Publicado en El Observador 15/12/2020


La venganza del virus

 

Reflexiones sobre el comportamiento social, las medidas del gobierno y 

los efectos de la crisis sanitaria

 




















En una evolución acorde con las curvas mundiales, el coronavirus avanza ahora a paso marcial sobre la población oriental con peligroso ritmo. Si bien el patrón responde al trazado universal de la pandemia, hay razones locales que agregar. (Sin incursionar en cuestiones médicas que la columna ignora, entre otros temas)

 

Aunque el gobierno siga afirmando que la traza de cada brote está controlada, esa no parece ser la impresión de quienes están en el frente de combate. La frase más oída es: “hay muchos más casos de los que se declaran”. Es muy posible. La lectora conocerá casos de amigos que deciden no informar de sus síntomas ni hisoparse, para evitar el incordio de todo el proceso, más el aislamiento laboral, económico y social que ello implica. Se agregan las dificultades y demoras para ser hisopado y para conocer el resultado del test. El sistema es muy deficitario en ese aspecto, al punto que fomenta escaparse u ocultar el contagio. No es un tema menor y es una mezcla de responsabilidades entre el sistema, o el gobierno, como se prefiera, y una parte de la población que reacciona antisocialmente, y no sólo en sectores marginales. 

 

En ese rubro hay mucho por mejorar. Los 15,000 testeos que se prometieron todavía no están ni lejanamente vigentes y las carencias administrativas son enormes. Un método de voluntariado podría ser útil, pero debe ser organizado, desde los call centers hasta los seguimientos. Esos 10,000 testeos adicionales deben ser preventivos, repetitivos y planificados. Geriátricos, clubes, personal de salud, centros educativos y otros deben ser testeados sistemática, periódica y obsesivamente. No se trata meramente de aumentar el número de hisopados, sino de hacerlo con un plan.  

 

Ciertas acciones deben ser compulsivas. Es válida y aceptable la posición del presidente cuando dice que no está dispuesto a detener o procesar a alguien que sale a buscar un peso para dar de comer a sus hijos. Pero una fiesta clandestina, con propósito o no de lucro, debe ser disuelta de inmediato y considerada un delito flagrante. Lo mismo que las infracciones a la cuarentena, se trate de uruguayos o extranjeros. Y los ciudadanos deben ser estimulados a denunciar ese comportamiento delictivo, adjetivo que puede avalar cualquier epidemiólogo. Denunciar semejantes procederes no es diferente a denunciar una agresión armada. 

 

La decisión argentina de abrir las fronteras sin cuarentena plantea otro problema. Los viajes de uruguayos y argentinos a Buenos Aires son y serán una fuente inagotable de contagio, sobre la que hay que actuar con energía. Los regresos luego de esas vacaciones peligrosas deben ser rigurosamente controlados. Sin excepciones, no como ocurre hoy. 

 

Es plausible la decisión de no implementar una cuarentena generalizada, una muestra de impotencia. Pero hay muchos caminos por tomar y recursos por agotar sin llegar a esos extremos. Para usar un solo ejemplo, los dueños de propiedades argentinos presionan por poder entrar a Uruguay. No los mueve sólo el deseo de vacacionar, ya apagado por la realidad. También hay preocupaciones por los copamientos y usurpaciones en algunas áreas. Los intendentes de las zonas de turismo que claman por el ingreso de esos propietarios deberían ocuparse de garantizar la seguridad, un viejo reclamo, y de persuadir a bajar mucho más los precios de alquileres, para fomentar el turismo local, tarea en la que siempre fallan. El ejemplo de la Intendente de Montevideo de colaborar con el gobierno nacional en todas sus medidas debe ser imitado sin cortapisas. Las fronteras deben seguir cerradas, más que nunca. Para quienes ponen la ideología por delante de todo, habrá que recordar que los sectores más afectadas por el aumento de casos, tanto en la salud como en lo económico, son siempre los más precarizados. 

 

Si bien hay que destacar y agradecer que el número de ocupación de camas está bajo control, las muertes se mantienen en el promedio mundial, lo que nunca es un atenuante. Por eso importa tener más información sobre los planes de vacunación, que vagamente se supone que comenzarán en otoño. Un tema vital tanto en lo sanitario como en lo económico. Y nada fácil. La vacuna de Pfizer, la única que tiene aprobación de algún organismo confiable, difícilmente pueda ser utilizada masivamente en el medio local. No ya por el costo, sino por la necesidad de conservarla a bajísimas temperaturas, lo que implica un control de la cadena de frío que la torna selectiva por definición. Pese a ello, se debe permitir el acceso privado a las vacunas aprobadas de cualquier origen. Toda barrera que corte la difusión del virus debe ser utilizada. No se trata de una cuestión de igualdad de oportunidades, ni de igualar para abajo. El estado debe vacunar gratuitamente a toda la población, pero si alguien puede comprar una vacuna privadamente debe permitírsele hacerlo, lo antes posible. El virus no se corta por lo más delgado, sino por donde se puede. 

 

En otro plano, el peso del virus sobre la economía aumenta en la misma proporción que los casos. Al afectar duramente las expectativas se adormece el entusiasmo, la acción humana. Unido al cepo del Mercosur y a un quedo en el impulso del gobierno, que entre otras cosas frenó la desmonopolización petrolera de la fatal ANCAP y la eliminación de su omnipresencia multirubro, es preocupante. Como lo es la parálisis en la inmigración e inversión de emprendedores argentinos, demorada por la pandemia. 

 

La Navidad y el año nuevo plantean otro falso desafío. La necesidad de reunirse, celebrar, abrazarse, besarse, compartir, reencontrarse. Esta vez, en cambio, debe ser un momento austero y de reflexión, más que un réveillon o una bacanal pirotécnica, multitudinaria y burbujeante. Tal vez no venga mal. 






Publicado en El Observador. 8.12.20


La convivencia democrática como ventaja geopolítica

 

El pretexto de defender la democracia con acción directa la desvirtúa fatalmente

 

Cuando en 2008 Barack Obama ganó la presidencia norteamericana el Partido Republicano empezó, antes de la asunción, una oposición salvaje al nuevo gobierno. Influido por una delirante Sarah Palin, candidata a vice derrotada, y otros desorbitados, creó el Tea Party, especie de rama interna de KuKluxKlan político, para oponerse por sistema a cualquier decisión o proyecto de la conducción demócrata. 

 

Si bien la mayoría demócrata en el Congreso impidió una real obstrucción al proceso legislativo, la acción del GOP anuló la formulación de políticas bipartidarias, que tanto necesitaba ese país, en especial en el manejo de la Crisis de los subprime la bomba de tiempo creada por George Bush (h) con la ayuda de un Alan Greenspan que a esa altura había dejado de ser serio. Los mandatos de Obama transcurrieron sin pena ni gloria, salvo en la duplicación de la deuda norteamericana, que sin llegar a la marca de Reagan se disparó, en buena parte como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y el salvamento al sistema bancario y de varios banqueros ladrones, de paso. 

 

El Tea Party, una reacción rabiosa difícil de no conectar con la condición racial de Barak, se oponía a las políticas anticapitalistas y antibélicas que supuestamente aplicaría el ganador. Fue un precursor de lo que ocurre hoy en el mundo, empezando por el propio EEUU. 

 

Donald Trump, del que Palin fue mentora, está hoy yendo más lejos: fogonea una desobediencia civil para impedir gobernar al presidente recientemente elegido. Sus argumentos de un fraude masivo, (esgrimidos con sorprendente premonición precomicial) no han sido convalidados hasta hoy por ningún juez estatal ni federal en ninguna instancia, ni apoyados por el propio Procurador general de Trump. 

 

La importante masa de votantes del GOP sostiene que el Partido Demócrata está copado por el comunismo y que urge un movimiento de resistencia ciudadana ante lo que consideran el fin del capitalismo y de la propia democracia. Eso implica la parálisis del país, la invasión masiva de las calles, la rebelión fiscal y sus subproductos, con final impredecible. 

 

Para defender la democracia y el capitalismo, emprenden acciones que van frontalmente contra la democracia y el capitalismo. Cabe preguntarse cual de las dos líneas de pensamiento dinamitará más rápido al sistema, si la de quienes lo atacan o la de quienes lo pretenden defender. Este futuro inmediato, en pleno intento de recuperación de la pandemia, preanuncia un golpe durísimo a la confianza, la inversión y el empleo. 

 

Estados Unidos no es único en esta línea. Europa ya padece y padecerá diversas rebeliones en las calles, como las de París o peores, por razones totalmente opuestas: la lucha por la igualdad, contra la concentración de riqueza,  los supuestos derechos sociales, la ignominia del neoliberalismo - sea lo que significara ese apodo - el egoísmo del capitalismo y el clamor por un salario universal sin trabajar y por más bienestar provisto por el estado.  Orquestadas, como se vio y verá en Chile. Tanto la izquierda como la derecha, en una división simplificadora, creen en la democracia sólo cuando ganan, y desacatan sus resultados cuando pierden. Rara forma de democracia directa, una democracia optativa, según el resultado. 

 

El tema empeora cuando los partidos y los políticos – cuya calidad y grandeza disminuyen notoria y velozmente y que han hecho de la política un negocio, exacerban estos movimientos con la ayuda de empresarios interesados vía todos los mecanismos comunicacionales, desde las redes a los grandes entes burocráticos internacionales, formales o solapados. 

 

Como todo conduce a la desaparición de la democracia real y a un reemplazo de las decisiones populares por las del estado anónimo, a este paso la libertad es la próxima víctima. Y el atraso y subyugación de los pueblos su consecuencia última. Porque este golpear antidemocrático en nombre de la libertad y la protección del ciudadano, desemboca irremisiblemente en la esclavitud, el atraso y la sumisión. 

 

Ahora agréguese la pandemia. La columna ha sostenido que el superprotagonismo del estado, azuzado por el miedo inducido, lo transformó en policía bueno y repartidor de salarios y subsidios. Eso hace creer que tal proceder ha triunfado filosóficamente y es el nuevo paradigma. Al igual que el caos artificial callejero da pábulo a sostener que su origen es la injusticia, cuando su origen real es la manipulación. Tampoco parece resolverse con ese criterio el problema de la generación de riqueza. El mismo problema que el comunismo no pudo resolver hace 100 años.  

Mirando el panorama con la modesta lupa doméstica, para no ser arrastrado por la marea habrá que recordar que la democracia es el gobierno de muchas minorías que se unen para votar. Y que respetan a las otras minorías. Principio cuyo cumplimiento todos reclaman, y todos olvidan cuando ganan. 

 

La diferencia en la actitud y el recato de la familia del presidente Vázquez y la familia de Maradona, y el proceder del presidente Lacalle Pou contrastando con el del presidente Fernández, no son meramente una cuestión de estilo, ni de idiosincrasia. Reflejan una diferencia monumental de criterio sobre los hombres públicos. En los grandes países, los políticos son servidores, esclavos de la sociedad. (Borgen) En otros, la sociedad es esclava de los políticos con el riesgo de serlo más. 

 

Hace 200 años, desde el exilio, San Martín escribia a O’Higgins: “el país está dividido en dos partidos, y cada uno cree que por el bien de la Nación el otro debe desaparecer de la faz de la tierra. 

 

En el proceloso futuro, que el pueblo y los políticos respeten y defiendan la democracia, ganen o pierdan, será una ventaja geopolítica fundamental, que hay que preservar a toda costa. 

 



Publicado en El Observador 1/12/2020
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La Constitución, el arma mortal de Cristina para la venezolanización, la impunidad y la monarquía kirchnerista

 

La Carta magna es el vehículo, no el límite, de la reina del Senado y regente argentina en su camino a la dictadura electoral





Se dice que el gobierno de la viuda de Kirchner infringe por sistema la Constitución con un triple objetivo: lograr su impunidad, alinear al país en la línea Venezuela-Cuba-patriagrandista y fabricar un voto mayoritario que le garantice su sucesión familiar en el poder, en línea con su formación cursada en una satrapía provincial, como cabe a una baronesa peronista. 

 

Como Chávez antes y Maduro ahora, la abogada putativa populista viene usando crecientemente cada uno de los recursos o vacíos legales que le brinda la Ley Fundamental para formatear a la sociedad en un conjunto de borregos fanatizados que simplemente sigan las consignas que se les dicte y voten a quien se les ordene y lo que se les ordene. Sin embargo, será muy difícil demostrar la inconstitucionalidad de su proceder. Tanto desde la letra como desde la acción de la Corte Suprema.

 

Si bien los constitucionalistas fulminan sus atropellos, la jefa peronista ha estado siempre muy bien asesorada sobre los recovecos legales, o sea que viene haciendo muy bien el mal. Debería estudiarse su accionar como la medicina estudia a los virus, no los desprecia ni los niega. 

 

En la fase actual de su plan usa hábilmente la veloz y sospechada reforma de 1994, de la que fue constituyente. Tras la apabullante derrota de medio término de 1993, la Unión Cívica Radical, presidida por Alfonsín, se compró el argumento de Carlos Menem que sostenía en la negociación truquera que tenía mayoría para plebiscitar una reforma que le permitiría reelegirse por 6 años, y que luego sería fácil erigir como presidente a Eduardo Duhalde por otros 6 años, con lo que el radicalismo no volvería al poder por 12 años. 

 

En cambio – argumentaba el astuto riojano – si la UCR consensuaba una reforma, él se postularía sólo por 4 años y garantizaría que su sucesor fuera radical. La cuestionada Junta Coordinadora radical defendió a ultranza el pacto, que se llamó de Olivos, y que mereció duras críticas del ministro del interior de Menem, Gustavo Béliz, quién se alejó del gobierno y de la política agitando la acusación de “valijas con dinero” cambiando de manos. Los bolsos, se sabe, son un apotegma peronista, a veces multipartidario. 

 

Alfonsín cedió, pero impuso varios artículos como condición, que fueron rápidamente aceptados por Menem, cuyo interés único era la reelección. Cumpliría minuciosamente su palabra, al extremo de enojar a su excompañero Duhalde, a quien saboteó en 1999 para permitir el triunfo del radical de la Rúa.

 

Así se crearon varias instituciones a las apuradas. Una de ellas el Ministerio Público, un cuarto poder autónomo que instauraba el cargo de Procurador General. Ese cambio, de vital importancia, tiene en el texto de 1994 apenas un artículo de 4 líneas. Deja librado al Congreso las mayorías requeridas y todo el funcionamiento. Es decir, crea un cuarto poder, pero lo condena a ser manejado por el Senado. Ese agujero jurídico elemental es usado por Cristina hoy. Y logra manejarlo porque en el fondo así lo establece la Constitución. Los dos tercios de mayoría agravada para designar a este funcionario clave, que la maxiimputada va a demoler, debieron estar en el texto constitucional. Los constituyentes gallináceos delegaron esa decisión en el Senado, hoy a cargo del zorro. 

 

 

La institución del Decreto de Necesidad y Urgencia es otro precipicio legal que permite al presidente pasar una ley en minoría en ambas cámaras (sic). ¡La Constitución creando una norma anticonstitucional! Y, de yapa, delegando su diseño completo en manos del Congreso, que se suicida dictando una ley que le quita su función excluyente. Esa ley del DNU fue utilizada para robar a los jubilados y otros atropellos.  

 

La Constitución que define al país como federal, también obligó en 1994 a dictar una ley de Coparticipación entre las provincias y la nación no después de 1996, un aborto unitario. La esencia misma del sistema económico merece sólo un artículo de 4 líneas en la Carta Magna. De todos modos, nunca se hizo. La falla es la herramienta principal de la dueña del Senado para destrozar la oposición que percibe abroquelada en la Capital Federal.

 

Mucho del manoseo a la justicia para exculpar a la expresidente-presidente ocurre por la creación en 1994 del Consejo de la Magistratura, que al mismo tiempo establece un sistema paralelo de jury de enjuiciamiento a jueces inferiores, una suerte de duplicidad deliberada. El Consejo es un gran avance, pero se instituyó con un articulado precario, que pone en manos de la política a la que se pretende controlar la composición y manejo de la institución. Hoy es otro herramental kirchnerista que usa a discreción, luego de varias reformas y toqueteos. ¿Inconstitucional? No. Pero muy efectivo para manipular jueces, otro bisturí de la cirugía cristinista de impunidad.

 

La limitación de la reforma sobre la edad de retiro de los ministros de la Corte también es un arma que el kirchnerismo ha usado hábilmente como amenaza y moneda de cambio, junto a los carpetazos por negocios incompatibles, que no son especialidad de los constitucionalistas. 

 

La destrucción de la educación y el indoctrinamiento escolar, ingredientes de masificación imprescindibles, son usados abiertamente por el kirchnerismo, pero ello no es inconstitucional, aunque sea aborrecible y vil. Como no lo son el accionar disolvente del abolicionismo de la ministra de seguridad y la tolerancia de los gobernadores socios a la resignación de soberanía a manos de los violentos mapuches con ascendientes ingleses, galeses, españoles e italianos, o sea originarios. 

 

La misma técnica de los países que eliminaron las libertades y la propiedad. Dentro de la ley todo, decía Perón. Las leyes las escribía él, claro. 

 

 


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Publicado en El Observador 24/11/2020


La jubilación: ¿reforma o tapadádivas?

 

Lo primero a reformar es la discrecionalidad del estado en el uso de aportes ajenos

 





Una comisión de expertos revisa el sistema jubilatorio. ¡Tiemblen mis cuadernas! – Diría un antiguo hidalgo español. Luego del ejemplo (injusto) de la performance de muchas comisiones mundiales de expertos durante la pandemia, siempre las decisiones de un comité, por democrático que eso suene, meten miedo. El tema en sí ya es explosivo. Se mezclan en él la discusión sobre la función del estado y de la acción privada, el concepto de solidaridad, el drama de la ancianidad la necesidad de no encarecer más aún los costos laborales, los derechos adquiridos de quienes, guste o no, tienen un contrato firmado con el estado, que, aunque de adhesión obligatoria, sigue siendo un contrato. 

 

La columna ha advertido que se busca una solución con la que nadie estará conforme. Y habrá que prepararse para un proceso largo, con correcciones y agregados. La situación laboral mundial meterá al retiro en un pantano de inseguridad imposible de evitar por ley ni con populismos, sin caer en el desastre a corto plazo. 

 

Es prudente enfocarse en los errores a evitar más que en hallar las soluciones mágicas. Y el primer error es politizar, partidizar o ideologizar la cuestión. El caso es demasiado serio como para meterlo en semejante corsé. Habrá que repasar algunos conceptos básicos que se han olvidado o distorsionado, incluyendo la simple matemática. Algunos ya han sido expresados aquí, la reiteración se impone frente a la repetición de eslóganes vetustos. 

 

El primero es el correlato de hierro solidaridad-estado conque se enfoca siempre la problemática. Partiendo de la obligatoriedad del aporte, que implica la negación de la capacidad de pensar del individuo, base de la esclavitud feudal y monárquica, se crea el contrato de adhesión forzosa que caracteriza al sistema y que se conoce como “de reparto”. Esa denominación también es engañosa, porque hace suponer que se trata de una limosna, una gracia que el soberano concede y no un derecho contractual. También supone automáticamente la solidaridad entre todos los aportantes. Eso es cierto en lo que hace a la relación intergeneracional: los aportes de hoy satisfacen el pago de los retiros de ayer. Pero no debe significar que los aportes de cada uno puedan perder su identidad y repartirse entre todos. Cuando un gobierno otorga subsidios, seguros de desempleo o pensiones de cualquier tipo con los aportes de los trabajadores, o convalida retiros sin aportes previos, está incumpliendo ese contrato que cree que no ha firmado, porque el método es “de reparto” cuando le conviene. La solidaridad es intergeneracional, pero los aportes no son una limosna obligatoria anónima que el estado redirige a voluntad,  justa o injustamente. Por eso, la cuenta nominal individual debe ser la primera reforma. 

 

Si se restan de las erogaciones todos esos rubros y los retiros concedidos graciosamente, se observará que el sistema está en equilibrio, por lo menos hasta un minuto antes de la pandemia. De modo que cuando se habla del inminente colapso, se está hablando de que la discrecionalidad de la política introdujo gastos que infringen e incumplen el contrato de adhesión firmado de prepo por cualquier trabajador, que estresaron el sistema. Esa es la realidad del planteo. Que luego se le asigne parte de algún impuesto general para compensar esas dádivas confunde a la opinión pública cuando se analiza el sistema de retiros. Lo que no alcanza es la plata para subsidiar. No la plata para jubilar. 

 

 

 

Ese falso criterio lleva a afirmar que el sistema jubilatorio toca fondo, cuando lo que toca fondo es la discrecionalidad estatal para manotear esos aportes sagrados y repartirlos como se le de la gana. Sostener que el estado debe entrometerse aún más, y propugnar un aumento de las cargas laborales de la patronal es autoengaño.  Además de chocarse con el sueño del valor agregado, imprescindible pero sólo declamado, insistir en el mismo fracaso es seguir saboteando el empleo y apañando el gasto del estado no relacionado con los retiros. 

 

El paso siguiente es proponer incumplir otro contrato, el de las AFAP, como hizo Argentina con resultados que no hace falta explicar. Monstruosidad que elimina una alternativa suplementaria que puede ser parte de la solución, y crea una inseguridad jurídica innecesaria, con un apoderamiento ilegal de fondos y pone en manos de cualquier gobierno una masa de dinero fuera del sistema que se repartiría seguramente mal. 

 

Otro error fatal es compararse con los beneficios jubilatorios de países altamente desarrollados, bajo el paraguas de la Unión Europea. No hay cómo parangonar esquemas de alto valor agregado con una economía casi pastoril que pugna por condiciones dignas para nuevos formatos laborales. Torpedear esa posibilidad es condenar a cualquier reforma a fracasar en pocos meses. Y también es dudoso que los países que se usan de ejemplo de dispendio puedan sostener sus graciosas concesiones en el nuevo panorama proteccionista global, a menos que recurran al espejismo de la inflación. 

 

Es equivocado creer que un retroceso en la libertad de comercio globalizada hace innecesaria la competitividad. A menos que se quiera quedar encerrado entre la carne y la pulpa, lo que no colaborará a una solución. 

 

El empleo en el mundo será escaso y difícil por largo tiempo, por el freno que pisaron Trump y otros proteccionistas, por la pandemia y por la cobardía política. No hay cómo evitar que los jubilados sigan igual suerte que los trabajadores. Si se trata de hacerlo se corre el riesgo seguro de empeorar su situación, como ocurre en Argentina. Por eso toda reforma será larga, de años.

 

Y si el estado quiere dar subsidios debe darlos y pagarlos por otra vía. No escondiéndolos tras el disfraz del BPS, en una deliberada y conveniente confusión.