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Publicado en El Observador de Montevideo 25/08/2015





Lavado de activos: con la misma vara



El GAFI ha emplazado a Uruguay para que mejore sus controles en las operaciones no financieras que puedan implicar lavado de activos, so pena de aplicarle multas en sus transacciones financieras que pasen por el mercado americano.


Este sistema drástico y casi inamistoso es el que tiene esta rara entidad supraestado para forzar a los países a resignar su jurisdicción financiera, usando el hecho de que Nueva York es la plaza obligatoria para todas las transacciones internacionales y que detrás del GAFI está la mano oculta de la objetable y objetada Patriot Act estadounidense. (No, no soy simpatizante del FA, sólo me urtican las prepotencias)


Uruguay ha pagado y seguirá pagando altos costos por cumplir rigurosamente las reglas antilavado,  y eso es correcto, ya que no puede basarse una industria o actividad en la protección de delitos, en cualquiera de sus formas.


Esa rigurosidad internacional, sin embargo debería tener ciertos límites y ciertos equilibrios. Por ejemplo, no es posible que cada año se agreguen nuevas normas, se tipifiquen nuevos delitos, se fuerce a aprobar leyes penales retroactivas claramente ilegales y a invertir la carga de la prueba, para demostrar que no se ha cometido un delito que no se sabe cuál es. Eso, además de kafkiano, es ruinoso para las instituciones, para la economía y para los principios de cualquier país serio.


Y no es posible disimular el hecho de que una entidad con jurisdicción espacial legisle todo el tiempo sobre cuestiones internas de los países, porque tal es exactamente el caso. Como tampoco es posible bajarse del mundo en señal de soberanía.


Peor aún, es si no hay reciprocidad o si no hay igualdad de exigencias para todos. Lo que en Uruguay sería un motivo para sancionar a un banco, o a un escribano, no siempre lo es en Estados  Unidos, por ejemplo.  Eso excede el espíritu de la cruzada antilavado y pone en desventaja a otros países.


No es distinto el caso del FATCA, donde los países tienen obligación de reportar a EEUU las cuentas de todos los ciudadanos americanos y sus ingresos anuales, pero la recíproca no se da.  Obviamente, el tratado se firma con la cimitarra de los recargos financieros  y las sanciones pendiendo sobre la cabeza de los países signatarios.


Es cierto que ha habido graves excesos en el pasado reciente. Pero los más espectaculares han ocurrido en bancos internacionales, a veces totalmente americanos. Para no hablar de otras estafas cometidas por esas entidades en perjuicio del sistema mundial.


Por antipático que resulte, (y a mí me lo resulta más) no se puede dejar pasar lo que ocurre en Argentina.  Desde julio de 2013, se recordará, cualquier contribuyente puede presentarse con dinero efectivo en cualquier especie en un banco y solicitar comprar un bono (Cedin) con lo que queda blanqueada su responsabilidad fiscal sin costo alguno.
Los efectos de la ley han sido prorrogados ocho veces, con lo cual parecería tratarse de una alternativa más de inversión. (La AFIP jura que el 30 de septiembre, a dos años de su sanción, dejará de regir)


La ley no supone eliminar los delitos tipificados en la ley antilavado de activos, sin embargo, ninguna denuncia ha sido presentada hasta ahora contra ninguno de los blanqueadores. Como se sospecha de que muchas de esas operaciones han sido realizadas por personas políticamente expuestas, el hecho llama, al menos, la atención.


Tampoco ha habido denuncia alguna en los casos de jerarcas que han presentado su declaración jurada mostrando gruesos incrementos de patrimonio sin ninguna inspección de la AFIP que los obligue a probar el origen legítimo de esos activos altamente sospechosos, ni desde lo fiscal ni desde la óptica del lavado.


Todo ello ocurre sin que el GAFI haya considerado oportuno sancionar o al menos observar esas prácticas, que han sido objeto de toda clase de críticas internas, sobre todo por la impunidad y descaro que implican en un país del G20 y además defaulteador serial y maverick de las reglas y la buena diplomacia.


Debe haber una cierta equidad y equilibrio en estos mecanismos de control, que son llevados a cabo por una organización supranacional ad hoc, que también tiene un sistema de sanciones supranacionales. Obligar a los bancos a ser auditores de sus clientes y hasta rechazar sus depósitos y transacciones los convierte en jueces, y eso lesiona los derechos tanto de los bancos como del público, que tiene derecho a ser juzgado por el sistema de Justicia, no por el sistema financiero.


Los países han sido obligados a no respetar sus propias constituciones al tener que legislar para el pasado y destruir el principio de la presunción de inocencia y de la acusación específica de cada delito. Los custodios, ante tamaño poder, deben mostrar una imparcialidad, una equidad, una razonabilidad y una consistencia impecables.


De los contrario, nadie custodiaría a los custodios, como pedía Juvenal.


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