Un error histórico

 

La reforma jubilatoria, el arma mortal del Frente Amplio

 

 

El presidente Lacalle Pou, convencido de que está haciendo lo que más conviene a Uruguay, avanza con el proyecto de la reforma jubilatoria, uno de los mayores errores políticos imaginables, cuyo costo no sólo pagarán él y la Coalición multicolor, sino todo el país. 

 

No se discute la necesidad de un cambio profundo en el sistema de retiros, felizmente sobrepasado por el espectacular avance de la longevidad, que parece haberse convertido en un problema para el Estado, aunque sea una bendición para el ser humano, problema común a toda la humanidad. 

 

El sistema de solidaridad intergeneracional, o de reparto que se aplica localmente se ha tornado inviable, y tiene sentido la recomendación de varios entes y del FMI (muy exigente con Uruguay, no con otros casos) sobre reformarlo integralmente. También de alguna evaluadora particularmente urgida en la reforma desde la asunción del nuevo gobierno. Fitch, para no hacer nombres. 

 

El autor sostuvo y sostiene que el problema en el caso oriental es insoluble y se ha ocupado en desmenuzar minuciosamente el tema, por lo que no se insistirá en esos aspectos.  A modo de ejemplo: a la solidaridad intergeneracional se ha ido sumando a lo largo del tiempo la solidaridad intrageneracional: las remuneraciones mínimas, los subsidios a la vejez, al desempleo, hijos, enfermedad, y otras prestaciones que podrán tener una razón sensible, justa y lógica que no se disputan aquí, pero que se cargan al sistema, es decir, solidaridades que pagan los futuros jubilados, porque, aunque se compense el déficit con impuestos se imputan matemática y conceptualmente sobre la cabeza de quienes se retiran. Otros países con mayor generación de empleo y mayor capacidad económica están sufriendo problemas parecidos aún con edades de retiro mayores y con la posibilidad de crear grandes fondos que sirven para la autofinanciación. Por eso se está recurriendo a sistemas mixtos diversos, como en el caso de Suecia, cuyo sistema quebró en 1993, junto con ese país-emblema de bienestar estatal. Por culpa del bienestar estatal, justamente. 

 

Como era previsible, luego del cónclave de cerebros, el sistema que se propone localmente mantiene y aumenta esa solidaridad intrageneracional, pese a que sube las edades límite y baja la tasa de reemplazo, o sea el ingreso mensual, y recurre al ahorro complementario vía las AFAP. Aunque no se tratará aquí de analizar los mecanismos y las modificaciones. 

 

Luego de tanta prédica (y presión) sobre la necesidad casi patriótica de hacerlo, el presidente ha decidido avanzar a todo gas con la reforma, convencido de que, como estadista, debe privilegiar lo que conviene a la sociedad. El caso es que corre el riesgo no sólo de no alcanzar ese objetivo, sino de crear un punto clave de debilidad que será aprovechado por el FA-Pit-Cnt para llevarlo como bandera ganadora en las próximas elecciones, lo que no sólo está previsto y planificado por la hoy oposición, sino que le hará cosechar inmejorables resultados.

 

Los intentos por generar una política de estado – o política nacional como ama decir el presidente – han fracasado, como era fácil de prever. La oposición ha rechazado de plano la reforma. Eso significa no ya que la misma es eventualmente modificable en dos años o menos, lo que torna la reforma en automáticamente inútil con efecto inmediato, sino que preanuncia el futuro referéndum que propondrá y probablemente ganará la alianza opositora, para anular no sólo el régimen privado de las AFAP, sino para retroceder en muchos de los cambios previstos. 

 

Esta afirmación que parece aventurada, no lo es tanto si se tiene en cuenta que en el reciente caso de la LUC (que hasta muchos sectores izquierdistas consideraban alocada al comienzo) apenas se logró mantener la legislación con una mayoría menor al margen de error de una encuesta cualunque y en muchos casos se recurrió a interpretaciones arbitrarias y falaces de su articulado o en otros directamente a inventar medidas que no estaban en la ley, de por sí bastante suave en sus implicancias. 

 

Un referéndum para modificar aspectos clave de esta Ley de hoy sería bastante más factible y popular - acaso también más irresponsable – porque sobrarían argumentos sensibilizadores de los votantes, sobre todos los del otrora Frente Amplio, ahora dirigido por el sindicalismo trotskista. Buen material para empezar la campaña electoral un año y medio antes de lo permitido. (Truco indio que esta columna anticipó que se buscaría) Y para qué imaginar lo que ocurriría si ese referéndum tuviera el mismo margen, pero en el sentido opuesto al de la LUC. 

 

Pero las proyecciones no terminan ahí. La dirigencia del FA en su nueva franquicia está consustanciada, inspirada y guiada por los preceptos y los mandatos del grupo de Puebla, que en definitiva pasa por encima del concepto de nación, y hasta de racionalidad de las medidas, y por supuesto, por encima de la conveniencia de la sociedad oriental, y de cualquier otra sociedad. Su no descartable triunfo electoral en 2024 terminaría de sepultar las modificaciones jubilatorias y también la disciplina presupuestaria, porque el embate no se detendría ahí.  (No debe descartarse su eventual triunfo, al contrario, error en el que cayó Argentina en el efímero intervalo de Macri, cuyos partidarios insultaban a quienes les advertían de una posibilidad de regreso de otro socio del grupo de Puebla, el peronismo conducido por Cristina Fernández, para luego firmar con el sello de “No vuelven más”

 

El FA-Pit-Cnt quiere que la jubilación de los trabajadores aumente, que la edad de retiro no cambie, y que los costos sean soportados por el sector privado. El grupo de Puebla y sus controlados no sólo quieren eliminar toda relación entre el esfuerzo y el logro, entre los aportes y las remuneraciones, entre el ahorro y la ganancia, entre el mérito y el éxito, sino que son amantes y adoradores del impuesto, el objetivo central es la gran igualación que implica la pobreza generalizada, la confiscación de toda manifestación de capital, la destrucción del individuo independiente. Por eso privilegiará los impuestos personales para tapar los agujeros que sus propias políticas creen. 

 

Tras ganar las elecciones le tomaría un par de semanas organizar un nuevo ataque tanto sobre el sistema de retiro como sobre su financiamiento. Luego de volcar su generosidad infantil e irresponsable sobre la población, pagaría la cuenta deficitaria con dinero que extraería a los privados, una doble satisfacción. Efímera, por supuesto. Populista, por supuesto. ¡Pero qué importa, si de eso no se vuelve!

 

A nadie parece interesarle que la defensa del factor trabajo y de su plusvalía como elemento fundamental de la producción, que fuera el estandarte de Marx, también cae con ese accionar, porque ahora el trabajador pasa a ser un subsidiado, un residuo caro del sistema, al punto que se quita recursos al consumo y a la inversión para repartirlos entre ellos hasta que alcance y hasta que duren, a costa de la inversión.  Pero el grupo de Puebla y su inspiradora Doctrina Social no se fijan en esos detalles económicos. 

 

Los optimistas sostienen que hacen falta otras mayorías para cambiar el sistema impositivo. No sólo minimizan los infinitos recovecos y eufemismos que se pueden apreciar en el vecino kirchnerismo, sino que también minimizan el efecto del poder sobre los seres humanos y la perversión de las clases políticas de hoy. ¿Alguien se atreve a predecir lo que hará Cabildo Abierto a partir de 2025? ¿Alguien puede anticipar cómo votaría en una reforma de la reforma en un tema que le es tan sensible? ¿Y qué efectos tendría la conversión de Un Solo Uruguay en partido político, tal como amenaza ahora?  ¿No estaría dispuesta esta nueva fuerza a canjear prisioneros, o sea a sacrificar impositivamente a ciertos sectores para salvar a otros?  No hay demasiadas razones para pensar que esta reforma durará tal como está dos años o más. El sacrificio político y electoral puede ser demasiado grande, además de ofrecerle la garganta al adversario. Sin contrapartida, ni personal ni patriótica ni histórica.  

 

¿Debe entonces el gobierno, o el presidente, abstenerse de hacer cambio alguno? ¿Debe privarse de hacer un aporte fundamental a la sociedad? Más que una respuesta directa hay que insistir en que este cambio durará menos de dos años en vigencia. Y que no es un aporte a la sociedad si esa sociedad no lo entiende como un pilar inamovible. Los consensos se buscan antes. No después.  Y el Frente no quiere ningún consenso. Al contrario. Algunos le llaman grieta. A otros les molesta llamarla así, porque lastima su concepción juvenil de la armonía y la cordialidad política. Añoranzas.

 

Porque el presidente no se está jugando su futuro político ni el de su Coalición, únicamente. Ni siquiera se está jugando la suerte de su reforma histórica. Se está jugando la suerte de la mitad de la sociedad y por sus consecuencias, de toda ella, aunque pensarlo así suene molesto. 

 

Por supuesto, tiene el derecho, la decisión y la autoridad para decidirlo. Y hasta para equivocarse. Esta columna también. Ojalá.