Wednesday




Expropiación de la Confitería del Molino



El Congreso pasa de Escribanía
a Inmobiliaria.




            Unánimemente, (una abstención) como todas las grandes burradas argentinas, por ejemplo la Ley de Educación, Diputados  ha dado sanción a la Ley que expropia la confitería del Molino, de Avenidas Callao y Rivadavia, hace muchos años cerrada.

            No gastaré mucho tiempo en expresar mi opinión sobre este gasto superfluo, en un país con tantas necesidades sin atisbos de solución.

            Para los legisladores es posible que el lugar tenga un valor simbólico, ya que el café era el "Serpentario" donde tuvieron lugar tantas alianzas, cuando no tramoyas.

            Para algún anciano tendrá también un valor afectivo respetable, siempre que la expropiación se pague con su dinero y no con el nuestro, obvio.


            Pero la verdad es que se trata de un gran negocio inmobiliario de los dueños del edificio, que vienen bregando por encontrar un comprador hace muchos años.

            El primero candidato fue la Ciudad de Buenos Aires, luego de una campaña de prensa muy emotiva, un bombardeo que abarcó de 2006 a 2012 y del que CABA zafó, afortunadamente.

            La confitería tambaleó entre 1978, en que resucitó de una quiebra, hasta 1997, en que cerró definitivamente dejando un tendal, como suele ocurrir con todas las confiterías, atrapadas entre la AFIP, las cargas sociales y los juicios laborales.


            Una de las excusas del Presidente de la Cámara de Diputados fue que las quiebras se produjeron en períodos neoliberales de la economía,  que en la percepción del diputado Domínguez es un sistema que genera ese terrible efecto en las empresas.  


            Seguramente no pudo recurrir a la figura de Borges, Tuñón y Bioy concurriendo diariamente, porque a esta altura han sido usados para justificar el salvamento de tantos tugurios fallidos que no habrían tenido tiempo material de agregar un nuevo lugar a sus excursiones cafeteriles.

            La ley determina que el PE adquirirá el edificio y lo cederá gratuitamente al Congreso. Luego deberá ser restaurado y puesto en valor, y se otorgará una concesión para explotar la confitería, la panadería y la venta de comida.

            Para ponerlo con más contundencia, el Congreso acaba de aprobar un gasto gigantesco cuyo monto es desconocido.  Pero hay algo peor: no se puede comprar sólo la planta baja del edificio porque las escrituras y los reglamentos impiden que el edificio pueda ser dividido y vendido por piso.


            Esta cláusula, que no existía originalmente, obliga ahora al Estado a comprar todo el edificio, lo que los dueños de la propiedad vienen tratando de lograr desde 2006.


            El PE se encuentra ahora ante su especialidad: negociará mano a mano, (Con la bendición del Tribunal de Tasaciones) con los felices dueños de la propiedad y flamantes millonarios.

            Por supuesto que todo ha sido disimulado.  Los pisos superiores serán ocupados por dependencias especiales de las Cámaras, que mágicamente, no tenían lugar para hacerlo, como es evidente. Y el Congreso pasará a ser propietario de una confitería, con los futuros costos de juicios, laborales e impositivos que devendrán, ya que el emprendimiento comercial está condenado al fracaso a poco que se piense en el formato.

            Vamos ahora al punto central. La mayoría de los economistas y expertos  está de acuerdo en el enorme condicionamiento que pone el gasto del estado sobre toda la actividad económica y la presión inflacionaria o impositiva que genera su aumento.

            ¿Cuánto se gastará alegremente en este despropósito irresponsable?            


             Supongamos una cifra modesta entre compra, remodelación, equipamiento (sin contar los juicios que aparecerán por el pasado) de 50 millones de pesos. Es decir que en esta pequeña estupidez se gastará el sueldo de 300 empleados en un año. O puede ponerlo en dosis de vacunas, o reactivos, o lo que guste.

            A ello hay que agregarlo los costos mensuales de mantenimiento, impuestos, personal, servicios y demás que implica un edificio de estas características y los gastos contingentes de los negocios operados por terceros, que preveo finalizarán en desastre, con los juicios pertinentes, que por supuesto se perderán.

            ¿Cuántos casos como éste, y peores que éste, tenemos en nuestros presupuestos? Y esto, querido lector, es la constante del gasto del estado en la Argentina. 



            ¿Todavía cree que alguien lo bajará?
           



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