Publicada en El Observador el 13/10/2020

El referéndum como carrera de obstáculos

 

La consulta popular puede usarse como una herramienta para sabotear la confianza y la inversión

El Pit-Cnt reflota con empecinamiento su erupción poselectoral de usar el mecanismo de consulta popular para anular total o parcialmente la LUC. El análisis de los antecedentes y los aspectos políticos de tal planteamiento han sido cubiertos con amplitud en la nota de Miguel Arregui de la semana pasada, con lo que no hace falta volver sobre ellos. 

 

El presidente ha sido obvio en este punto, al sostener que la central sindical (informal) tiene todo el derecho a juntar firmas a tal efecto. Por supuesto que es un derecho constitucional que puede ejercer cualquier ciudadano o grupo, un centro vecinal o la hinchada de Peñarol. De modo que ni hace falta la personería de que el referente sindical carece. 

 

Es, en cambio, dudosa la legitimidad y hasta la legalidad de uno de los puntos centrales que se proponen defender. Tal es el autopercibido derecho a las tomas de fábricas y piquetes obstructivos que se arrogó el sindicalismo en los años de oro del frenteamplismo. No sólo se estaría obligando al país a ir en contra de las prescripciones de la OIT, a la que adhiere y cuyas disposiciones supone acatar. Un contrasentido ya denunciado por el ente internacional, cuyos preceptos parecen valer solamente cuando le convienen al gremialismo. También se ataca el derecho constitucional de propiedad y el derecho aún más sensible a trabajar, que tienen los individuos que se ven presos de decisiones minoritarias, como es el caso casi siempre. 

 

Esa prerrogativa ilegal sólo se pudo sostener merced a la tutoría ideológica que ejerce el Pit-Cnt sobre el Frente Amplio, que optó por complacer a su captor aún en contra de lo expresado en el párrafo anterior. Ahora se vuelve a presionar por otro camino, y a embarcar al Frente en una peligrosa aventura.  Una pregunta elemental es si tiene validez usar el mecanismo constitucional del referéndum para forzar un cambio de la propia Constitución. Este solo punto implicaría una discusión jurídica de fondo que excede a este espacio, en instancias judiciales que también exceden a este espacio. 

 

La segunda excusa, perdón, la segunda propuesta, es la de revertir los cambios en la participación sindical en la gobernanza de la educación. Se está aquí ante un aspecto ideológico esencial para el trotskismo docente y el plan gramscista de deseducación sistémica. Si se quiere seriamente dar oportunidades a los sectores más desprotegidos, reducir la pobreza y la miseria, una educación de calidad es imprescindible. Esa calidad ha disminuido en los últimos años de modo dramático y hasta cruel. Y tiene que ver con la acción o inacción de los gremios docentes, empezando por los contenidos. Es el estado el que debe revertir esa tendencia; no los gremios, que no están capacitados para ello. Si los gremios quisieran ayudar, a la enseñanza y a sus afiliados, deberían comenzar por dejar de poner obstáculos a la jerarquización profesional universitaria de la docencia, con más dinero destinados a las remuneraciones útiles y mucho menos a las burocracias inútiles. 

 

La tercera excusa-propuesta es la eliminación de la regla fiscal. Se puede argüir que ese tema tiene poco que ver con la central informal sindical, pero eso no es jamás óbice para crear una buena resistencia obstaculizadora y un argumento divisionista. Más allá de esa intención, está el hecho urgente, inevitable y necesario de tener un presupuesto serio, viable y prudente, con cualquier gobierno, de cualquier tendencia. Y toda regla fiscal es siempre molesta, claro. Porque implica seriedad. 

 

Como la idea es crear la mayor cantidad de obstáculos posible, se ha formado una comisión interna que escudriñará cada artículo de la LUC para ver qué tema puede resultar popular para proponer su derogación, de modo de atraer votos de los disconformes y miedosos de todos los sectores sobre cualquier aspecto. Una suerte de trumpización del referéndum. 

 

En un plano superior, detrás del intento de referéndum hay otras intenciones más potentes, aunque perversamente se hagan lucir como consecuencias no queridas. Ya de por sí, la posibilidad constitucional de un referéndum crea una inseguridad, una sensación de provisoriedad. Una ley no vale hasta que no pase el período de “apelación” que crea la posibilidad de la consulta y todo su complejo proceso. Incluyendo el debate, la suspensión de decisiones, la inseguridad jurídica que significa un retroceso. En un momento donde se combina la necesidad de un ajuste urgente al presupuesto, más una búsqueda imprescindible de inversión y radicación privadas, la revisión permanente, a pocos meses de una elección nacional, es un torpedo bajo la línea de flotación de ese proceso y empuja hacia la inversión estatal, un oxímoron cuyo fracaso no necesita más ejemplos. 

 

Argentina, con Cristina, ofrece una buena muestra de lo que significa la inseguridad jurídica y política en materia de confianza, en todos los órdenes. El referéndum puede ser un intento de crear escenarios que, si bien no tendrían igual dramatismo, tendría efectos similares. 

 

En cuanto a los aspectos laborales, y cualquiera fuere la ideología o la tendencia política de los gobiernos, todo indica que globalmente hay una tendencia irreversible hacia la flexibilización laboral, con todas sus consecuencias positivas y negativas. Los países que intenten demorar ese proceso tendrán duras consecuencias. Los más fuertes, las sufrirán más tarde, los más pequeños las sufrirán de inmediato. 

 

En términos de su ideología, la estrategia del Pit-Cnt es adecuada. Cumplirá su propósito saboteador de cualquier proyecto de crecimiento y bienestar uruguayo, ya lo cumple al crear la discusión y las dudas. La pregunta clave es si el Frente Amplio lo seguirá nuevamente en esta línea destructiva, como un esclavo útil. 

¿Por qué tiene que bajar 

el gasto público?

La respuesta de un ministro argentino sirve para entender el fracaso, aunque también anticipa un problema global inminente

 

La pregunta del título no es un ejercicio de retórica, un remedo de mayéutica socrática. Es lo que, textualmente, respondió Martín Guzmán, el ministro de economía argentino, a una pregunta periodística sobre sus planes en tal sentido, a la luz de la inminente apertura de las negociaciones con el Fondo Monetario o, mejor dicho, del pedido de clemencia. 

 

La idea del vecino es conseguir algo similar a lo que obtuvo con los bonistas: no pagar ni capital ni intereses durante este mandato peronista. Coherente con la filosofía tramposa que rige a su sociedad y a sus políticos en particular. También coherente con el hecho de que sus reservas reales llegaron el viernes a cero. El cepo, un recurso precario de impotentes económicos, ha dado los frutos previstos: no sólo se han rifado las reservas en aras de mantener un tipo de cambio falso que busca su realidad, sino que ha enojado y desestimulado al único sector que puede producir divisas, obviamente el agro.  

 

La frase del jerarca se redondeó con una afirmación: “bajar el gasto no es a lo que apuntamos”. Importante declaración de principios que santifica cualquier barbaridad contenida en el gasto nacional, provincial y municipal, al que certifica como perfecto, justo y eficiente. 

 

Si bien está claro que se trata de un mensaje por elevación a la misión del FMI que llega hoy a Argentina, es en esencia el mismo argumento que se viene usando hace décadas: todo déficit se soluciona con crecimiento. No muy distinto al criterio fatal de Macri y su socialismo de living, que se llamó gradualismo.

 

Tiene sentido intentar responder a la pregunta-respuesta del ministro stiglitziano, ya que el periodista no atinó a hacerlo. Usted, señor ministro, tiene que bajar el gasto porque todos quienes intentaron mantenerlo a estos niveles endeudaron sistemáticamente al país, lo llevaron a hiperinflaciones y defaults y a una corrupción creciente, multipartidaria, desaforada y consolidada. 

 

Tiene que bajar el gasto porque desde el primer gobierno kirchnerista hasta hoy ha subido 20 puntos del PIB y ha hecho retroceder del mismo modo el crecimiento al que supuestamente se apuesta para equilibrar las cargas y reducir la pobreza, que en cambió aumentó. Tiene que bajar el gasto porque no hay cómo financiarlo, y porque ni siquiera es cierto que -al menos en una buena parte- esté contribuyendo al bienestar de nadie, más que el de la casta política y sus barrabravas piqueteros funcionales. 

 

Tiene que bajarlo porque cada medida que toma para bajar el déficit ahuyenta la inversión, la producción, el entusiasmo, el empleo y los dólares que tanto lo preocupan. Tiene que bajarlo porque es mentira que sólo hay que hacerlo más eficiente y justo. La frase en sí denota que no se conoce su composición y resultados. Con lo cual no se puede seriamente convalidar su tamaño. 

 

Tiene que bajarlo para no terminar cobrando impuestos absurdos, como el 8% con que intenta confiscar ahora los patrimonios, que colabora a la desconfianza y que sólo se puede cobrar una vez, (no por decisión estatal sino porque se agotarán los contribuyentes), ni tampoco alcanzará ni ínfimamente. Tiene que bajarlo para dejar de crear desvergonzados billonarios oportunistas y ladrones y empezar a soldar la grieta que hunde el barco argentino. 

 

Tiene que bajar el gasto para dejar de mentirle hipócritamente a la sociedad al recomendarle que ahorre en pesos y al mismo tiempo seguir emitiendo. Porque tampoco el ministro contestó otra pregunta que le hiciera la prensa: ¿cuándo vende los dólares que muestra en su declaración jurada y los convierte en pesos como predica? La nueva clase. La dirigencia política que reemplaza al Rey de otrora en su autocracia, su despotismo y su desprecio.  Otra vez, “que coman brioche”

 

Argentina es una caricatura sobreexagerada, pero esta vez sus problemas son comunes a los del resto del mundo, que los sufre o sufrirá en mayor o menor medida en breve. El próximo problema global es cómo salir del gasto pandémico. Las cuarentenas de distintos formatos que ahora lucen exagerados e ineficientes convalidaron un estatismo alegre, repartidor, redistribuidor y subsidiador. A medida que la pandemia se controle, será urgente eliminar ese sobregasto. 

 

Frente a ello, muchos sectores sociales y políticos, que tienden a considerar cualquier dádiva como una conquista y un derecho irrenunciable, junto a los ideólogos de la redistribución mesiánica de la riqueza ya presionan para que se mantengan y hasta se aumenten los salvavidas pandémicos, con excusas y argumentos diversos, archiconocidos, ahora reciclados y adaptados. 

 

¿Cómo se financiarían? Las ideas son las pocas de siempre, con iguales consecuencias: emisión, endeudamiento, nuevos impuestos, todos saboteadores del declamado crecimiento. Y por supuesto, el discurso de que “es imprescindible reformar el sistema impositivo y mantener el nivel de gasto, pero con más eficiencia”. Nada muy distinto a la locura irresponsable argentina. Con el mismo cortoplacismo, con el mismo relato, con el mismo triste final. 

 

La creencia de que, como se trata de un problema universal, con una solución facilista también universal, hay que reproducirla, es fatal para cualquier país, y para las economías más pequeñas es garantía de fracaso y atraso en poco tiempo. Y por el mismo precio, nada peor que acostumbrar a las burocracias a que cualquier nivel de gasto es siempre financiable de algún modo. Que es como darle una tarjeta de crédito ilimitada a un pariente jugador empedernido. 

 

Los próximos dos años serán de impopularidad y de duro trabajo para los gobiernos que elijan el camino de la responsabilidad. Aunque puede terminar siendo una apuesta política ganadora. Y de paso un servicio a su país. 

¿Qué es lo que no hay que copiar de Argentina? 

No se deben simplificar las razones de la decadencia del país vecino, para no llegar al mismo final

Parece que se está entendiendo finalmente que la enfermedad terminal argentina no es fruto de la casualidad ni de un virus originado en algún animalito en el confín del mundo ni de alguna conspiración internacional ni de una mayor riqueza de algunos que perversamente provoca la pobreza de otros. 

 

La columna se desgañitó hasta la repetición aburrida anticipando un resultado que hoy espanta, aunque no debería sorprender a nadie. El populismo termina siempre en lo mismo, aunque sus fieles, gobierno y pueblo, se empecinen en negar las evidencias y los resultados empíricos universales, cualquiera fuese el grado en que se aplica. El viejo socialismo fracasado se metamorfosea en populismo para ganarse rápidamente el favor de las masas. Una planificación central sin plan, en que se manotea el dinero donde se lo encuentre, o se lo fabrica vía emisión o deuda, para obtener resultados instantáneos. Y votos. 

 

Ese negacionismo de la acción humana hace creer que se puede exportar sin importar, con cualquier nivel de gasto o impuestos, aumentar o conservar el empleo con cualquier nivel de sueldos o rigidez laboral, que se pueden eliminar los pobres con el fácil expediente de repartir dádivas y que la educación puede ser politizada, vaciada y bastardeada sin producir daños irreparables en la economía y en la sociedad. Seguramente al comienzo eso asegura la adhesión y hasta el fanatismo de los beneficiarios de tamaño facilismo, hasta que explotan la inflación, el default, el nivel de empleo y, sobre todo, muere la confianza interna y externa. El manejo de la pandemia por parte del gobierno argentino responde exactamente a esos mismos parámetros, con iguales consecuencias. Salvo que aún un solo muerto es mucho más grave que un default. 

 

Los analistas orientales comentan con cierto regodeo el drama del vecino y empiezan a advertir que Uruguay debe cuidarse de no reproducir sus sandeces, pero son tibios en el listado de las acciones o criterios que se deben evitar a toda costa. Parecería creerse que, si se hace populismo con menos velocidad, o con más moderación o parsimonia, los efectos nocivos serán menores y los estallidos más suaves. 

 

Se debe recordar otra vez que Uruguay detuvo felizmente la espiral explosiva, que lo hubiera llevado al destino argentino, gracias a la patriótica y decidida acción de Jorge Batlle que, contra toda la presión de la izquierda, de buena parte de su partido, de la sociedad y del propio establishment, decidió arreglar la deuda externa y el desbarajuste de los depósitos bancarios sin caer en el default facilista y estafador del populismo. Esa decisión fue salvadora y preservó la confianza. 

 

Quince años de populismo a la uruguaya, repartiendo primero una riqueza pasajera y luego una riqueza inexistente, acercaron de nuevo al país a la membresía del club rioplatense del fracaso. Por eso es bueno que surjan voces que adviertan sobre las similitudes, aún cuando sea tímidamente. Se ha comprendido el peligro del camino fatal del déficit, aunque se llegue a él de a poquito. Pero el diagnóstico no se debe agotar en el déficit, apenas una resultante. Detenerse ahí implica sostener que la solución es de tipo fiscalista, es decir que da lo mismo por qué extremo se lo aborda, el del gasto, el del impuesto o una mezcla de ambos. 

Justamente ese fue y es el mayor error argentino, con todos los gobiernos. Creer que daba lo mismo achicar el déficit subiendo impuestos que bajando el gasto. Eso llevó al fácil recurso de aumentar las cargas tributarias, que paraliza; de emitir, que crea el peor de los impuestos, la inflación; de endeudarse, que es impuesto futuro; y así al default, que es el fin de la confianza, la inversión y la esperanza. Entonces, cuando se aconseja sobre lo que debe o no hacerse para no terminar siendo un paria, no se puede eludir la imprescindibilidad de bajar el gasto, no el déficit vía impuestos. Error fatídico que le costó a Macri su presidencia y a Argentina su futuro y sus libertades. 

 

Hay otras modelos y criterios que deben evitarse. El proteccionismo, paradoja fatal en las economías pequeñas. El “vivir con lo nuestro” de la Cepal fue el catecismo que, como una piedra atada al cuello, hundió al vecino rico, que se empobreció aferrado a esa impotencia inducida. Se suele argüir que Uruguay no es proteccionista. Basta analizar lo que valen comparativamente los bienes durables para comprender que no es así. Y tiene los mismos efectos económicos siempre, cualquiera fuera la forma que tomase. En especial en el empleo y el bienestar. 

 

El estado metido a empresario es otro formato de gasto y de proteccionismo combinados, además del efecto oculto de corrupción, que Argentina sabe y Uruguay no quiere saber. El tamaño del estado uruguayo es peligrosamente parecido en muchos puntos al de Argentina, porcentualmente. La ineficiencia es la misma, y sobre la corrupción la columna se abstiene, porque de eso no se habla, como es sabido. 

 

El gobierno ha dado indicaciones de que comprende el problema, o los problemas, y está dispuesto a enfrentarlos y corregirlos. Habrá que ver si logra vencer los obstáculos que le apilen su propia coalición y claramente la oposición con el apoyo de su sindicalismo que, como el argentino, es el brazo combativo y obstructor de cualquier saneamiento, en el doble sentido del término. Y que está en contra de la creación de empleo por cualquier método, más allá de lo que declama. 

 

El populismo es el intento de evitar la disciplina, el esfuerzo y el mérito. La anulación del tiempo. El sueño demagógico de la instantaneidad. Sacarle a uno para darle a otro. Ser como dioses. Un pecado político de soberbia que paga el país por toda la eternidad. Eso es lo que no se debe copiar. 

La hora del vecino

Las departamentales son la esencia de la democracia, no se deberían ideologizar ni militar con lealtad partidaria

Con apenas una década en Uruguay, jamás me atrevería a incurrir en el análisis político de fondo, por carecer de formación académica para ello, y porque no recuerdo el árbol genealógico de cada político y la intimidad y anécdotas de los partidos, desde 1811 hasta hoy, condición sine qua non para tal tarea. 

En cambio, me permito reflexionar sobre aspectos de las elecciones departamentales, que hoy tienen particular significado por las circunstancias políticas y por los desafíos del descalabro económico global generado por la pandemia y la adaptación a esa realidad. 

 

Es común leer que los votantes departamentales tienen una fidelidad partidaria e ideológica casi de hierro. Así, Montevideo es frenteamplista, Rivera es colorada y por el estilo. Hay un reduccionismo en tal idea, un desperdicio en la utilización del voto, la gran oportunidad para que los vecinos planteen y decidan sus problemas de cercanía y aspiraciones concretas sobre su entorno. 

 

¿Qué importancia tendrá la ideología en la calidad de los servicios esenciales? El saneamiento o la recolección de basura, o las obras esenciales, son gestión pura, no dialéctica, en la concreción y en sus costos, oportunidad, calidad y eficiencia. Tal debería ser el objeto de una elección departamental. Un juicio sobre la tarea realizada y sobre las propuestas para el futuro. Una concesión del unitarismo central a la voluntad del vecino, que éste debería aprovechar, no desperdiciar en oír discursos encendidos de ninguna tendencia. 

 

¿Está conforme el montevideano con la recolección de basura, por ejemplo? ¿Tolera la ciudad sucia, de hurgadores, con un foco infeccioso en cada contenedor desbordado? Quienquiera fuere el intendente deberá ser capaz de ponerle límites a ADEOM, el gremio que decide cuándo y cómo recoge los residuos. O dejarlos tirados. Hasta hay que negociar con él la oportunidad de compra y la cantidad de camiones que se incorporan, o la utilización o no de servicios privados en caso de huelga, o la declaración o no de la esencialidad, claudicación inaceptable que daña a la sociedad. Lo último que se necesita es una afinidad partidista entre la intendencia y ese gremio, del que el ciudadano es un rehén. ADEOM chantajeó a sus asociados que no acataron el paro político del PIT-CNT negándoles el regalo de reyes para sus hijos. ¿Es un sindicato al servicio de sus trabajadores o al revés? La confusión entre la militancia política y las tareas concretas que requiere una ciudad puede ser fatal. 

 

¿Esto que hay es todo lo que puede hacerse por Montevideo? ¿La luz mortecina virreinal de la mortecina Ciudad Vieja, el parto de cada nuevo semáforo, con más trámites y pasos que hacer un camino, no merecen un plan renovador? ¿Cuál es el plan de Colonia para enfrentar la pandemia, para recuperar el turismo o para atraer nuevos residentes o inversores? Ya perdió su actividad financiera impasiblemente. 

 

¿Qué hará Rocha con el Chuy para no seguir siendo una dependencia brasileña? Cómo encarará su turismo, con qué ideas y protocolos, ¿qué ofrecerá?  ¿Cómo planean Tacuarembó y Durazno asimilar los desafíos positivos y negativos que les plantea en Paso de los toros y Centenario la construcción de UPM2? ¿Cómo evitarán tener un Soweto, cómo manejarán los efluentes y aprovecharán las oportunidades que se ofrecen? Sobre eso se debe consultar a sus ciudadanos, no sobre las lealtades partidistas. Otra vez la metáfora de Deng se estrella en la cara de los ideólogos: “no importa si el gato es blanco o negro, sino que cace ratones”. Que tanto aplica en el caso de la elección de un intendente. 

 

Se puede seguir preguntando: ¿Cómo aprovechará Punta del Este su enorme potencial de todo el año? ¿Cómo aprovechará la afluencia de nuevos residentes balseros de Argentina? ¿Se han desarrollado adecuadamente los protocolos sanitarios, o se corre el riesgo de un estallido en plena temporada? ¿Aceptan sus votantes la proliferación de torres que la acercan a la ruinosa estética de Marbella? ¿Los vecinos de Manantiales aprecian la construcción de megacomplejos sobre la playa, antes inteligentemente vedada y ahora objetivo de los desarrolladores especialistas en negociar con las autoridades?  Las autoridades locales tienen mucho por explicar y proponer.  El voto sirve para evaluar gestiones pasadas y propuestas futuras. Como el fanatismo futbolero, el partidismo y la ideología sirven para esconder lo mal que juega el equipo, o lo mal que va a jugar, sostengo en mis columnas. 

 

Carrasco Sur, el barrio castigado por la Intendencia de Montevideo, es una lupa de los temas que afectan a la Ciudad. Desde la falta y saturación de contenedores, (retirados algunos a pedido de vecinos con amigos) a la proliferación del moderno reciclado vía hurgadores, a los impunes que arrojan su basura a la calle, a la mugre de los residuos grandes o los de poda, que el inefable ADEOM decidió en su capacidad de correligionario del Intendente no recolectar durante la pandemia. Y como frutilla ideológica, sufre la “policía arquitectónica” de una Comisión de Carrasco y Punta Gorda, dependiente de la División Planificación territorial de la IMM, que no sólo decide subjetivamente sobre la estética de las casas a construirse, aunque cumplan el código de edificación, sino que impide demoler casas que no son patrimonio histórico, salvo que se derrumben por efecto del tiempo. Estupidez que afecta el derecho de propiedad y a la estética que se alega defender, además de la actividad de la construcción. Mientras, en la misma zona se permite edificar edificios de departamentos. El problema de elegir partidos e ideologías, no gestión. 

Alguna vez Sarmiento definió muy bien la tarea de los funcionarios de cercanía: “nos pagan para juntar la bosta de las calles”

La lectora puede aducir que este concepto es válido para toda la política. Pero no soy politólogo, de modo que me abstengo de opinar. 

El crecimiento salvador que sólo pueden lograr los privados

No hay más opción que crecer, pero no se logra con más impuestos y al instante, como parecen creer Fitch y otros

Los sistemas de planificación central han generado la superstición de que el estado es capaz de crear riqueza, espejismo cultivado por los burócratas. En rigor el estado sólo toma la riqueza de los particulares y la reparte, la gasta, la malversa o la roba, según el caso. En cambio, la inversa es cierta: el estado sí es harto capaz de generar pobreza, potestad que, con contumacia, se suele atribuir a los privados. Los argumentos contra ambas afirmaciones ceden sistemáticamente ante la evidencia empírica. 

Tampoco el estado es capaz de producir. Sólo se disfraza de productor a riesgo cero, ya que timbea el dinero ajeno, como niñas que se ponen los tacos altos de la madre y lucen sus carteras fingiendo ser adultas. Los resultados, en todo tiempo y lugar, son conocidos y sufridos. También localmente. 

El caso UPM, donde la burocracia negoció mano a mano las exoneraciones y condiciones con la empresa, es engañoso. Otra ensoñación. Se creó una exportación de escaso valor, un PIB de segunda, una inequidad que prueba que los impuestos son enemigos del crecimiento. 

Hay una tercera función en la que el estado es incompetente: la exportación. Esa tarea es siempre de largo plazo, cambiante, esforzada, y requiere una capacidad de adaptación y decisión de la que la burocracia carece por genética. O sea, es una actividad privada. Este concepto vale para el agro, exportador de commodities que toman precio de mercados globales, para un emprendedor que vende software para Bancos en la región, o para una bodega que trata de colocar sus vinos en competencia con miles de bodegas de todo el mundo y lidia con las restricciones en cada país. 

Los tratados de libre comercio, las uniones aduaneras y otras alianzas, reforzaron la ilusión óptica del protagonismo del estado en el comercio internacional. Pero aún antes de la pandemia mundial y de la pandemia trumpista, ya los tratados contenían crecientemente cláusulas de protección y garantías, más que cláusulas de apertura. Se corrobora al leer el Acuerdo de Asociación Transpacífico que anuló el presidente americano. 

La muerte de la globalización no imposibilita la exportación. Sólo vuelve a las bases: repone el esfuerzo y la responsabilidad de la vital tarea en manos de los privados. Un esfuerzo casi nunca coordinado, como sabe cualquier exportador, en especial los no agrícolas. Las economías pequeñas exportaron siempre sobre la base del contacto personal, del servicio, de la relación uno a uno. Aún un unicornio se basa en las personas, en las charlas mano a mano, en la adaptación continua, en “vender” una idea, en hacerse creíble. Un reciente podcast de Marcos Galperín recuerda esas realidades, en las que el estado no tuvo papel alguno, afortunadamente. 

El único modos de mantener el bienestar actual de Uruguay en el largo plazo es con crecimiento real de la actividad, o sea del PIB. Intentar hacerlo mediante la aplicación de más impuestos es un parche, un dibujo. Se disminuye un instante el déficit, pero de inmediato cae la actividad y/o la inversión. Una medida de burócratas. También es de corto plazo tomar deuda para mantener ese bienestar, o emitir más. Por igual razón: dura un instante. 

Quedan entonces dos caminos, que pueden confluir: aumentar la exportación y lograr un mayor consumo de valor agregado mediante una inmigración pequeña en número, pero importante en calidad de demanda y de inversión. Para lo último no hace falta demasiados estímulos, como sostiene la columna. La señora de Kirchner se ocupa de generar la oferta. En cuanto a la exportación, hay derecho a esperar una mejora de los precios de las commodities. Porque la pandemia no ha afectado la demanda de alimentos, y porque la crisis porcina ha multiplicado la demanda cárneas. 

No es suficiente. De ahí la importancia de los privados, los auténticos optimistas. De las miles de Pymes exportadoras expulsadas de Argentina, por ejemplo. De los que venden servicios a medida, fabrican lo que el cliente necesita o inventan una app o un programa que venden timbreando en la región o donde pueden. De los que apuestan sus ahorros o consiguen inversores, de los que insisten, empiezan de nuevo, corrigen, se funden eventualmente, pero a su propio riesgo. 

El criterio del crecimiento es el que ha adoptado el gobierno. Es lento. Pero no parece haber otro disponible. Pero a un burócrata de Fitch, por caso, le es difícil entender que esto se incorpore al presupuesto. Justamente para eso sirve un plan de mediano plazo. La calificadora parece evaluar a Uruguay de modo diferencial. ¿Qué presupuesto quiere? ¿Uno facilista que baje el déficit al instante aplicando impuestos que “cierren”? Duraría un segundo y caería el PIB. Y de inmediato la evaluadora diría que hacen falta más impuestos para volver a cuadrar las cuentas. Así hasta la nada. Un FMI 2. 

¿Qué otra cosa cabría hacer en esta coyuntura mundial y de país? Luego de tres lustros de crecimiento de gasto, hace falta tiempo para lograr un equilibrio socioeconómico. No es un Excel. Importa la calidad de las ideas, la perseverancia en las decisiones y la acción invalorable de los privados. Y si Fitch aplicara el mismo cartabón para todos, debería calificar a muchas grandes economías como B-, si no como CCC. 

El estado no es capaz de aumentar la exportación, ni el consumo, ni el PIB. Pero puede contribuir a achicarlos, como suele ocurrir. O bien puede ayudar desbrozando el camino de obstáculos, aumentando la confianza y la seguridad jurídica, fortaleciendo la competencia, desregulando, privatizando. Y permaneciendo muy activo donde hace falta: la educación, la salud pública, la seguridad, la asistencia social. Y bajando el gasto inútil, que aún sobra. 

¿Qué es un presupuesto optimista? 

 

Calificar de ese modo la Ley de leyes es un acto de rendición ante la burocracia estatista, el ordeñe al sector privado y la irracionalidad del gasto

 

Economistas respetados sostienen que el presupuesto en debate es optimista. ¿Qué será tal cosa? No es un término de los textos clásicos, si bien el estado de ánimo, las expectativas y las esperanzas influyen en la acción humana que modela, decide y conforma los hechos económicos, diría von Mises. 

 

Asumiendo la validez académica del término, surge la pregunta del título. El nuevo presupuesto pauta que se empieza a reducir el crecimiento insostenible del gasto, que fue la constante de varios años. Y crea expectativas favorables que se intente avanzar en ese cambio. Seguramente muchos sospechan que la maraña constitucional y legal cuidadosamente tejida a lo largo de tres lustros, más la resistencia pasiva de la burocracia, más la oposición frontal callejera y legal del frenteamplismo en su ropaje sindical y el referéndum esgrimido como arma, constituirán barreras infranqueables para llevar adelante el proyecto. En esa línea, puede calificarse de optimista el intento de seriedad fiscal de la Ley de leyes de 2021, y de pesimista para la burocracia estatista jerárquica oligárquica. 

 

Se debería ser más sincero y frasear de otra manera: “el estatismo burocrático luchará denodadamente para perpetuar el gasto y paralizar cualquier reforma”, sería más preciso que “optimista” para descalificar el proyecto. 

 

¿Será optimista controlar la emisión y el endeudamiento externo y bajar la inflación que deteriora salarios e inversión, daña a los más pobres y pulveriza el crecimiento? El sistema automático de indexación inflacionaria de salarios y costos es perverso y explosivo. El presupuesto empieza a desarmar esa bomba de tiempo. Mas que optimista, es imprescindible. Se enviaría un mensaje muy pesimista y paralizante al sistema económico y a la sociedad si no se intentara. 

 

Lo que se solapa bajo el calificativo emocional es el temor a dar una opinión incómoda: la de que, para no bajar el gasto alegre, también llamado “conquistas” se lo debe financiar con impuestos progresivos a “los que más tienen”.  Un concepto precario que supone un ceteris paribus, un efluvio onírico económico que asume que se pueden aumentar o crear impuestos a lo que fuere sin que nada del resto de la acción humana cambie, y que el sistema digerirá cualquier nueva exacción sin que baje el empleo, o la exportación, la inversión, la innovación, las radicaciones, el emprendimiento y el crecimiento, o un poco de todo eso. Eso sí merecería descalificarse como optimista, por su negación de la realidad y de la evidencia empírica.

 

Es posible que se considere optimista que se incluya una variable importante de crecimiento del PIB, lo que permite una reducción porcentual del déficit. Esa critica sería válida si no se estuviesen incorporando paralelamente todos los supuestos antes detallados y solamente se confiara en la suerte o el voluntarismo, al mejor estilo de autoayuda o mindfulness. Similar a lo que hizo Macri que se terminó endeudando para pagar un gasto que no bajó en sus primeros dos años, o a lo que hace Fernández ahora, que todos saben que terminará en choque frontal contra el paredón de la realidad. 

 

Junto a la crítica del crecimiento se agrega que en el proyecto se baja la inversión del estado. Justamente es lo mejor del nuevo presupuesto: reconocer que inversión estatal es un oxímoron, no existe. Simplemente el estado toma recursos de los particulares y se arroga el poder y la habilidad de manejarlo mejor que ellos e invertir en ideas geniales. En este caso, el gobierno ha decidido confiar en los privados para realizar las inversiones y elegir las que más convengan. Por mucho que inspire temor a tantos discapacitados competitivos, todavía sigue siendo la mejor apuesta en el mundo, también en Uruguay, aunque usted no lo crea. 

 

La historia de las llamadas “empresas” del estado es gran ejemplo del desperdicio de los recursos del público y la discrecionalidad. Allí también habrá una lucha cuerpo a cuerpo contra los cómodos funcionarios que han hecho de ellas un feudo propio y secreto que se ampara en un anonimato de comité para no rendir cuentas. ¿Se peca de optimista por tratar de imponer criterios de eficiencia y transparencia en ellas? ¿O habrá que celebrar que un gobierno tome a su cargo esa tarea?

 

La desconfianza sobre el crecimiento proviene del criterio arraigado de planificación central. Se desprecia la capacidad y vocación de innovación y toma de riesgo del sector privado. No se cree en la cualidad de emprender del ser humano, al que se ha desestimulado. Sólo se confía en la burocracia del estado. El nuevo presupuesto delega la responsabilidad del crecimiento en los emprendedores privados. Ese concepto, que hoy se califica de optimista, es la base de la economía moderna y del bienestar. Esa es la esencia del programa 2021-24. 

 

Esto implica una desgastadora y dura tarea de los jerarcas involucrados. Un tesón diario y una obstinación que soporte todas las presiones y todas las resistencias. Y, sobre todo, la obligación de ser exitoso en el cumplimiento de las metas. Tal presión, para la burocracia y para los académicos, debe resultar insoportable e insufrible. Sin embargo, para cualquiera que haya gestionado una empresa privada de cualquier tamaño es habitual y elemental, sin lloros ni excusas. Para eso le pagan. 

 

Ya convalidado el término, cabe refrasear la pregunta. ¿El presupuesto es optimista en su formulación o es capaz de crear optimismo por sus propuestas? Todo presupuesto que controle el gasto y lo haga eficiente, que delegue el crecimiento en la acción privada y que proponga el esfuerzo de bajar la inflación y limitar la deuda debería llevar optimismo a la sociedad. A los economistas también. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La redistribución de la ignorancia

La política y los contenidos educativos deben ser determinadas por el estado, no por los gremios

Aburre la monotonía de discusiones que condenan a la repetición de conceptos hasta que se deje de jugar con las palabras y se hable en serio. Así, se repite a coro que la educación es la gran herramienta para permitir a la población aumentar sus oportunidades, facilitar el acceso al empleo y a un mejor salario, elevar su bienestar y su dignidad y mejorar la democracia al formar ciudadanos con discernimiento, que puedan participar con más recursos del debate sociopolítico imprescindible y, con suerte, elegir mejores gobernantes. “Gobernar es educar” debería ser el lema de todo político, y cumplirlo, no sólo declamarlo. 

La Federación Uruguaya de Magisterio se ha declarado “en conflicto” contra la LUC, y - por anticipado y preventivamente, contra la ley de Presupuesto. Es habitual que los sindicatos del estado mezclen deliberadamente la defensa de sus ingresos con planteos supuestamente benéficos para la comunidad. Nadie acepta que defiende sólo su salario, siempre hay una causa noble que se adosa al reclamo, para tornarlo altruista. 

El sindicato tiene todo el derecho a defender sus condiciones laborales, esa es su razón de ser, la única, y nada hay que criticar en ello, salvo refirmar que se trata de una tarea de esencialidad absoluta e indiscutible, y que su contraparte no es un empresario sediento de lucro tratando de robarle su plusvalía sino el estado, que presta un servicio social irrenunciable y fundamental.   

Hace rato que la discusión sobre la enseñanza se viene centrando en la participación del gasto educativo sobre el PIB, en una simplista igualdad: más gasto, más educación. Infantilismo que elude cualquier evaluación cualitativa, en esta lucha contra el mérito, bandera del gremialismo de izquierda (valga la redundancia). Una interesada actitud de nuevo rico que cree que cuanto más gasta mejor resultado tendrá. Se omiten así el ausentismo, el número de maestros por año que necesita cada grado, la formación docente y, especialmente, los contenidos, los formatos y las reglas de evaluación y promoción. 

No es una exclusividad oriental. Desde Argentina, el antiejemplo, hasta Estados Unidos, los sindicatos de la educación están en manos de alguna sucursal del marxismo, se oponen a las pruebas tipo PISA que evalúan la gestión docente, pretenden decidir sobre la política educativa y los currículos, y deseducan en el aula por su cuenta. Ocurre en muchos países. Salvo en Suecia, el falso ejemplo socialista, donde la educación es gratuita y costeada por el estado, pero en un alto porcentaje manejada por privados bajo diversos formatos, con control de los padres y del estado, como ha descrito este espacio reiteradamente.

En términos presupuestarios, no se trata de elegir un porcentaje mágico, sino de definir primero las necesidades en función de una política determinada, y luego establecer los recursos para cumplirla, cualitativos y cuantitativos. ¿Cuánto del presupuesto se gasta en sueldos de docentes, por caso, y cuánto en sueldos de la burocracia educativa, desde los altos niveles hasta la escuela de la esquina? ¿Cuánto en recursos humanos y cuánto en otras partidas? ¿Qué grado de ausentismo es tolerable? Qué grado de exigencia formativa es requerible? ¿Qué sistemas de gestión son los que mejor se adaptan a cada región, a cada grupo social? 

El estado no tiene el derecho, sino la obligación de determinar los planes, los contenidos y los mecanismos para cubrir las necesidades educativas. Lo dice la Constitución, lo dice la más elemental lógica sociopolítica. En esa función, el sindicato no tiene parte. Tienen parte las asociaciones profesionales, que no es lo mismo, tienen parte los pedagogos y expertos. Pero la política educativa y los currículos deben ser determinados por el estado. Cuando la FUM se pretende entrometer en funciones que pertenecen al estado y al Codicen, no ejerce sus potestades gremiales, sino su presión inaceptable. 

Es paradojal que este mismo sindicato, que se opone a la carrera docente universitaria, paso importante hacia la mejor calidad de enseñanza y la jerarquización y mejor retribución de la carrera docente, pretenda establecer la política educativa. 

El gremio es uno de los tantos que a cada paso amenaza con un referéndum revocatorio, un modo de devaluar los resultados electorales cuando no convienen. Sería bueno hacer un referéndum para preguntarle a la sociedad si está de acuerdo con la enseñanza que reciben hoy sus hijos, si cree que se los está preparando adecuadamente, si se los está muniendo de lo que necesitan para mejorar sus oportunidades y su bienestar. Claro que eso es inaceptable para un gremialismo que cree que las encuestas de las pruebas PISA son humillantes y estigmatizantes. ¿Cómo se va a preguntar a la sociedad semejante cosa? Sería empoderarla.

La fábrica de pobres sin chances en que se ha convertido la educación pública también ha influido en la elección de un gobierno de distinto signo para cambiar ese estado de cosas. Los gremios afines al Frente deben aceptar y respetar ese hecho. El de trabajadores de la educación el primero. Mandar a sus hijos a una escuela privada no es una decisión que las familias toman por esnobismo o para que sus hijos no se codeen con los pobres, como ama creer la izquierda. Es una determinación costosa y que insume sacrificios, un esfuerzo para que esos niños tengan un futuro que el sistema público les escamotea. El deterioro que causa el enfoque gremial en la calidad e inclusión educativa es un sabotaje a la enseñanza estatal que dice defender.

En ese proscenio, el gobierno debe hacer lo que sabe que debe hacer. De todos modos, aún una huelga general no cambiaría demasiado lo poco que se está ofreciendo hoy a los sectores qué mas lo necesitan.