La imposible unión de los liberales

 





La discusión sobre si los liberales se deben o no unir políticamente para enfrentar a los gobiernos populistas es superficial e irrelevante. Y casi futbolera. Faltaría que se dijera que “el liberalismo unido jamás será vencido”. 

 

Los principios liberales son universales y han sido suficientemente difundidos. En términos económicos, lo que se denomina economía liberal no es más que el formato de libertad, derecho de propiedad y limitación de la intervención estatal (el moderno rey) sobre la actividad creativa y productiva privada, en definitiva, la acción humana

 

Esos principios han sido aplicados reiteradamente en el último siglo, con más éxito que cualquier otra propuesta, tanto en términos de crecimiento de riqueza, de bienestar y de reducción de la pobreza por gobiernos y países disímiles en ideología y en organización política. De modo que no haría falta para aplicar la filosofía, los principios y las prácticas del liberalismo que ese colectivo imaginario al que se denomina “los liberales”, se uniese para actuar en política. No se trata de una esotérica fórmula secreta, ni de una secta con prácticas áulicas. 

 

Hasta en algún punto es conveniente que el liberalismo continúe su prédica filosófica y ética, y que quienes la apliquen sean los sectores políticos y, sobre todo, “los hacedores”, es decir, el selecto grupo capaz de hacer cambios, de persuadir, de conducir a los pueblos. 

 

El enfrentamiento entre Alberdi y Sarmiento, dos liberales indisputables, muestra esa diferencia. Alberdi era un pensador, un predicador liberal. Sarmiento era un hacedor, y aplicaba las ideas liberales porque las creía convenientes para su sociedad. En esa tarea, el tucumano le marcaba los principios y el sanjuanino lo insultaba con estilo, pero groseramente. Y hacía.

 

¿Podrían Tocqueville, Hayek, Mises, Menger, Locke, Popper, Smith, Friedman conducir las transformaciones de Corea del Sur, Taiwán, Chile, Singapur, Paraguay, Malasia, aún la de China? (aunque moleste el ejemplo) No. Hace falta otra condición, otras características de personalidad, otra tozudez, otra capacidad para estrellarse una y otra vez, para vencer obstáculos, algo que tienen los políticos capaces de generar las grandes transformaciones. (para bien o para mal) Son ellos quienes deben tomar los principios liberales y aplicarlos para el bien de sus pueblos. 

 

La vehemencia o la verba encendida hacen creer que quienes la esgrimen están mejor preparados que los reflexivos y serenos para aplicar tales ideas y principios. Es sólo una ilusión que además ignora los vericuetos de los presupuestos, las burocracias, las democracias. El riesgo es elegir un Guy Fawkes intratable que inmole con él a una generación o malogre las pocas oportunidades. Justamente por eso hacen falta los Alberdi y los Sarmientos, aunque se insulten entre ellos. Pero no tienen por qué actuar en el mismo partido, en equipo, unánimemente. 

 

Las características de nuestro sistema político, que como todo sistema político puede ser justo, equilibrado o perverso, según quiénes lo apliquen y según cómo sea la sociedad, también empuja a hacer pensar que una dispersión de esfuerzos conspira hasta matemáticamente para poder colocar un diputado o para imponer un presidente frente a un movimiento marabúntico como el peronismo, que siempre se comporta electoralmente como un sistema de lemas, pero que termina legislando y eligiendo monolíticamente casi atávicamente. Además de que eso no es cierto en el caso de las elecciones de diputados, tampoco se verifica en las elecciones presidenciales. Si se estudian las cifras electorales comparadas, el peronismo hoy gobierna porque Massa decidió pasarse a sus filas de nuevo. Y nada que hubiera hecho Macri, el liberalismo o quien fuere en materia política podría haber cambiado esa suerte. Salvo gobernar bien, que es otra historia, y aún así relativa. 

 

La moderna utilización del término libertarismo como sinónimo, complica esa unión. En algún punto funciona como una denominación de marketing, que se contrapone a la de neoliberalismo, creada por la izquierda para no exhibirse como enemiga frontal de los principios de libertad, propiedad y derecho que defiende el liberalismo. Al mismo tiempo, el libertarismo es una versión más disruptiva, más urgida e instantánea del liberalismo. Una mutación adolescente de las mismas ideas. Con lo que es probable que un libertario Rothbardiano esté predispuesto a unirse con un liberal y viceversa. Lo que tampoco importa demasiado, a menos que se quiere hacer encaprichadamente un partido político. 

 

A esto se suma otra confusión: la de las escuelas económicas, que a su vez abren otra diferenciación entre el conservadurismo y el liberalismo, que claramente no son la misma cosa. Es común que la gente pida que se unan partidarios de estos dos conceptos que no casan políticamente. En su desesperación por encontrar una nueva oposición que no se parezca al peronismo, intenta minimizar diferencias filosóficas y políticas de fondo, empujando para que se unan quienes no pueden estar unidos porque piensan distinto. 

 

En ese camino, se llega hasta la descalificación o el insulto a quienes no quieren unirse, se mimetiza el concepto “liberal” con el de “oposición” y se piden milagros que difícilmente puedan funcionar más de unos meses sin partirse. 

 

En este momento caótico de argentina, sin esperanzas y con un sistema deliberadamente oligopólico del poder, en lo electoral y en el ejercicio político en general, habrá que empezar a pensar de otra manera. Cuando se habla con los politólogos cercanos a la trama de los partidos y a la famosa rosca política, o con los medidores de opinión avezados, la sensación es vomitiva. Un entramado de traiciones, trampas, dinero, maniobras, mentiras, fraudes y mugres de todo tipo que parece diseñado no sólo para beneficio de un par de partidos mayoritarios, sino para que la gente honesta se aleje corriendo despavorida. 

 

Es posible que esto sea así en casi todas partes, como ocurre con la pedofilia o las violaciones, pero eso no deja de ser repugnante y denigrante. No es casual que el liberalismo sea execrado desde la derecha, la izquierda y el centro. Los principios no tienen lugar en ese teatro, ni sirven. Y hasta no es poco común que algunos lleguen enarbolándolos para dejarlos de lado una vez que logran participar. 

 

Todos los intentos de pactar con los partidos políticos pequeños para usar su cáscara legal y poder candidatearse, a veces inventando alianzas meramente formales para aumentar las jurisdicciones y en consecuencia las opciones electorales, han resultado penosos y frustrantes, por las mismas razones descriptas en el párrafo previo. Y por supuesto, todo intento de conseguir una unidad ideológica por ese camino está condenado al fracaso y al esfuerzo inútil. Cuando se introducen los costos económicos de cualquier intento político para aspirar a un resultado exitoso el problema se agrava: sólo un billonario o un delincuente en potencia puede afrontarlos, casi una inversión. 

 

Siguiendo esta línea argumental, la única variante posible es la creación desde cero de un partido. Frase que inmediatamente merecerá un comentario unánime: imposible. Con una sola respuesta: si no es posible constituir un nuevo partido político, con su base filosófica y principista, su capacidad de formación, el trabajo legal y técnico que eso implica, incluyendo la lucha inevitable en varios frentes para lograr su entidad jurídica contra el oligopolio reinante, no se estará en condiciones de influir en la sociedad para un cambio integral que, aunque tome años, lleve a un resultado exitoso, al restablecimiento de una unidad de país, a un criterio, a una patria. Todos los intentos serán ejercicios de egolatría, búsqueda de fama transitoria, seguidores en Twitter o figuración, haciendo un esfuerzo para no pensar mal. 

 

Que surja un partido nuevo, integrado por miembros respetados y respetables, que elija el camino liberal si lo cree adecuado en los temas en que los crea adecuados. Que sea honesto, patriota, capaz y hacedor. 

 

Nosotros, los que nos pensamos liberales, sigamos tratando a nuestro nivel de ser Alberdi, aguantando el fortín hasta que nos lleguen los Sarmiento, los Avellaneda y los Roca. 





 

 

 




Y ahora, ¿cómo seguimos? 

 

Se deben dar pasos concretos, simples, prácticos y rápidos para ayudar a los inmigrantes con valor agregado





 

La pandemia, que parece estar siendo manejada razonablemente en comparación con muchos países, ha demorado uno de los proyectos clave del gobierno: la radicación-inversión de empresarios y emprendedores regionales. 

 

Virtualmente en todos los casos, este proceso implica la Residencia Permanente del interesado, pues ningún otro método asegura legalmente la liberación de la pretensión fiscal de su país de residencia actual. Redunda aclarar que los candidatos son casi únicamente argentinos. Los paraguayos no necesitan emigrar, los brasileños están cómodos con su mecanismo empresario-estatal, los chilenos no tienen a Uruguay en su mira y los bolivianos no configuran un poderío económico interesante. En cambio, Argentina está empecinada en expulsar a una clase formada, con capacidad de inversión y de generación de negocios, profusamente consumidora y con ganas de producir. No entran en ese grupo los personajes estilo Balcedo, que no es el perfil ético a procurar, aunque luzcan como benefactores en su zona de acción, como ocurre también con los narcos y lavadores en el mundo. 

 

Se debe transformar las miles de consultas e intenciones que llueven desde Argentina en acciones concretas, lo que aún está lento. Además de la natural necesidad del proceso familiar que semejante paso necesita, (acelerado por el gobierno de Cristina y la amenaza de su delfín) se requieren una serie de pasos administrativos y prácticos sobre los que sería bueno actuar. El primero es dejar de informar mal. Algunos artículos o comentarios periodísticos, a veces de profesionales en busca de clientes, o medidas del propio gobierno, confunden más que ayudar. 

 

Por caso, el paso de bajar el monto de inversión en propiedades para obtener la residencia fiscal uruguaya con 60 días de permanencia fue innecesario, confuso, perjudicial e inexacto. Es vital refrenar estos impulsos de feriante precario que no ayudan. Como no ayudó el tour del presidente por los medios argentinos. Quienquiera intente desplazar su centro de vida a Uruguay debe asesorarse con los especialistas integrales de ambos países de más trayectoria y capacidad. Si los argentinos no están dispuesto a afrontar los honorarios correspondientes, es que no califican para el proyecto.

 

Hay puntos sobre los que el gobierno puede actuar, aún con la pandemia molestando. El primero es el trámite de Migraciones, Cédula de Identidad y Residencia Permanente. Lo que alguna vez era un trámite simple, se ha transformado en un proceso largo y bastante presencial (Migraciones tiene afecto por la tortura burocrática de las largas esperas) Al tratarse de un paso básico tanto para la pérdida de la residencia fiscal en otro país como para abrir una cuenta bancaria local de uso pleno, y otros trámites, se deben reducir drásticamente los 8 meses mínimos que toma ese paso. La “residencia” estilo Su Giménez no está disponible para todos, además de no ser útil. Puede servir para trabajar de mucama, pero nada más. Una tarea de urgente consideración.  

 

Otra preocupación básica es la edilicia. Tanto de viviendas como de oficinas o uso industrial. Las zonas que pueden resultar atractivos para el tipo de inmigrante buscado no están ya en Montevideo. Las reglas edilicias bucólicas, inflexibles, burocráticas y fuera de la realidad y de la seguridad de los barrios tradicionales, hacen que muchos argentinos vacilen cuando se enfrentan a ellas. Tanto por la ausencia de barrios cerrados, como por la regulación arcaica, cara, insegura y obsesiva de la simple casa habitación. Y los apartamentos no son siempre una opción permanente de vida familiar. De modo que, ante la segura falta de comprensión y diálogo, habrá que apoyarse en otros departamentos o ciudades, como el caso de Canelones, que ya viene practicando una política inteligente y pragmática, o Punta del Este, pese a que requiere todavía mucha evolución, en la que empezó a pensar cuando la pandemia la obligó. Este aspecto no es menor cuando no se trata de invertir y volverse, sino de vivir y apostar. Nadie quiere mudarse a un lugar en el que será obligado a construir de modo de facilitar la tarea de los ladrones, entre otras cosas. El gobierno tiene que asociarse con quienes comprendan estos puntos, más allá de toda filiación política o ideología. Basta ponerse en la cabeza de los individuos. 

 

La medicina prepaga es otro intríngulis. Después de una cierta edad, los sistemas de salud rechazan al interesado, y sólo en un caso lo aceptan mediante una lump sum importante. También allí debería hallarse una oportunidad de negocios para ofrecer esos servicios a un sector de rentistas que movilizan consumos e inversiones. Afiliarse al sistema de salud “Aerolíneas”, como bromeaban los argentinos, ha demostrado su peligrosidad en el aislamiento pandémico. 

 

Un último punto en este primer listado es el contacto personal con el país y su gente, sus emprendedores, sus oportunidades, los sueños, el entusiasmo compartido. Algo no menor para el crecimiento, el empleo, la toma de riesgos, la innovación y la evolución. Desde Google a Amazon, desde Mercado Libre a Apple, desde TikTok a WhatsAspp, desde Instagram al marketing de influencers, de eso se trata el futuro. La pandemia lo hace difícil, pero un plan de reuniones por Zoom permitiría crear foros de conocimiento entre emprendedores, inversores, incubadoras, tanto online como del mundo real. Y ¿se podría pensar en un folleto oficial online pensado en profundidad, donde se aclaren los puntos detallados y los que se consideren útiles? Hay aún mucha confusión.  

 

Estas son cosas que sí puede hacer el estado. Sin meterse a empresario, ni a socio, ni a desgravador serial. La próxima columna ampliará la mirada a lo que pueden hacer los privados de ambos lados del río. 






El referéndum como carrera de obstáculos

 

La consulta popular puede usarse como una herramienta para sabotear la confianza y la inversión




El Pit-Cnt reflota con empecinamiento su erupción poselectoral de usar el mecanismo de consulta popular para anular total o parcialmente la LUC. El análisis de los antecedentes y los aspectos políticos de tal planteamiento han sido cubiertos con amplitud en la nota de Miguel Arregui de la semana pasada, con lo que no hace falta volver sobre ellos. 

 

El presidente ha sido obvio en este punto, al sostener que la central sindical (informal) tiene todo el derecho a juntar firmas a tal efecto. Por supuesto que es un derecho constitucional que puede ejercer cualquier ciudadano o grupo, un centro vecinal o la hinchada de Peñarol. De modo que ni hace falta la personería de que el referente sindical carece. 

 

Es, en cambio, dudosa la legitimidad y hasta la legalidad de uno de los puntos centrales que se proponen defender. Tal es el autopercibido derecho a las tomas de fábricas y piquetes obstructivos que se arrogó el sindicalismo en los años de oro del frenteamplismo. No sólo se estaría obligando al país a ir en contra de las prescripciones de la OIT, a la que adhiere y cuyas disposiciones supone acatar. Un contrasentido ya denunciado por el ente internacional, cuyos preceptos parecen valer solamente cuando le convienen al gremialismo. También se ataca el derecho constitucional de propiedad y el derecho aún más sensible a trabajar, que tienen los individuos que se ven presos de decisiones minoritarias, como es el caso casi siempre. 

 

Esa prerrogativa ilegal sólo se pudo sostener merced a la tutoría ideológica que ejerce el Pit-Cnt sobre el Frente Amplio, que optó por complacer a su captor aún en contra de lo expresado en el párrafo anterior. Ahora se vuelve a presionar por otro camino, y a embarcar al Frente en una peligrosa aventura.  Una pregunta elemental es si tiene validez usar el mecanismo constitucional del referéndum para forzar un cambio de la propia Constitución. Este solo punto implicaría una discusión jurídica de fondo que excede a este espacio, en instancias judiciales que también exceden a este espacio. 

 

La segunda excusa, perdón, la segunda propuesta, es la de revertir los cambios en la participación sindical en la gobernanza de la educación. Se está aquí ante un aspecto ideológico esencial para el trotskismo docente y el plan gramscista de deseducación sistémica. Si se quiere seriamente dar oportunidades a los sectores más desprotegidos, reducir la pobreza y la miseria, una educación de calidad es imprescindible. Esa calidad ha disminuido en los últimos años de modo dramático y hasta cruel. Y tiene que ver con la acción o inacción de los gremios docentes, empezando por los contenidos. Es el estado el que debe revertir esa tendencia; no los gremios, que no están capacitados para ello. Si los gremios quisieran ayudar, a la enseñanza y a sus afiliados, deberían comenzar por dejar de poner obstáculos a la jerarquización profesional universitaria de la docencia, con más dinero destinados a las remuneraciones útiles y mucho menos a las burocracias inútiles. 

 

La tercera excusa-propuesta es la eliminación de la regla fiscal. Se puede argüir que ese tema tiene poco que ver con la central informal sindical, pero eso no es jamás óbice para crear una buena resistencia obstaculizadora y un argumento divisionista. Más allá de esa intención, está el hecho urgente, inevitable y necesario de tener un presupuesto serio, viable y prudente, con cualquier gobierno, de cualquier tendencia. Y toda regla fiscal es siempre molesta, claro. Porque implica seriedad. 

 

Como la idea es crear la mayor cantidad de obstáculos posible, se ha formado una comisión interna que escudriñará cada artículo de la LUC para ver qué tema puede resultar popular para proponer su derogación, de modo de atraer votos de los disconformes y miedosos de todos los sectores sobre cualquier aspecto. Una suerte de trumpización del referéndum. 

 

En un plano superior, detrás del intento de referéndum hay otras intenciones más potentes, aunque perversamente se hagan lucir como consecuencias no queridas. Ya de por sí, la posibilidad constitucional de un referéndum crea una inseguridad, una sensación de provisoriedad. Una ley no vale hasta que no pase el período de “apelación” que crea la posibilidad de la consulta y todo su complejo proceso. Incluyendo el debate, la suspensión de decisiones, la inseguridad jurídica que significa un retroceso. En un momento donde se combina la necesidad de un ajuste urgente al presupuesto, más una búsqueda imprescindible de inversión y radicación privadas, la revisión permanente, a pocos meses de una elección nacional, es un torpedo bajo la línea de flotación de ese proceso y empuja hacia la inversión estatal, un oxímoron cuyo fracaso no necesita más ejemplos. 

 

Argentina, con Cristina, ofrece una buena muestra de lo que significa la inseguridad jurídica y política en materia de confianza, en todos los órdenes. El referéndum puede ser un intento de crear escenarios que, si bien no tendrían igual dramatismo, tendría efectos similares. 

 

En cuanto a los aspectos laborales, y cualquiera fuere la ideología o la tendencia política de los gobiernos, todo indica que globalmente hay una tendencia irreversible hacia la flexibilización laboral, con todas sus consecuencias positivas y negativas. Los países que intenten demorar ese proceso tendrán duras consecuencias. Los más fuertes, las sufrirán más tarde, los más pequeños las sufrirán de inmediato. 

 

En términos de su ideología, la estrategia del Pit-Cnt es adecuada. Cumplirá su propósito saboteador de cualquier proyecto de crecimiento y bienestar uruguayo, ya lo cumple al crear la discusión y las dudas. La pregunta clave es si el Frente Amplio lo seguirá nuevamente en esta línea destructiva, como un esclavo útil. 






¿Por qué tiene que bajar 

el gasto público?


La respuesta de un ministro argentino sirve para entender el fracaso, aunque también anticipa un problema global inminente




 

La pregunta del título no es un ejercicio de retórica, un remedo de mayéutica socrática. Es lo que, textualmente, respondió Martín Guzmán, el ministro de economía argentino, a una pregunta periodística sobre sus planes en tal sentido, a la luz de la inminente apertura de las negociaciones con el Fondo Monetario o, mejor dicho, del pedido de clemencia. 

 

La idea del vecino es conseguir algo similar a lo que obtuvo con los bonistas: no pagar ni capital ni intereses durante este mandato peronista. Coherente con la filosofía tramposa que rige a su sociedad y a sus políticos en particular. También coherente con el hecho de que sus reservas reales llegaron el viernes a cero. El cepo, un recurso precario de impotentes económicos, ha dado los frutos previstos: no sólo se han rifado las reservas en aras de mantener un tipo de cambio falso que busca su realidad, sino que ha enojado y desestimulado al único sector que puede producir divisas, obviamente el agro.  

 

La frase del jerarca se redondeó con una afirmación: “bajar el gasto no es a lo que apuntamos”. Importante declaración de principios que santifica cualquier barbaridad contenida en el gasto nacional, provincial y municipal, al que certifica como perfecto, justo y eficiente. 

 

Si bien está claro que se trata de un mensaje por elevación a la misión del FMI que llega hoy a Argentina, es en esencia el mismo argumento que se viene usando hace décadas: todo déficit se soluciona con crecimiento. No muy distinto al criterio fatal de Macri y su socialismo de living, que se llamó gradualismo.

 

Tiene sentido intentar responder a la pregunta-respuesta del ministro stiglitziano, ya que el periodista no atinó a hacerlo. Usted, señor ministro, tiene que bajar el gasto porque todos quienes intentaron mantenerlo a estos niveles endeudaron sistemáticamente al país, lo llevaron a hiperinflaciones y defaults y a una corrupción creciente, multipartidaria, desaforada y consolidada. 

 

Tiene que bajar el gasto porque desde el primer gobierno kirchnerista hasta hoy ha subido 20 puntos del PIB y ha hecho retroceder del mismo modo el crecimiento al que supuestamente se apuesta para equilibrar las cargas y reducir la pobreza, que en cambió aumentó. Tiene que bajar el gasto porque no hay cómo financiarlo, y porque ni siquiera es cierto que -al menos en una buena parte- esté contribuyendo al bienestar de nadie, más que el de la casta política y sus barrabravas piqueteros funcionales. 

 

Tiene que bajarlo porque cada medida que toma para bajar el déficit ahuyenta la inversión, la producción, el entusiasmo, el empleo y los dólares que tanto lo preocupan. Tiene que bajarlo porque es mentira que sólo hay que hacerlo más eficiente y justo. La frase en sí denota que no se conoce su composición y resultados. Con lo cual no se puede seriamente convalidar su tamaño. 

 

Tiene que bajarlo para no terminar cobrando impuestos absurdos, como el 8% con que intenta confiscar ahora los patrimonios, que colabora a la desconfianza y que sólo se puede cobrar una vez, (no por decisión estatal sino porque se agotarán los contribuyentes), ni tampoco alcanzará ni ínfimamente. Tiene que bajarlo para dejar de crear desvergonzados billonarios oportunistas y ladrones y empezar a soldar la grieta que hunde el barco argentino. 

 

Tiene que bajar el gasto para dejar de mentirle hipócritamente a la sociedad al recomendarle que ahorre en pesos y al mismo tiempo seguir emitiendo. Porque tampoco el ministro contestó otra pregunta que le hiciera la prensa: ¿cuándo vende los dólares que muestra en su declaración jurada y los convierte en pesos como predica? La nueva clase. La dirigencia política que reemplaza al Rey de otrora en su autocracia, su despotismo y su desprecio.  Otra vez, “que coman brioche”

 

Argentina es una caricatura sobreexagerada, pero esta vez sus problemas son comunes a los del resto del mundo, que los sufre o sufrirá en mayor o menor medida en breve. El próximo problema global es cómo salir del gasto pandémico. Las cuarentenas de distintos formatos que ahora lucen exagerados e ineficientes convalidaron un estatismo alegre, repartidor, redistribuidor y subsidiador. A medida que la pandemia se controle, será urgente eliminar ese sobregasto. 

 

Frente a ello, muchos sectores sociales y políticos, que tienden a considerar cualquier dádiva como una conquista y un derecho irrenunciable, junto a los ideólogos de la redistribución mesiánica de la riqueza ya presionan para que se mantengan y hasta se aumenten los salvavidas pandémicos, con excusas y argumentos diversos, archiconocidos, ahora reciclados y adaptados. 

 

¿Cómo se financiarían? Las ideas son las pocas de siempre, con iguales consecuencias: emisión, endeudamiento, nuevos impuestos, todos saboteadores del declamado crecimiento. Y por supuesto, el discurso de que “es imprescindible reformar el sistema impositivo y mantener el nivel de gasto, pero con más eficiencia”. Nada muy distinto a la locura irresponsable argentina. Con el mismo cortoplacismo, con el mismo relato, con el mismo triste final. 

 

La creencia de que, como se trata de un problema universal, con una solución facilista también universal, hay que reproducirla, es fatal para cualquier país, y para las economías más pequeñas es garantía de fracaso y atraso en poco tiempo. Y por el mismo precio, nada peor que acostumbrar a las burocracias a que cualquier nivel de gasto es siempre financiable de algún modo. Que es como darle una tarjeta de crédito ilimitada a un pariente jugador empedernido. 

 

Los próximos dos años serán de impopularidad y de duro trabajo para los gobiernos que elijan el camino de la responsabilidad. Aunque puede terminar siendo una apuesta política ganadora. Y de paso un servicio a su país. 




¿Qué es lo que no hay que copiar de Argentina? 

No se deben simplificar las razones de la decadencia del país vecino, para no llegar al mismo final



Parece que se está entendiendo finalmente que la enfermedad terminal argentina no es fruto de la casualidad ni de un virus originado en algún animalito en el confín del mundo ni de alguna conspiración internacional ni de una mayor riqueza de algunos que perversamente provoca la pobreza de otros. 

 

La columna se desgañitó hasta la repetición aburrida anticipando un resultado que hoy espanta, aunque no debería sorprender a nadie. El populismo termina siempre en lo mismo, aunque sus fieles, gobierno y pueblo, se empecinen en negar las evidencias y los resultados empíricos universales, cualquiera fuese el grado en que se aplica. El viejo socialismo fracasado se metamorfosea en populismo para ganarse rápidamente el favor de las masas. Una planificación central sin plan, en que se manotea el dinero donde se lo encuentre, o se lo fabrica vía emisión o deuda, para obtener resultados instantáneos. Y votos. 

 

Ese negacionismo de la acción humana hace creer que se puede exportar sin importar, con cualquier nivel de gasto o impuestos, aumentar o conservar el empleo con cualquier nivel de sueldos o rigidez laboral, que se pueden eliminar los pobres con el fácil expediente de repartir dádivas y que la educación puede ser politizada, vaciada y bastardeada sin producir daños irreparables en la economía y en la sociedad. Seguramente al comienzo eso asegura la adhesión y hasta el fanatismo de los beneficiarios de tamaño facilismo, hasta que explotan la inflación, el default, el nivel de empleo y, sobre todo, muere la confianza interna y externa. El manejo de la pandemia por parte del gobierno argentino responde exactamente a esos mismos parámetros, con iguales consecuencias. Salvo que aún un solo muerto es mucho más grave que un default. 

 

Los analistas orientales comentan con cierto regodeo el drama del vecino y empiezan a advertir que Uruguay debe cuidarse de no reproducir sus sandeces, pero son tibios en el listado de las acciones o criterios que se deben evitar a toda costa. Parecería creerse que, si se hace populismo con menos velocidad, o con más moderación o parsimonia, los efectos nocivos serán menores y los estallidos más suaves. 

 

Se debe recordar otra vez que Uruguay detuvo felizmente la espiral explosiva, que lo hubiera llevado al destino argentino, gracias a la patriótica y decidida acción de Jorge Batlle que, contra toda la presión de la izquierda, de buena parte de su partido, de la sociedad y del propio establishment, decidió arreglar la deuda externa y el desbarajuste de los depósitos bancarios sin caer en el default facilista y estafador del populismo. Esa decisión fue salvadora y preservó la confianza. 

 

Quince años de populismo a la uruguaya, repartiendo primero una riqueza pasajera y luego una riqueza inexistente, acercaron de nuevo al país a la membresía del club rioplatense del fracaso. Por eso es bueno que surjan voces que adviertan sobre las similitudes, aún cuando sea tímidamente. Se ha comprendido el peligro del camino fatal del déficit, aunque se llegue a él de a poquito. Pero el diagnóstico no se debe agotar en el déficit, apenas una resultante. Detenerse ahí implica sostener que la solución es de tipo fiscalista, es decir que da lo mismo por qué extremo se lo aborda, el del gasto, el del impuesto o una mezcla de ambos. 

Justamente ese fue y es el mayor error argentino, con todos los gobiernos. Creer que daba lo mismo achicar el déficit subiendo impuestos que bajando el gasto. Eso llevó al fácil recurso de aumentar las cargas tributarias, que paraliza; de emitir, que crea el peor de los impuestos, la inflación; de endeudarse, que es impuesto futuro; y así al default, que es el fin de la confianza, la inversión y la esperanza. Entonces, cuando se aconseja sobre lo que debe o no hacerse para no terminar siendo un paria, no se puede eludir la imprescindibilidad de bajar el gasto, no el déficit vía impuestos. Error fatídico que le costó a Macri su presidencia y a Argentina su futuro y sus libertades. 

 

Hay otras modelos y criterios que deben evitarse. El proteccionismo, paradoja fatal en las economías pequeñas. El “vivir con lo nuestro” de la Cepal fue el catecismo que, como una piedra atada al cuello, hundió al vecino rico, que se empobreció aferrado a esa impotencia inducida. Se suele argüir que Uruguay no es proteccionista. Basta analizar lo que valen comparativamente los bienes durables para comprender que no es así. Y tiene los mismos efectos económicos siempre, cualquiera fuera la forma que tomase. En especial en el empleo y el bienestar. 

 

El estado metido a empresario es otro formato de gasto y de proteccionismo combinados, además del efecto oculto de corrupción, que Argentina sabe y Uruguay no quiere saber. El tamaño del estado uruguayo es peligrosamente parecido en muchos puntos al de Argentina, porcentualmente. La ineficiencia es la misma, y sobre la corrupción la columna se abstiene, porque de eso no se habla, como es sabido. 

 

El gobierno ha dado indicaciones de que comprende el problema, o los problemas, y está dispuesto a enfrentarlos y corregirlos. Habrá que ver si logra vencer los obstáculos que le apilen su propia coalición y claramente la oposición con el apoyo de su sindicalismo que, como el argentino, es el brazo combativo y obstructor de cualquier saneamiento, en el doble sentido del término. Y que está en contra de la creación de empleo por cualquier método, más allá de lo que declama. 

 

El populismo es el intento de evitar la disciplina, el esfuerzo y el mérito. La anulación del tiempo. El sueño demagógico de la instantaneidad. Sacarle a uno para darle a otro. Ser como dioses. Un pecado político de soberbia que paga el país por toda la eternidad. Eso es lo que no se debe copiar. 








La hora del vecino


Las departamentales son la esencia de la democracia, no se deberían ideologizar ni militar con lealtad partidaria









Con apenas una década en Uruguay, jamás me atrevería a incurrir en el análisis político de fondo, por carecer de formación académica para ello, y porque no recuerdo el árbol genealógico de cada político y la intimidad y anécdotas de los partidos, desde 1811 hasta hoy, condición sine qua non para tal tarea. 


En cambio, me permito reflexionar sobre aspectos de las elecciones departamentales, que hoy tienen particular significado por las circunstancias políticas y por los desafíos del descalabro económico global generado por la pandemia y la adaptación a esa realidad. 

 

Es común leer que los votantes departamentales tienen una fidelidad partidaria e ideológica casi de hierro. Así, Montevideo es frenteamplista, Rivera es colorada y por el estilo. Hay un reduccionismo en tal idea, un desperdicio en la utilización del voto, la gran oportunidad para que los vecinos planteen y decidan sus problemas de cercanía y aspiraciones concretas sobre su entorno. 

 

¿Qué importancia tendrá la ideología en la calidad de los servicios esenciales? El saneamiento o la recolección de basura, o las obras esenciales, son gestión pura, no dialéctica, en la concreción y en sus costos, oportunidad, calidad y eficiencia. Tal debería ser el objeto de una elección departamental. Un juicio sobre la tarea realizada y sobre las propuestas para el futuro. Una concesión del unitarismo central a la voluntad del vecino, que éste debería aprovechar, no desperdiciar en oír discursos encendidos de ninguna tendencia. 

 

¿Está conforme el montevideano con la recolección de basura, por ejemplo? ¿Tolera la ciudad sucia, de hurgadores, con un foco infeccioso en cada contenedor desbordado? Quienquiera fuere el intendente deberá ser capaz de ponerle límites a ADEOM, el gremio que decide cuándo y cómo recoge los residuos. O dejarlos tirados. Hasta hay que negociar con él la oportunidad de compra y la cantidad de camiones que se incorporan, o la utilización o no de servicios privados en caso de huelga, o la declaración o no de la esencialidad, claudicación inaceptable que daña a la sociedad. Lo último que se necesita es una afinidad partidista entre la intendencia y ese gremio, del que el ciudadano es un rehén. ADEOM chantajeó a sus asociados que no acataron el paro político del PIT-CNT negándoles el regalo de reyes para sus hijos. ¿Es un sindicato al servicio de sus trabajadores o al revés? La confusión entre la militancia política y las tareas concretas que requiere una ciudad puede ser fatal. 

 

¿Esto que hay es todo lo que puede hacerse por Montevideo? ¿La luz mortecina virreinal de la mortecina Ciudad Vieja, el parto de cada nuevo semáforo, con más trámites y pasos que hacer un camino, no merecen un plan renovador? ¿Cuál es el plan de Colonia para enfrentar la pandemia, para recuperar el turismo o para atraer nuevos residentes o inversores? Ya perdió su actividad financiera impasiblemente. 


 




¿Qué hará Rocha con el Chuy para no seguir siendo una dependencia brasileña? Cómo encarará su turismo, con qué ideas y protocolos, ¿qué ofrecerá?  ¿Cómo planean Tacuarembó y Durazno asimilar los desafíos positivos y negativos que les plantea en Paso de los toros y Centenario la construcción de UPM2? ¿Cómo evitarán tener un Soweto, cómo manejarán los efluentes y aprovecharán las oportunidades que se ofrecen? Sobre eso se debe consultar a sus ciudadanos, no sobre las lealtades partidistas. Otra vez la metáfora de Deng se estrella en la cara de los ideólogos: “no importa si el gato es blanco o negro, sino que cace ratones”. Que tanto aplica en el caso de la elección de un intendente. 

 

Se puede seguir preguntando: ¿Cómo aprovechará Punta del Este su enorme potencial de todo el año? ¿Cómo aprovechará la afluencia de nuevos residentes balseros de Argentina? ¿Se han desarrollado adecuadamente los protocolos sanitarios, o se corre el riesgo de un estallido en plena temporada? ¿Aceptan sus votantes la proliferación de torres que la acercan a la ruinosa estética de Marbella? ¿Los vecinos de Manantiales aprecian la construcción de megacomplejos sobre la playa, antes inteligentemente vedada y ahora objetivo de los desarrolladores especialistas en negociar con las autoridades?  Las autoridades locales tienen mucho por explicar y proponer.  El voto sirve para evaluar gestiones pasadas y propuestas futuras. Como el fanatismo futbolero, el partidismo y la ideología sirven para esconder lo mal que juega el equipo, o lo mal que va a jugar, sostengo en mis columnas. 

 

Carrasco Sur, el barrio castigado por la Intendencia de Montevideo, es una lupa de los temas que afectan a la Ciudad. Desde la falta y saturación de contenedores, (retirados algunos a pedido de vecinos con amigos) a la proliferación del moderno reciclado vía hurgadores, a los impunes que arrojan su basura a la calle, a la mugre de los residuos grandes o los de poda, que el inefable ADEOM decidió en su capacidad de correligionario del Intendente no recolectar durante la pandemia. Y como frutilla ideológica, sufre la “policía arquitectónica” de una Comisión de Carrasco y Punta Gorda, dependiente de la División Planificación territorial de la IMM, que no sólo decide subjetivamente sobre la estética de las casas a construirse, aunque cumplan el código de edificación, sino que impide demoler casas que no son patrimonio histórico, salvo que se derrumben por efecto del tiempo. Estupidez que afecta el derecho de propiedad y a la estética que se alega defender, además de la actividad de la construcción. Mientras, en la misma zona se permite edificar edificios de departamentos. El problema de elegir partidos e ideologías, no gestión. 


Alguna vez Sarmiento definió muy bien la tarea de los funcionarios de cercanía: “nos pagan para juntar la bosta de las calles”


La lectora puede aducir que este concepto es válido para toda la política. Pero no soy politólogo, de modo que me abstengo de opinar. 






El crecimiento salvador que sólo pueden lograr los privados


No hay más opción que crecer, pero no se logra con más impuestos y al instante, como parecen creer Fitch y otros





Los sistemas de planificación central han generado la superstición de que el estado es capaz de crear riqueza, espejismo cultivado por los burócratas. En rigor el estado sólo toma la riqueza de los particulares y la reparte, la gasta, la malversa o la roba, según el caso. En cambio, la inversa es cierta: el estado sí es harto capaz de generar pobreza, potestad que, con contumacia, se suele atribuir a los privados. Los argumentos contra ambas afirmaciones ceden sistemáticamente ante la evidencia empírica. 

Tampoco el estado es capaz de producir. Sólo se disfraza de productor a riesgo cero, ya que timbea el dinero ajeno, como niñas que se ponen los tacos altos de la madre y lucen sus carteras fingiendo ser adultas. Los resultados, en todo tiempo y lugar, son conocidos y sufridos. También localmente. 

El caso UPM, donde la burocracia negoció mano a mano las exoneraciones y condiciones con la empresa, es engañoso. Otra ensoñación. Se creó una exportación de escaso valor, un PIB de segunda, una inequidad que prueba que los impuestos son enemigos del crecimiento. 

Hay una tercera función en la que el estado es incompetente: la exportación. Esa tarea es siempre de largo plazo, cambiante, esforzada, y requiere una capacidad de adaptación y decisión de la que la burocracia carece por genética. O sea, es una actividad privada. Este concepto vale para el agro, exportador de commodities que toman precio de mercados globales, para un emprendedor que vende software para Bancos en la región, o para una bodega que trata de colocar sus vinos en competencia con miles de bodegas de todo el mundo y lidia con las restricciones en cada país. 

Los tratados de libre comercio, las uniones aduaneras y otras alianzas, reforzaron la ilusión óptica del protagonismo del estado en el comercio internacional. Pero aún antes de la pandemia mundial y de la pandemia trumpista, ya los tratados contenían crecientemente cláusulas de protección y garantías, más que cláusulas de apertura. Se corrobora al leer el Acuerdo de Asociación Transpacífico que anuló el presidente americano. 

La muerte de la globalización no imposibilita la exportación. Sólo vuelve a las bases: repone el esfuerzo y la responsabilidad de la vital tarea en manos de los privados. Un esfuerzo casi nunca coordinado, como sabe cualquier exportador, en especial los no agrícolas. Las economías pequeñas exportaron siempre sobre la base del contacto personal, del servicio, de la relación uno a uno. Aún un unicornio se basa en las personas, en las charlas mano a mano, en la adaptación continua, en “vender” una idea, en hacerse creíble. Un reciente podcast de Marcos Galperín recuerda esas realidades, en las que el estado no tuvo papel alguno, afortunadamente. 

El único modos de mantener el bienestar actual de Uruguay en el largo plazo es con crecimiento real de la actividad, o sea del PIB. Intentar hacerlo mediante la aplicación de más impuestos es un parche, un dibujo. Se disminuye un instante el déficit, pero de inmediato cae la actividad y/o la inversión. Una medida de burócratas. También es de corto plazo tomar deuda para mantener ese bienestar, o emitir más. Por igual razón: dura un instante. 

Quedan entonces dos caminos, que pueden confluir: aumentar la exportación y lograr un mayor consumo de valor agregado mediante una inmigración pequeña en número, pero importante en calidad de demanda y de inversión. Para lo último no hace falta demasiados estímulos, como sostiene la columna. La señora de Kirchner se ocupa de generar la oferta. En cuanto a la exportación, hay derecho a esperar una mejora de los precios de las commodities. Porque la pandemia no ha afectado la demanda de alimentos, y porque la crisis porcina ha multiplicado la demanda cárneas. 

No es suficiente. De ahí la importancia de los privados, los auténticos optimistas. De las miles de Pymes exportadoras expulsadas de Argentina, por ejemplo. De los que venden servicios a medida, fabrican lo que el cliente necesita o inventan una app o un programa que venden timbreando en la región o donde pueden. De los que apuestan sus ahorros o consiguen inversores, de los que insisten, empiezan de nuevo, corrigen, se funden eventualmente, pero a su propio riesgo. 

El criterio del crecimiento es el que ha adoptado el gobierno. Es lento. Pero no parece haber otro disponible. Pero a un burócrata de Fitch, por caso, le es difícil entender que esto se incorpore al presupuesto. Justamente para eso sirve un plan de mediano plazo. La calificadora parece evaluar a Uruguay de modo diferencial. ¿Qué presupuesto quiere? ¿Uno facilista que baje el déficit al instante aplicando impuestos que “cierren”? Duraría un segundo y caería el PIB. Y de inmediato la evaluadora diría que hacen falta más impuestos para volver a cuadrar las cuentas. Así hasta la nada. Un FMI 2. 

¿Qué otra cosa cabría hacer en esta coyuntura mundial y de país? Luego de tres lustros de crecimiento de gasto, hace falta tiempo para lograr un equilibrio socioeconómico. No es un Excel. Importa la calidad de las ideas, la perseverancia en las decisiones y la acción invalorable de los privados. Y si Fitch aplicara el mismo cartabón para todos, debería calificar a muchas grandes economías como B-, si no como CCC. 

El estado no es capaz de aumentar la exportación, ni el consumo, ni el PIB. Pero puede contribuir a achicarlos, como suele ocurrir. O bien puede ayudar desbrozando el camino de obstáculos, aumentando la confianza y la seguridad jurídica, fortaleciendo la competencia, desregulando, privatizando. Y permaneciendo muy activo donde hace falta: la educación, la salud pública, la seguridad, la asistencia social. Y bajando el gasto inútil, que aún sobra.