Publicado en El Observador  07/06/2022

El peligro de creerse distinto

 

Sin un sistema de límites al poder y con alta dosis de materialismo dialéctico, la democracia requiere una plena redefinición, so pena de transformarse en una tiranía de la mayoría

 

El gobierno argentino presentó ayer su proyecto para gravar las ganancias inesperadas. No se trata de una definición incluida en la teoría o en la jerga tributaria, por lo que el presidente Fernández de Fernández se ocupó de aclarar que se refiere a las rentas excepcionales obtenidas con motivo de la guerra. Como su arrodillada industria no produce ni misiles antitanques ni cañones ni drones bélicos, es fácil colegir que se trata de un impuesto sobre la utilidad adicional que obtuvieron las empresas exportadoras agropecuarias con motivo de la suba de precios provocada por el doble efecto de la invasión rusa a Ucrania y por las sanciones de Occidente a Rusia para disuadirla. 

 

Será sin duda complejo determinar qué parte de la ganancia se relaciona con qué causalidades, pero de todas maneras el gobierno ya determinó que el gravamen alcanzará solamente a menos del 1 % de las empresas argentinas. (El peronismo en el poder omite recordar que, con el régimen que convierte al Banco Central en el dueño de todos los dólares de la exportación tras aplicar los confiscatorios descuentos del misérrimo tipo de cambio oficial y de las retenciones, el mayor beneficiario de la conflagración es el propio Estado, por amplio margen)

 

Es una obviedad acotar que los efectos en la inversión futura y en la producción y exportación agrícola serán gravemente negativos y, como ha ocurrido en el pasado, muy difícil de retrotraer. Pero no es ese el tema central de esta nota.

 

El punto que merece reflexión es que el impuesto es idéntico al que ha propuesto recientemente el PIT-CNT-FA, también con el argumento de que se trata de ganancias no esperadas, y también con la triquiñuela de conseguir la complicidad o tolerancia de otros sectores privados acotando que se trata sólo de unos pocos afectados, es decir que se aplican impuestos a unos pocos cuya protesta se supone no significativa, ni electoral ni económicamente, pero se perdona a muchos, por ahora. No muy distinto al impuesto sobre ahorros en el exterior, que también ha aplicado Argentina y también agita como bandera la oposición oriental. Una ganancia supuestamente inmerecida, un gravamen que sólo afecta a pocos, y que, milagrosamente, se sostiene que no tendría efecto sobre la inversión y el empleo futuros. Si no alcanza, después se repite el truco, ad infinitum. 

 

No existe argumento serio, ni menos serio, que autorice a ningún gobierno ni a ninguna mayoría a apropiarse, con la excusa o el fin que fuere, de una ganancia o patrimonio ajeno simplemente porque es inesperada o porque está disponible, en especial cuando ya ha tributado todos los gravámenes legales.  Tampoco a cobrar tasas adicionales ni progresivas. Se trata de una sanción y saqueo al capital privado, lisa y llanamente. Por eso el primer fin de esta nota es anticipar que toda copia del modelo impositivo y de reparto argentinos causará iguales efectos en la plaza local que los que ha causado y causará en el país vecino, o peores. 

 

Este abuso lleva a un tema de fondo, que excede el económico, que Uruguay ha decidido ignorar, por ahora. Como es sabido, el neomarxismo o socialismo global ha impuesto, mediante el simple relato, posverdad dialéctica o uso subliminal de redes, reivindicaciones, cancelaciones, sensibilidades exacerbadas, miedos, enojos o envidias, el concepto de que toda necesidad genera un derecho. Nunca se sabrá ni se probará sobre qué principios o razonamientos descansa semejante premisa. Por algo es materialismo dialéctico. Ese supuesto derecho, se reclama siempre al Estado, o sea a los demás individuos. O sea a usted. De paso, se supone que los recursos para satisfacer esas necesidades son infinitos, gratuitos y sin contraprestación alguna. 

 

A esto se ha agregado, con los mismos métodos dialécticos, el concepto de la igualdad o equidad, que políticamente significa que cada uno tiene el derecho a poseer lo mismo que cualquier otro, y lo que es más espectacular, a obtenerlo de modo instantáneo, sin esfuerzo, sin mérito, sin estudio, sin un proceso, sin ahorro, sin sacrificio y sin tiempo. De ahí que no sólo se reclame esa igualdad en términos económicos, sino que también se repartan títulos educativos sin calificar, cargos públicos, puestos políticos con igual criterio. No es casual que la tendencia sea que un chiquilín pase de curso sin saber nada. 

 

El supuesto derecho a la igualdad, que reemplazó a la pobreza como bandera - como el cambio climático reemplazó al calentamiento global cuando la evidencia mostró que no eran suficientemente dramáticos, o que se estaban reduciendo globalmente - unido a la instantaneidad, mueve a los políticos modernos, cuya mayoría apabullante tiene como único objetivo el poder, a complacer esas expectativas y a prometerlas. Finalmente, esos burócratas viven hoy de las ganancias de administrar el reparto. A esa tendencia de coimear a la población se le llama populismo, en el sentido más bajo y denigrante del término.

 

Como de la simple matemática surge claramente que esos supuestos derechos no pueden ser satisfechos ni en el corto ni en el largo plazo sin el aporte laboral y de ahorro de los propios esperanzados beneficiarios, como bien lo explicara Karl Marx, entonces la solución también instantánea de los políticos gobernantes es confiscar de algún modo el capital, los bienes o la ganancia de los sectores que producen y generan riqueza, con alguna justificación más o menos digerible y luego repartirla. Friedrich Hayek se ocupó de demostrar que, cuando esa fatal burocracia choca contra el imposible de la realidad, siempre deviene en dictadura de cualquier signo, no importa cuál. 

 

Pero hay un paso previo, cuando lo que se ha llamado en esta columna la mayoría de la mitad más uno impone esos criterios de “quita y reparte” al resto de la sociedad. Y esa es, en el corto plazo, la amenaza que se cierne sobre Uruguay. El impuesto a cualquier cosa, lo que Dino Iarach llamaba la “manifestación conspicua de riqueza” sobre la que dar el manotazo. Riqueza que tiende a achicarse hasta que cualquier cosa termina siendo una manifestación de riqueza en cualquier sentido. 

 

La reiterada muletilla de que Uruguay es diferente, además de algunas connotaciones poco felices, encierra una inocencia peligrosa, porque tiende a no validar la evidencia empírica, hasta que ya es tarde. Como un adicto que cree que como él es distinto, no sufrirá la misma suerte desgraciada de los demás consumidores. Porque la tan mentada democracia, el diálogo, el promedio que por 15 años jamás se aplicó y que ahora parece ser obligatorio, no regirá a la hora del apoderamiento del patrimonio ajeno. Ya ha pasado muchas veces. La tiranía de la democracia, o de las masas, como definiera John Stuart Mill en el siglo XIX, o el abuso del plebiscito, y la falta de límites al poder, que con precisión increíble definiera Tocqueville, cuyas recomendaciones fueron canceladas una a una por la izquierda mundial desde mitad del siglo XX.

 

Por supuesto que una democracia seria está concebida para zanjar cualquier grieta. Pero ese pacto sagrado tiene límites y obligaciones. Las garantías a las minorías, las de la mitad menos uno, no están suficientemente contempladas en el sistema uruguayo. ¡Bufen los teóricos!

 

No hay otra reacción más que la grieta frente al saqueo, al despojo o a la pérdida de derechos como la propiedad o la libertad. El problema es creer que todos cumplirán si ganan el pacto democrático que declaman y reclaman cuando pierden el poder. Riesgo que tiende a olvidarse si se da por descontado que se es distinto a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los argentinos a los colombianos y a los chilenos. Hasta que es tarde. 

 

 

 

 

 

Publicado en El Observador 31/05/2022

Paradojas aparentes de la conveniente ignorancia

 

Buscad lo que buscáis, pero no donde lo buscáis, decía San Agustín. Pasa lo mismo con la economía

 

Los políticos y los burócratas (o sea los políticos que ha sido electos para algún cargo estatal) y la sociedad, con leves diferencias de matices, viven presos de paradojas, falsas verdades que tienen un efecto contrario al que se cree, pero que suenan bien para el discurso o la campaña. O para reclamar alguna ventaja que paga siempre la sociedad toda. 

 

Y esa sería la primera paradoja: la creencia de que todo beneficio, dádiva, subsidio, o regalo del estado como se le llame, beneficia siempre a los pobres y castiga siempre a los ricos. Basta analizar cualquier caso, en cualquier época, en cualquier rubro, en cualquier formato para ver que eso no es cierto, ni en los beneficios, ni en los costos que pagan los ciudadanos. Pero en la instantaneidad -o en la tribuna o la conferencia de prensa - suena sensible, popular y muy adecuado para los oídos de los beneficiados exprés, la prensa y aún para el burócrata que reparte. Claro que es difícil explicar a quienes sufren urgencias o angustias que esos repartos tienen efectos nocivos que los obligarán a seguir mendigando y padeciendo todavía en mayor escala. Escaseces, desmadre de precios relativos, inflación, falta de inversión, endeudamiento, déficit. Como es muy difícil determinar donde se acaban las necesidades imperiosas. Luego de décadas de doctrina y alejamiento de la despreciada cultura del trabajo, todo lo que se puede comprar con dinero es considerado hoy como un derecho vital del que no lo tiene, y como una obligación del estado proveérselo. 

 

Tal promesa nunca se cumple, como sintetizó von Mises en su gran libro La acción humana, concepto negado y demonizado. Una suerte de esclavitud del productor y del generador de empleo, riquezas y bienestar. Porque toda fatal burocracia supone que esa raza seguirá produciendo a cualquier nivel de castigo que se le inflija, o nivel de impuestos, trámites, recargos, prohibiciones, huelgas y ataques a la propiedad. Para darle más tono científico, justamente ese criterio aplica el neomarxismo desde el fracaso de la URSS en adelante: tomar de esclava a la producción hasta desangrarla. Se llama socialismo, democracia cristiana, social democracia, Doctrina Social, foro de Sao Paulo, Patria Grande, kirchnerismo o Pit-Cnt-FA, y otros sinónimos. El resultado es siempre la miseria generalizada. Puede durar un poco más si se parte de una base altamente industrializada y tecnificada o de alguna posición muy fuerte de reservas, pero culmina en guerras, miseria y hambruna casi siempre. Y cuando los burócratas sofisticados que usan algoritmos como la Moderna Teoría Monetaria advierten que la sociedad no se comporta como ellos querían, la dictadura es inevitable, para que se cumplan las ecuaciones, cual modernas Escrituras. 

 

Esa paradoja es similar a la impositiva. Poniéndole impuestos a los ricos y repartiéndolos entre los pobres se solucionan las carencias. ¿Quién puede disputar semejante principio que suena hasta a evangélico? Nadie, ningún político, ni burócrata que, como un CEO cualquiera, obtiene participación en las ganancias. Ni aun la línea latinoamericana de atacar los patrimonios suena a injusto y confiscatorio. Hasta que la riqueza se termina, las necesidades son infinitas y la plata se acaba. Y la miseria es mayor que antes. También fracasó todas las veces que se intentó, no es que a nadie se le ocurrió. Pareciera creerse que “esta vez lo vamos a hacer bien porque sabemos más y tenemos más información”.  Los países ganadores son los que reciben a los que huyen del despojo. Pero a primera vista, luce razonable y de toda justicia, ¿verdad?

 

Los políticos y la política de hoy, las sociedades de hoy, están saturadas de estas paradojas que, a primera vista, parecen lógicas hasta que llega la realidad, la acción humana. Falacias en la que se cree de buena fe o que se predican de mala fe, muy pocas veces por desconocimiento sino por deliberada ignorancia, no por falta de conocimiento o formación, para no ofender.  

 

¿Hay algo más paradojal que la idea de que subsidiando la nafta o el gas se ayuda al público de menores recursos? Además de los miles de beneficiados que no son nada pobres y que gozan del subsidio, el desabastecimiento aparece en minutos, y siempre, sin excepción, daña más a los más necesitados. ¿O alguien encontró ahora un modo diferente y esta vez lo “vamos a hacer bien”? La idea de que la economía es una ciencia exacta o matemática, además de omitir que se trata de una ciencia social, lleva a la creencia de que todo es lograble, todo es conversable, a la conveniente ignorancia vendida por los gobiernos y alegremente comprada por la población que sostiene que el Estado puede satisfacer todas las necesidades con una ley o infinidad de leyes. 

 

Otra aburrida paradoja es el concepto de que un aumento en los precios de materias primas es una bendición para países cuya única estructura productiva son las commodities agropecuarias. Se basa en la idea mágica de que, a una mayor afluencia de dólares, habrá más para repartir, más trabajo, mejor rating crediticio para tomar más deuda, (cuyos intereses pagarán los nietos, o Dios) lo que permitirá hacer feliz a todos, ayudar a la igualdad y jubilar a todo el que quiera. Falso. Primero porque la apreciación inevitable de la moneda local (Dutch Disease, ya comentado) elimina toda exportación y hasta producción de valor agregado, léasex de empleos, con lo que el único empleo es estatal. Eso aumenta el gasto del estado, el costo de los productores por varios efectos, y aumenta los impuestos, porque pasan a ser la única manera de mantener a la población, que terminan cayendo sobre los productores siempre, llámense retenciones, como en Argentina, impuestos a las ganancias inesperadas, ayuda de emergencia o como se le quiera poner. Y luego de esos efectos negativos casi inmediatos, se produce una presión importadora de todo tipo de bienes, un alza del costo de vida en pesos y en dólares y una situación social insostenible e inmanejable. Ya pasó. Siempre. Pero en todos los casos aparece la inmediatez de la sociedad y la de los gobiernos, el oportunismo y la inexorable creencia de que esta vez es distinto porque… y en vez de bajar recargos y abrir ordenadamente la importación que equilibre la economía, se sigue apostando al proteccionismo amigo y rogando que los efectos negativos lleguen tarde o nunca. 

 

Cuando esas materias primas bajan, todo el resto, sueldos, gasto, déficit, impuestos, ya no se pueden bajar. Entonces la espiral negativa es sofocante. Ya pasó. Muchas veces. En todo el mundo. Pero esta vez se supone que el ciclo durará por siempre. Bastaría ver la suerte de los exportadores sólo de commodities en la historia. Por esta razón y por otras que se comentarán, cuando la vicepresidente de Colombia dice que Uruguay tiene los ingresos más altos de la región, no sólo es parcial, sino que es ignorante, y merece el reciente resultado electoral. Los ingresos de la población se miden en poder adquisitivo, no en valores absolutos. Ajustados por productividad, o por Purchasing Power Parity u otro índice similar. Si se hace esa comparación, se verá que Uruguay está en el podio de los países más caros del mundo, con tendencia  a alzar en breve la copa del ganador.

 

No se pueden cambiar las condiciones mundiales de mercados en los que no se influye ni en la demanda ni en la fijación de precios. Pero gobierno, oposición y sociedad pueden tener la precaución de la prudencia. Es lo que solían hacer los países inteligentes, por caso, Chile antes de su reblandecimiento intelectual o Noruega hoy: crear con los excesos de ingresos fondos intocables no usables para ningún gasto, para ser utilizados en el momento de la contramarcha de la realidad. ¿Cómo imaginar que tener tan altos precios sea dañoso?  Enorme paradoja. 

 

Otra paradoja que se repite hasta el aburrimiento se refiere al trabajo, donde aún la extrema izquierda ha decidido despreciar las enseñanzas y teorías del propio Marx. Eso va unido y en el mismo paquete que la reforma de la jubilación, el trabajo en negro, (economía informal bictonera, en términos más modernos), y la desocupación, que crecerá. Además de que el sistema jubilatorio soporta el costo de una enorme cantidad de subsidios, pensiones y seguros que nada tienen que ver con el sistema, cosa que han decidido ignorar todos los opinantes en este tema, se agrega la idea simplista y de manipulación social de la necesidad de aumentar la población para que los jóvenes aporten su limosna obligatoria a un mecanismo que ha muerto hace mucho en el mundo lógico. Se omiten, además, los 18 años de brecha entre hoy y el momento en que supuestamente esos jóvenes participarán del mercado laboral. Pero se omiten muchos otros aspectos. Que el empleo depende de la demanda, y que el país no ha cesado de poner obstáculos a esa demanda. Desde el sabotaje sindical con ciertas huelgas a su creencia de que aumentado la rigidez va a conseguir más empleo, cuando es todo lo contrario. O a la creencia resentida de que eligiendo ciertas víctimas - como serán quienes tengan capital en el exterior - no se va a ahuyentar la limitada y poco demandante de trabajo inversión actual, como ocurrirá con los emprendedores, valiosa inmigración calificada en todo sentido, que huyeron despavoridos de Argentina, por ejemplo, cuando unos delirantes aplicaron gabelas similares con iguales argumentos paradojales. Aumentar la población por cualquier medio supone abrir al extremo las condiciones laborales y aún las cargas impositivas sobre todos los factores económicos. De lo contrario, cualquier aumento de población logrará disminuir aún más la tasa de actividad o participación, sin lograr un crecimiento de la demanda. O sea, incrementar la población y fomentar los nacimientos hoy, es crear más desocupados para mantener con la sensibilidad (y los impuestos de los burócratas) más gasto público que garantiza que no habrá valor agregado alguno que exportar. Una espiral hacia adentro, diría Samuelson, una implosión expulsadora. Todo esto sin considerar que la educación ha sido convenientemente erradicada del firmamento oriental, con lo que si el neogestado pudiese elegir, no nacería en este momento ni lugar. 

 

Además de instantaneidad, facilismo y reparto de golosinas, del que no se conoce ningún caso de éxito, (y menos el de Europa, que se suele usar como contraargumento, un fantasma en agonía colgado del euro, de la irrealidad y de la deuda), el peligro es que, cuando los fatales Ceoburócratas infalibles, cuando ven que no pueden cumplir sus promesas, cuando ven que la sociedad quiere tener el derecho de ejercer su acción humana, deciden extender su control de la economía al control social y adoptar algún grado de dictadura, que conduce a la dictadura final, como lo describió brillantemente Hayek, al no atribuir sólo al comunismo estas paradojas, sino al fascismo y al nazismo. A la izquierda y a la derecha. A cualquiera que sostenga lo que es insostenible. 

 

Para los Ceoburócratas, cabe recordar un cuento que refería hace medio siglo un célebre charlista casi uruguayo, José de Soiza Relly: había una vez un dictador benigno y absoluto que, había comprendido el valor de satisfacer lo que el pueblo demandaba sin nunca decir que no. Aplicaba impuestos, emitía, se endeudaba. Saludaba a la multitud que lo aclamaba desde su alto balcón de su alto palacio de gobierno. Un día se acabó la platita, el ingreso impositivo, el endeudamiento. Desde su alto balcón le dijo a la multitud: “aquí va lo último que tengo para ofreceros” – Y se arrojó sobre la masa de fanáticos. Pero como no era platita, todos se hicieron a un lado. 

Publicado en El Observador  24/05/2022

La nueva constitución chilena, o el Pedidos Ya de derechos 

y garantías

 

Una lista de regalos voluntarista que cumple todos los sueños y las expectativas, sin contrapartida ni requisito previo, a costa del resto de la sociedad.  

 

 

El Pleno de la Convención Constitucional de Chile ha publicado las disposiciones de la nueva carta magna. Si bien el texto no está aún ordenado y compatibilizado, es posible visualizar el camino propuesto para el país trasandino. Este columnista no es abogado, ni tiene formación profunda en derecho, es sólo experto en la difícil tarea de ser ciudadano y de defender sus libertades, lo que en el mundo moderno tiende a ser considerado atentatorio contra el estado y otras supuestas conquistas, en el peor sentido del término. 

 

El paquete define a Chile no como una nación, sino como un Estado solidario, democrático, plurinacional e intercultural de democracia paritaria, democracia directa, de igualdad sustantiva. El término naciones se reserva para las antiguas (o nuevas) tribus chilenas, con un especial tratamiento en todo el articulado. Tratando de defender a las minorías, se lesiona a la minoría más importante: la de la mitad menos uno. 

 

Una primera reflexión es que, como ocurre con las constituciones, leyes y discursos de otros países de la región subordinados al Grupo de Puebla, se usa el término democracia con liberalidad, pero inmediatamente se le agregan adjetivos que la desnaturalizan, la bastardean o diluyen la representatividad y el equilibrio de poderes, que tanto odian los dictadores, los burócratas y los corruptos. Bien podría esta Carta haber sido redactada por Cristina Kirchner o por Maduro, ya que resume sus planteos, sus prácticas y sus reformas. Este uso perverso de la palabra democracia es, como se sabe, un mecanismo dialéctico, un disfraz que inmediatamente es desvirtuado por el resto de las normas y disposiciones. 

 

Las garantías de representación a todas las reivindicaciones y reclamos de cualquier tipo hacen que los principios de igualdad que campean por el texto se desvirtúen de inmediato, ya que el concepto de representatividad proporcional, base misma del sistema democrático, se altera al garantizarlas. Usando el truco fundacional marxista de cambiar el significado de las palabras y de a poco ir atribuyéndole una acepción distinta, la nueva constitución tiene poco de proporcional, de representativa y de control entre los poderes. Así, lo que hasta ahora se conoce como artículo 6º, al otorgar representación a todos los sectores y ponencias, elimina, vía la imposibilidad matemática, la representatividad. La nueva constitución es una contradicción encuadernada, llena a su vez de contradicciones que la tornarán imposible de llevar a la práctica, o, como ocurre con Maduro, que servirán de excusa para que, basado en un artículo determinado, o en una asamblea o entidad de las muchas que se crean, prescinda de la opinión y el derecho de la población, siempre con algún justificativo legal. (Recordar que, en sus comienzos, Maduro tenía la misma imagen de incapaz que Boric. 

 

Las garantías y derechos que se conceden alegremente a las comunidades autopercibidas como indígenas son un claro ejemplo de voluntarismo, que además ocasionarán complejas situaciones legales internas e internacionales. Al decretar que ciertos grupos que “históricamente han sido oprimidos o excluidos” hace un juicio de valor y legal que condiciona toda la legislación, e impulsa una grave disputa de soberanía que ha sido zanjada hace casi dos siglos. Al darle entidad a los grupos que se denominan mapuches, olvida que, hasta hoy mismo, esos grupos son perseguidos por la ley, acusados de graves acto de violencia, saqueo y terrorismo, procesados, encarcelados y expulsados. Se trata de una acción divisionista profunda, del mismo tipo que el neomarxismo está tratando de impulsar en muchos países, que usa cualquier reivindicación, disconformidad o queja para dividir al extremo a la sociedad, para afectar la soberanía y que pasa por encima de la voluntad popular que suelen declamar. O al menos, por encima de la minoría de esa “mitad menos uno”. Los resultados (provisionales) del censo argentino, muestran que algunos de esos reclamos que generan leyes, subsidios, condicionamientos, intromisiones del estado, son una minoría ínfima, lo que no les quita derechos, pero sí limita la representatividad e importancia en las decisiones del estado. El conflicto con Argentina que implica la invasión violenta mapuche es ahora una posibilidad más cercana. 

 

Dentro de este concepto está la creación de escaños para las comunidades indígenas, a las que se eleva virtualmente al nivel constitucional de las provincias, (Bajo el apodo común de regiones o nacionalidades, nuevo nombre del Senado) que votarán sólo los integrantes de esas tribus, algo no solamente raro de comprender y justificar, sino de encuadrar dentro de un esquema que se dice republicano, y aún democrático. También aquí se advierte el concepto manipulador de los dictadores regionales, que han usado este tipo de apoyos para disfrazarse de legitimidad. El poder Legislativo Plurinacional va en la misma línea y parece ser un auditor del presidente, por las dualidades que generará, por los enfrentamientos e injusticias que se producirán y por lo inviable de plasmar. No es demasiado difícil comprender que no es lo mismo una provincia que una tribu que reclama ser originaria y por eso tener derechos que anulan a los del resto de la sociedad, inclusive el de propiedad y aún el de ciertas libertades.

 

En gran similitud con Venezuela, y con el sueño regional de Puebla y Sao Paulo, o de dictaduras funcionales al latimarxismo fatalmente antidemocrático, se crean las Asambleas Territoriales, la Cámara de Regiones y las Cámaras indígenas, otro mejunje ideológico cuyo funcionamiento es inimaginable, o demasiado imaginable. 

 

Esta suma de sueños, trucos, garantías incumplibles, falsas esperanzas y poluciones nocturnas, se vuelve todavía más caótica cuando se advierte la imprecisión en la normativa de los artículos. Ello obliga a sancionar una catarata innumerable de leyes, (infinidad -diría Tácito) que sólo requerirán la mayoría simple en una suerte de congreso o comparsa, que deberán aprobarse con los confusos y peligrosos mecanismos prescriptos, donde se han excluido las mayorías especiales, último baluarte contra el abuso. El sueño de la vecina Cristina, que ama la dictadura de la mayoría de la mitad más uno, ignorando deliberadamente a la otra mitad, por grande que fuere, en contra del más elemental concepto de democracia, entendiendo la democracia como lo que espera un ciudadano común, no el gramscismo o el trotskismo.

 

Otro aspecto que haría las delicias de la dueña del peronismo, que cree que es el pueblo el que debe juzgarla, no los jueces: la Justicia ya no es un poder en la nueva Chile, será apenas un servicio del estado, con leyes que lo normarán. Las leyes del gobierno. El Consejo de Transparencia ahora creado, parece querer substraer a los políticos y la política de la acción judicial y eludir el control republicano entre poderes. República, es entonces, solo otra palabra prostituida más.  

 

Un apretado resumen de riesgos adicionales que merecen mayor análisis: 

 

-       Con sólo el 5% de los votantes se puede convocar un referéndum para anular una ley

-       Las listas electorales de cualquier entidad deben ser siempre encabezadas por una mujer

-       Los consejos profesionales pasan a ser públicos. Supervisados por el estado. 

-       El estado tendrá potestad para intervenir en el ámbito privado en casos de inclusión. 

-       La Cámara de regiones tiene supremacía sobre la de diputados, en especial en temas del Presupuesto

-       La delegación de poderes en el presidente y el uso de decretos es generosa. 

-       El cambio parcial de la constitución se ha legislado muy confusamente, pero hace muy fácil modificarla, lo que resulta altamente peligroso y manipulable. 

 

 

Como sostiene la columna, se debe estar alerta ante proyectos similares en cualquier país de la región, también en Uruguay. O en especial en Uruguay. La tendencia de la izquierda estatista y extractiva (de bienes ajenos) es tener facilidad de leyes, eliminar las mayorías especiales, crear motivos de disconformidad, separatismo, crisis de soberanía. La dictatura de la democracia de la mitad más uno. De acuerdo con las recientes encuestas la nueva constitución sería rechazada hoy por el 60%, de los votantes, pese a que insólitamente se ha reducido el margen. Habrá que ver que ocurre hasta el momento del plebiscito. O lo que se provoca que ocurra. Pero, aunque no fuera aprobada, esta mamotrética constitución propuesta ha cumplido buena parte de su misión: crear la sensación de que todas las garantías, las conquistas, los derechos y los reclamos, lícitos o no, legítimos o no, arbitrarios o no, confiscatorios o no, pueden ser obtenidos y defendidos mediante una simple ley. Aunque esa ley desprecie y castigue a la mitad de la sociedad. O a toda la sociedad, a la larga. 

Publicado en El Observador 17/05/2022

La reforma previsional, ¿otra LUC? 

 

La urgencia forzada y la presión para un cambio pueden hacer que el remedio jubilatorio termine siendo peor que la enfermedad

 

Es una constante que cuando se trata de controlar el gasto del estado la mirada se fije en los grandes rubros. Así, se llegan a conclusiones como el FMI, ciertas calificadoras de crédito y no pocos analistas, que plantean drásticos recortes sobre dos o tres grandes ítems, en vez de encarar la tediosa y laboriosa tarea de escudriñar en detalle las partidas, contrataciones, tercerizaciones y otros vericuetos y prácticas que pululan en todas las administraciones públicas del universo. 

 

El llamado Gasto Social es uno de los rubros más importantes de cualquier presupuesto y como tal, suele ser el más cuestionado, muchas veces con toda razón. Pero no se debe caer en la tentación de simplificar el análisis o de tomarlo globalmente sin desbrozar, a riesgo de complicar el problema en vez de resolverlo. La reforma previsional que intenta encarar el presidente permite al menos tres enfoques de base: el de formato, el económico y el efecto político. 

 

El sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional o como se quiera denominar que se intenta reformar, tiene cada vez menos viabilidad y vigencia globalmente, tanto por el nivel de supervivencia como por la imposibilidad de obtener rentas suficientes de los fondos generados por los aportes. Está condenado a desaparecer o a ser una pequeña parte del ahorro para retiro y a ser sostenido por impuestos crecientes a la población en general. Continuará mutando negativamente hacia un modelo de subsidios estatales, casi de limosna. Los cambios aumentando la edad de retiro, o bajando la tasa de reemplazo, o sea el monto del haber jubilatorio, son obligados y cada vez más frecuentes. El caso de Uruguay se agrava por lo exageradamente temprano de la edad de retiro.  Países como Suecia, que la conveniente ignorancia del neomarxismo ha usado como emblema, luego de su quiebra en 1993 realizó por eso un cambio integral del sistema, ahora reemplazado por un sistema triple, con una muy baja participación, manoseo y discrecionalidad estatal. El proceso tomó 20 años. 

 

En lo económico, aquellos países, generalmente con inclinación estatista, que mantienen este tipo de régimen suelen caer en el error de cargar al sistema gastos que nada tienen que ver con el contrato previsional – se trata de un contrato, en realidad – y que son administrados por el mismo ente que se ocupa de la administración del sistema. Es el caso uruguayo con el BPS, o el argentino con la ANSES. Y ahí empiezan los problemas tanto de fondeo como de déficit y de análisis. Localmente, el enunciado de los rubros que se pagan contra la recaudación previsional es largo, a veces ridículo y siempre costoso. Por ejemplo, el subsidio por enfermedad, o por desempleo, pensiones, asignaciones familiares, compensación por gemelos, maternidad y paternidad, gastos funerarios, pensión para víctimas de delitos violentos, pensión para presos políticos y exiliados, subsidio para lentes y prótesis, y 15 otros rubros que nada tienen que ver con la debida prestación que se debe a quienes hicieron su aporte durante toda su vida laboral, tanto empleados como empleadores. Más que un sistema intergeneracional, se podría calificar como sistema intrageneracional. 

 

Como esas prestaciones contribuyen a desfinanciar seriamente el sistema, se fueron destinando parte de algunos impuestos, como el IVA, (o en otros casos se aplicaron gravámenes directos al haber jubilatorio), a la financiación del BPS, (no del sistema previsional, que es otra cosa) y lo que falta es también compensado desde rentas generales. Eso aumenta fuertemente el dramatismo del impacto sobre el PBI del rubro. Si todas esas prestaciones – cuya oportunidad o razonabilidad no se discuten en esta nota – se consideraran por aparte en un rubro “subsidios varios” como un gasto cualquiera del estado, no sólo se estaría más de acuerdo a la realidad de la erogación, sino que no se estaría dañando al jubilado como ocurre ahora. Esto es porque cuando se analiza el costo del sistema de retiros, se le imputa la totalidad de la compensación estatal, con lo que se llega al déficit del 10 u 11% del PIB. Si se compara en cambio el monto de la recaudación de aportes contra los pagos de jubilaciones relacionadas, el déficit cae drásticamente, lo que no quiere decir que no deba corregirse el esquema jubilatorio, pero no en la magnitud y con la urgencia que se está pidiendo. Además, una reforma sin tomar en cuenta semejante abuso de imputación, hace pagar a los jubilados parte del costo de los subsidios de toda laya, y al mismo tiempo encarece el costo impositivo futuro de la sociedad en general. La violenta y súbita influencia de los subsidios pandémicos, distorsiona aún más la evaluación superficial que se hace del tema, y lleva el gasto escondido detrás del rubro jubilación a cifras espectaculares, pero que nada tienen que ver con el costo del sistema de retiros. El FMI y las calificadoras deberían fijar su mirada en otras economías, en lo posible con mejor análisis. Una tarea previa ineludible, aunque parezca superficial a primera vista, es cambiar la imputación presupuestaria que mezcla el sistema jubilatorio con gastos discrecionales del estado, para evitar erróneas percepciones y permitir comparaciones y juicios válidos. No tiene nada que ver la reparación para exilados, el salario familiar o la prima por edad con el derecho a la jubilación de un aportante. 

 

Los aspectos políticos del empecinado compromiso presidencial son de amplio espectro. Cualquier cambio en el régimen jubilatorio requeriría un consenso pleno, incluida la oposición, o en su defecto algún mecanismo que plebiscite las reformas y las mantenga por varios años. También una propuesta que ampliase los límites del comprensible purismo de los expertos. Una ley modificatoria con la descontada, previsible, falaz y deliberada oposición del Pit-Cnt-FA es no sólo regalar un estandarte de lucha y acaso las chances de triunfo en 2024 para la Coalición, sino abrir la puerta a un nuevo referéndum, a una inmediata modificación o derogación si triunfase el frenteamplismo en las próximas elecciones y a un nuevo acto de populismo vía nuevos impuestos y en contra de las AFAP, lo que agravará el desempleo y confirmará la tendencia del trotskismo sindical de defender nominalmente a los trabajadores, pero en el fondo proponer siempre gastos y mecanismos ahuyentadores del empleo. 

 

Es probable que el presidente crea que está emprendiendo un acto heroico y de estadista, en favor de toda la sociedad.  Ello será así si usa su liderazgo para que todo el arco político vote una reforma planificada y que se vaya ejecutando durante varios años. Pero si eso no se logra, si se impone una ley con simple mayoría simple, derogable o modificable fácilmente, cualquier cambio será provisorio, de corta duración, controvertido, poco efectivo, no creíble ni confiable y se convertirá en una herramienta barata en manos del Frente que tendrá otra bandera popular y ganadora para agitar. Y en vez de ser un acto heroico puede ser un acto de suicidio político para el presidente, para su partido y para la Coalición. 

Publicado en El Observador 09/05/2022

Sin inversión ni empleo, pero con democracia de masas 

 

No es cierto que las propuestas opositoras no provocarán la deserción de la inversión y el empleo. Al igual que cualquier reforma constitucional con que se sueñe 

Quienes aún creían que un eventual triunfo en las elecciones de 2024 del Pit-Cnt-FA no implicaría un cambio importante para el país, deben haber sufrido una sorpresa con la coordinada acción del sindicalismo trotskista – líder ideológico del frenteamplismo - que reiteró en detalle la semana pasada su plan de ataque impositivo contra las empresas y los ahorros, para financiar con su supuesta recaudación básicamente el aumento salarial de los empleados del estado y otros actos de generosidad burocrática y estatista.

 

Desde hace tiempo que la izquierda fomenta y complace el resentimiento contenido en este tipo de gravámenes que, en los papeles, redistribuirán la riqueza, que para el neomarxismo y los convencidos de su prédica es la culpable de toda pobreza. Ahora agrega el concepto de que el tipo de impuestos que está proponiendo, a las ganancias inesperadas, o altas, y a los ahorros en el exterior, (que ya pagaron impuestos o que pertenecen a residentes que los generaron cuando no tenían vinculación alguna con el país) no influirán en las decisiones de inversión de las personas y empresas. Un invento dialéctico que olvida que sus planteos han sido sistemáticamente demolidos por la evidencia empírica, empezando por Argentina, cuyo fatídico kirchnerismo implementó idéntico tipo de impuestos y medidas, con las consecuencias de la virtual desaparición de la inversión y el empleo, si no de la nación misma. 

 

Como ya se ha dicho en este espacio, localmente se prefiere creer que esa pérdida de inversión y confianza interna y externa en el vecino se debe a la patología de la señora de Kirchner, no a las medidas por ella inducidas. La inversión no huye de la Argentina por la patología de su vice, sino por las medidas que ella inspiró e inspira. Sin su ataque impositivo, laboral y de gastos descarados al sistema, la situación sería opuesta a la de ahora. La patología de la mandataria de la otra orilla de la que huyen los emigrantes y los inversores es ideológica y económica, no médica. El aumento de impuestos a las empresas que propugna la oposición oriental es también otra forma de aplicar retenciones al agro, complemento ideal del que Argentina ha sido pionera para autodestruirse. Ahora en Uruguay, que supone ser distinto, se propone exactamente lo mismo como solución. 

 

La idea es mucho más amplia. Cuando se debate el tema con algunos númenes de la izquierda extrema, (apodo que se aplica a toda la izquierda, que tarde o temprano se vuelve extrema, como una forma de doblar la apuesta a su fracaso) se advierte que con este tipo de impuestos se está tratando de hacer creer al resto de los factores económicos que ellos no sufrirán otra carga impositiva, sino que sólo afectará a los ricos. Doble falacia. Primero porque este argumento se ha aplicado infinidad de veces con el mismo resultado negativo, porque la acción humana termina arrastrando a toda la economía a padecer la presión fiscal que se sueña será sólo sectorial y luego porque la suma algebraica de los desestímulos fiscales y gastos crecientes hace que los impuestos siempre se generalicen y además suban sin límite y sin pausa. 

 

El proyecto de aumentar los sueldos y ventajas adicionales, en especial a los empleados del estado, mediante nuevas y crecientes exacciones, es simplemente suicida, aunque suene popular y justo.  Y es explosivo si se piensa que no hay derecho a presupuestar el presente valor de las commodities como algo permanente. También es probadamente absurdo decidir a puro voluntarismo o reclamo aumentos o rigideces salariales en una economía que requiere crecer, sin haber logrado previamente ese crecimiento ni por asomo.  Eso vale tanto para el Trabajo como para el Capital: Amazon tuvo pérdidas durante 14 años antes de ser el icono actual. El trabajo será mejor pagado si la economía es exitosa, eficiente y productiva. De lo contrario, el efecto será inverso al buscado. No se trata de una opinión – debe aclararse – es una realidad probada hasta el cansancio. Por ese rumbo elegidos, bajarán la inversión y el empleo privado. 

 

Pero este proyecto no es simplemente una cuestión ideológica, ni siquiera es una defensa equivocada de los trabajadores. Muchos sectores del Frente confiesan basar toda su campaña electoral futura sobre estas promesas, que son evidentemente facilitas y populistas, al ser imposible de cumplir, y si se tratase de cumplirlas el efecto sería peor. La combinación de convencer a muchos sectores empresarios y productores de que no se los seguirá apretando con gravámenes que se aplicarán en cambio a alguna víctima propiciatoria y simultáneamente prometer “defender al trabajo y al trabajador y aumentar sus salarios” es un argumento electoral muy fuerte, sobre todo cuando el sistema se cree distinto y no sujeto a los mismos cartabones económicos que el resto de la humanidad. 

 

Algunos especialistas y profesionales con los que la columna ha discutido estos temas sostienen que, en la práctica, debe tenerse en cuenta que en el pasado el FA ha sido prudente con la aplicación de impuestos, cosa que no parece ser compartida por todos los sectores. También advierten que se requieren mayorías especiales para las cuestiones impositivas, y que cualquier nuevo gravamen debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo, como si eso constituyese un freno, ahora que la oposición ha perdido a sus líderes tradicionales y prudentes y se concentra en su adhesión al populismo y a su relato empecinado, como si imitasen a la señora de Kirchner y sus amanuenses. 

 

La presencia de una posible tercera fuerza, como imagina Un solo Uruguay, puede alterar para mal las mayorías en el Parlamento, inclusive las mayorías agravadas, al igual que las inevitables grietas que se evidenciaron y se evidenciarán más aún en la Coalición multicolor. Un tercer partido, le guste o no a sus promotores, resultará electoralmente funcional a la oposición, contraproducente para sus fines y un camino a la intrascendencia. Un tema no menor para decidir inversiones y radicaciones, es decir, oferta laboral, si a alguien le importara ese logro. 

 

Más grave todavía es la estrategia que ha surgido desde la intelectualidad del Pit-Cnt-FA, que a la luz de sus charlas internas parece ya confirmada: la línea de proponer un plebiscito que se votaría conjuntamente a la elección presidencial, que gatille el procedimiento de reforma constitucional. Eso sólo requiere el 10% de votos afirmativos, y robustece ideológicamente y también legislativamente la fuerte promesa de bienestar, redistribución de riqueza y felicidad que la oposición prometerá. Además de permitirle empezar la campaña electoral con varios meses de ventaja sobre su rival. Al aprobarse ese proyecto, que implica presentar una propuesta concreta de modificaciones en la Constitución, pasa a ser obligatorio convocar a otro plebiscito que decida la reforma, que sólo requiere para su sanción la mayoría absoluta de los votos, es decir la mitad más uno. 

 

No es demasiado complejo colegir que, de obtener los votos necesarios – algo no demasiado imposible si se observan los resultados del referéndum reciente - se puede cambiar el régimen de mayorías, garantizar nuevos e infinitos derechos, abrir la puerta para eternos e incansables impuestos, limitar la propiedad aún más y la libertad si hiciera falta, solamente con la decisión de la mitad más uno, como decía la columna en su entrega anterior, y hasta anular, por la obligación legal de adecuación, las disposiciones de la LUC que resulten molestas para el sindicalismo. (La Constitución de Uruguay es más fácil de modificar que varias de sus vecinos) No muy diferente de lo que ha ocurrido con Cuba, Chile, Venezuela y otros adherentes destacados del Puebla Club, o están en proceso de ocurrir, como la reiterada propuesta de Cristina en Argentina, o de Perú, o mañana la de Brasil. La mitad más uno imponiéndose sobre la mitad menos uno. Casi una dictadura democrática. 

 

 

Tambiénn la presente Constitución y la legislación vigente hacen que no sea fácil implementar cambios a lo hecho durante sus mandatos por el Frente Amplio, sin considerar aun la resistencia activa del Pit-Cnt y sus socios, que se empieza a ver y sufrir a diario. Es entonces posible imaginar el impacto que estas avalanchas de declaraciones, pedidos, reclamos y propuestas del neomarxismo opositor tendrán sobre la inversión, las radicaciones individuales y empresarias y el empleo. Más allá de que los exégetas del pensamiento del materialismo dialéctico hayan decretado que no tendrán ningún efecto. 

 

Esta columna considera su deber desnudar estos planes y posibilidades, como una manera de advertir a quienes las proponen del daño que ocasiona al país el simple enunciado de estas cartas a Papá Noel de promesas fáciles que nunca podrán ser cumplidas más allá de un breve lapso, antes de que se noten sus efectos deletéreos irreversibles. Lo último que se debe hacer es seguir gravando cualquier manifestación del capital que se encuentre en la pecera y mantener una rigidez laboral, que incluye el aumento salarial sin mejora de la productividad, políticas que conducirán al mismo o similar final de todos los que han intentado aplicarla en el pasado. Miren hacia el Norte si me pasa algo – supo decir Cristina. Miren hacia el Oeste si quieren ver adónde lleva ese voluntarismo – cabría decir ahora. 

 

Las políticas que propugna el Pit-Cnt-FA y que serán la base de su campaña, producirán los mismos resultados empobrecedores que se ven en Argentina y en otros países que quieren o quisieron apoyar su crecimiento y bienestar en esos dos pilares: nuevos o más impuestos y rigidez laboral. No es una opinión. Es la evidencia empírica. Sigue valiendo. Para Uruguay también.