Publicado en El Observador  20/04/2021

El puzle de la jubilación es insoluble 

 

Como todo nudo gordiano, el intríngulis se resuelve de un tajo siempre injusto, que nadie se atreverá a infligir

 

Esta repetitiva nota empieza con un disclaimer. El autor también vio desaparecer su haber jubilatorio, tras 45 años de aportes, transformado en modesto estipendio por una bula prepotente e inconstitucional de Alberto Fernández. 25 años antes ya había sido herida de muerte por la reforma legal y totalmente constitucional de Domingo Cavallo, el famoso ministro noliberal de Menem. El disclaimer pretende alejar toda sospecha de elitismo, insensibilidad, frialdad o acusaciones similares con las que suele descalificarse la sensatez económica. 

 

El tema del retiro es de doble enfoque. Desde lo individual es casi siempre indisputable, justificable e imprescindible. Desde lo presupuestario, es explosivo y pernicioso, porque sigue un curso de colisión más inexorable que la trayectoria de un meteorito siniestro. No es fácil ni rápido en ninguna parte. Como se ha dicho aquí, Suecia, tomó 20 años en salir de su sistema socialista y pasar a un complejo triple sistema mixto. Demasiado capitalista para el gusto oriental.

 

Uruguay incorporó en su Constitución, sus leyes rígidas y su concepción generalizada del estado, un profundo criterio socialista, guste o no. Ese concepto ha llegado hasta a institucionalizar la inflación y hacerla formar parte de la ley, al ajustar todos los sueldos públicos y privados por ese índice, un suicidio. De modo que ni siquiera se puede pensar en usar el flagelo inflacionario para resolver el problema, como en el modelo sanguinario del vecino. 

 

La pandemia agravó el problema, o lo aceleró, por el lado de la justificación del gasto y el déficit, y por el lado de la emisión irresponsable. No ha cambiado ninguna regla, pero hace creer que burlarlas no importa, lo que no anula las consecuencias. Así lo entiende el FMI, que, vacila entre su socialismo religioso y sus conocimientos técnicos, pero pide como paso previo a cualquier acuerdo que se arregle el tema jubilatorio y que se les confisque sus ahorros a los ciudadanos que supone ricos. Dos robos. 

 

Suponiendo que la sensibilidad socialista oriental acepte que se excluyan de los pagos del BPS (y se paguen con rentas generales, si alcanza) todos los rubros que no tienen que ver con el contrato jubilatorio de reparto (seguros, pensiones, jubilaciones sin aportes, asignaciones familiares y otros solidarismos que constituyen la casi totalidad del déficit) los números tampoco cierran en la proyección a futuro de la ecuación. Como se sabe, hay varios factores que componen tal ecuación. La tasa de reemplazo, o sea el monto que cada afiliado recibirá, la edad de retiro, la tasa de supervivencia y el nivel de empleo, más la rentabilidad de la supuesta inversión de los supuestos saldos en el caso de las AFAP, asumiendo que el odio a los privados y la tasa de interés mundial las dejen en pie.

 

En cuanto al concepto de reparto, la creencia local parece ser que ese aditamento “de reparto” implica que se juega a la repartija con los aportes, cuando en realidad el reparto es intergeneracional, no una solidaridad de los jubilados legítimos con los miles de necesidades de sus conciudadanos que no pertenecen o no aportaron lo suficiente al sistema. 

 

Por último, el tema de fondo es el empleo. Y el empleo legal, agréguese. Si se trata de resolver la ecuación estirando efímeramente la edad de retiro, la frazada corta la sufrirán los jóvenes que busquen trabajar.  Lo mismo ocurre con la idea cartesiana e infantil de traer cientos de miles de inmigrantes a trabajar (en la construcción o el servicio doméstico, como máximo). Uruguay no tiene un entramado que permita y motive la oferta y demanda laboral. Al contrario. Su mecanismo sindical y legal hace cada vez menos viable la competencia laboral, de la que el trabajador está exceptuado por un derecho otorgado por Dios y garantizado legalmente de mil maneras. Más el Pit-Cnt, representante rentado del Creador sobre la tierra. (Si fuera creyente)

 

Si se agrega el doble efecto del reemplazo tecnológico acelerado por la pandemia, la discusión sobre la jubilación pasa a ser bizantina. Ni siquiera la degradación de ciertos sectores, como el militar, prosperará. Seguramente los planes del gobierno para la reactivación prosperarán y serán importantes para Uruguay, pero difícilmente, en términos cuantitativos, alcancen para conseguir los trabajadores adicionales requeridos para que el actual esquema funcione. Tampoco la absurda idea de aumentar las cargas patronales, o personales, da lo mismo, porque finalmente es otro modo de reducir el empleo, mucho más el blanco. 

 

En tales condiciones, como en todas las situaciones cuya resolución se confía a una comisión o a un comité, el tema es insoluble. Nadie se atreverá a tomar una decisión efectiva sobre el tema, cualquiera fuera su ideología o criterio. 

 

Lo que por supuesto lleva a la solución socialista del tema: algún formato de aumento impositivo, sea la emisión – inflación garantizada- el déficit y deuda, un impuesto futuro, o más gabelas. Lo que inmediatamente garantiza menos empleo y menos contribuyentes. Salvo que el empleador fuera el estado, lo que a su vez garantiza un incremento de la trilogía manoteadora descrita, y menos empleo auténtico.  

 

Como además de la conveniencia de cada sector la población sigue creyendo en el socialismo al que llama batllismo y también que tiene leyes laborales de avanzada mundial – ensoñación notable – y está convencida de que la bolsa del contribuyente jamás se vacía ni se cierra, la jubilación es un problema insoluble, o sea, un problema que soluciona la realidad con alguna clase de catástrofe, que golpeará, entre otras resultantes,  con la tan temida pérdida del grado de inversión, una preocupación que suelen tener los países condenados a endeudarse. 

 

Publicado en El Observador  13/04/2021

¿Nuevo orden mundial o autocracia impositiva global? 

 

Estados Unidos soluciona sus problemas obligando a sus aliados a comprárselos y para ello copia a la burocracia supranacional

 

Para muchos resultó casi lógico que la semana pasada el gobierno norteamericano saliera a proponer-imponer a los países bajo su influencia una suba de la tasa mínima permitida (por la OCDE, su santo nombre) del impuesto a las ganancias de las empresas. Es conocido que las corporaciones internacionales, básicamente tecnológicas, dibujan su radicación en las naciones como Irlanda o Luxemburgo, con tributación más baja - la tolerada hoy es el 12.5% - para eludir de ese modo los tributos estadounidenses. Contradictoriamente, la potencia americana venía defendiendo la inmunidad impositiva de sus empresas cuando se intentaba aplicarles impuestos locales, como el IVA. 

 

Siempre las transnacionales usaron lo que se conoce como tax-planning, un procedimiento inicialmente legal que, como otros casos, pasó a ser demonizado por la vocación recaudatoria de los entes supranacionales económicos, casi su objetivo excluyente. La explosión del negocio del entretenimiento y los servicios tecnológicos produjo excesos indefendibles, y Norteamérica perdió una fuente importante de recursos de un sector que en teoría debía aportar lo que ya no aportarían las viejas industrias desplazadas o cedidas. (Las empresas yanquis aprovechan también la alternativa legal que les brindan sus propias leyes, de diferir los impuestos en la medida en que los fondos no sean repatriados)

 

Por eso Obama encaró el problema proponiendo una especie de blanqueo, por el que todos los fondos que se repatriaran pagarían sólo el 10% por única vez por todo el pasado. Y de ahí en más, bajaba la tasa del impuesto a las ganancias a esas empresas específicas al 20% anual, como modo de enfrentar la competencia impositiva. Con ese producido formaría un Fondo de Infraestructura, para encarar una tarea que, como ha explicado esta columna, es imprescindible e impostergable. No fue aprobado por el Congreso. 

 

Trump eligió el camino de bajar el impuesto a las empresas en general al 20%, esperando así reducir el atractivo para la elusión, al minimizar el ahorro de inventar radicaciones en los países de menor tributación y permitir la repatriación sin costo. Se encontró conque las empresas repatriaban los fondos del exterior acumulados, pero no los usaban para invertir ni para generar nuevos empleos. Los aplicaban a la recompra de acciones, una práctica que, en opinión de la columna, viene destruyendo al capitalismo americano hace 4 décadas. O para más bonuses a sus ejecutivos. Eso le golpeó la recaudación e impactó sobre el endeudamiento. 

 

Ambas soluciones, con sus pros y contras, respondían a principios básicos del capitalismo liberal tanto en su política interna como externa. Y a principios económicos probados largamente por la evidencia empírica, con perdón por el ofensivo término. Biden toma otro camino. Como dando la razón a quienes lo ven como el ariete del New World Order o del Reseteo Universal, (socialismo de facto vía pandemia agravada por el miedo y el cierre) sube para todas las empresas los impuestos que había bajado Trump, que podrían haberse perfeccionado. Sólo porque necesita esos supuestos fondos para su plan rooseveltiano de Infraestructura.  Como eso aumenta el incentivo para la elusión vía radicación en terceros países, 

y en el mejor estilo de Roosevelt, (Teddy ahora, no Franklin) quiere imponerle al resto del mundo una tasa de impuesto que le convenga a su proyecto. Nadie puede cobrar menos que el 21%, porque sí. 

 

No importa para el líder americano el efecto que eso ocasione en cada país, ni su estructura impositiva, ni su política fiscal. Ni le importan la soberanía o la democracia de las naciones. Le importa sólo lo que a él le conviene o le parece. Se asemeja, por casualidad o afinidad ideológica o por simple uso de poder, a los entes u organismos burocráticos supranacionales, que han ido borrando - e intentan que sea para siempre – el derecho y la potestad de los ciudadanos de cada estado a darse sus propias leyes y a modelar su propia sociedad. Más claramente, intentan anular las democracias locales. 

 

Y en ese esfuerzo, desprecian la eficiencia de los gobiernos, fomentan el estatismo descaradamente, cancelan el mérito y el esfuerzo de las comunidades, igualan a nivel del subsuelo. Cualquier nación ya no puede cobrar impuestos bajos, o menores a los de Estados Unidos, o a lo que la OCDE determine, o ser tan exitosa que simplemente no cobre impuestos. Faltaría que ahora forzaran a todo el mundo a tener un DMO, un déficit mínimo obligatorio. 

 

Al mismo tiempo, dentro del galimatías de sus cambiantes recetas, el Fondo Monetario Internacional, que como se sabe tiene dos funciones, la de prestamista de última instancia y la de rector moral de la humanidad según las tendencias de esta semana, recomendó a sus miembros gravar a sus ricos, y explicó sus bases empíricas y técnicas para semejante idea: “para dar una muestra de solidaridad a los afectados por la pandemia”. Es bueno que los burócratas expatriados con altísimos sueldos, que suponen ser expertos en economía, se hayan reconvertido en profetas del solidarismo mundial. Total, sobra plata, como todos los lectores de esta columna saben y experimentan.

 

Los efectos de tal muestra de afecto y sensibilidad no fueron incorporados a la ecuación económica, ni se estudiaron los resultados de experiencias similares en el pasado, ni el Fondo las prevé. Simplemente se limita a predicar la caridad con el ahorro ajeno. Estos comunicados del Fondo bien podrían denominarse Encíclicas Monetarias Modernas y ser respaldadas por un paquete de ecuaciones de premios Nobel, para que parezcan técnicas. Y las debería imponer Biden. 

 

¿Cuánto falta para el burocrático impuesto universal a empresas y personas con el que soñaba Keynes? 

 

Publicada en El Observador 08/04/2021

Renta universal: el fin del trabajo

 

La idea obstinada de que el estado reparta un salario mínimo a la sociedad pulverizará el empleo, el bienestar y el crecimiento

 

Muchos antes que la pandemia, o que la lucha contra ella, una extraña comparsa de billonarios y teóricos contratados proponía paliar el desempleo que generarían la robótica, la IA y la tecnología en los próximos años, con una renta universal que el estado pagaría a toda la sociedad, financiada con un impuesto a los seudoricos, (que no tuviesen la estructura elusiva de los que propugnaban la idea) preferentemente global. (Y administrado por una burocracia con sede en el infinito, la pesadilla de Hayek)

 

A esa idea se sumó (o la inventó) el social-comunismo globalista, porque se parecía a su prédica de hoy, aunque chocara con las teorías sobre el trabajo del mismísimo Karl Marx, si se analiza. Aclárese que no es ese el pensamiento de China, que paradojalmente no alberga semejante criterio. Habría entonces que sostener que se trata de una propuesta del social-comunismo-occidental, si se permite tal oxímoron.

 

Las cuarentenas y cierres consolidaron el desempleo que venía agravándose en los 5 años previos y con ello golpearon el consumo, con lo que ahora los abogados de la repartija encuentran una nueva excusa para volver sobre la idea reforzada de subsidiar con un salario universal a media sociedad -ya no a toda - suponiendo que así se reactivará la economía. Dado los límites odiosos que impone la realidad, ese emolumento surgiría de la emisión, el endeudamiento o más impuestos, en definitiva, la misma cosa, un gravamen que, inexorablemente terminará aplicándose sobre la riqueza percibida, hasta que se acabe. 

 

El sindicalismo oriental, empezando por el Pit-Cnt y su controlado, el Frente Amplio, se apresuran a reclamar tal auxilio directo y simplista: si el problema es que la población no tiene ingresos, la solución evidente es ponerle de inmediato plata en el bolsillo, por un tiempito, que tenderá a ser eterno. - Después se arreglará – dicen. La lógica parece irrefutable. Hasta que se comienza a pensar. Ahí se ve que no hay después.

 

Mientras el sindicalismo bregue hasta el empecinamiento por mantener las rigideces laborales y aún el nivel salarial actual, derecho que en muchos puntos tiene pero que puede ser suicida reclamar, es imposible aumentar el empleo privado, único empleo auténtico sostenible. Ni Uruguay vende nada adicional a su producción pastoril ni podrá hacerlo con el actual nivel de costos, dentro de los que se incluye el salario y los impuestos, que justamente con este tipo de ideas sensibles y utópicas se tornan insostenibles. 

 

Insistiendo. A estos niveles de costos salariales y laborales e impositivos, la economía oriental se empantanará. Si se intenta cubrir las diferencias con impuestos de cualquier tipo, el pantano se transformará en desierto. 

 

Ante esta simple descripción del funcionamiento de la realidad, no ya de la economía, cuanto más se subsidie el desempleo menos incentivo habrá para flexibilizar pretensiones y conseguir trabajo. Con lo que la espiral de desempleo será fatal, y crecerá hasta que el único pagador de sueldos sea el estado, o sea usted, lectora. 

 

Antes de que surjan los ayes lastimeros de los enamorados de acusar de insensibles a los que no quieren que les arrebaten su dinero para ayudar a los sufrientes, corresponden dos aclaraciones: no tiene sentido defender un remedio que le alivia el dolor al paciente una semana, pero lo mata en 6 meses. Y tampoco se trata de abandonar a su suerte a los que han perdido su trabajo como consecuencia de la catástrofe mundial. 

 

Por eso es mejor apuntar a una ayuda temporaria, medida y posible a quienes sufren el desempleo, y dedicar la mayoría de los recursos a fomentar y apoyar a las empresas y emprendedores privados que creen empleo. Lo que implica un esfuerzo político e intelectual muy importante, porque se trata de rediseñar o reinventar el crecimiento en un entorno global que será mezquino, proteccionista y ultracompetidor, aunque no ultracompetitivo. 

 

Si adicionalmente se subsidia más o menos permanentemente el desempleo, se elimina todo incentivo a rebajar pretensiones y aún a trabajar, con lo que el desempleo no tendrá límite, y el estado será el único patrón, con las consecuencias previsibles. De ahí no se vuelve. 

 

Hay un criterio laboral oriental por el que el empleador y en especial el inversor es una especie de turista al que hay que extraerle todo el provecho posible. No es intención de esta columna modificar ese temperamento sagrado y simbólico. Simplemente se trata de comprender como funciona la generación de empleo y aún de riqueza en todo el planeta. Cuando se habla de venderle al mundo, todos los factores deben competir, inclusive el estado y el trabajo. 

 

Claro que no ayuda el ejemplo de algunas expotencias en ciernes, como EEUU o la UE, cada vez más en manos de burócratas y parlanchines, que, como los antiguos reyes al borde de la guillotina, se apresuran a compartir y repartir a raudales el botín del gasto público para conseguir votos, tolerancia, indulgencia, perduración o privilegios. Con menos inmediatez, sufrirán el efecto de semejantes políticas. Después, claro. En cambio, los países pequeños sufrirán instantáneamente el efecto de imitarlos. 

 

Por supuesto que para el social-comunismo tal extremo también es deseable, ya que convierte a la sociedad en una masa mendicante y al estado en un feudal protector que provee sustento, seguridad y protección aparente, que es su objetivo desde Lenin. Por eso propone más cierre. Pero ese disputable logro debería surgir de una decisión consciente de la sociedad, no de un engaño ideológico que le hace creer que se puede reemplazar el fruto del esfuerzo del trabajo con una dádiva del estado.

 

Que Yellen defienda este festival estatista mundial, como hizo ayer, simplemente es una confirmación. 

 

 

 

 

Publicado en El Observador  30/03/2021

El impuestazo argentino 

de Astori

 

La inoportuna idea de proponer un impuesto a la riqueza en momentos donde lo que se necesita es que vengan los llamados ricos a radicarse

 

La pandemia ha hecho que el socialismo mundial en todos sus ropajes y sus apodos acelerara con todo oportunismo su campaña del sueño de la renta universal por gracia estatal y saliera a proponer simultáneamente subsidios “al bolsillo” costeados con aumento de impuestos, porque sabe que es una buena manera de eternizar su pulsión marxista, sin importarle si tal concepto se torna un problema insoluble, ni la suerte de las sociedades que lo apliquen.  Como es la única herramienta que conoce procede como el proverbial operario que sólo tiene un martillo y todo quiere arreglarlo a martillazos. 

 

La columna se ocupará del empleo uruguayo en breve. Pero ahora interesa analizar la propuesta de un nuevo impuesto, ilusoriamente por única vez, que está presentando al Frente Amplio el senador Danilo Astori. Se trata de un ansiado impuesto sobre los depósitos de residentes uruguayos en el exterior, cuya letra es casi copia fiel del escandaloso gravamen recientemente aplicado en Argentina. Y su tasa es de 1.6%, confiscatoria en un panorama de renta cero por años.

 

El senador Astori es un político de experiencia, que además domina la economía y conoce de sobra la acción humana que la mueve y los efectos de los actos del gobierno sobre las expectativas y las decisiones de la sociedad. Justamente esta columna lo ha elogiado en varias oportunidades por su sensatez en esa tarea cuando le tocó ejercer la función de gobierno en lugares prominentes. 

 

No puede ignorar que su proyecto no tiene demasiadas chances de transformarse en ley, como no puede ignorar que el solo enunciado de semejante ataque confiscatorio tendrá el efecto de un torpedo bajo la línea de flotación de uno de los pilares del plan de recuperación de la economía oriental del actual gobierno, que es la radicación de personas, empresas y emprendedores de la región, que fue un fuerte componente del crecimiento durante los 10 primeros años de gobierno del Frente, la que además, bajo su acertada influencia, se cuidó de no ahuyentar y hasta de proteger. 

 

Si bien el proyecto es un recurso de política interna y opositora que puede ser justificado por quienes tienen la vocación y la obligación de comprender el accionar de los partidos, es también un acto de sabotaje a la política del gobierno, una de las pocas que puede adoptar la Coalición o cualquier otra tendencia gobernante que intente mejorar el rumbo oriental. 

 

Cuando en Uruguay se analiza el desastre argentino, es común echarle la culpa al peronismo y a su caricatura exagerada que es el kirchnerismo, representada por la figura maléfica de Cristina Kirchner. Pero ¿de qué huyeron los empresarios, los innovadores, los inversores, los creadores, los productores, los privados? No huyeron ni huyen por razones ideológicas, ni siquiátricas, ni discursivas, ni por actitudes destempladas, delirantes o histriónicas de la viceprimera dama y su corte. Huyen de la desaforada vocación de gasto estatal y de confiscación impositiva del peronismo, y de quienes quieren derrotarlo con los mismos principios. Entonces, si se copian los procedimientos y leyes peronistas, se van a obtener los resultados peronistas. 

 

Lo que logrará el senador con este proyecto es no sólo crear dudas en las futuras radicaciones de capitales e individuos, sino que cualquier decisión en tal sentido se torne oportunista, circunstancial y transitoria, ya que queda evidenciado claramente el ataque sobre los patrimonios y la empresa y el empleo privados que sobrevendrá si el Frente Amplio tuviera un resultado favorable en 2024. Lo que automáticamente generaría la estampida de desconfianza que generó la vuelta del kirchnerismo a Argentina. ¿Quién se radicará en Uruguay o en cualquier otra parte si en cuánto lo haga será obligado a perder parte de su patrimonio en solidaridad retroactiva para subsidiar un desempleo eterno, o si se quiere poner en términos técnicos, estructural? ¿Quién pagará semejante peaje cuando tantos países están buscando justamente ofrecer lo opuesto? El argumento de que “como está fuera del país el impuesto es un buen mecanismo para obligar a invertirlo localmente”, o que no tendrá consecuencias económicas, no difiere de la actitud de ama de casa resentida de la mandamás argentina. ¿En serio se puede pensar que alguien se radicará en Uruguay para empezar a pagar al día siguiente un impuesto sobre su patrimonio total obtenido previamente, que no fue generado localmente, en nombre de una supuesta solidaridad que se le endilga y que tampoco hay derecho a exigir de ningún ciudadano que ya ha pagado todos sus impuestos?   

 

Por supuesto que si además el socialismo frenteamplista sigue sosteniendo su idea basada en el concepto de la renta universal que propugna la izquierda internacional cuyo germen está sembrando, el país está condenado al mismo destino argentino, con el estado como único proveedor de empleo, prolegómeno del totalitarismo, además. Y de la pobreza, como también ocurre en Argentina. Y también está condenado a que se agoten los patrimonios antes de que se agoten las necesidades, algo peor aún. 

 

Contrariamente a lo que ensoñadoramente sostiene el pensamiento estatista redistribucionista universal, los países pequeños necesitarán más que nunca del capital, de los emprendedores y de la creación de confianza y seguridad para salir a flote. Atacarlos siempre ha dado malos resultados. Esta vez no será distinto, más bien será fatal. 

 

De modo que, en homenaje a la cordura y seriedad evidenciada en sus gestiones, el senador Astori debería retirar ese proyecto y no intentar presentarlo, por lo menos hasta que su fuerza política vuelva a ser gobierno. Y en ese momento, tampoco presentarlo.