Publicado en El Observador, 13/ 09/2022

Garantía de fracaso

 

El primer mandamiento de un oriental es no creer en nada de lo que dice, hace o promete el gobierno argentino

 

Desde sus comienzos, en 2015, esta columna tiene un único propósito, un solo objetivo, una misión: tratar de evitar que Uruguay cometa los errores que han llevado a Argentina al triste lugar que ahora ostenta casi con orgullo. En esa tarea, no tiene más remedio que repetir una y otra vez algunos conceptos cuando se vuelven a proponer o esgrimir como válidos o ciertos los mismos argumentos que han llevado al vecino país a la miseria generalizada y al fracaso económico, lo ha transformado en un paria y le ha dejado la herencia de la grieta. 

 

Uruguay comete, o es inducido a cometer, un error de fondo. Creer que lo que le pasa a Argentina es culpa y obra exclusiva de Cristina Fernández, cuando en realidad tiene que ver con una mezcla entre el populismo en la economía y la corrupción política generalizada, desvergonzada y descarada de la que el peronismo es regente y gerente,  que hace no sólo que se multiplique la creación de organismos inútiles e innecesarios, saturados de parientes, amigos, cómplices y amantes, combinado con un deliberado proceso de deseducación, indoctrinación y masificación que ha sido usado en el mundo por todas las ideologías totalitarias, como consecuencia, pero también como sistema. 

 

Como bien decía Hayek, los regímenes que intentan dirigir el destino económico - o de cualquier tipo - de las sociedades desembocan siempre en la dictadura, tanto de izquierda como de derecha. Sea porque fracasan y al no poder cumplir su promesa recurren a la prepotencia, sea porque quieren adaptar a la sociedad entera a su modelo, a su ecuación o a su ensoñación, más allá de la razón o el éxito de su propuesta.  El concepto de destrucción de la educación primero fue un mecanismo para adoctrinar a la niñez; Stalin, el predecesor, creía que el comunismo no prosperaba en la mente del pueblo porque las viejas generaciones influían sobre sus hijos, de ahí que separara a las familias y quitara a los niños a sus padres, los mantuviera alejados en colonias hasta forzar con el discurso del odio a la traición o al entreguismo familiar. Así se llega a pensar como un dictador. Así se llega a destruir la democracia, a desvirtuarla después de usarla como arma dialéctica.  

 

A esas prácticas se agregó el método goebbeliano de la mentira, que se basaba en las ideas que Engels y Marx plasmaran en el Materialismo Dialéctico que fue la base del socialismo, un antecesor del relato de hoy, que niega la existencia misma del opositor, o del otro, sus verdades y argumentos, sin importar el grado de razón, certeza o evidencia que ellos tengan, e insisten en esa práctica contra toda lógica y razón. Lo que hoy se denomina La Posverdad, como si se tratase de una teoría seria, cuando en rigor es un mecanismo malvado de poder maquiaveliano, o maquiavélico. Esas metodologías, tras el fracaso rutilante del socialismo en la URSS, y en el mundo, fueron luego transformadas en el manual de procedimiento deliberado de todos los totalitarismos de cualquier signo. 

 

Con el tiempo, como dice Borges en La Lotería, se fue dejando de lado la ideología y se trató de un mero mecanismo para obtener y conservar el poder. El poder por el poder mismo, base de la esclavitud de los pueblos, de la corrupción, del fin de la justicia y de la seguridad jurídica, de la destrucción de la producción, el bienestar y el empleo digno. La deseducación es un plan ya mundial. El sabotaje a la producción es un sistema que tarde o temprano se impone en nombre de la eliminación de la pobreza, de pandemias inventadas por terroristas a cargo, de la equidad, del fin del mundo por calentamiento, que se reemplaza por el fin del mundo por cambio climático o por un meteorito, no importa. En Argentina hace más de diez años que no se crea empleo privado, ni aumenta. ¿No es un sabotaje a la producción el cepo al dólar que han generado los industriales mussolinianos de Perón, que hoy reinan?  Se ha llegado a que seis o siete millones de personas mantengan con su trabajo, su descapitalización, su frustración y su esfuerzo a cuarenta y cinco millones (dicen, porque el censo fue otro ensayo corrupto y mal hecho) y justamente ese quince por ciento de la sociedad es escarnecido, insultado, culpado de todos los males, despojado, ordeñado y pauperizado. Cristina Fernández es la exageración precaria del modelo, que siempre termina en manos de algún subeducado estilo Stalin, Maduro, Boric, para no nombrar a otros peores. Pero no es la inventora. 

 

Nada de lo que pasa en Argentina es muy distinto de lo que pasa en muchos países de América Latina, bautizada latinoamérica por los foros y pactos regionales que han escamoteado la soberanía de los pueblos, y si se observa adecuadamente, también del formato de burocracia incapaz y arrogante de Bruselas, que aniquiló a Europa en nombre del estado de bienestar. Como mágica y sospechosa coincidencia, hay una interacción, un apoyo incondicional y mutuo en ese proceso, que ahora se llama Agenda 2030, gran reseteo, o del modo que convenga, pero cuyo destino final es uno solo: la más absoluta servidumbre, la vuelta al estado pre-colonial, la estupidización de las sociedades. La dictadura.

 

Lo que ocurre ahora en Argentina es también ejemplo de ese modelo de sumisión y negación. De un día para otro el peronismo gobernante ha pasado de los insultos a declararse víctima del odio, a proponer leyes en contra de la libertad de opinión, a inventar misas herejes a la que asisten personajes que canónicamente no pueden ni entrar a una iglesia. Pero eso no es lo peor. Lo peor es ver como también se da otra constante del socialismo resiliente que usa la nueva clase política mundial de cualquier tendencia: el periodismo militante, que no son sólo los ensobrados, sino también los medios, que se compran y se venden (textualmente) como si fueran una mercadería por amigos, entenados o testaferros,  y que son ya órganos de difusión de las diferentes líneas de negocio (perdón, de las diferentes líneas políticas) que ahora intentan demostrar que el repudiable y fallido atentado de un delirante puede convertir a la jefa peronista en buena y popular, cosa que no es cierta. Y que tampoco está teniendo éxito como se ve en las primeras encuestas y en la calle. Quien tuviere alguna duda acerca del comentario sobre los medios, puede repasar la confesión reciente de la viuda de Kirchner sobre el negociado de su esposo con el grupo Clarín, que fue el comienzo del monopolio mediático y de comunicaciones y telecomunicaciones más grande y nefasto de la historia argentina. 

 

Como es sabido, el gobierno peronista viene tratando de usar a algunos colaboracionistas de la oposición, o de la UCR, para hacerlos compartir su fracaso, o apañarse en ellos: Lousteau, Rodríguez Larreta, Morales, Vidal, Manes, Moreau y familia antes, y otros ganapanes. Actúa como lo hicieron los Mapuches chilenos que hace dos siglos robaron y usurparon la identidad de los Tehuelches, violando y sodomizando a su gente. Mapuches políticos. En ese raro intento de resurrección paga, el accionar de Massa, el más generoso pautador peronista, y el más veleta de todos, intenta simplemente transferir al nuevo gobierno, que no será del mismo signo del actual, el costo de un ajuste-parche mucho más duro, desprolijo e injusto que el que el propio peronismo le imputaba al FMI. Siempre relato. Siempre posverdad. Siempre negocios con los empresarios amigos. 

 

Por supuesto que en Uruguay no ocurren esas cosas. Ahora, quizás. Pero el sistema legal y consuetudinario heredado de las gestiones del Frente Amplio y la posibilidad de un regreso de esa alianza ahora atendida por nuevos dueños, hacen temer, con bastante razones y certezas, un camino similar al argentino. Sin Cristina, pero con iguales torpezas y metas discursivas. La siembra de ignorancia educativa y fáctica, vía la deseducación, la desinformación, la posverdad, la promesa barata de un bienestar forzado, a las apuradas, sin esfuerzo ni riesgo previo, sólo basada en la dialéctica y en la falsa defensa de las conquistas sociales - sea lo que fuere que eso signifique – están a la vuelta de la esquina. La promesa de equidad debe hacer sentir como dioses a los políticos, pero es otra mentira incumplible que no figura en los libros de la Creación. La teoría del salame, es decir cortar una feta por día de derechos, de libertad, de protección contra la confiscación impositiva, de desprecio y odio al capital y al trabajo genuino, de escamoteo de la Constitución, son, por eso, un peligro inminente de acostumbramiento al despojo que sólo llevará a más pobreza. Y muchos de quienes votarán y decidirán ya tienen la impronta de deseducación y promesas que inaugurara el neomarxismo y que ahora se ha universalizado y se llama, según convenga, Foro de Sao Paulo, OMS, ONU, FMI, comisión de DDHH o Doctrina Social. 

 

El canto de sirena del diálogo, la convivencia democrática, la unidad para un acuerdo nacional que nadie sabe de qué se trata y en medio del fracaso rotundo de las ideas o no-ideas de la jefa y mártir del peronismo son otra mentira. Ha sido así siempre. Cada llamamiento a la unidad, cada trampa que se tendió a la oposición en cada ley de avasallamiento del derecho. Todo el gobierno es y ha sido una vulgar mentira, diría Lynch.  Y es una mentira toda la construcción antiodio que se ha inventado en 48 horas, que cambia drásticamente lo que sostenía con palabras y con hechos el gobierno argentino hasta hace muy poco, cuando se acabó la platita para regalar y poner en los bolsillos de la gente. Tanta mentira como la de la vicepresidente, que juega el rol de pretender ser inocente de los desaguisados de este gobierno, que respondieron estricta y puntillosamente a sus órdenes y caprichos. Cristina ha tenido, eso sí, la virtud de unir al movimiento justicialista. Ya no hay peronismo malo y peronismo bueno, como quisieron hacer creer hasta hace un mes, apenas. Ahora está claro que hay uno sólo y se encolumna detrás de la primera viuda, resucitada en las palabras, las misas y los intereses creados, no en las cifras. 

 

Cuando el movimiento reseteador y repartidor de felicidad universal clama por democracia, en rigor habla de voto de las masas a mano alzada, como en las asambleas sindicales. Sin control de poderes ni sistema de justicia. Como ocurre en Chile, y ahora en Argentina, blanden la democracia como obligación de diálogo y como mandato forzado el negociar, promediar y en definitiva neutralizar cuando pierden. Cuando ganan, en cambio, se olvidan de la democracia y hacen lo que les place en nombre del mandato del pueblo por sobre todo derecho y por sobre todo diálogo o justicia. (“A mí me juzgará la historia y el pueblo”, no olvidar esa confesión)

 

Claro, nada de eso ocurre en Uruguay. No hay grieta posible ni comprensible. Hasta que poco a poco, cualquier gobierno decida, con el apoyo de supuestas mayorías, en nombre del pueblo, que un 20% de la población tiene que mantener con su sacrificio, su esfuerzo, su trabajo y sus ahorros al otro 80%. O que hay que cambiar una Constitución escrita por los equivalentes a Videla o Galtieri, qué importa si es verdad o no, si es sólo relato. En nombre de lo que fuere. La grieta entonces no sólo es insalvable, sino que es inteligente. 

 

Nada garantiza el éxito futuro. A nadie. Pero hay algo que puede garantizar el fracaso: copiar las conductas, los estilos, las acciones y las medidas que toma el gobierno peronista. Mucho más las de hace un mes a esta parte. 

 

 

 

 

Publicada en El Observador  06/09/2022, con el sub título suprimdio

La mártir antiodio

 

Argentina es un eterno sainete, una telenovela de Migré donde la verdad no tiene ninguna importancia, valor ni interés

 

El juicio al agresor de Cristina Fernández se diluirá hasta llegar a la nada. Como tantos otros temas que se instalaron en su país. En este caso, desde la detención amateur y cordial del sujeto que la encañonó por militantes y no por las fuerzas de seguridad, la inaudita e inepta no evacuación de la amenazada, la pistola recogida del suelo, que no tiene huellas digitales ni balas en la recámara, la discrepancias entre el arma que aparece en los videos y la que ha sido informada por la Policía Federal como encontrada en el suelo, el mágico reseteo a los valores de fábrica de su celular, que primero pasó por esa fuerza y luego por la Policía Aeroportuaria (pomposo nombre que se da a los empleados estatales que controlan los aeropuertos argentinos, cuyo precario entrenamiento es de seis meses) las declaraciones del ministro del interior Aníbal Fernández sobre que el teléfono fue enviado al juzgado en una bolsa de Faraday sin tocar, que se contradicen con lo informado originalmente de que se habían extraído del mismo el chip y el sim, que se habían mandado pegados fuera del celular, permiten presagiar con facilidad y exactitud no sólo que nunca se sabrán los móviles, ni los eventuales conspiradores, si los hubiera, sino que el sospechoso recibirá una sanción menor conmutable por una penitencia escolar al ser acusado de un delito también menor. Tampoco debe prescindirse de que casualmente, a pedido de la vicepresidente, la Policía Federal se hacía cargo justamente ese día de la seguridad de su domicilio, excluyendo a la Policía de la Ciudad y a sus vallas. 

 

Por supuesto que el atentado seguirá siendo agitado por muchos años como ocurrió con el caso Maldonado, que, pese a lo determinado por la Justicia, sigue enarbolado como un secuestro y desaparición de persona por el peronismo. 

 

Tampoco ayudan a la hipótesis de un sanguinario matador contratado por la derecha – un vago término inasible – los videos del hecho ni el uso posterior de la excusa del odio por parte del gobierno para justificar diversos proyectos de censura previa a la prensa y a las redes sociales. (Demasiado parecidos al accionar venezolano que ya intentó varias veces el peronismo gobernante) Y tampoco es muy seguro que el kirchnerismo acepte cualquier fallo de la Justicia que no le convenga o le guste, como ha demostrado hasta el aburrimiento. De modo que de una u otra manera el suceso tenderá a no esclarecerse jamás. 

 

Es relevante recordar que se trata del mismo gobierno mentiroso que ha sido condenado en juicios en New York y el CIADI por haber mentido en sus cifras de inflación a fin de no pagar los bonos ajustados por ese concepto, a la vez que está siendo demandado por mentir en las cifras de su PIB, con igual propósito, amaño publicado en su momento por varios diarios argentinos que ahora parecen olvidarlo.  Que ha expropiado falsamente empresas para evitar que saltara la participación estatal en maniobras sospechosas y confusas, en el mejor de los casos. También un gobierno que no merece crédito alguno, famoso por defaultear su deuda, cuyo riesgo país está orgullosamente por encima del de Ucrania y es el segundo más alto del mundo. El mismo gobierno que incursionó en negociados incalificables y mintió alevosamente con las vacunas anticovid en colaboración con sus testaferros y socios privados. 

 

Y también repugna el uso del condenable intento para promover – con la excusa de que fue provocado por el odio inculcado – una legislación represora y amordazante de la opinión popular, al que de una u otra forma favorecen tantos periodistas, y tantas organizaciones alineadas en el Foro de Sao Paulo, la Iglesia católica entre ellas. 

 

Otro punto que merece ser descartado de plano es que de haberse consumado el propósito del atentado habría implicado algún tipo de amenaza o consecuencia para la ya endeble, utilizada y torpedeada burocracia argentina. Ningún partido de la oposición, ninguna organización trascendente política, económica o gremial quiere semejante cosa. Y en términos descarnados y maquiavélicos, a la oposición le conviene más una Cristina viva que una muerta, con perdón del exabrupto.  Los artículos que se leen exagerando los posibles efectos de un magnicidio no tienen ningún asidero, salvo el de la dialéctica. La supuesta amenaza de una guerra civil en tal supuesto es una construcción como la del caso Maldonado. Nadie habría salido a matarse con nadie sobre las calles de la república. Acaso el propio peronismo habría tenido alguna interna sangrienta, como acostumbra, al ver aumentadas las apetencias electorales de algunos. La democracia argentina, como viene sosteniendo esta columna, está en peligro sólo si se niega, burla o desconoce al Poder Judicial y los fallos de la justicia, o sea el sistema republicano del control entre poderes, como viene haciendo y lo seguirá haciendo la víctima del no-susto vicepresidencial. El gobierno, hasta un minuto antes del intento, perdía por paliza las elecciones de 2023. Un minuto después, también, coherente con el desastroso manejo de la economía y la flagrante corrupción del sistema. 

 

No se debe dejar de lado, por ninguna razón, la cantidad de juicios por corrupción a los que debe responder todavía la jefa del peronismo, algo que no ha variado ni variará, aún luego de este atentado del que más del 60% de la población, según las encuestas, considera armado, con algunos antecedentes que avalan esa posición. Ello pese a que la de Argentina, como buen país latino, es una sociedad que privilegia a los mártires, no a los héroes. Desde Martín Fierro a Santos Vega, desde Perón a Eva. Mártires y santos. Que se opine tal cosa, más allá de su veracidad o no, es un síntoma del deterioro nacional. Y no se puede obviar ni perdonar cualquier parecido con el asesinato del fiscal Nisman y las irresponsabilidades, omisiones y desprolijidades de los diversos actuantes. 

 

Un capítulo aparte merece lo que se pudo observar en los videos, que no colabora a sustentar la veracidad ni la seriedad del hecho, tanto en la sorprendente y coreográfica interrelación entre víctima y victimario, la ineptitud de la custodia oficial, el raro episodio del disparo, el ruido del gatillo, la impasividad de la atacada y todos los elementos que se observan. El zar de la televisión argentina, Alejandro Romay, contaba la anécdota de los años cuarenta, cuando su hermano estaba trasmitiendo un partido de fútbol dese Bolivia con Don Alejandro en los estudios de la radio. De pronto, se cortó la conexión. Grave porque los auspiciantes no pagarían. Entonces se le ocurrió una idea: cortada toda comunicación con el estadio, gritó “¡Grave agresión de la tribuna boliviana al equipo argentino!” – y desarrolló un largo monólogo sobre la supuesta salvaje actitud boliviana contra los jugadores blanquicelestes. Siguió así hasta el cierre. Al día siguiente, los diarios argentinos, que no habían mandado corresponsales, titulaban: “¡Grave agresión en el partido con Bolivia!”. No había pasado nada. La televisión de hoy no habría permitido semejante cosa. Los videos son suficientemente ridículos y hasta ofensivos a la inteligencia de quién los ve. También contundentes. 

 

Así mismo, es ofensivo el coordinado accionar del gobierno para generar movimientos de concientización sobre el súbito odio que estarían desparramando sobre la sociedad los “medios hegemónicos” (A los que tanto ayudó a serlo). No hay ningún otro caso en la historia nacional de un presidente que haya prometido colgar comerciantes u opositores y repartir alambre de fardo, ni haya incentivado con dar leña a la oposición, como Perón. A menos que se tomen en cuenta los discursos de la viuda de Kirchner, que han abundado en resentimiento y bronca contra tantos. El odio del que habla el kirchnerismo es su miedo al voto. 

 

Cristina sigue perdiendo en las urnas. Y tiene pendiente una larga conversación con la justicia.  

Publicado en El Observador, 30/07/2022

Detrás del martirio cristinista

 

Si se espía al dorso del decorado de ópera, de los berrinches, los bailes y los discursos a los vecinos, hay algo más que una personalidad enfermiza

 

Es posible simplificar y decir que Cristina Fernández está luchando por su impunidad política al estilo peronista, es decir, tratando de ocupar la calle, martirizarse como hizo Eva Perón o amenazar con un caos o un enfrentamiento social típico de su movimiento, que siempre resolvió sus diferencias a tiros sobre las calles de la república. 

 

Es cierto que esa explicación simplista pierde fuerza cuando se advierte que a la convocatoria de una marcha seudoespontánea sólo logró rejuntar 3 o 4 mil personas que fueron transportadas en vehículos escolares – una suerte de marca de fábrica del peronismo – tentadas con el choriplanismo (neologismo tuitero) o directamente empujadas a concurrir al acto de acoso y molestia a los vecinos, de provocación al gobierno ya complaciente de CABA, que obraron como una claque al relato dialéctico que se limitó a reivindicar el derecho de la viuda de Kirchner a molestar a sus vecinos, en el borde mismo de la demencia. 

 

Esa es la interpretación fácil, de compromiso, de exégetas de los burócratas gobernantes y de los políticos multipartidarios que buscan el poder por el poder mismo. Aunque no es mentirosa, porque el ataque a la corrupción no es popular ni en el ambiente político ni en el ambiente empresario-sindical argentino. La prueba es que el mentado gasoducto Néstor Kirchner beneficia económicamente a varios de los confesos corruptos en la causa de los cuadernos.

 

Detrás de esa murga triste y de baja estofa organizada por el peronismo franquicia Kirchner & testaferros hay mucho más que la impunidad o casi el derecho de los políticos a vivir del robo, junto a sus amigos ricos licitadores. Aunque ya se empezó a agregar al argumento del lawfare la acusación de que, luego del fallo del Tribunal, viene el fallo de la Cámara de Casación, que está integrada por compañeros de paddle de Mauricio Macri, que a esta altura parece ser un Putin criollo, capaz de descollar en decenas de deportes. Lo que, en resumen, descuenta y descalifica gratuitamente un fallo que la declarará culpable. La gran Lula, dirían los muchachos. 

 

No hay demasiada diferencia entre el concepto de atemorizar a la sociedad que se esboza hoy con el patoterismo de Eduardo Duhalde hace 20 años, donde también mandó sus violentos a las calles y dónde también pedía sin ningún asidero la remoción de la Corte Suprema, en respuesta al reclamo popular del “que se vayan todos”, que fue caratulado por la prensa pautera como antidemocrático, pero que resumía lo mismo que reclama la ciudadanía hoy. Con suficientes razones. 

 

La verdad es más amplia y multiespectro. El peronismo en todos sus formatos está perdiendo las elecciones de 2023 por paliza. Las primarias en la elección para intendente de Avellaneda, Santa Fe, que acaban de realizarse, son admonitorias. En esa ciudad clave el peronismo no llegó a reunir ni el 25% de los votos presentando dos candidatos contra el ganador de Juntos por el Cambio con el 74%.  Entonces empiezan a barajarse ideas que se arrojan como globos de ensayo sobre los votantes, para tantearlos: una de ellas es la intención de suspender las PASO, inventadas por el peronismo para perpetuarse, pero que ahora amenazan con barrerlo del mapa aún antes de llegar a las elecciones generales. Esa decisión, supuestamente a tomarse por razones económicas – una burla en un gobierno que dedica más presupuesto a subsidiar sus empresas escandalosamente deficitarias que al pago de maestros – podría permitir que el Frente de Todos, o como decida llamarse, manosease sus candidaturas a gusto, y al mismo tiempo impedir que la oposición tuviese su interna imprescindible en una coalición. Esa simple posibilidad, que ya fue arrojada sobre el tablero, alcanza para asegurar el desorden y la arbitrariedad imprescindible para el partido de Perón. El desorden y el caos social es una manera de aumentar la fuerza interna de Cristina y sobre todo de la Cámpora, protagonista y beneficiaria de buena parte de los desaguisados económicos, incluida la corrupción. Al mismo tiempo, es un foco de violencia que -como se sostiene más arriba - no es extraño a la metodología del movimiento justicialista. 

 

Otro punto que urtica a los gobernadores, los intendentes y todo el esquema de satrapías peronista es lo que se denomina el ajuste, que supuestamente llevará adelante Sergio Massa, bajo la impronta del Fondo Monetario. También con ese hecho tiene que ver la rebelión sediciosa promovida por la vicepresidenta. En cualquier momento se producirá un enfrentamiento sordo o abierto con las bases y una lucha intestina con resultados inimaginables, tanto porque la realidad económica hará su trabajo, como porque los punteros o caudillos (la Argentina de siempre, desde Quiroga y Mitre en adelante) no aceptarán que se toque “la suya”. Esta aparente concesión sumisa del peronismo que representa Massa se resquebrajará de golpe. Cristina se intenta apoderar de la calle, de la protesta y de la violencia como herramienta para liderar su partido y volver a hacerse fuerte. 

 

Todos esos rayos que caen sobre la cabeza del actual gobierno se están intentando resolver con una especie de pacto de la Moncloa criollo, de entrecasa o de cabotaje, con cero grandeza y cero patriotismo: con la amenaza de que sin el peronismo no se puede gobernar, (por la violencia que maneja y genera, por el control de las bases sindicales y de los piqueteros y organizaciones populares, por sus gobernadores que no tolerarán perder las satrapías) ya está funcionando un pacto con otras fuerzas, una de ella Juntos por el cambio, o con militantes de otras fuerzas, mejor, que de algún modo ya había comenzado a gestarse en el gobierno de Cambiemos, (el reproche sin apellidos que hace hoy Macri) que supuestamente tomará las medidas duras que hacen falta para salvar al país. Suponiendo que la sociedad, destrozada por la deseducación y la coima al votante del populismo complaciente, quiera salvar al país y no ordeñarlo. 

 

La viuda trata de mostrar su fuerza para tener protagonismo en esa alianza, de ser la jefa del mal, alguien imprescindible en cualquier negociación. Y lo está logrando. No es casual que opositores aparentemente recalcitrantes no se hayan expedido concretamente sobre la señora Fernández y su juicio por corrupción. ¿Por favores previos? ¿Por lealtad mafiosa? ¿Porque no quieren quemar los puentes para futuras negociaciones? Políticamente no importan las razones, aunque éticamente puedan ser repudiables y horribles. En este mismo momento la oposición está virtualmente apoyando la prórroga de impuestos confiscatorios como el de Bienes Personales, o el Acuerdo Fiscal que les permitirá a los gobernadores eternizar el déficit y con él la inflación y el robo impositivo. El argumento es que no se puede desfinanciar a la Nación. O sea, a las provincias, o sea a los gobernadores e intendentes. Y lo dicen los mismos que defienden la dolarización, que tendría el mismo efecto de desfinanciar el gasto superfluo e inútil de la Nación y las provincias.

 

En base a esos argumentos sostienen que hay que dar quorum para el tratamiento de esas leyes, para luego afirmar de inmediato que de todos modos el oficialismo tiene quorum propio, y hará lo que quiera. Evidentemente, ya hay un pacto político. No será de la Moncloa, pero es un pacto. Que, si no es mafioso, se volverá mafioso, si se mide con la evidencia empírica.  Por eso también está surgiendo una línea de pensamiento paralela, que equipara a Macri con Cristina, que decreta que ambos deben hacer el sacrificio de inmolarse para otorgarle viabilidad a ese pacto. Lo que debe traducirse así: eliminemos a Macri, que se opone al pacto. 

 

Al mismo tiempo, el viceministro de Economía arrepentido hizo circular un tuit en el que promete que no se anunciará una devaluación por lo menos este jueves. Un tipo de comunicado sobre el que hay mucha experiencia. Es posible que se anuncie en cambio un desdoblamiento cambiario, una devaluación al fin, pero con un contenido de estafa de los que sirven para aumentar la desconfianza. En breve empieza la pelea interna sobre el tema, y no será liviana.  

 

La nueva oligarquía de la burocracia política, sin distinción de partido, está pensando en el futuro. En su futuro. Por eso es pueril creer que lo que hace la dueña del Senado tiene que ver con su currículum psíquico, o con alguna enfermedad detallada en el DMS5. Todos los dictadores fueron enfermos psiquiátricos. Lo que hace Cristina es aplicar la teoría política tan bien explicada por Perón en sus libros y manuales. Lo otro es sólo una serie de Netflix, como diría la abogada exitosa. 

 

Este proceso de deterioro de la democracia, de la economía y del bienestar no debe confundirse con el accionar de la vicepresidente, como gusta creer Uruguay. Lo que ha postrado a la Argentina es el déficit, el populismo, la dádiva, el exceso de gasto estatal, la destrucción sistemática del empleo privado, el temor de la inversión por sus impuestos patrimoniales y al ahorro, el odio a la empresa privada, el socialismo real, copiado, inventado o imitado. Mézclense los mismos ingredientes y se obtendrá algún formato de Cristina Kirchner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado en El Observador 23/08/2022

La venganza de Nisman

 

El alegato del fiscal Luciani se ha convertido en una condena inapelable que Cristina Fernández creía que sólo le correspondía decidir a la historia y a lo que ella llama pueblo

 

El 18 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman fue hallado asesinado de un tiro en su casa. Al día siguiente debía presentar su alegato final para probar la traición a la patria en la que habría incurrido Cristina Fernández al promover y firmar el llamado tratado de cooperación con Irán, una burda patraña para exonerar a algunas autoridades iraníes de la búsqueda de Interpol y hacerlas desaparecer virtualmente de cualquier ac
usación formal del ataque artero, intolerable y sangriento a la mutual AMIA de argentina.

 

El kirchnerismo se apresuró a alegar el supuesto suicidio del fiscal, motivado aparentemente por la imposibilidad de poder presentar pruebas suficientes contra la expresidente, lo que implicaría el fracaso de su carrera.  Algo de lo que supuestamente se habría percatado recién pocas horas antes de su frustrado alegato. Posteriormente los peritajes de Gendarmería Nacional transformaron el caso en asesinato liso y llano. 

 

Como un tic morboso pero significativo, ayer se conoció un tuit del asesor principal de Cristina, Gregorio Dalbón, en el que se dirige al fiscal Luciani con los mismos términos que se usaran para descalificar la tarea del fiscal asesinado, y con el mismo remate: “esto significará el final de su carrera”. 

 

En sus nueve días de alegato, el fiscal Luciani representó con su detallada y precisa acusación a buena parte de la ciudadanía, que hace rato ha condenado a la otrora primera mandataria, sobre todo a estar por las recientes encuestas, que indican que menos de la mitad de sus votantes piensa que no es culpable de las acusaciones que se le formulan, y eso a pesar del relato, del “roban pero hacen” y a todo el andamiaje del discurso construido en torno al lawfare, que atribuye, con la bendición papal, a la maldad de Mauricio Macri el haberla perseguido y desacreditado con un ataque judicial coordinado, en un sistema de justicia en el que la vasta mayoría de jueces ha sido designada por el peronismo. La señora Fernández no se dignó concurrir sino a la primera sesión de acusación y luego “decidió” – prerrogativa que no suelen tener los acusados – no participar del resto de las jornadas destinadas a la acusación, para terminar ayer con su sorpresivo pedido de ampliación de indagatoria, también “decidido” por ella,  que, además de haber sido rechazado in limine por diversas consideraciones procesales, debería incluir una mandamiento de repaso obligatorio de derecho procesal para la acusada y sus asesores legales. 

 

Eso no parece molestar demasiado a la demandada, que hasta el momento se ha dedicado a descalificar a sus jueces, sus fiscales, sus denunciantes, los testigos y la mismísima Corte Suprema, también de mayoría peronista, pero no ha desvirtuado seriamente la avalancha arrojada sobre ella y sus cómplices en las maniobras imputadas. Al contrario, se está amenazando a las autoridades judiciales, al periodismo y a la ciudadanía toda con terribles acciones y sanciones “si la tocan a Cristina”, seguramente una manifestación de la vocación democrática, no fascista ni totalitaria y dialoguista del peronismo. Que sigue clamando por la unidad en momentos de crisis nacional. 

 

En esto, la defensa de Cristina Fernández no es distinta a la de muchos de sus colegas de la Patria Grande latinoamericana, que desde el lado institucional abogan desesperadamente para que la Justicia desaparezca como tercer poder, y pase a ser solamente un servicio de solución de diferendos, robo de gallinas y riñas, más o menos. Cualquier cosa, menos aceptar que se trata de un control sobre el poder legislativo y el ejecutivo, tanto en sus conductas como en el cumplimiento constitucional, mucho menos en su función de última instancia del Derecho Administrativo, que defiende al ciudadano de los abusos del Estado. Basta analizar el engendro constitucional chileno para entender el punto. Es que en la óptica de los bolivarianos y de los fieles de la iglesia de Puebla, efectivamente la Justicia es un incordio, una molestia, tanto cuando controla los abusos de los políticos (inclusive el robo y saqueo o confiscación), como cuando defiende al ciudadano. Por eso muchos libertadores e igualitarios modernos sostienen como Cristina que sólo la historia o el pueblo puede juzgarlos. El mismo pueblo al que se ocupan de embrutecer al negarle educación, aunque juren lo contrario. Aun Uruguay, que se precia de ultrademocrático, sea lo que eso quiera decir, escabulle los delitos de los gobernantes y políticos del área de la justicia, que son juzgados al estilo edad media “por sus pares”, o sea la historia, o sea el pueblo, con los resultados conocidos, o que se prefiere no conocer. 

 

Ayer Graciela Fernández Meijide, la universalmente respetada dirigente, miembro de la impoluta comisión del Nunca Más, que no puede ser calificada - o descalificada- como macrista, ni como neoliberal, recordó que el Fiscal Strassera, que logró la condena de las Juntas Militares, había creado leyes y prácticas judiciales que hacían imposible la idea de un golpe militar, pese a que algunos sectores expresaron su desacuerdo. “Lo mismo hay que hacer con la corrupción” – dijo al analizar este juicio de hoy que Cristina descalifica alegremente. 

 

En cada uno de los 9 días de alegato, culminados ayer poco antes de las 6 de la tarde, la historia y la mayoría popular han juzgado a la señora Fernández. Ni siquiera tiene importancia el pedido de condena a la imputada Fernández a 12 años de cárcel. Ni la inhabilitación para ocupar cualquier cargo de ella y los otros 173 imputados. Ni el pedido de decomiso de todos los bienes robados. Ni el olvido-indulto a Máximo Kirchner. Tiene más importancia lo dicho por el fiscal Luciani sobre el daño que hace la corrupción generalizada y naturalizada a los sectores más necesitados: “por eso todo funcionario de cualquier poder debe rendir cuenta de sus actos ante la justicia”.

 

Sin embargo, la expresidente no será nunca juzgada por sus peores delitos: haber coimeado a sus seguidores y votantes con el populismo rampante, culminando por una simple emisión de papel para pagar dádivas insostenibles e inmerecidas, destrozando el prestigio del país y la honestidad, la identidad y la idiosincrasia colectivas. Haber destrozado las mentes de los niños al deseducarlos, aleccionarlos, adoctrinarlos deliberada y cruelmente. Haber destrozado todo futuro al ahuyentar el trabajo y naturalizar la dependencia del estado como único recurso, haciendo además imposible escapar de la trampa populista. Haber regalado o forzado el regalo de empresas públicas y privadas a sus testaferros con cualquier formato, apoderándose de ellas y compartiendo tanto en el pasado como en el futuro las ganancias que generosamente les regala el Estado bajo su control. Incluyendo los juicios perdidos deliberadamente. Haber horadado la confianza pública en el sistema al capitanear la mafia política, en cualquiera de sus formas, haber devaluado algo más que la moneda: la confianza de cada uno en sí mismo, la dignidad, la vergüenza, el esfuerzo, la decencia y la ética. Por haber entronizado a la mafia narco y la corrupción absoluta y por haber pactado con ellas, azote de las clases más bajas y desprotegidas a quien vendió al mejor postor. Por haber sacrificado los intereses del país en casos de acuerdos con potencias internacionales, y haber cedido interesadamente la soberanía de una parte de su territorio al terrorismo seudo mapuche y seudo originario. Y, sobre todo, haber devaluado la palabra, el honor, la patria, la esperanza, por lírico que esto parezca a esta altura del cinismo. Como cargo adicional, el haber tajeado una grieta que dividirá a los argentinos muchos años y el haber pauperizado a la ciudadanía mucho más allá de lo que cualquier circunstancia interna o externa lo habría hecho, camino directo a la servidumbre. 

 

Como una treta del destino, la imputación denigrante de traición a la patria que no pudo materializar Nisman, ha renacido con los alegatos de Luciani. Las acusaciones formuladas por este fiscal tienen, además de otras caracterizaciones, la fulminante calificación de traición a la Patria, en la Constitución de 1994 en cuya redacción participó la ahora imputada.  

 

-La regla es el estado de derecho. ¡No la corrupción! – Bramó Luciani. Luego hizo un alegato emocionante y contundente, defendiendo el republicanismo y la transparencia de la división y el equilibrio de los tres poderes y desnudando crudamente la corrupción generalizada. “La corrupción no tiene fronteras ideológicas” “Es un privilegio que afecta a los derechos humanos de los más pobres y al estado de derecho en su totalidad”. “Es corrupción o justicia”. Le hizo coro toda la Argentina decente. Nisman no murió en vano. La historia ha emitido su fallo. 

 

 

Publicada en El Observador 16/08/2022

La mano invisible no se incendia

 

Poniendo más impuestos a cualquiera que tenga un capital o un ahorro no se genera ni riqueza ni empleo. Al contrario, se genera más pobreza, como en Argentina.

 

Mientras aún persistía el humo del desgraciado incendio del Punta del Este Shopping que se unía al humo  de las computadoras de los abogados que preparan juicios con cifras inmanejables para repartir de algún modo las culpas y los costos de la catástrofe, los CEOs de Tienda Inglesa y el centro de compras anunciaron sus planes para encarar primero la construcción provisoria de un edificio para albergar al supermercado y simultáneamente para reconstruir o remodelar el Shopping y volver a ponerlo en plena funcionalidad. Simultáneamente, cientos de comerciantes han comenzado a buscar caminos alternativos para continuar su actividad lo más rápido posible, provisoria o definitivamente.

 

¿Toman todos ellos esta decisión urgente y costosa preocupados por sus empleados, que cuanto más dure la parálisis más sufrirán? ¿O por los pequeños proveedores de hortalizas, o por las Pymes que se quedan sin salida segura para sus productos, o por los puestitos de artesanías o de venta de celulares que perderán todo ingreso? ¿O acaso lo hacen por altruismo, por sensibilidad social, por maldonadismo o por patriotismo? ¿O tal vez por los locatarios de sus locales y sus empleados y proveedores que pueden quedar en la ruina? ¿O en favor de la economía regional? 

 

No. Más allá de que cada uno pueda tener los mejores y más nobles sentimientos y compromisos con la sociedad, lo hacen por interés, por egoísmo, si se quiere. El egoísmo de la mano invisible que los mueve a hacer cosas que van en beneficio de la comunidad. La acción humana, que describía más simplemente von Mises. O si prefiere usar un lenguaje más progresista y de Agenda 2030, por ejercicio del simple, vil y sucio capitalismo.  

 

Es ese capitalismo el que hará que el incendio sea sólo una desagradable historia. Pero historia. No es el Estado, ni el gobierno nacional, ni la intendencia, ni la ley, quienes harán que se ponga de nuevo en funcionamiento una esperanza, una razón, una sociedad de voluntades, una dignidad colectiva. Cada vez está más clara la importancia de la creación de más y más trabajo, y no solamente como el mecanismo práctico capaz de sostener el bienestar y la unidad social. Hasta la teoría de Marx desaparece si desaparece el trabajo. Hasta el sindicalismo se vuelve un sistema de explotación del trabajador si no hay suficiente empleo. Sin que ninguna autoridad se lo ordene, el capitalismo va a volver a reestablecerlo y a acrecentarlo. Sin trabajo no hay economía, ni libertad. 

 

Hay quienes creen que, con la posición opuesta, es decir con anticapitalismo, se puede lograr el mismo efecto. Claro que no tienen un solo caso que pruebe su convicción. Tal es el caso del PIT-CNT, que considera que la ayuda del estatal debe consistir en mayor gasto público, mayores subsidios y mayores impuestos, remedio que aplica a cualquier situación, aún a la extinción de incendios, como aquel artesano que sólo tenía un martillo y lo arreglaba todo a martillazos. (O aquel proveedor de tecnología que representaba a una determinada marca de base de datos y la aplicaba a todas las soluciones que vendía)

 

Si el Estado tiene voluntad de ayudar en este proceso, debería hacer justamente lo opuesto: eliminar todo tipo de cargas sociales y otros impuestos que afecte directa o indirectamente a los trabajadores que se empleen con cualquier función u objeto en esta etapa. La evidencia empírica, (la más reciente fue la lucha contra la inflación del odiado Bolsonaro) muestra que este truco es mucho más efectivo que cualquier reclamo de aumento que se ejerza supuestamente en favor de los trabajadores, lo que sólo ahuyentará las posibilidades de una rápida normalización.

 

Por supuesto que nada de eso hará la central ilegal sindical, porque su objetivo no es mejorar la situación del que labora, sino cumplir quién sabe qué objetivos que de ningún modo ayudarán ni al empleo ni a los empleados. Por ejemplo, crear nuevos componentes inflacionarios y deficitarios. 

 

Cualquier ayuda estatal siempre será con desgravaciones, bajando costos de importación, reduciendo impuestos y medidas similares. No se conocen - en el mundo – casos donde lo opuesto haya sido exitoso. Si se quisiera usar de ejemplo el estado de bienestar europeo, suponiendo que aún existiese, se debería aceptar que la columna se transformase en un espacio jocoso. 

 

Es posible alegar por parte de quienes odian este concepto de bajar gastos, impuestos, deudas y déficit, que es demasiado simplista y que se aplica a toda la economía, que florecería si eso se generalizase: sí. Así sería. Y habrá que preguntarse si no es posible sacar alguna conclusión de esa respuesta. La creencia de que la mano supuestamente infalible y supuestamente justa del Estado entrometiéndose en la acción de la mano invisible es el punto en discusión en buena parte del mundo en este momento, en Argentina en especial, basándose siempre en nunca probadas evidencias y en acumulación de emisión monetaria y de mucho relato. 

 

Pero en esta hora de emergencia, donde urge reconstruir lo perdido, tal vez sea mejor dejárselo a la mano invisible. Hace un par de siglos que viene demostrando su efectividad. Siempre habrá tiempo después para quitárselo al capitalismo y redistribuir. 

 

Publicado en El Observador 09/08/2022

¿Seguridad social o Renta básica universal? 

 

La imposibilidad de consensuar con quienes tienen el impuesto como principal proyecto, con sus consecuencias imparables de pobreza, desempleo y expulsión de la inversión 

 

 

La columna viene sosteniendo tres “pilares” argumentales sobre la reforma del sistema de retiros. El primero es que lograr tal reforma es una misión imposible.  El segundo es que jamás se logrará el consenso imprescindible para una política nacional de largo plazo como implica cualquier cambio de fondo. El tercero es que el presidente Lacalle Pou ha caído en una trampa al impulsar esta reforma, que, además de crear una grieta en la Coalición gobernante, ofrece al Frente Amplio conducido por el PIT-CNT una bandera de lucha falsa e inviable, pero muy efectiva y ganadora con miras a las elecciones de 2024.

 

El anteproyecto que presenta el presidente, basado en las opiniones del comité de expertos, es de por sí complejo, atendiendo al hecho de que se trata de legislar un proceso de transición entre sistemas a ser aplicado con efectos diferentes y crecientes en sus efectos a lo largo del tiempo, muy similar a lo que hizo la emblemática Suecia en los años 90, tras la quiebra de su sistema socialista estatal, no sólo en la jubilación. Y también, como el proyecto sueco, abarca un derrotero de 20s años, plantea mecanismos de mínima y también sistemas obligatorios y optativos adicionales, estatales y privados, resultante inevitable de dos conceptos que conocen muy bien los especialistas: en la actualidad, los sistemas con un cierto grado de sustentabilidad o factibilidad son los llamados de aportación definida, que ajustan vía la llamada tasa de reemplazo, o sea que el haber de retiro no responde en su parte sustancial a una fórmula predeterminada, sino que es una resultante que mantiene el equilibrio financiero del sistema, en el que cada trabajador tiene una llamada cuenta individual o nocional con el monto del que dispone para afrontar el resto de su vida.  También la edad límite de retiro se extiende periódicamente, en consonancia con las expectativas de vida de la población, y aun se puede prorrogar voluntariamente. 

 

Hasta ahí, en apretado resumen, la parte racional del análisis. Pero el oriental no es un sistema jubilatorio. Es un sistema de seguridad social. O sea que un trabajador y su empresa, (en definitiva, todo lo que aporta la empresa es finalmente salario del empleado) sustentan con su contribución no solamente el haber jubilatorio futuro de cada aportante, sino las pensiones de todo tipo, el seguro de enfermedad y paro, las asignaciones familiares, y aún las jubilaciones de quienes no han aportado nunca, más otros 20 conceptos que nada tienen que ver con el retiro. Semejante generosidad forzada tiene varios efectos. Por un lado, salvo momentos muy especiales de altos intereses reales mundiales, (que han muerto) el sistema tiende al déficit, con lo que el estado tiene que hacer fuertes y crecientes aportes para que el sistema no estalle. Con suerte.  

 

Como ya ha analizado la columna, son esas erogaciones no relacionadas con la jubilación los que ponen en crisis el sistema en todos los casos, en la actualidad también. Por eso el anteproyecto está obligado a usar el concepto de solidaridad intrageneracional, o sea una solidaridad obligatoria y oculta que golpea al trabajador aportante y a la propia generación de empleo. Ese criterio es una concesión que puede ser comprensible o no, pero que nada tiene que ver con el sistema jubilatorio. Al contrario. Esto parece esquivarse, o eludirse, con un pequeño párrafo del anteproyecto cuando explica las garantías y consideraciones básicas: “Solidaridad social, conforme al cual las personas que no hubieren generado niveles mínimos de protección recibirán suplementos con cargo a financiamiento fiscal.” O sea que cambia meramente el criterio contable del mismo gasto para no cargarle al jubilado con ese mochuelo, pero mantiene el costo estatal de esa sensibilidad. 

 

La insatisfacción al mezclar los costos de la solidaridad con la jubilación está así garantizada y será creciente con cualquier método. Si, como cree el socialismo marxista local el bache inexorable debe ser zanjado con nuevos impuestos, cualquiera fuere el formato de esas exacciones, ello redundará sin excepción en la pérdida de empleos y en la miseria generalizada, como lo ha demostrado desde la URSS en adelante todo intento de seguir ese camino, pese a la negación de la evidencia empírica de ese discurso. Aún más grave en la óptica de los odiadores de la empresa privada es la supervivencia de las AFAP dentro del sistema, otro concepto que también garantiza la oposición sistémica. 

 

Cuando el expresidente Mujica hace su lacrimógeno alegato en favor supuestamente de los trabajadores, ignora, obviamente de modo deliberado, que el criterio central que el trotskismo del PIT-CNT ha propugnado durante sus 15 años de gobierno delegado en el FA es un mecanismo de expulsión de empleo. El enfrentamiento y el odio hacia la empresa privada, los juicios sistemáticos laborales que permite una legislación antiinversión, el ajuste automático por inflación de toda la economía, que lleva a una espiral que - entre otras causales -  pulverizan cualquier capitalización jubilatoria, el proteccionismo laboral y comercial que torpedea cualquier tratado, la negación de la libertad y la propiedad empresaria, la constante amenaza de nuevas exacciones, la rigidez de negociación a la que se obliga a la oferta y demanda laboral, no son tomadas en cuenta a la hora del llamado sensible y solidario, ni se acepta que el sistema oriental así concebido necesariamente hace que cada ser humano que nazca sea un futuro desocupado, acreedor de un subsidio. 

 

Cuando Mujica habla de la necesidad de crear un fondo para garantizar las jubilaciones, apela a la deliberada ignorancia dialéctica que utiliza el marxismo desde su negacionismo engeliano fundacional. Esos fondos a los que hace vaga referencia se conformaron por una o varias razones: por un superingreso como el caso del petróleo noruego, por aportes de los propios trabajadores manejados inteligentemente por algún sistema independiente de inversión, imposible de pensar en un mundo de tasas de interés real negativas, o por las confiscaciones de fondos de empresas del estilo AFAP, como el caso del robo de las AFJP argentinas. ¿En qué nuevo impuesto piensa Mujica? ¿Qué confiscación sugiere? ¿Cómo imagina constituir ese fondo imposible? Cualquiera de esas variantes hará que, para evitar el indeseado escenario de un país poblado de “viejos menesterosos” se termine prohijando un país lleno de menesterosos de cualquier edad y condición, que parece ser su camino preferido y su objetivo final.  Igual que el del kirchnerismo argentino gobernante, que ha hecho algo similar con su manoseo jubilatorio, y aún de seguridad social, con resultado mucho más empobrecedor que cualquier otro formato existente o razonable que se pueda imaginar. 

 

No hay consenso posible, porque la oposición frenteamplista, o sindicalista, da lo mismo, no quiere consenso alguno. Ni admite la necesidad de una mejor, continua, moderna y redentora educación que se ha ocupado de negar prolijamente a la sociedad.  Sólo quiere consensuar un mecanismo de más y más impuestos que haga que toda la sociedad subsidie un sistema laboral y de seguridad social que la llevará a la ruina. O para ponerlo de modo más comprensible y actual, quiere transformar el sistema jubilatorio en un mecanismo de Renta Básica Universal, en la línea central de pensamiento de lo que se conoce como Agenda 2030, el plan de socialismo fracasado que ahora intenta lo mismo de siempre con otras excusas y otros métodos. Lo que se “consensuaría”, en consecuencia, es quién se hará cargo de pagar semejante subsidio creciente y eterno.