Publicado en El Observador 23/03/2021

Bailando por un Puerto

 

El negocio y la actividad portuaria se llenarán de luces, pero no serán fuegos de artificio, sino estallidos de conflictos postergados y negados

 

El tema portuario estallará en el Mercosur, en la región y en Uruguay, y en varios focos. Lo que era una discusión sorda y latente, primero por la pobre actividad del comercio regional e internacional y luego por la pandemia, cobrará vigencia por decisiones políticas y el empecinamiento gremial en querer conservar condiciones laborales que, más allá de los merecimientos y conquistas sociales, son insostenibles en el mundo real. 

 

La extensión de la concesión a la terminal TCP nubla el hecho de que la operación en esa área languidecía entre la intrascendencia y los pobres resultados, esencialmente provocados por la falta de competitividad ante otros jugadores, y por el también lánguido modelo impo-exportador de la región y especialmente propios. 

 

El formato de la extraña y luenga renovación es per se discutible en varios frentes, y seguramente seguirá siéndolo, como se anticipó en la nota del martes pasado. El nuevo agregado argumental de que una de las razones para proceder como se procedió es el conflicto con Argentina no sólo será refutado, sino que echará biocombustible al fuego. El cambio de funcionarios del país vecino y su nuevo embate kirchnerista, fue posterior a la negociación con Katoen Natie, si bien hace años que está latente el conflicto por la profundidad de dragado, las normas y los subsidios, donde Uruguay y Argentina se espetan mutuos incumplimientos y abusos. 

 

Como del otro lado está Cristina Kirchner, enemiga oriental por vocación y por genes peronistas, no es difícil prever que en vez de renegociar los tratados y acordar un mecanismo común, se terminará en un caos litigioso donde la razón y el derecho no jugarán papel alguno. Lo último que se necesita en la futura etapa donde el comercio será la única oportunidad. 

 

Todo indica que ese conflicto pondrá presión y puede llegar a arrasar con los acuerdos y concesiones locales, incluida la reciente y discutida prórroga. Y más porque una atadura por 50 años en una actividad volátil e impredecible es un riesgo adicional y una disputa permanente en potencia.    No se debe omitir que la actividad portuaria oriental viene perdiendo peligrosamente terreno en el comercio regional, aún frente a Argentina, con la que rivaliza en altos costos operativos para ver quién es peor. 

 

A esto hay que sumar un componente explosivo. La concesión de la Hidrovía, que Argentina hace rato viene pateando para adelante con improvisaciones y parches, que no tiene ninguna chance de tener un final feliz, salvo otra negociación rarísima como las que se acostumbran en la región, que no garantizará ninguna solución duradera ni seria. Sólo que semejante obstáculo venidero e inevitable es un seguro de caos, que repercutirá política y económicamente en las relaciones bilaterales, del peor modo. 

 

Un gobierno nacional que intenta ser racional en el gasto y los subsidios es para los proteccionistas otro problema, ya que no será fácil recurrir a la benevolencia del estado para compensar los costos excesivos. O al menos eso es lo esperable. La fuerte presión de los sindicatos que han decidido que tienen derecho a conservar sus condiciones de contratación y de trabajo más allá de lo que ocurra en el resto del mundo, es muy fácil de complacer cuando el estado, la sociedad, los impuestos o las confiscaciones se hacen cargo de la diferencia, pero mucho más complicado de lograr cuando esa opción no está disponible -felizmente, agréguese. Por otra parte, la disputa contra cualquier subsidio será terrible entre los países involucrados. 

 

Para resumirlo, el sistema portuario uruguayo no tendrá más remedio que competir con la región, suponiendo que se pueda pasar el obstáculo del enemigo kirchnerista, que casualmente comparte su primera letra con el concepto del kamikaze. Y aquí se plantea una falsa dualidad. Las empresas privadas, si quieren sobrevivir, deberán bajar sus costos y aumentar su volumen, casi una sinonimia. Y Uruguay deberá hacer lo mismo tanto si quiere tener costos competitivos para su comercio internacional como si quiere explotar su condición geográfica privilegiada como simple negocio logístico. 

 

Para la empresa privada, el camino es sólo uno. Reemplazar al extremo la mano de obra con tecnología y equipamiento, hasta encontrar un volumen operativo que le permita subsistir. Y el país no tiene una opción muy distinta, salvo la de bajar impuestos que alguien tendrá que pagar, con toda injusticia. Por eso los gremios ya han anticipado su lucha frontal contra el acuerdo con la empresa belga, porque más allá de todas las críticas a la negociación contractual, los amenaza con perder puestos de trabajo al mejorar en los papeles la tecnificación. La relación costo laboral vs. empleo es inexorable. Por eso los gremios necesitan al estado para que se haga cargo de la diferencia y la oculte en la maraña de gastos que paga la sociedad y así pase desapercibido el daño que se ocasiona a todos: “empleo estatal”.

 

Es otro foco conflictivo que inexorablemente estallará y que complica notablemente el vital comercio exterior. Un análisis postergado, un ocultar la cabeza en un agujero que campea sobre la economía oriental desde hace dos décadas al menos. El alto costo laboral y las rigideces contractuales conspiran contra el volumen. O sea, contra la exportación y el crecimiento. Las conquistas sociales se negocian y defienden después de eso, no antes. Eso es más notorio en el caso de los puertos. Por eso pocas actividades laborales son más libres que las portuarias, al menos en el mundo del progreso y el bienestar. 

 

Se gesta una tormenta perfecta. Buen momento para templar convicciones y calibrar el rumbo. No por remanido es menos cierto que quien no sabe adónde va, nunca encuentra buen puerto. 

Publicado en El Observador, 16/03/2021

Para llegar a buen puerto

 

El acuerdo con Katoen Natie tras un tanteo inocente y banal de partida de truco es un error político insostenible que debe ser enmendado y expuesto claramente

 

La columna advierte sobre su total incompetencia para analizar el manejo y la operación portuarias, junto a otra vasta cantidad de temas, por lo que no intentará opinar sobre ellos.  En cambio, reclama el título de experta en corrupción, para lo que exhibe sus pergaminos obtenidos en Argentina a su propio altísimo costo fiscal, y declama su propósito de aportar esos conocimientos sobre tan triste especialidad para que Uruguay no copie ninguna de las prácticas que son las responsables exclusivas de la decadencia y caída del vecino y querido país. Varias de esas prácticas se acumulan en el reciente acuerdo con la belga Kaoten Natie por la prórroga del contrato en la terminal TCP.

 

Habrá que comenzar por ponerse de acuerdo en una perogrullada: una concesión o prórroga de concesión o contrato de operación de cualquier tipo o formato otorgada por el estado, debe hacerse por medio de una licitación formal y pública. Si ello no está estipulado, o no está suficientemente claro, debería estarlo. El plazo, las condiciones, las contraprestaciones, es otro tema para otra discusión. 

 

Argentina ofrece aquí un brillante ejemplo: las privatizaciones realizadas por el presidente Menem a principios de los años 90 fueron realizadas mediante licitaciones públicas. Pero a su vencimiento, fueron todas renovadas mediante negociaciones privadas mano a mano con los interesados, por gobiernos diversos. El resultado fue que al renovarse se transformaron en monopolios, y todas terminaron con litigios o arreglos de litigios sospechados, sospechosos y ruinosos para el país. 

 

El CIADI tiene hoy casi un departamento dedicado a los juicios contra Argentina, originados en esos arreglos y en especial en el accionar de gobiernos posteriores que ejercieron su pragmatismo adjudicatorio y terminaron pagando varias veces lo que valían las empresas en cuestión. El caso YPF-Repsol, de triste fama y que terminará costando a Argentina innecesariamente el equivalente a 20% de un PIB uruguayo, es el resultado lineal de esas prácticas de negociaciones directas. - Uruguay es distinto. - Dicen los que aún no han podido explicar el agujero de ANCAP. Habrá que creerles. Pero por las dudas no copiar los métodos. 

 

Otra perogrullada sobre la que se debería acordar: las amenazas de juicios no son un precedente jurídico sobre el que basar una excepción presupuestaria o de procedimiento. (Esto también vale para una partida de truco) mucho menos la aceptación de un fallo en contra de antemano y peor, tomar una decisión que supone saber y aceptar el monto de la sentencia de un litigio que ni empezó. Además, hay mecanismos técnicos legales por los que se puede llegar al mismo resultado. (Por ejemplo, cuando se estipula que los participantes en una licitación renuncian a cualquier reclamo previo que tengan contra el estado, cláusula que se puede leer en tantos pliegos)

 

Argentina ofrece en su infinito catálogo de trucos indios corruptos otro ejemplo: el famoso Caso de los cuadernos, un extenso censo de los empresarios argentinos que se enriquecieron corrompiendo al estado. Haciendo negocios contra el estado, no con el estado. Todos los confesos que ahí figuran, sin excepción, (algunos mimados orientales también) han usado profusa y preferentemente la práctica de hacer juicios contra el país para obtener ganancias superiores al valor de sus propios contratos, o amenazar con dichos juicios o canjearlos por prórrogas. Muchos, por décadas, usaron el recurso de ganar licitaciones a pérdida, para luego lograr que la burocracia, en su infinita bondad, cometiera alguna torpeza, deliberada o no, para justificar un juicio que el estado argentino se especializó en perder, a veces dejando caer los plazos, injustificable en una administración que tiene miles de abogados dedicados solamente a esa tarea. 

Seguramente Uruguay es distinto. Pero por aquello de la mujer del César, bien vale acordar que no se pueden negociar privadamente los juicios contra el país. 

 

Y se puede ampliar. Un acuerdo privado del estado (inviable hasta idiomáticamente) impide conocer quiénes fueron los responsables de firmar un contrato débil y quiénes lo incumplieron, y sancionarlos política o penalmente) Si no está prohibido, debería estarlo y ser nulo de toda nulidad. Volviendo a las bases, Néstor Kirchner y varios de sus gobernadores cancelaron de prepo varias concesiones, (¿adrede?) que fueron directamente al CIADI y que costaron mucho más caro que su cancelación contractual legal. 

 

Si hicieran falta similitudes, vale la pena analizar la discusión en la legislatura de Chubut sobre la prórroga sin licitación alguna que el gobernador Das Neves y Néstor Kirchner otorgaron al petrolero Bulgheroni sobre su concesión vigente para la explotación de gas y petróleo de Cerro Largo, por 40 años. Sorprenderán los parecidos en la argumentación oficial, al igual que su superficialidad y pobreza. 

 

El otro argumento que se esgrime, que arguye que no es posible llamar a una licitación cuando la concesión aún no ha vencido, carece de seriedad y es insostenible, cuando se está prorrogando la misma antes de vencer y aceptando la coerción o chantaje de la contraparte, criterios que tampoco deben figurar en los procedimientos.

 

Y para volver a la metodología comprensible de un partido de truco, cabe una pregunta que ya se ha insinuado en estas páginas y que produce un escalofrío: ¿cuál será la actitud cuando también Montecon amenace con un juicio? 

 

El gobierno de la Coalición tiene un desafío de fondo. Mostrar que el resultado electoral no versa tan solo sobre quién conduce el estado. Sino sobre el estilo y los procedimientos que se usan en la tarea. Tal vez ese resulte su gran legado. Es importante recordárselo. 

Publicada en El Observador  09/03/2021

La tentación de la carne

 

El nuevo negocio de Gates con sus gusanos proteicos enfrenta a Uruguay a un 

competidor desleal, con muchos recursos para repartir. Pero no es invencible 

ni infalible

 

 

Una cierta resignación que se advierte en los sectores más destacados del pensamiento oriental ante el ataque a la ganadería obliga a volver sobre temas ya tratados aquí. Habrá que insistir con la tozudez de Voltaire, aunque no con su sapiencia, lamentablemente. 

 

Para abordar el tema es fundamental comprender que a la principal actividad uruguaya le ha surgido un competidor formidable, como bien se sostiene. Un competidor que se llama Bill Gates, nada menos. Pero para completar la definición, se debe usar un aditamento: un competidor desleal. 

 

Cabe aclarar que si los consumidores, y aún los gobiernos de ciertos países, deciden alimentarse del modo que les de la gana o comer o beber lo que les parezca, tal decisión no es más que el ejercicio de sus libertades. Comercialmente cabe buscar la manera de convencerlos de lo contrario apelando a las diferentes opciones de que se disponen en ese terreno, acciones de comercio y política internacional cuando corresponda.  

 

No es ese el caso. Gates intenta transformar a la carne en enemiga de la humanidad, borrarla por decreto de toda ingesta voluntaria u optativa y eliminarla de todas las dietas y las canastas alimentarias, como si fuera veneno. El argumento que usa es el cambio climático, que – con argumentos todavía en discusión - se produciría por el calentamiento global, más precisamente por la acumulación excesiva de CO₂. Acostumbrado a posiciones de dominancia en sus negocios, que le aseguraron siempre el control del mercado y el dominio sobre el sistema y sobre sus clientes, no busca competir con la carne, sino tomar todo ese mercado y reemplazarlo por productos de su propia elaboración mediante el ucase de las organizaciones internacionales y/o la presión sobre los gobiernos de cada país.

 

Debe tenerse presente que el dueño de Microsoft (o su fundación, da lo mismo) es hoy el principal inversor de Beyond Meat, que cotiza en Wall Street con el nic BYND, que ha septuplicado su valor y crecerá más aún, según los pronósticos. Esa empresa se dedica a fabricar la falsa carne producida mediante la cría de moscas que digieren gusanos y los transforman en una pasta proteica que supuestamente alimentará a toda la humanidad y, sobre todo, reemplazará a la carne bovina, caprina y ovina, culpables, según las organizaciones internacionales financiadas por Gates, del 9% de la emisión de CO₂,culpable a su vez del fin del mundo que será causado por el calentamiento global a más tardar en 2050.

 

Ante este panorama las reacciones locales parecen dividirse en dos líneas: una es resignarse a que tarde o temprano los grandes países dejarán de comprar carne y alimentarán a su población con ese suplemento proteico (no muy diferente a comer gatos, perros, ratas, murciélagos y otros animalitos que hasta hace un minuto repugnaban a la civilización). La otra línea es la convicción de que, actuando individualmente, Uruguay podrá diferenciarse del resto de los productores mundiales y convencer a la humanidad de que las vacas uruguayas son impolutas y no cambiarán el clima debido a la bondad de su crianza. 

 

En la percepción de esta columna, ambos conceptos tienen una cuota de inocencia y también de omisión del comportamiento de los mercados globales. El tipo de campaña financiada por Gates no hará distinción en el origen de la carne, que será escarnecida, valga el juego de palabras. Y el precio será un factor determinante para la decisión de muchos países. De modo que más que salir a convencer en soledad al mundo de las bondades de las vacas no gaseadoras uruguayas, habrá que pensar en nuevas propuestas que abaraten y/o enriquezcan el producto final y ofrezcan opciones cárneas al puré de gusanos. 

 

La alianza con otros países productores de carnes es fundamental. Hacen falta recursos costosos y de alta sofisticación comunicacional y política para librar esta guerra finalmente comercial, aunque aparente ser una hemorragia de altruismo. La OPEC es un ejemplo que molesta cuando se es consumidor, pero sirve cuando se es productor.

 

Por eso es plausible la actitud del Senador Da Silva, que forzó a retirar un tuit del ministerio del ramo hablando de “carne sintética”, que marca la primera lucha a librar en la OMC, que es lograr la prohibición del uso de la palabra carne con cualquier aditamento para designar al suplemento proteico que produce BYND. Simétrico a la prohibición de usar el término “champagne” o “gruyere” que sufren entre otros los productores uruguayos, a quienes se les prohíbe usarlos, pese a que se producen del mismo modo que en sus países de origen. 

 

La lucha no es sencilla. La fundación de Gates  es la principal aportante a la OMS, por encima de la propia Alemania. La FAO, la FIDA, el PMA y el foro EAT, que convocan ahora mediante la ONU a la Cumbre de sistemas alimentarios, son financiadas por la fundación del billonario, y la ONU ha designado a la doctora Agnes Kalibata para que dirija la crucial cumbre. La Doctora Kalibata preside el programa AGRA de Bill, que fracasó y se estrelló con la Revolución Verde en África, donde produjo una parva de tragedias con sus planes agrícolas fantasiosos, mas denuncias por estafas y corrupción. 

 

“No hay que enojarse con Bill, hace su negocio” – Dice el pensamiento especializado. Tampoco hay que resignarse, ni jugar en soledad - dice la columna. Habrá que empezar por designar un equipo específico a cargo de defender este mercado crucial. Pero que entienda cómo funciona el mundo del comercio y la competencia internacional. El riesgo es terminar en el estereotipo caribeño, vendiendo a precio de regalo el aceite de copra. 

 

Y habrá que rogar que Bill no descubra que los seres humanos también expelen CO_2.

 

La hipocresía sindical de la educación

 

Quienes debieran defender la tarea formativa de los niños y jóvenes son quienes se ocupan de sabotearla

 

No debe haber país en el mundo que no destaque la importancia de la educación como elemento diferencial primordial para que su población tenga oportunidades de inserción económica y de desarrollo personal y espiritual en una sociedad global que está entrando en una espiral rabiosa e impredecible de cambio. Tampoco hay voces que se opongan a tal criterio, en ningún país y con ningún formato de gobierno. Los derechos universales del niño y los jóvenes consagran ese principio in límine y junto al respeto por la vida y la libertad; la formación escolar completa el tridente básico de los derechos humanos reconocidos universalmente. Hasta sería posible sostener que sin una educación integral sólida no hay ni vida digna ni libertad. Y tampoco futuro ni económico ni de cualquier tipo para las naciones. Ni democracia, cabe agregar. La educación es el verdadero cuarto poder. 

 

Hasta que entran en escena los gremios docentes. Algo que ocurre donde y cuando se les permite creer que están en condiciones de determinar los currículums, el modo en que se imparten las asignaturas, o en que no se imparten, alterar o anular los contenidos e inventar las distorsiones que se enseñan en cada aula, y donde imponen desde su posición dominante ante el alumno su ideología, que curiosamente es casi siempre trotskista o de izquierda extrema, no importa si se trata de Estados Unidos, Argentina o Uruguay. Especial mención merecería la idea de no calificar ni encuestar, la negación misma del mérito y el estímulo. 

 

Esos gremios se adueñan de la potestad de diseñar las políticas, los contenidos, los objetivos, los modos y las técnicas. Hasta de la potestad de adoctrinar y aun de deseducar, supuesto básico del gramscismo, evolución corregida del estalinismo que necesitó y necesita de masas torpes y sin pensamiento que cumplan consignas y nunca analicen lo que se les impone en defensa de quién sabe qué soberanía, de quién sabe qué patria, en la lucha contra quién sabe qué enemigo. 

 

En esa línea, hablan de esencialidad cuando se trata de reclamar remuneraciones y aumentos de presupuesto que nunca serán suficientes porque también se encargan de saturar el sistema de ineficiencias y ausencias, pero rechazan esa misma esencialidad cuando se les exige que cumplan su tarea y que no transformen el derecho a defender sus supuestas conquistas en el derecho a tomar de rehenes a los alumnos y su formación. 

 

Pese a todas las declamaciones, y a los esfuerzos reales y actuados que se han hecho, la educación pública oriental – otrora un orgullo nacional - se ha deteriorado notoriamente en los últimos años. La pandemia agudizó no solamente esa deseducación sino también la desigualdad con quienes pueden recibir una educación privada. Los que vocean coeficientes de Gini siempre inútiles para hacer comparaciones cuando se trata de datos económicos, no parecen preocuparse de esa inequidad de fondo que muchas veces ellos mismos colaboran a crear. Al contrario. La única respuesta del sindicalismo a este planteo ha sido tratar de captar de prepo a los docentes privados para meterlos bajo su dominio y así sabotear también la educación privada. Nada nuevo en quienes propugnan manotear el patrimonio de los que tienen más para regalárselo a los que tienen menos, una solución cortoplacista y fracasada. La única igualdad sostenible y solidaria en la educación, primero, pero también en cualquier otro aspecto de la sociedad, es hacia arriba. 

 

El mérito, el esfuerzo previo, la disciplina, la seriedad, el ahorro, el compromiso, la vocación, el trabajo y el estudio son las herramientas de la igualdad. La capacidad de autoportarse, la confianza en las propias fuerzas, la libertad, la solidaridad bien entendida, la grandeza de espíritu, la conducta, la honestidad y la ética son los valores esenciales para trasmitir, no la defensa de supuestas conquistas que pagan los demás con ignorancia y espíritu mendicante y sumiso. 

 

No es posible omitir que estos gremios son los que se oponen sistemáticamente a la formación universitaria de los docentes, un elemento que cumple la doble función de jerarquizar en serio la tarea de los maestros y profesores, y de encarar la dificilísima, casi imposible doble misión de lograr inclusión con excelencia. También a la idea de remunerar mejor a los maestros que se especialicen en ayudar a superar las desigualdades, una condena fatal a los postergados y menos favorecidos. 

 

Cuando se habla del éxito socioeconómico de muchos países emergentes que salieron de la pobreza y la desigualdad, se suele omitir el impulso que esos exitosos han dado a la educación, sin concesión alguna y sin excepción. Como se sabe, las evidencias se niegan siempre que entra la ideología en escena. 

 

Ayer era un día de gran trascendencia para los orientales. Porque se comenzaba formalmente el plan de vacunación, luego de un año durísimo, de miedo, incertidumbre, aislamiento y duras consecuencias de todo tipo. También porque los chicos empezaban a pleno su año escolar, símbolo de esperanza y oportunidades, y se comenzaba a transitar el camino de la recuperación de la desigualdad educativa adicional que volvió a restar oportunidades a los más pobres. 

 

En ese contexto, la decisión del paro nacional de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), más allá de los motivos y excusas, es un símbolo, un sabotaje, un escupitajo cruel y mezquino en la cara de la sociedad uruguaya, cualquiera fuera la ideología o la posición política de cada uno.