Publicado en El Observador 23/03/2021

Bailando por un Puerto

 

El negocio y la actividad portuaria se llenarán de luces, pero no serán fuegos de artificio, sino estallidos de conflictos postergados y negados

 

El tema portuario estallará en el Mercosur, en la región y en Uruguay, y en varios focos. Lo que era una discusión sorda y latente, primero por la pobre actividad del comercio regional e internacional y luego por la pandemia, cobrará vigencia por decisiones políticas y el empecinamiento gremial en querer conservar condiciones laborales que, más allá de los merecimientos y conquistas sociales, son insostenibles en el mundo real. 

 

La extensión de la concesión a la terminal TCP nubla el hecho de que la operación en esa área languidecía entre la intrascendencia y los pobres resultados, esencialmente provocados por la falta de competitividad ante otros jugadores, y por el también lánguido modelo impo-exportador de la región y especialmente propios. 

 

El formato de la extraña y luenga renovación es per se discutible en varios frentes, y seguramente seguirá siéndolo, como se anticipó en la nota del martes pasado. El nuevo agregado argumental de que una de las razones para proceder como se procedió es el conflicto con Argentina no sólo será refutado, sino que echará biocombustible al fuego. El cambio de funcionarios del país vecino y su nuevo embate kirchnerista, fue posterior a la negociación con Katoen Natie, si bien hace años que está latente el conflicto por la profundidad de dragado, las normas y los subsidios, donde Uruguay y Argentina se espetan mutuos incumplimientos y abusos. 

 

Como del otro lado está Cristina Kirchner, enemiga oriental por vocación y por genes peronistas, no es difícil prever que en vez de renegociar los tratados y acordar un mecanismo común, se terminará en un caos litigioso donde la razón y el derecho no jugarán papel alguno. Lo último que se necesita en la futura etapa donde el comercio será la única oportunidad. 

 

Todo indica que ese conflicto pondrá presión y puede llegar a arrasar con los acuerdos y concesiones locales, incluida la reciente y discutida prórroga. Y más porque una atadura por 50 años en una actividad volátil e impredecible es un riesgo adicional y una disputa permanente en potencia.    No se debe omitir que la actividad portuaria oriental viene perdiendo peligrosamente terreno en el comercio regional, aún frente a Argentina, con la que rivaliza en altos costos operativos para ver quién es peor. 

 

A esto hay que sumar un componente explosivo. La concesión de la Hidrovía, que Argentina hace rato viene pateando para adelante con improvisaciones y parches, que no tiene ninguna chance de tener un final feliz, salvo otra negociación rarísima como las que se acostumbran en la región, que no garantizará ninguna solución duradera ni seria. Sólo que semejante obstáculo venidero e inevitable es un seguro de caos, que repercutirá política y económicamente en las relaciones bilaterales, del peor modo. 

 

Un gobierno nacional que intenta ser racional en el gasto y los subsidios es para los proteccionistas otro problema, ya que no será fácil recurrir a la benevolencia del estado para compensar los costos excesivos. O al menos eso es lo esperable. La fuerte presión de los sindicatos que han decidido que tienen derecho a conservar sus condiciones de contratación y de trabajo más allá de lo que ocurra en el resto del mundo, es muy fácil de complacer cuando el estado, la sociedad, los impuestos o las confiscaciones se hacen cargo de la diferencia, pero mucho más complicado de lograr cuando esa opción no está disponible -felizmente, agréguese. Por otra parte, la disputa contra cualquier subsidio será terrible entre los países involucrados. 

 

Para resumirlo, el sistema portuario uruguayo no tendrá más remedio que competir con la región, suponiendo que se pueda pasar el obstáculo del enemigo kirchnerista, que casualmente comparte su primera letra con el concepto del kamikaze. Y aquí se plantea una falsa dualidad. Las empresas privadas, si quieren sobrevivir, deberán bajar sus costos y aumentar su volumen, casi una sinonimia. Y Uruguay deberá hacer lo mismo tanto si quiere tener costos competitivos para su comercio internacional como si quiere explotar su condición geográfica privilegiada como simple negocio logístico. 

 

Para la empresa privada, el camino es sólo uno. Reemplazar al extremo la mano de obra con tecnología y equipamiento, hasta encontrar un volumen operativo que le permita subsistir. Y el país no tiene una opción muy distinta, salvo la de bajar impuestos que alguien tendrá que pagar, con toda injusticia. Por eso los gremios ya han anticipado su lucha frontal contra el acuerdo con la empresa belga, porque más allá de todas las críticas a la negociación contractual, los amenaza con perder puestos de trabajo al mejorar en los papeles la tecnificación. La relación costo laboral vs. empleo es inexorable. Por eso los gremios necesitan al estado para que se haga cargo de la diferencia y la oculte en la maraña de gastos que paga la sociedad y así pase desapercibido el daño que se ocasiona a todos: “empleo estatal”.

 

Es otro foco conflictivo que inexorablemente estallará y que complica notablemente el vital comercio exterior. Un análisis postergado, un ocultar la cabeza en un agujero que campea sobre la economía oriental desde hace dos décadas al menos. El alto costo laboral y las rigideces contractuales conspiran contra el volumen. O sea, contra la exportación y el crecimiento. Las conquistas sociales se negocian y defienden después de eso, no antes. Eso es más notorio en el caso de los puertos. Por eso pocas actividades laborales son más libres que las portuarias, al menos en el mundo del progreso y el bienestar. 

 

Se gesta una tormenta perfecta. Buen momento para templar convicciones y calibrar el rumbo. No por remanido es menos cierto que quien no sabe adónde va, nunca encuentra buen puerto.