgo país, no se podrá cumplir los compromisos con el actual perfil de vencimientos y tasas. 

Esto podría cambiar si se produjesen algunos milagros: que bajase el riesgo país, que Argentina recuperase su crédito, que el gasto se redujese en serio, junto con los impuestos, que la inversión aumentara, que la inflación y las tasas internas y externas bajaran rápidamente. Luce claro que eso no pasará en un año, ni en diez, dirán algunos. 

Cuando se habla de riesgo país, más bien hay que hablar del riesgo peronista. Porque los mercados le temen al peronismo, sin distinción de subtítulos. Y con justa razón. Todas las alternativas de conducción futura del movimiento pasan por figuras que han sido kirchneristas hasta hace un rato y que descaradamente han cambiado su relato con la impunidad y desparpajo que los caracteriza. Desde el mago del transformismo, Felipe Solá, hasta el racional Miguel Angel Pichetto, desde el hablador mediático Julio Bárbaro hasta el carilindo Juan Manuel Urtubey. Y el sistema no olvida que el aplaudido default de 2002 fue promovido y aprobado por peronistas de raza, cuando el kirchnerismo ni soñaba con existir. 



El ensañamiento tributario no le costará demasiados votos al gobierno. Los que deben pagar esa cuenta no consideran una alternativa válida al peronismo


Paradojalmente, ese miedo a que el peronismo sea gobierno, puede ayudar a que el peronismo sea gobierno, al dejarlo en semejante precariedad en un año clave. Por eso nadie en la oposición quiere que Macri se vaya antes de tiempo.Lo que les conviene es que se desangre y llegue de rodillas a las elecciones, no ya someterlo al martirio salvífico del helicóptero, aunque Cambiemos se haya comprado ese miedo, que lo paralizó, y se lo haya querido revender a la sociedad.

El peronismo sabe que si gana en 2019 tendrá que optar entre ir a mendigar a los mercados mundiales, FMI a la cabeza, o por una epopeya sin gloria y sin destino, como la de 2002 pero sin aplausos. Intentará amigarse con el sistema. Pero primero intentará ganar. Con lo que encontrará algún mecanismo de unidad, que no excluirá a Cristina Fernández, porque de excluirla la tendrá enfrente y jugando por presencia y polarización a favor de Cambiemos. 

El ensañamiento tributario no le costará demasiados votos al gobierno. Los que deben pagar esa cuenta no consideran una alternativa válida al peronismo, y tienen razones. En cambio la recesión pronunciada puede cambiar muchas decisiones electorales. 

Sin poder exhibir cartas de triunfo en lo económico, Cambiemos recurrirá a erigirse en paladín de la seguridad, la otra demanda de la sociedad. Será solamente una lucha de retóricas, porque ninguna ley de fondo será aprobada de aquí a las elecciones, como es obvio. Hay quienes sueñan con conejos mágicos, como la aparición del botín kirchnerista en algún banco escondido, gracias al sistema antilavado americano,  o algún fallo improbable de la justicia que fulmine a la viuda de Kirchner y la borre del mapa político. 



La campaña será una vez más la grieta, entre fieles fanáticos de los los bandos que no están dispuestos a cambiar su opinión por ninguna razón

La experiencia dice que ni los partidarios de Cambiemos cambiarán su voto por desastrosa que fuere la marcha de la economía, ni los kirchneristas cambiarán el suyo por más que aparezcan todas las evidencias y pruebas del latrocinio que faltan aparecer. También la experiencia dice que el peronismo no irá dividido a las elecciones presidenciales. El error de Cristina de inventar candidatos como Zannini, sin peso interno ni votos, no será repetido. 

La reunificación peronista no está tan lejana como parece. La posibilidad de que la expresidenta se postule para la gobernación de Buenos Aires dentro del partido no sólo es una solución política interna sino que es una amenaza de competencia muy seria para María Eugenia Vidal. La grieta bonaerense se hará todavía más ancha. La Matanza contra el resto del mundo, podría decirse. Aunque la gobernadora se ha caracterizado por ser experta en pulsear con el peronismo con sus mismas armas. 

Sin hablar de economía, sin que la seguridad vaya a tener en el próximo año ningún avance real o que no sea neutralizado en la dialéctica de la represión y el fascismo, la campaña será una vez más la grieta, entre fieles fanáticos de los los bandos que no están dispuestos a cambiar su opinión por ninguna razón Unos intentando que los otros no vuelvan más, y los otros queriendo volver por revancha. Todo en un escenario en que cada día será una moneda al aire en la actividad real, y una lotería en el contexto mundial, con Trump tuiteando barbaridades. 

El kirchnerismo no vuelve más: se esconderá en su otra personalidad, el peronismo, y con esa apariencia y casi con los mismos nombres tratará de reinstalar su sueño corporativo y musoliniano proteccionista y fracasado, apoyado en su populismo que ya no tiene cómo financiar. 

Cambiemos, que no tiene oportunidad alguna de conseguir una mayoría legislativa que le permita hacer los cambios que no está decidido a hacer, ni sabe cuáles son, buscará ganar de nuevo la presidencia para intentar, esta vez, hacerlo bien. 

La grieta es imprescindible para los políticos. Si no fuera tan profunda, acaso la ciudadanía comenzaría a darse cuenta de que la cosa pública está manejada por incompetentes de todas las tendencias, y por un sistema de corrupción que no se ha desmontado, salvo en apariencia, que sigue incólume en cada jurisdicción, en cada rama del poder, y que, como sostiene esta columna hace mucho, es multipartidario y multisectorial.



La patria contratista o la patria 

estafada






La columna anticipaba en esta nota de hace una semana los problemas de financiamiento y jurídicos que acarrearía para el país la investigación sobre los cuadernos y correlativas que ya se han presentado a los pocos días. No todos, aún. 

De lo poco que se conoce de las declaraciones de los agolpados arrepentidos se infiere que el tema será largo, duro, grave, escandaloso, creciente, explosivo, de amplio espectro y creará incertidumbres paralizantes que no son de fácil resolución.  La sociedad no tiene claras las características de un sistema de delación premiada o arrepentimiento, y entonces es previsible que  cargará contra los funcionarios si no da por caídos los contratos vigentes de los arrepentidos o si les adjudican nuevas obras. Los propios pagadores de las coimas agitan ese miedo para intentar morigerar las consecuencias. 


Eliminar o suspender a  estas empresas por cualquier medio que se use, podría significar la paralización de la obra pública por años.

Empero, no es seguro que la legislación argentina permita acuerdos entre el estado y sus contratistas como los de Odebrecht en Brasil. El juez o el fiscal pueden aliviar una pena o una carátula, pero es el Ejecutivo el que decide sobre las sanciones administrativas, pecuniarias y contractuales a sus contrapartes y los eventuales acuerdos económicos. La Justicia las homologaría, en tal eventualidad. Por eso la oposición, de mala fe, y la sociedad, seguramente de buena fe, caen de antemano sobre los funcionarios pidiendo tremendas sanciones para las empresas involucradas, que al paso que van serán todas. 

Ahí el gobierno está en una disyuntiva. Jurídica, ética, política y práctica. Eliminar o suspender a  estas empresas por cualquier medio que se use, podría significar la paralización de la obra pública por años, además de la imposibilidad de obtener crédito (si no se hubiera perdido por otras vías) o cotizar en bolsa. Si no lo hace, tendrá objeciones legales, administrativas y penales, que afectarán a sus propios funcionarios y la validez de cualquier licitación. Y si lo hace, pierde el único motor de mano de obra no especializadas que le queda. 

La trampa que acecha a todos los actores es que la delación premiada implica resignar la vindicta pública, total o parcialmente, sobre los partícipes secundarios de un delito para hacerla caer sobre los culpables principales. Eso es lo que la justifica y hace tolerable pactar con quien ha delinquido. Pero si el - o la -  principal responsable de esos delitos no termina en la cárcel, cae el justificativo social para conceder esos perdones. Con lo que los corruptos de un lado y del otro del mostrador tienen su suerte pendiente de que Cristina Kirchner termine presa. De lo contrario, la sociedad pondrá a empresarios, funcionarios kirchneristas y macristas y la propia Justicia en la misma bolsa y volverá el grito "¡que se vayan todos!" su temida consigna del 2001.


Está claro que el gobierno kirchnerista se montó sobre el negocio
ya existente, lo mejicaneó, le hizo varios upgrades


Hay dos delitos de fondo en la trama cuadernífera, que siempre fueron conocidos, salvo por los distraídos éticos. Uno es la cartelización, una forma de monopolio, que no requiere ningún favor del estado, salvo su estupidez proverbial, el otro es el cohecho o coima, que involucra a las dos partes. Ambos llevan décadas. Está claro que el gobierno kirchnerista se montó sobre el negocio ya existente, lo mejicaneó, le hizo varios upgrades y en ese proceso hipotecó una vez más al país, además de inventar groseros mecanismos delictivos generalizados y el escupitajo gitano de los bolsos. Habrá que ver dónde determinan los jueces que comienza y termina la membresía de la asociación ilícita. En cuanto a los alegatos de extorsión, se tendrá que revisar cuidadosamente las contabilidades, no sólo para ver de qué modo se extrajo el efectivo - seguramente de manera ilegal - sino para ver las utilidades obtenidas por las empresas gracias a la extorsión de la que fueron víctimas, lo que probablemente termine en otro escándalo y un nuevo debate incomprensible. 

En ese estado de cosas, y usando su capacidad indiscutible de relato autocomprado, el kirchnerismo impulsa su proyecto de ley para investigar toda la obra pública desde 2003, lo que no es otra cosa que extender al Congreso la amenaza encubierta que la viuda de Kirchner viene agitando en todos los casos en que sus adjudicaciones fueron cuestionadas: siempre sostuvo que sus empresas amigas o propias no fueron las que más se beneficiaron con "el mecanismo". Ahora quiere probarlo con este método, y si es posible también exhibir los logros de las empresas relacionadas con el presidente Macri. 

No estaría mal revisar todos los contratos del estado. Pero la revisión debería incluir no sólo la obra pública, sino las compras de gas, electricidad, los contratos secretos petroleros, los juicios transados extrajudicialmente con el sector y las adjudicaciones diversas de estos 12 años. Debería analizarse con preferencia el contubernio con Repsol, el regalo de esa empresa al grupo Eskenazi, ahora en juicio en Nueva York contra el estado, los valores que se tuvo que pagar a la los españoles por una empresa vaciada y los varios juicios en curso. 

También deberían incluirse los acuerdos y arreglos en las áreas de transporte y minería, los pactos secretos con China, la colocación de Boden 15 a Venezuela, y cuanta oportunidad de rapacidad creó y ejecutó el kirchnerismo en sus doce años. El hecho de que muchas de esas operaciones no se saldaron vía bolsos, puede restar espectacularidad a las maniobras, pero no les quita ni gravedad ni importancia, mucho mayor que lo denunciado por los cuadernos. 

Y para culminar el análisis de este punto, no es el Congreso el órgano apropiado para realizar esta tarea, para la que deberían idearse métodos de funcionamiento y remuneración más inteligentes que evitaran la paradoja de que el zorro investigase el robo de gallinas, o que los costos de la pesquisa fuesen más caros que el recupero. 

Mientras el juicio, o los juicios,  siguen su curso inexorable - ¿e imparable? -  se plantea una cuestión inmediata: cómo seguir con la obra pública frente a este panorama. Habría que tomar esta tragedia griega como una oportunidad china. Eliminar de cuajo el sistema de empresas privadas vendiéndole servicios de construcción al estado, cartelizándose, coimeando a pedido o no, con una industria de juicios sistemático y consiguiendo financiación vía anticipos o créditos blandos, u obligando al estado a conseguir los fondos. Ahora que las PPP parecen estar muriendo antes de nacer, deberán diseñarse nuevos sistemas de peajes, leasing, cánones, que abandonen la falacia de un riesgo y una inversión privada que no existen. 
Habrá que derogar la absurda disposición de los años 90 que obliga a las empresas internacionales a asociarse con empresas locales para poder participar en una licitación. Eso condena a la cartelización y a las peores prácticas a cargo de los especialistas en "mercados regulados" el sincericidio conque Repsol definiera a Eskenazi al regalarle su participación accionaria y el control de la empresa. Es verdad que el accionar de algunas de las extranjeras no ha sido ejemplar. Skanska, Repsol, IBM, Siemens, las españolas que contrataron con la ex municipalidad de Buenos Aires en la desastrosa gestión Grosso, asociados con varios grupos de los arrepentidos de hoy, ISOLUX y muchos otros casos, no son grandes ejemplos para exhibir. Pero abre enormemente el panorama y estimula la competencia entre las empresas extranjeras y las locales, que no deben desaparecer pero sí acostumbrarse a competir en nuevos formatos de negocios, sin perjuicio de las sanciones y las multas que deban pagar por estos casos hoy en juicio. También deben explorarse nuevas variantes financieras y de repago y retribución. Hasta la financiación en moneda local es posible, si se piensa que el estado está pagando 45% de interés para tomar pesos que esteriliza, y que cualquier dólar que se use para la obra pública termina pasándose a pesos, que vuelven al circuito.
Lo anterior luce como una discusión bizantina cuando el país no tiene un centavo de crédito ni ha resuelto sus problemas de déficit, ni sabe hasta cuándo le alcanzan las reservas, ni puede precisar qué endeudamiento adicional necesita hasta el fin del mandato y justamente es el sector de las obras donde se mete la tijera para tratar de ahorrar lo que se despilfarra en otros rubros a veces muy difíciles de justificar. ¿Y si - por ejemplo - como compensación económica de las empresas envueltas en estos desgraciados comportamientos se pactara la compra obligatoria de un bono a largo plazo que sirviera para financiar las nuevas obras? ¿Le parece descabellado? ¿Y le parece descabellado que - como multa -  las empresas involucradas tuvieran que traer su propia financiación para poder participar en licitaciones futuras? 
Tan descabellado como los delitos que cometieron y que se están descubriendo cada día con cada seudoarrepentido, o más?
Este sainete trágico se encuadra en la tragedia mayor, la crisiss económica de fondo, a la que agrava por su alevosía y porque agita más la desconfianza y reconfirma a los mercados que Argentina es un tramposo global. Por eso termina pagando una tasa de interés que no pagan economías mucho más pobres y precarias. Y por eso es necesario que se muestre una firme decisión de seguir con estas causas, pero al mismo tiempo que se evidencie la capacidad de gobernar, de buscar soluciones, de hacer pie y de resolver situaciones. 
Hasta el momento, la casi única virtud de Cambiemos, ha sido la de endeudarse, hasta con el Fondo Monetario. Ahora confía en conseguir un poco más de piolín, como dicen los expertos en default. Elegido el gradualismo, el paso siguiente es financiarlo. Elegido el endeudamiento como forma de hacerlo, la única solución es conseguir más financiamiento. Pero no vendría mal mostrar una cierta capacidad de gobierno y gestión. 

Alquitranada por los martillazos de cada arrepentido que aparece, abroquelada entre sus adeptos marginales de todos los niveles sociales, Cristina Kirchner parece, otra vez, no tener futuro político, tal vez policial. Mauricio Macri, con todas las críticas que esta columna le propina, sigue siendo la única cara confiable para el sistema financiero global. En el manejo de este escándalo tiene la oportunidad de demostrar que también es confiable en la gestión de situaciones extremas.

Se dirá, con algunos argumentos, que si la patria contratista termina pavimentado el camino del ostracismo cristinista, surgirás un peronismo racional que podría mostrarse como un nuevo rostro confiable que mereciese la confianza y el respaldo del sistema económico mundial a partir de 2020. 

El problema es que el sistema financiero global no cree que exista un peronismo racional. Los cuadernos pueden ser la oportunidad de demostrar su existencia, y su capacidad de pensar de un modo superior. Para eso, tiene que ayudar y pactar con Macri, tanto en el caso particular de las coimas como en el mucho más grave problema económico de base. Sin Macri no hay futuro. Sin peronismo racional tampoco. Sin esa madurez casi imposible, la oca vuelve al casillero 2001. 




Trump, sin freno, contra la globalización y el mundo


Atrapado por sus impulsos precarios, su enfoque pueril y su desconocimiento político y económico, el presidente americano completa ahora su ciclo de furia arrojando el rayo proteccionista de los recargos de importación sobre el sistema estadounidense y global.

Trump viene tomando decisiones ruinosas. La idea de reunirse con el delirante líder de Corea del Norte - que no puede salir bien – preocupa a los pocos asesores sensatos que le quedan y al sistema de inteligencia política americano.  La cumbre no aliviará las tensiones de una nueva guerra fría, sino que las aumentará, frente a la más que posible eventualidad de un final de sainete con rencores, amenazas y escaramuzas costosas.

El partido republicano, que en un principio parecía que pondría límites a su presidente, fue seducido con la dulce melodía del aumento notorio del gasto armamentista y el de las operaciones de inteligencia y bélicas. El gasto militar es un suculento botín para muchos sectores del partido, como lo son los servicios de tercerización de tareas de guerra y la subcontratación de empresas privadas de soporte en el campo de batalla y aún operativas, en misiones de espionaje y en operaciones secretas de la CIA o la NSA. Que además de su adjudicación discrecional, tienen la ventaja de no ser auditadas. Esto asegura el apoyo de un importante número de senadores.

Mientras se siguen discutiendo otras reformas igualmente peligrosas, retrógradas y rentables, Donald avanza sobre la economía mundial con su versión proteccionista al mejor estilo de los años 30, con los recargos específicos al acero y el aluminio, los aranceles por 60.000 millones de dólares al voleo que impone a China, el repudio y revisión de tratados,  y amenazas diversas en caso de retaliación. Esta protección también es del agrado de los estados republicanos del norte, que vieron esfumarse sus industrias primero por la obsolescencia propia y luego por el efecto de la globalización. Trump suma apoyo republicano, pero como se verá, los estados del sur - demócratas – sufren y sufrirán las consecuencias, de estas medidas. Y también las sufrirá el conjunto de la sociedad americana.

Tanto esta política como la de las rebajas impositivas, ha “vendido” a Trump como una especie de paladín libertario, un luchador por la ortodoxia económica de la mejor Escuela Austríaca, un campeón de los derechos de los que no tienen trabajo, los desplazados del pasado y los futuros desplazados por la robótica, la competencia desleal de toda la humanidad y otros fantasmas. Apresurémonos a decir que estas políticas no tienen nada de ortodoxia, ni son liberales, ni son de la escuela austríaca ni tienen pies ni cabeza.

China ha tenido y tiene conductas comerciales reprobables que debe modificar, pero  eso no debe llevar a verla como el monstruo que pinta el multifallido magnate. Y aun si lo fuera, habría que aplicar el principio fundacional de la teoría del libre comercio: si un país estuviese loco y regalase sus productos, los consumidores de EEUU y el resto del mundo deberían aprovecharse de tal generosidad y comprarle a raudales para usufructuar semejante ganga.

Uno de los peores aspectos de la medida es que deja al presidente la potestad de aplicar o quitar los recargos a los países que él decida, un criterio fulminado por Mises y Hayek, por los aspectos éticos y autocráticos y  por la imprevisión que crea en la economía. Como las reglas económicas rigen tanto a Haití como a Estados Unidos, este proteccionismo incipiente y su inevitable aumento, encarecerá los costos de vida del consumidor americano, bajará sus exportaciones y reducirá su bienestar, tarde o temprano. El problema es que esos efectos se trasladarán a casi todo el mundo, ya que China obra como una maquiladora global. Si se agrega el efecto de la etapa de retaliaciones comprensibles pero insensatas que acaba de comenzar este país,  el panorama se complica aún más. “Es un modo de negociación” – dicen algunos. Han empezado guerras así.

Se tratan de actos de proteccionismo populista, que aumentará la ineficiencia y no producirá un  incremento de los puestos de trabajo, que hoy crecen por otras causas. Basta comprender que las empresas relevantes como fuentes de empleo en la industria del acero americana, no son las que producen acero y aluminio, sino las que elaboran bienes en base a acero o aluminio. Los precios de esos productos subirán, sus ventas bajarán. El empleo no vendrá.  La reacción visceral a la baja de Wall Street el jueves, dure o no, muestra que hay sectores que temen eso, aunque a los republicanos las medidas les parezcan adecuadas y beneficiosas y estén hartos de “regalar sus puestos de trabajo” y otras precariedades intelectuales.  Sin contar con que no es hoy la industria la generadora de trabajo.

Un análisis parecido cabe sobre el paquete impositivo. En esencia, baja 10 puntos promedio el impuesto a las ganancias de empresas, y mantiene igual o ligeramente más alta la presión sobre los privados. Esta baja del impuesto a las empresas, que ya barajaba Obama, tiene como primera razón el detener la radicación de empresas en el exterior, no sólo en áreas off shore, sino en cualquier país que les cobre menos tributos, como ocurre con Apple, MacDonalds, Starbucks o Uber. La idea es que esas empresas regresarán a tributar a Estados Unidos, tal vez con un cargo bajo por los períodos anteriores. (también previsto por Obama)

Esto también suena muy bien al Partido Republicano. Esta rebaja anuncia el turno del ofertismo, o supply-side economics, teoría que establece que al bajar los impuestos a las empresas, estas aumentarán su inversión y consecuentemente su producción, y al incrementar la oferta, terminará agrandando la demanda. Un principio que se sustenta en la ley de Say, que postulaba que toda oferta crea su propia demanda. Un grave error de interpretación, porque la ley del economista francés no dice lo que se cree que dice. Con lo cual la teoría trumpista hace agua.

Se desempolva entonces la curva de Laffer, el economista americano que asesoró a Reagan, que determinaba que a hay una relación de tasa/recaudación óptima, y que a una tasa más alta la recaudación baja. Pero Laffer nunca dijo que eso se debería a un aumento de la actividad, sino a la menor evasión. Eso tiene menos valor hoy, en que la evasión es cada vez menos factible, aunque puede aplicarse a las radicaciones en otros países contra la que Trump lucha no sólo con esta ley sino al estilo Moreno, “apretando” empresas. Por eso, esperar un aumento de inversión y actividad que compense la falta de recaudación por vía de un crecimiento del PBI, es irresponsable. Pude hacerle una larga entrevista al creador de la curva en 1993 y coincidió en que la baja de alícuota no tiene demasiado efecto ni en la demanda ni en el crecimiento del PBI. Y además sostuvo un punto clave: que si se aplica una baja en la tasa a empresas en una política de ofertismo, es fundamental bajar el gasto del estado, para no terminar generando más déficit, más deuda y más costos al sistema. Curioso que el mensaje sea siempre el mismo: baje el gasto, después piense en políticas tributarias y otras variantes. Se suele olvidar esa parte de la receta.

Trump no es el dueño de esta idea. Los republicanos lo hicieron con Reagan. Bajaron la tasa y subieron el gasto. Y esperaron que el ofertismo aumentara el PBI, lo que equilibraría la ecuación fiscal. Pues no ocurrió. El gasto subió, (en especial el militar y el de seguridad) como ahora, el déficit creció, el empleo se estancó y finalmente, Estados Unidos triplicó su deuda externa, un record absoluto hasta ahora. No hay ninguna razón para pensar que esta vez no ocurrirá lo mismo. La deuda, que hoy representa el 70% de su PBI, prevé llegar al 100% en poco tiempo. También las proyecciones del déficit siguen esa tendencia alcista. Algunas empresas que se han beneficiado con la baja tributaria han otorgado bonuses a su personal, y otras han prometido repatriaciones de capital, (sin efecto alguno sobre la economía) y otras algunas pocas inversiones. Nada más. Colegir que habrá un boom de inversiones es un exceso de optimismo, y el escenario tenderá a parecerse al descripto de Reagan.

Desde la limitada óptica del inversor de Bolsa, la baja mejorará los dividendos, si las empresas deciden distribuirlos. Lo más probable es que muchas recompren sus acciones, lo que generará una ganancia de capital, que podrá crear algunos ricos más, pero no mejorar la economía. Si al aspecto fiscal se le une el proteccionismo, el futuro se agrava, porque la combinación es paralizante, como sabe cualquier argentino.

Tanto esta rara política fiscal, como el proteccionismo, como el fuerte aumento del gasto armamentista y del gasto en general, está en el corazón de la mayoría de los republicanos. Lo mismo se puede decir del concepto de “América para los americanos”  reflotado por Trump y de su reivindicación de la teoría del garrote y la zanahoria de Teodoro Roosevelt. Y en una no casual simetría, lo mismo ocurre con su política internacional de prepotencia e imposición.

No habrá que olvidar que a fines del gobierno de Clinton - que bajó el gasto militar por única vez en un siglo y llegó a tocar el déficit cero - la FED discutía cómo actuar en un contexto en el que la tasa de interés no se pudiera manejar porque EEUU no tendría deuda. Después de ese momento único, vendría el 9/11 que justificó la política republicana de George W. Bush, con estas mismas ideas de déficit, belicismo y endeudamiento de hoy, que Obama no cambió.


Enredado en ideas pueblerinas y obsoletas, Trump lucha contra la globalización como un quijote desaforado e impulsivo, apoyado por su partido de gerontes. En esa lucha estéril Estados Unidos puede recibir el golpe de gracia a su liderazgo.