Publicado en El Observador 07/09/2021

El marxismo otra vez predicando la democracia 

 

Como si hubiera inventado el sistema que es la base filosófica del capitalismo, la izquierda cancela las críticas usándolo de coraza y justificación

 

El Frente Amplio se renueva. Por un lado, aceptando públicamente su dependencia ideológica y fáctica del Pit-Cnt, y por el otro, al concentrar su energía en derogar la LUC, o más precisamente, en transformar el referéndum por la LUC en una virtual elección de medio término, con todo el efecto de distracción, pérdida de energía del gobierno y mal uso de tiempo de gestión que eso conlleva. En lo que tendrá éxito, ayudado por la pandemia que hizo desperdiciar un año largo, por ahora, tanto en la parálisis a la que su gremialismo amigo sometió a la administración pública y a la sociedad, como a otros sectores vitales, y a los aislamientos sanitarios que tuvieron que aplicarse, junto a los costos específicos que debieron encararse, (y que al FA todavía le parece insuficiente) más los subsidios que se erogarán por bastante tiempo, paquete que generó la pérdida de crecimiento, empleo, optimismo, vidas y ganas, combinación que poco ayuda al emprendimiento, a la inversión, a la toma personal y patrimonial de riesgo y a la economía misma, esencialmente fruto de la acción humana, por mucho que moleste ese término al marxismo. 

 

El término marxismo no es usado de modo arbitrario ni erróneo. A lo largo del tiempo la izquierda, luego del rotundo fracaso en todo sentido del experimento de la URSS, ha usado varios tipos de nombres, modelos, formatos, pactos, acuerdos regionales, organizaciones internacionales, gramscismos, trotskismos y bakunismos diversos para eludir el recuerdo de una etapa terrible, llena de despropósitos económicos que terminó en una gran pobreza y, peor, en una dictadura asesina que trató de torcer la realidad en pos de un dogma sin dioses. 

 

Todos esos modelos y denominaciones, por más que contuviesen la promesa del respeto a la democracia, siempre han tenido y tienen el ADN, el virus del marxismo, que aflora a medida que el proyecto vaya fracasando, se sienta amenazado o encuentre alguna oportunidad para perpetuarse. En ese proceso, los intelectuales que sucedieron a Marx y al propio Engels, rescataron el viejo principio de lucha que sugería vencer al enemigo capitalista con sus mismas armas: la moneda y la democracia. A partir de esa estrategia que luego se refinó y se aplicó sistemáticamente, el comunismo pasó a ser un juego de paciencia, de destrucción sistemática de valores de todo tipo y de captación de las masas negándoles educación y sometidas por algún tipo de odio, miedo, inseguridad, fanatismo o envidia. 

 

El apoderamiento del lenguaje y del concepto de democracia es una de las herramientas fundamentales. No son casuales las denominaciones de República Democrática de Alemania, o República Democrática de Corea del Norte, o República Popular China, en países que no tienen nada de República, nada de democracia y nada de libertad. 

 

Esta reflexión cabe porque ante la crítica de que ese accionar del Pit-Cnt como conductor del Frente (con su nueva patente de moderado) está paralizando y hasta saboteando el accionar del gobierno con mandato hasta 2024 (crítica que esta columna comparte y sostiene) la respuesta es una acusación tácita de no aceptar las reglas democráticas, cosa que no sólo no es cierta, sino que se aplicarían con más derecho a lo que hace la seudoentidad gremial y su sometido el FA al querer anular una ley con cambios menores, con artículos que en varios casos han sido votados por sus propios representantes. Ejerciendo el derecho a pedir el referéndum simplemente porque está ahí y no hay que desperdiciarlo. O peor, porque contiene tibios requisitos para la representación gremial que el Pit-Cnt no cumple porque sólo usa la ley como arma cuando le sirve. Y porque la Luc conduce a dejar de burlarse de la OIT, cuyos mandatos son sagrados y cumplen acuerdos internacionales inviolables cuando al monopolio sindical le conviene, pero que se incumplen sin asco cuando mínimamente hacen respetar el derecho de propiedad empresario y el derecho de los trabajadores de hacer huelga o no. Rara y cómoda poliarquía que seguramente sabrán explicar bien los expertos.

 

O sea, la izquierda unánime no admite que se cambie en lo más mínimo ninguna de sus ideas plasmadas en la legislación y en la práctica en los quince años de su mandato. Ahí esgrime la democracia, la voluntad de los pueblos, y hasta acusa de provocar grietas cuando trata de pagar el paraíso que promete con el dinero de los otros. Paraíso que, a diferencia de otros paraísos, no incluye la muerte previa, lo que es un modo cómodo de prometer paraísos. El germen de la demagogia, ahora mejor llamada populismo, que promete cumplir todos los sueños del individuo, hasta la felicidad, sin ninguna obligación de su parte, termina siempre en la confiscación de lo que va quedando, que en el caso de Uruguay serán sólo los patrimonios, ya que nadie generará riqueza. 

 

Hay una pregunta de fondo a los que sostienen que hay una casi obligación de usar todos los recursos que permiten la Constitución y la ley: si el referéndum ratificara la LUC, ¿eso terminaría con los planteos de todo tipo?  ¿O el Pit-Cnt copiaría los 13 paros generales conque el peronismo vecino destrozó al “padre de la democracia” Raúl Alfonsín, o se pasaría a la etapa de la lucha callejera, al motín o a las 14 toneladas de piedras arrojadas contra el Congreso argentino por la “poliarquía peronista”? Y entonces se cambiará el relato y se empezará a hablar de la soberanía del pueblo, o del derecho a la autodeterminación, como ahora con escolástica ejemplar se sostiene en los casos de Cuba o Venezuela y ¿por qué no? de la República Democrática del Congo, que seguramente se supone que es república y es democrática. Los teóricos de la izquierda unida jamás será vencida exigen demasiada inocencia de quienes los critican. 

 

Este renacer de la prédica original de una igualdad que sólo es posible en la pobreza total, en el Gini cero, para usar otra criatura inventada por los prestidigitadores de la izquierda,  lleva de cabeza a la misma dialéctica original, y basta repasar los fundamentos ideológicos del materialismo dialéctico, un himno de Marx&Engels que luego Goebbels llevara a la excelsitud, para comprender el desprecio que el comunismo, sus hijos y parientes sienten por el ser humano, por la libertad y por la verdad. De ahí a llevar a apoderarse y manosear la cultura, los patrimonios, la propiedad privada y la libertad no hay más que un pequeño paso, apenas décadas en la historia. Por eso, desde Hitler a Xi Jingpi, desde Mussolini a Cristina Kirchner, desde Stalin a Maduro, Desde Franco a Kim Jong-un, todos los proyectos orwellianos terminan siempre en dictadura. Por eso todas las izquierdas, y todos los totalitarismos, en un raro corso, se terminan amuchando, como ocurre en América Latina, donde se apoyan mutuamente en cualquier atrocidad, donde se entrenan las modernas guerrillas de los motines callejeros, donde se adiestra a vándalos para que destruyan estatuas y bienes públicos y los vuelvan pedradas con las que imponen su razón por la fuerza y el miedo de los cobardes, como ocurre en Chile. El término democracia de izquierda, como el de social democracia y tantos otros alias, son oxímoron que todavía algunos piensan que les son creídos cuando los esgrimen o cuando citan “tratadistas” que han gastado la vida en explicar la contradicción. Puebla, Aparecida, el Instituto Patria del comunismo billonario kirchnerista, son usinas dialécticas que proveen de impunidad y de excusas a los futuros dictadores. Sin ningún bienestar para nadie, salvo para los neooligarcas. Otra vez el materialismo dialéctico, que se ha apoderado de la Doctrina Social de la Iglesia y la ha transformado en un mandamiento marxista. Con bastante tolerancia papal, de paso. 

 

Dentro de los argumentos conque se descalifica la crítica, también está el de que la oposición está para oponerse, y entonces su accionar en tal sentido no es objetable. Novedoso. Toda acción política puede objetarse. Inclusive cualquier decisión democrática puede criticarse, porque no hay garantía alguna de que el pueblo no se equivoque, en realidad lo hace muy a menudo. Tampoco de que la democracia no se transforme en una dictadura de muchos. Por eso es tan importante el periodismo independiente y honesto, la crítica, la educación formal e informal libre, la protesta ordenada y el control cruzado republicano. La democracia, per se, no garantiza nada. Mucho menos las conductas. Cristina Kirchner ha hecho los desastres que ha hecho, por lo que ha merecido la crítica mundial, sin apartarse un ápice de las leyes y las reglas, por caso. Un aporte de la socia vitalicia y principal de todos los proyectos socialistas o similares de América. 

 

Que la oposición se pueda oponer no significa que siempre deba oponerse. Lo que debe hacer la oposición es controlar la gestión, y oponerse cuando lo crea oportuno con razones sólidas. Habría sido interesante que los filósofos socialistas y marxistas le hubieran reclamado igual deber y otorgado igual derecho a los opositores durante los quince años en que los monopolios estatales y el monopolio sindical hicieron lo que quisieron, perdieron fortunas, invirtieron en quimeras que enriquecieron a muchos, se llenaron de empleados y difusos comités a los que nadie les exigió responsabilidad ni ejecutiva, ni por mala praxis ni penal, salvo ridículas acusaciones por uso indebido de tarjetas de crédito, un delito menor de vendedor, mientras se esfumaban millones de dólares del estado, o sea de la sociedad. Pocas veces ha cabido con tanta precisión la descripción de Hayek de quienes se arrogan el derecho a vivir la vida ajena con la plata ajena. 

 

Y también, abusando de la inocencia, se ha sostenido muchas veces que, si la ley lo permite, se pueden cambiar las leyes cuantas veces se quiera, usando cualquier mecanismo legal. (Cristina de nuevo) El abuso de ese concepto también se suele llamar inseguridad jurídica. Se estila reclamar del gobierno que haga los grandes cambios para generar inversiones y empleos. Lindas palabras. Pero el gobierno tiene un solo camino para ello. Que no es salir a negociar uno por uno con cada inversor, ni crear zonas francas, repartir prebendas, vacaciones ni concesiones. Es simplemente preparar el camino. Desmonopolizar. Bajar el peso económico y de trámites paralizantes de la burocracia, cambiar un sistema laboral que sólo producirá desempleo de los empleos que sirven, huida o muerte de las pymes, radicación transitoria y precaria de los que huyen de otros frenteamplismos o pit-cnt’s regionales. 

 

Es cierto que eso al conglomerado de izquierdas no le conviene ni le interesa. El marxismo odia la acción humana. Necesita reemplazarla, aplastarla, someterla y neutralizarla. O sea, odia la economía y el desarrollo privado. Eso lo está logrando con relato y posverdad y cuando no le alcanza usa alguna clase de dictadura. Si el gobierno no logra pasar esa barrera de dialécticas y obstrucción en los próximos tres años, terminará haciendo el mismo papel de Macri en Argentina, aún con todas las diferencias entre países y entre gestiones que se quieran argumentar. 

 

Ese es el objetivo de los inventores del relato de la democracia izquierdista optativa. 

 

 

Publicado en El Observador  31/08/2021

Sinceramente

 

El pase del año entre el Pit-Cnt  y el FA formaliza una cantada fusión política y pone claridad. Los trabajadores privados deberían bregar por otra central sindical que los cuidara

 

La decisión del MPP de proponer como presidente del Frente Amplio al presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira es, esencialmente, un acto de sinceramiento que esta columna celebra. Hace rato que la agrupación gremial dirige ideológicamente al FA, aunque sin un formato jurídico que lo respalde o lo trasparente. (La central informal sindical es reacia a aceptar las rigidices y reglas a que obligan las formas legales)

 

Seguramente se puede argumentar que el cambio de rol no implica la unificación de mandos y menos la unificación de facto o de acción de ambas fuerzas, eso está en cada uno creerlo, como cualquier leyenda urbana. Lo cierto es que históricamente, no sólo existe una sociedad política, sino que el Pit-Cnt ha venido obrando simultáneamente como ramas sindical instrumental del frenteamplismo, y viceversa, este último ha respondido matemática y obedientemente a los mandatos de la central sindical. 

 

Si prosperase la postulación del MPP sería más notorio que los paros, las huelgas, aún el mismo referéndum contra la LUC capitaneados por la cuasientidad de trabajadores son parte de un accionar político que pone obstáculos y hasta sabotea la gestión del gobierno elegido en las urnas. Eso rompe el mito de que la alternancia es digerida con caballerosidad y altura por todos los participantes. De lo contrario, el referéndum impulsado originalmente por el Pit-Cnt debería haber versado sobre unos pocos temas laborales, no sobre toda la ley, tal como ocurre con la huelga programada para setiembre. Si bien no es una novedad este baile de máscaras político, que ha sido largamente advertido, a partir de ahora se cae toda hipocresía al respecto. Eso es positivo y evita que parte de la ciudadanía se confunda. La alternancia es, para el FrenteAmplio-Pit-Cnt (¿en adelante el FAPC?) algo que se reclama como derecho cuando se pierde, pero no algo que se reconoce como derecho al que triunfa en una elección. 

 

Imposible no recordar en este punto los 13 paros con movilización conque la CGT de Perón paralizara la gestión de Raúl Alfonsín en los 80, usando la misma treta de doble personalidad gremial-política y el mismo discurso. E imposible omitir la concatenación de efectos que terminaron explotando en esta situación inmanejable de hoy de Argentina. 

 

También, con este paso, se cae el recurso de los matices ideológicos. El nuevo FAPC es una estructura de marxismo moderno, escondida en la figura de una social democracia, un socialismo atenuado, un capitalismo de estado o cualquier otro disfraz conque se trate de ocultar el comunismo de multifracaso. Sin matices. Ni uno defiende la democracia, ni el otro defiende a los trabajadores. Se escudan detrás de las orgas internacionales cuando resulta conveniente, pero desobedecen rampantemente las decisiones de la OIT cuando no les conviene, como incumplen las decisiones de la democracia cuando pierden y la reemplazan por el concepto de la democracia directa, o algún formato de voto infinito sobre el mismo tema, como las huelgas o los paros en las empresas del estado, o el reclamo por un cierre total por pandemia para provocar más desempleo y generar la necesidad de más subsidios. 

 

Como siguiendo un procedimiento, muchos analistas han empezado a pregonar la figura moderada y casi de centro del futuro presidente del FAPC. Sin hacer puntería sobre el accionar de una persona, basta ver lo que defiende desde siempre el Pit-Cnt para no dudar que no existe moderación en ninguno de sus postulados. Uruguay se estaba hundiendo en 2019 con su prédica antiprivatista, antiempresaria y anticapital y la defensa del monopolio estatal. Lo mismo que el empleo. En la situación actual de la sociedad mundial el problema es aún peor.  El cambio tecnológico se acelerará cuanto más se persiga al empresario con cláusulas laborales proteccionistas.  El reseteo con el que sueña el sociocomunismo mundial es una utopía más, una expresión de anhelo sin sustento de ningún tipo, salvo la irresponsabilidad, que terminará en la pobreza universal. Tal vez un objetivo evangélico. Y así lo ha entendido hasta China, no Cuba y Venezuela, por supuesto. A menos que se quiera que todos los trabajadores uruguayos terminen siendo empleados del estado, que no tendrá cómo pagarles, hay que encontrar otros caminos. 

 

Tratar de vender la figura moderada, tanto de quienes la conduzcan como de la nueva fuerza unificada, hasta con alegatos de adhesión a la voluntarista doctrina social de la Iglesia, es algo difícil, si simplemente se lee la prédica y el accionar histórico. A lo que se debe agregar otro concepto hartamente repetido y presenciado en el mundo. El sociocomunismo nunca vuelve mejor.

 

El título de esta nota -casualmente igual al del libro de Cristina Fernández, que imparte prédicas similares a las que aquí se critican - sirve también para recordar que cuando estas promesas de equidad y bienestar universal fracasan, la primera víctima, luego de los trabajadores, es la democracia. Y esa es la gran contradicción – hábil contradicción – del Frente Amplio, ahora FMPC. Intentar eludir lo que ocurre cuando estas promesas se estrellan no ya contra la realidad, sino contra su propia incoherencia. El Pit-Cnt, en su vida anterior, fracasó en su principal tarea de luchar para conseguir más trabajo privado, el único empleo sostenible. También lo hizo el Frente. La única vez en que aumentó el trabajo privado fue cuando antes lo hizo la actividad privada. En esta nueva simbiosis virtual, sus propuestas de futuro siguen siendo las mismas, a veces con otro nombre: más estado, más gasto, más impuestos, menos empresa privada, más empleo estatal, menos libertad de empresa, y a la larga, menos libertad. 

 

No hay manera de que no haya una grieta, diga lo que dijere el presidente Lacalle en su papel conciliador. Esta fusión que acaba de proponer el MPP tiene la virtud de poner las cosas claras. Pero si en serio se quisiera ser democráticos, reducir grietas, y darles una real oportunidad de opinar sobre su destino, los trabajadores privados deberían ahora poder tener otra central sindical propia, sin dependencias ni tintes políticos, con personería legal y elegida por ellos. A eso también podría llamársele democracia directa, o poliarquía, para respetar el purísimo y prístino pensamiento ecléctico. ¿O semejante idea estrafalaria ofendería al marxismo?

 

 

Publicado en El Observador  24/08/2021

La Coalición empieza la pelea

 

La pandemia paralizó al gobierno y revivió al Frente. Es hora de diferenciarse, no de parecerse

 

La columna viene advirtiendo - sin ningún éxito – del parecido entre la relación de individuos que dependen del estado y los que dependen del sector privado, entre Uruguay y Argentina. Ese cálculo incluye todos los conceptos, sueldos, subsidios, jubilación legítima y jubilación demagógica, dádivas y demás, dato difícil de conseguir entre la maraña estadística deliberada. 

 

Ambos países llegaron a esa situación aplicando ideologías aparentemente diferentes, pero la realidad es que se parecen en el resultado: miran al mismo precipicio, no importa el camino andado y por andar. Pero esa situación no suele quedarse allí. Tiende a empeorar. El estado, discapacitado para producir riqueza alguna, sólo va tomando cada día un poco más del sector privado, lo exprime hasta la muerte y entonces recurre a impuestos sobre cualquier cosa, el patrimonio, el intercambio de bienes, los débitos y créditos bancarios y cuanto otro manotazo pueda dar. 

 

Eso termina por ahogar más a los privados, que, como se ve con claridad en Argentina, huyen no sólo para sobrevivir, sino porque no encuentran razón para quedarse en un medio que le es hostil y lo será más. Está claro que eso no está pasando aún en Uruguay, entre otras cosas porque al sector privado local se le ha asignado o permitido una baja participación, casi la de modestos mercaderes o importadores todo terreno, apañados por mecanismos que también son proteccionistas, con la existencia de monopolios estatales que los alejan de todo emprendimiento importante, fuera de construir un galpón. 

 

El concepto de que Uruguay es diferente es peligrosísimo y lleva de cabeza a sufrir el mismo proceso de Argentina. Cuando asume el gobierno de la Coalición, la inflación, el nivel de deuda, el grado inversor y el empleo estaban ya mostrando un deterioro que se notaba y que, con el esquema de empleo eterno que existe para el personal estatal, el círculo vicioso de la inflación reciclada en espiral fatal a los sueldo y costos en general, mas una falta de ideas y entusiasmo para competir en el mercado externo, presagiaba la carrera impositiva con la que se venía amenazando, y que siempre tiene el mismo resultado: achicar y anular al sector privado, y depender solamente de los recursos naturales, garantía de miseria. 

 

La llegada del nuevo gobierno renovó la esperanza y detuvo esa carrera irracional hacia el abismo. Por un rato. Y aquí cabe otra comparación. Ambos países, uno desde el populismo peronista que el macrismo no supo frenar, y otro desde el socialismo declamado generoso y falaz, estan presos de una enorme burocracia. Y por burocracia no se entiende aquí la maraña de reglas, normas, escritos, sellos de goma y trámites que alguna vez describieron con tanto éxito Parkinson y Peter, aunque la contenga. Se entiende la maquinaria que mueve o paraliza al país con leyes, huelgas, paros, reglas, obstáculos, resistencia pasiva y que es un arma política que usa el peronismo en Argentina, el Frente Amplio y su jefe el Pit-Cnt local. En Argentina se agrega el sistema piquetero, que con un formato algo más encubierto se verá pronto aquí, y que ya ha empezado con paros y huelgas estratégicas y de prueba, que llevan siempre a estatizar la limosna, o sea a sacarles algo más a los privados para dárselo a la burocracia en su formato de arma política de quien la alimentó y forjó por quince años, o muchos más, según.

 

Lo que pareció brevemente una retirada se convirtió, con la excusa universal de la pandemia, en la oportunidad de volver al ataque esgrimiendo causas supuestamente nobles, cuando son irresponsables. Y aquí, una consideración sobre el gasto. Ya no se trata de un instrumento de justicia. Gastar es un modo de derribar gobiernos, de crear déficits, deudas, inflación y nuevos impuestos. La mejor manera de asegurar el fracaso del capitalismo y la racionalidad, como enseñara Marx. Por eso Cristina Kirchner encerró con miedo a un pueblo y le repartió dádivas infinanciables que no podrá pagar y que terminará en un estallido bancario imposible ya de parar. Por eso el Frente y el Pit-Cnt lucharon por provocar un aislamiento total, no como mecanismo sanitario, sino como modo de desatar, tras del supuesto salario universal gratuito a los que se impedía trabajar, el caos presupuestario que arrasaría con todo intento privado y con toda seriedad fiscal. El sueño del reseteo que tanta hambre provocará. 

 

La burocracia del populismo peronista, o del socialismo frenteamplista, solo está interesada en gastar más. Trate usted de proponer un sistema de enseñanza costeado por el estado, pero manejado por comités de padres, como en los nórdicos, y comprobará que lo que se procura no es el socialismo, sino la burocracia inherente. 

 

Uruguay ha decidido creer firmemente que tal mecanismo no oculta negocios que involucran a miembros de una clase política que la columna denomina La Nueva Clase. Y esa convicción debe respetarse. Pero para seguir con el parangón argentino, la situación actual, más que a la perfidia y malignidad de Cristina Kirchner, se debe a una burocracia que se ha apoderado del estado, sus monopolios, sus negociados, su proteccionismo, y encuentra siempre el argumento de la Patria o similar para seguir gastando y lucrando, como Aerolíneas. 

 

Pero también se debe a un sistémico robo del sector privado en complicidad con los jerarcas cada vez que fueron convocados a una tarea o una obra. Y vale la pena repetir: Menem, tan criticado por sus privatizaciones, las hizo todas por licitación pública, único camino conocido en el mundo civilizado. (Menos la de Aerolíneas que el sindicato de contrabandistas interno defendió hasta la muerte (sic). Curiosamente, al filo del fin de su mandato y durante la gestión de De la Rúa, se renovaron todas las concesiones, sin licitación, por negociación directa, por muchos años y sin las cláusulas antimonopolio. 

 

La concesión del Puerto era una buena oportunidad para marcar diferencias. Para que continuasen e invirtiesen los privados, pero al mismo tiempo para mostrar y aprender cómo se negocia con privados. Las licitaciones estilo Argentina son tan malas como el sociopopulismo estilo argentino. El debate parlamentario reciente entre enojados y ofendidos sobre el tema, no es muy sencillo de entender. No parecerse en nada al vecino debería ser un estandarte que levantasen todos, cualquiera fuera el lado del que estuvieren. 

 

Un dato técnico para analizar: la cifra a invertir en 4 o 5 años no es acorde a semejante tiempo de concesión. Sobre todo, teniendo en cuenta que el estado tendrá que aportar a su vez y de entrada, una millonada que no tiene. Y un punto jurídico: salvados ya de la amenaza esbozada de un juicio, ¿no habrá ninguno más? ¿Cristina va a dejar dragar 14 metros o se incumplirá y se empezará de nuevo con las compensaciones? 

 

Para dar un último argumento, a fin de reemplazar lo que debería contener el pliego licitatorio, se propone ahora crear un órgano de control. Importa analizar lo que pasó en el ejemplar país vecino: todos los órganos de control que se inventaron terminaron teniendo mucho más gasto burocrático y mucho más personal del estado que el privado controlado. Y algo peor, que la gente de campo entenderá: se terminaron amichando los hurones con los ratones. No importa a quién le toque cada papel. Está absolutamente claro que la gestión del Frente Amplio estuvo llena de estas estupideces, o enriquecimientos, como quiera. También está claro que no hay que copiar nada de lo que hizo en su gestión. Tampoco a Argentina. Porque si se copia, volverá el populismo. Y el populismo nunca vuelve mejor. Siempre vuelve peor. 

 

 

Publicado en El Observador  17/08/2021

La estrategia socialista para que nada cambie

 

Con su mecanismo dialéctico de inventar definiciones y cambiar las reglas según le convenga, el marxismo del siglo XXI neutraliza los ya modestos planes de la Coalición 

 

 

En su nota de hace tres meses “El partido empieza cuando termine la pandemia” la columna anticipaba, con lamentable exactitud, el panorama pospandemia – aquí emoji de dedos cruzados – tanto en lo político como en lo económico. 

 

La pandemia, que conllevó el cierre de la administración pública, más la burocracia estatal enquistada, atrasaron muchos planes de radicación personal y empresaria. A eso se debe agregar la imposibilidad de contactos directos y viajes de interesados en nuevos negocios y alianzas, que, aún en un mundo virtual, son fundamentales cuando se trata de radicar familias y proyectos de vida. Mucho más cuando cualquier radicación en Uruguay tiene siempre latente la amenaza del socialismo confiscatorio y redistributivo del que huye no sólo el capital sino también las personas que privilegian su libertad y su propiedad. El virus, o las cuarentenas, también sirvieron para dar pábulo al clamor opositor de ayuda estatal permanente y universal, que detrás de la solidaridad, oculta la intención de tornar irreversible la dependencia del estado de la mayoría de la población, prolegómeno de cualquier totalitarismo. 

 

La epopeya contra la LUC está cumpliendo su objetivo principal, que es alentar ese miedo, consumir tiempo y energías y transformar en provisorio cualquier emprendimiento y cualquier decisión. Apena unas vacaciones patrimoniales e impositivas, definición de precariedad en la que coincide hasta el propio gobierno. Con cifras infladas apresuradamente para aumentar la importancia del resultado (nadie reparará demasiado si se terminan objetando 100,000 votos, suponiendo que alguna vez se pueda completar un conteo serio) ha logrado cambiar el foco de la discusión y de la gestión. 

 

Con eso ha enervado la acción del gobierno, que de todas maneras parecía haberse conformado con algunos logros presupuestarios y de seriedad económica elogiables, pero no suficientes para el cambio copernicano que se requiere si se pretende renovar significativamente la matriz económica. Es cierto que tampoco la Coalición había prometido en su campaña un cambio revolucionario, pero el mismo es imprescindible si quiere cumplir sus objetivos de empleo y crecimiento. Debe tenerse presente que cualquier decisión de radicación e inversión, aún de un emprendedor pequeño, toma un par de años como mínimo en formalizarse, cuando no bastante más. 

 

Este prereferéndum ha sido también usado para imponer el concepto de que todo cambio debe realizarse por unanimidad, lo que termina de destrozar el principio de la democracia, reemplazado ahora convenientemente por la construcción ideológica de una suerte de suprademocracia auditoril, que se denomina democracia directa, un antiguo mecanismo que descartaron los griegos cuando el voto se volvió menos ilustrado y más masivo, que está más cerca de la rebelión callejera y la ley de Lynch que de un sistema de alternancia política. Como es harto sabido, el comunismo del siglo XXI sólo cree en el empoderamiento y mandato de la democracia representativa cuando gana. Cuando es derrotado se le opone con toda su inventiva y con todas sus fuerzas, no importa el método ni las formas. Por eso irrumpe ahora en el mundo con esta metodología de montón. 

 

Para decirlo más claramente: el Frente Amplio, su Cristina Kirchner propia que es el Pit-Cnt y quienes siguen su línea, sólo aceptarán el resultado democrático y su subsecuente gestión si no se cambia ni una coma de lo que hicieron en sus 15 años de gobierno. De lo contrario, habrá siempre un método para negar la legitimidad de quien intentase hacerlo. En tales condiciones, no sólo el gobierno de Lacalle Pou tenderá a la intrascendencia, sino que los inversores potenciales se enfrentarán a la misma disyuntiva que se planteó en Argentina en las PASO de 2019: la inminencia de un regreso peor del distribucionismo peronista o frenteamplista (da lo mismo) que, ahora sí dando por válida una democracia con el 51% de mayoría y esgrimiéndola como derecho sagrado, avanzará libremente en su plan de destrucción de empleo y empresas privadas. 

 

Imagínese lo difícil que resultaría ahora pensar en una ley de desmonopolización de empresas estatales, por ejemplo, dentro y fuera de la Coalición. O la imposibilidad de soñar con corregir el catecismo de privilegio de los empleados del estado, que no están obligados a cumplir ningún principio de contrapartida ni eficiencia, y que gozan de una diferenciación salarial y otras condiciones por encima de los demás seres humanos. A esto hay que sumar errores propios, como la forma y la justificación para renovar la concesión del Puerto, sobre lo que la columna también se expidió claramente. 

 

Al cuadro se debe agregar la flamante idea de las listas únicas, otro avance contra la democracia y contra el individuo en aras del partido, que ahora parece adoptar el nacionalismo, eje de la Coalición, pero que también quiere aplicar el Pit-Cnt, que pretende lista única para imponer los dirigentes de una entidad que no tiene entidad, otro invento. La lista única es un sistema fatal para toda representatividad, ya afectada por los sistemas políticos que impiden abierta o solapadamente la postulación personal fuera de los partidos. 

 

No es el estado el que debe crear empleo, negocios ni riqueza. Pero tiene en cambio una función irrenunciable. La de preparar el terreno, el campo de juego donde se juegue ese partido. En este caso, también el impedir que se arrojen toneladas de escombros sobre la cancha. Si se piensa en esas funciones y en esos objetivos, difícilmente se pueda estar satisfecho de lo hecho hasta ahora. Salvo el comunismo socialista, que sólo debe sentarse a esperar. 

 

Publicado en El Observador. 10/08/2021

La libertad del precio 

 

La conveniente ignorancia sobre el mecanismo del valor de los bienes lleva siempre a medidas facilistas, demagógicas, ineficaces y contraproducentes

 

El anunciado aumento en el valor de los combustibles disparó nuevamente la discusión sobre los niveles de precios y la inflación, con las respectivas protestas y presiones, como es habitual. También como es habitual, esos reclamos tienen una fuerte cuota de cómodo voluntarismo, sino de infantilismo. 

 

Desde la enunciación de la teoría subjetiva del valor - traducida como teoría del valor subjetivo - se comprendió (o se debió comprender) que el precio de los bienes es el resumen de lo que von Mises llamara la acción humana, o sea la libertad de elegir, de propiedad, de optar y de determinar el valor de los productos en función de la importancia que para cada individuo tienen. Ese concepto es sumamente molesto para quienes al mismo tiempo que exigen que “los precios bajen” o “dejen de subir”, reclaman prestaciones, garantías y ayudas del estado que terminan influyendo gravemente sobre el nivel de precios, distorsionando así todo tipo de lógica. 

 

Como se ha afirmado en esta columna, Uruguay tiene una poison pill en su sistema. Al indexar legal y fácticamente todos los sueldos, costos, servicios públicos y privados por la inflación pasada – una garantía automática hoy confortablemente indiscutible – se establece un piso de aumento fatal de todos los bienes y gastos, lo que tiende a crear una peligrosa espiral prácticamente imparable, salvo “sacrificios” que nadie está dispuesto a soportar, ni a proponer. 

 

El déficit permanente, que para el pensamiento simple es equivalente a un derecho humano de la sociedad, va en la misma dirección, y agrega más leña al fuego inflacionario. La inflación es finalmente, el precio que se paga por gozar de beneficios que no se merecen ni se han ganado. Tal es  el déficit. Una ensoñación pueril, por más que sea justificada por la vocación de los políticos de satisfacer gentiles pedidos de sus votantes, vocación que también se denomina populismo. 

 

Quienes exigen que no suban las tarifas y precios, deberían asegurarse de no estar sosteniendo y clamando por otro lado por el monopolio estatal sobre todos los servicios importantes, incluidos los combustibles. Ese monopolio sin competencia termina incurriendo en gastos de salarios privilegiados, prebendas, inversiones ruinosas, decisiones secretas, mini y maxicorrupción que indefectiblemente terminan en aumento de precios en productos o servicios esenciales, o en su defecto, en pérdidas a cargo del estado, o sea, más déficit-inflación. Es peor cuando el monopolio es de bienes que se importan, que a su vez tienen variaciones de precio propias debido a razones valederas o a razones monopólicas, como en el caso de la OPEC, finalmente un monopolio de tiranos. 

 

Entonces quienes hacen movimientos y convocan a marchas de protestas por las subas, deberían, por coherencia, marchar primero para eliminar los monopolios estatales que excluyen toda competencia y también el número y remuneraciones desproporcionadas de sus empleados y de la administración pública en general, que a la larga se transforman en simples gastos que afectan directamente el costo de esos servicios y bienes, vía inflación o vía impuestos agregados al precio. 

 

Esa inflación sistémica, que no es resultado de la casualidad sino de la acción humana de individuos y políticos con reclamos y soluciones cómodas y superficiales, se perpetúa si se obliga al estado a no trasladar a los consumidores (cautivos) esos costos, ya que se transforman en nuevas causales de inflación. Para decirlo más simplemente, la lucha hay que librarla en otros terrenos, no en el surtidor de nafta, en el medidor o en la garrafa. Claro que esa otra lucha va contra los intereses y ventajas de los propios reclamadores cuando les toca ponerse el sombrero de subsidiados, sindicalistas, empleados del estado con privilegio de eternidad o jerarcas. 

 

Desde Marx en adelante el socialismo (igual que su espejo, el fascismo) atribuye la suba y la formación de precios a causales malvadas. Por eso siempre ha tratado de intervenir arbitrariamente en esos procesos. Históricamente esas intervenciones han fracasado ruidosamente. Desde la hambruna asesina de Mao a las colas de varias horas de la URSS para comprar pan, para evitar la “intermediación innecesaria”.  Como el precio es una expresión de libertad, todas esas luchas han sido tiránicas o dictatoriales. Y todas han fracasado. Cualquiera se escandaliza hoy escuchando a Perón en los 50 prometiendo repartir alambre de fardo para colgar a los especuladores, o encarcelando comerciantes. No muy distinto a lo que han hecho y hacen sus discípulos, para darles un nombre. 

 

Este mismo año, para “abaratar” los alquileres, el peronismo promulgó una ley que en 24 horas aumentó casi al doble el costo de todos los arrendamientos. En la misma línea el gobierno demócrata estadounidense paraliza los desalojos de quienes no pagan, con lo que logrará igual efecto que el peronismo. La intervención del estado, sea previa, como en el caso de los monopolios o los gastos-impuestos, sea posterior como en el caso de la URSS o Argentina, no sólo no baja los precios, sino que, por una elemental ecuación, empuja el desabastecimiento y mata la inversión. Nada peor para el consumidor. 

 

Como otras prédicas del socialismo esta conveniente ignorancia fue rápidamente adoptada por la sociedad, de buena o mala fe. Hoy se enseña a los chiquilines. En un selectivo colegio privado, un profesor pregunta a sus alumnos: ¿“les parece bien que durante la pandemia suban los precios”? – La respuesta es un coro de noes. – Bueno, eso es el capitalismo. – Remata el profe.

 

Eso no es el capitalismo. Es la acción humana. Distorsionada por el estado, sus monopolios, su gasto, sus impuestos, sus sindicatos parásitos y sus prebendas. Y la falta de competencia. Pero lo que quedará es esa prédica docente falaz. Por eso la reacción será siempre dictatorial, como el peor socialismo. Precios máximos, medición de las góndolas con un centímetro como Argentina, el alambre de fardo, la prisión, la destrucción de los sistemas de distribución y la misma producción. El desabastecimiento. 

 

Porque todo control de precios, además de ser inútil y contraproducente, conlleva siempre algún tipo de autocracia y conculcación de derechos. Y eso tiene otro precio mucho más caro: el precio de la libertad. 

 

 

Publicado en El Observador  03/08/2021

El cómodo oxímoron del Estado empresario

 

En vez de usar a las seudoempresas estatales como salida laboral para los graduados, debería dejarse esa función al sector privado

 

La semana pasada el rector de la Universidad de la República se dirigió al Parlamento proponiendo la creación de un Instituto para volver a elaborar vacunas localmente. La idea tiene sentido, no sólo por la necesidad de pertrecharse para enfrentar una pandemia que aún no ha terminado, sino también como una oportunidad de desarrollo de nuevos productos con alto valor agregado que se puedan ofrecer en el mercado internacional. 

 

Seguramente existen en el país los científicos y profesionales con la formación necesaria en este campo, surgidos mayormente de esa institución, distinto a lo que ocurriría en Economía, donde la sesgada formación que brinda esa Casa de Estudios saca prácticamente del mercado a sus graduados que no hayan complementado por su cuenta las falencias que crea ese sesgo. 

 

Pero el planteo contiene algunos errores conceptuales relevantes. El primero es creer que el Estado puede ser empresario, o que pueden existir empresas estatales capaces de semejante emprendimiento. Desde la exploración en busca de petróleo hasta las plantas de gasificación, la explotación de alcohol, cemento, transporte aéreo y prácticamente todas las demás, cuyos fracasos y costos no resultan más evidentes al gozar de consumidores cautivos y presupuestos dispendiosos, el Estado oriental no se ha mostrado como un emprendedor eficiente. (No sentirse mal por eso, es una conclusión universal) El segundo error es creer que existe tal cosa como la empresa estatal. Por definición y en la práctica, se trata simplemente de dependencias estatales con todos sus vicios y ninguna toma de riesgo, de burocracias que cobran a los consumidores y contribuyentes todas sus seudoinversiones y sus fracasos, excesos y falencias. 

 

Y el tercer error es hablar de la “modestia” de la inversión que se requiere del estado, o sea de la sociedad. Como sabe cualquier pyme, los gastos deben analizarse justamente como una suma de partidas relativamente menores, no como grandes totales que se tornan inmanejables e inviables de contener o reducir. “Un poquito más de déficit”, no es un argumento serio. 

 

Al analizar la performance de una gran mayoría de empresas del estado, creadas todas con retórica impecable y patriótica, hace falta mucho desparpajo para requerir de la sociedad una nueva toma de riesgo empresario, que además no le corresponde al sector público asumir, o sea a los ciudadanos. 

 

En cambio, como en tantos otros países que pueden mostrar resultados palpables exitosos, es posible ensayar una tarea compartida entre la Universidad o las universidades y el sector privado, que es el encargado de crear empresas y emprendimientos de riesgo, y que suele hacerlo bastante mejor que la burocracia estatal, y al menos no le cobra sus fiascos y equivocaciones al contribuyente. 

 

La Udelar erra de interlocutor. En vez de convencer al pez de la pecera de morder el anzuelo, lo que podría hacer es abrir la conversación con el sector privado nacional e internacional, e interesarlo en desarrollar estos proyectos en común, aportando cada uno lo que mejor sabe hacer. Y no sólo sobre vacunas. Se alegará que a veces esos emprendimientos suelen requerir, además de capital propio y crédito privado, de adelantos del cliente-estado, en especial en investigaciones de emergencia como las pandemias. Claro que el sector privado tiene la costumbre de devolverlos, y que los resultados suelen ser exitosos. El caso Pfizer, no por ser un fácil ejemplo deja de ser valedero, tanto en los resultados sanitarios como en los económicos. 

 

El planteo del rector, de buscar la creación de nuevos productos y mercados donde aplicar el conocimiento de sus graduados, tendría con esta variante mucha mayor potencia y viabilidad, porque dejaría la tarea de exportar los productos, conseguir nuevos mercados y controlar costos y resultados en manos de quienes saben hacerlo, probadamente, y que conseguirán el capital necesario para cada etapa del proyecto. El estado no debería ser una salida laboral para los graduados, por cómodo que eso fuese. 

 

No parece tampoco adecuado aumentar la dependencia que padece la sociedad de las empresas estatales, con sus gremios que, como se puede ver a diario y ahora generalizada y planificadamente, han tomado de rehenes a sus consumidores forzosos y pasado por encima y saboteado a sus jerarcas, extendiendo los efectos negativos de la burocracia estatal a la entelequia que se oculta bajo ese falso rótulo de “empresa”. 

 

El estado deberá encontrar su lugar y su función para facilitar este tipo de asociaciones, lo que no debe basarse en las dádivas ni en la desgravación, sino simplemente en facilitar los caminos y eliminar las obstrucciones, sobre todo las gremiales e ideológicas. La Universidad podría ser pionera al marcar un camino irreemplazable. 

 

Justamente en la misma semana, la Intendencia de Montevideo lanzó su propuesta de pagar algo más para cambiar el sistema de recolección de basura en Montevideo, lo que evidentemente es imprescindible. Pero comete un error similar al de la idea de producir vacunas: mantiene su dependencia y subordinación al inflexible ADEOM, que condena al fracaso todo intento de mejorar el servicio, al seguir obligando a la población a pagar los costos y las ineficiencias del estado, tanto en lo económico como en los resultados del servicio. Imagínese qué distinto podría ser si se recurriese al sector privado para juntar y disponer de la basura. Habría que observar algunos ejemplos no muy distantes, algo que se prefiere omitir. 

 

En momentos en que se intenta derogar los artículos de la LUC que tímidamente ponen algún mínimo límite al sindicalismo estatal, que evidentemente tiene un poder mayor que la democracia en estos entes, es importante que el gobierno nacional rescate esos proyectos, pero no el mecanismo reiteradamente fracasado que se pretende usar para llevarlo adelante. Y la Intendente de Montevideo debería estudiar cómo combinar su propuesta con liberarse del yugo del sindicato. Si lo que se intenta es aumentar el bienestar y las oportunidades, por supuesto.