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Por Dardo Gasparré - Especial para El Observador


El falso dilema entre democracia y seriedad económica

Confrontados con la imperiosa necesidad de tomar un camino de seriedad fiscal, apertura comercial, prudencia en el endeudamiento y otros principios de ortodoxia económica, los gobernantes, políticos y politólogos comprensivos suelen responder unánimemente: “Ese camino choca con la política, la voluntad de los ciudadanos, las decisiones democráticas y el mecanismo mismo de formación de leyes”.

Ese es, por ejemplo, el rumbo del gradualismo que ha elegido Mauricio Macri en Argentina, que, como es previsible, lo está llevando a ninguna parte, ya que detrás de ese eufemismo se esconde fatalmente la inacción, en un sistema estatista que está acostumbrado a neutralizar cualquier intento de achicarlo aunque sea en una mínima parte.

El estatismo uruguayo, sin que nadie lo haya amenazado aún con ningún intento de sobriedad, ya se está curando en sano, esgrimiendo entre otros un argumento que parece original. “El sistema oriental es distinto, las reglas democráticas hacen que la formación de leyes sea diferente y entonces la fría recomendación de los economistas debe ceder ante las decisiones y necesidades de la sociedad”.

Cabe comenzar a rebatir ese concepto con otra afirmación. El sistema de gobierno uruguayo no difiere demasiado del argentino, ni del americano, ni de muchos países semipresidencialistas. Por lo menos así surge de la lectura de las constituciones y sus códigos. Por supuesto que habrá diferencias inherentes a la idiosincrasia de cada sociedad, pero no a su sistema político. Esa idiosincrasia puede aumentar la corrupción, determinar el grado de debate o su intensidad, la tendencia a acordar, el tipo de acuerdos y el secreto interno. Pero no el concepto central.

Muchos analistas se empeñan en considerar características destacadas de la democracia a las condiciones especialísimas que plantea la presencia protagónica del Frente Amplio en su espectro político. Las reglas internas de debate y negociación de esa coalición, que en aras de su férrea unidad no respeta la proporción de los resultados electorales de cada fuerza, más la suerte de auditoría y presión casi paralizante que el Pit-Cnt ejerce sobre el gobierno y la sociedad, interna y externamente, son interpretadas como expresiones democráticas superlativas.

Por eso se alega que cualquier cambio hacia la ortodoxia económica se enfrentaría a obstáculos insalvables, en nombre de las demandas y los deseos de la sociedad. Se trata de una concepción muy particular de la democracia. La situación de Argentina también tiene condicionamientos heterodoxos al mandato de las urnas: los gobernadores le dictan a los legisladores las leyes que tienen que aprobar, y a su vez los legisladores no aprueban ninguna ley laboral sin acuerdo de la CGT. La única diferencia es que Argentina no ha encontrado un nombre adecuado para denominar esa gambeta a la democracia, en cambio Uruguay sí: le llama poliarquía.

En rigor, no es la democracia la que plantea una disyuntiva con la ortodoxia económica, sino la pura y simple especulación electoralista. Esa práctica de no hacer lo que se debe para no dañar el caudal de votos o de conceder dádivas para ganar el favor de los votantes, tiene un nombre universal. Se llama demagogia. En épocas más recientes, también se le denomina populismo.

Pese a que tantos países latinos tienen la tendencia a creer que las reglas de la lógica y la racionalidad no se le aplican por tratarse de una sociedad distinta y única (el famoso “Dios es...” –y aquí viene un espacio para que cada uno coloque el nombre de su patria–), eso no suele ser así. Lo había comprendido ya en 1835 un joven abogado francés, Alexis de Tocqueville, que tras ahondar brillantemente en la sociedad americana escribe su monumental obra La democracia en América, donde vaticina justamente que el nuevo sistema es apasionante y revolucionario, pero lleva inevitablemente a un escenario en que la masa demande concesiones irresponsables del gobernante, y que éste deba otorgárselas para conseguir su voto.

Por eso es que otros pensadores de la democracia insistieron en que, para el adecuado funcionamiento de ese sistema, era imprescindible la educación de la población. Tal educación impediría las demandas irracionales que lleven a esos mismos demandantes a la ruina y la miseria si se les concediesen u ofreciesen. Es evidente que esa parte de la teoría no ha merecido demasiado interés por parte de la política y la exégesis de varios países. Al contrario, como en un plan orquestado, han deseducado a los votantes, con lo que se preparó el camino justamente a esa estereotipada frase: “este país es distinto, aquí eso nunca se podría aplicar”.

Si se dan las condiciones de demagogia y populismo, todos los países y los pueblos se tornan iguales. No es cierto que haya una raza diferente capaz de hacer sacrificios en pos de un mejor futuro, mientras otras sólo se ocupan de su bienestar inmediato sin importarles el día siguiente. Si los políticos acostumbran a una parte de la sociedad a recibir permanentes prebendas, dádivas y subsidios, a la larga toda esa sociedad querrá lo mismo, y ese pueblo tenderá a la miseria o al estancamiento.

Entonces, los gobernantes pueden elegir entre ganar las próximas elecciones o ser estadistas. Los estadistas se esforzarán por encontrar los caminos -económicos, sociales, geopolíticos, que consideren beneficiosos para la sociedad. Y luego tratarán de persuadirla de que apoyen con su voto las medidas necesarias para lograr esos objetivos, que casi siempre, o siempre, implicarán un esfuerzo mayor que el que a la sociedad le gustaría. Tal vez ese debería ser el rol exclusivo de un presidente. Que no suele ser capaz de desempeñarlo.

La idea de querer repartir bondad y bienestar sin esfuerzo no sólo es irresponsable, sino que es una falacia. La historia dice que eso jamás es sustentable. Justamente el socialismo en todos sus disfraces, que defiende la supuesta justicia social de tal idea, termina arrogándose el papel de saber qué es lo mejor para cada individuo y de proveer a su felicidad, lo que no sólo conduce a la ruina, sino a las tiranías. Eso también concluye Tocqueville, como Hayek un siglo después en su inapelable Camino de servidumbre.

Justamente el gran pensador francés lo resume así: “La población tiende a transformarse en una masa sin educación con demandas incesantes. El estado extiende sus manos bienhechoras sobre la sociedad y le ahorra todos los esfuerzos, hasta el de pensar. En tales condiciones, la democracia conduce a la mediocridad y la decadencia”.

Un economista serio, como un almacenero serio, como un jefe de familia serio, va a recomendar siempre prudencia, ahorro, esfuerzo y trabajo. Y a veces sacrificio. Todas malas palabras para el político que busca votos y el poder por el poder mismo.

No se trata de un dilema entre la ortodoxia económica y la democracia. Se trata de una lucha sin tregua entre la seriedad y la demagogia. Eso vale también para Uruguay.

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