Dardo Gasparré - @dardogasparre

La jubilación de la jubilación

El modelo de reparto también reparte déficit y desempleo. Debe cambiarse, al igual que el modelo laboral

El maestro Borges imaginó un punto en el que confluían todos los puntos del universo, todos los actos y sus consecuencias, todo el bien y el mal. Llamó a ese punto El Aleph.

Semeja la complejidad de los sistemas jubilatorios que sufren y producen tanto daño económico, son víctimas y victimarios de la sociedad, carcomen presupuestos, reparten frustraciones y aspiran recursos hasta la quiebra, ad infinitum.

Bolsonaro se apresuró a debatir la reforma porque la bomba de tiempo está a segundos de estallarle y con ella la economía. Argentina ha ensayado tibios cambios que postergan (minutos) la discusión de fondo que Macri no osa proponer, especulativamente, y el peronismo no aprobaría, irresponsablemente. Uruguay, en un estilo propio, piensa que se requieren retoques, pero no es grave ni urgente. Falso.

Hace apenas seis años, en su estudio de sensibilidad, el BPS, influido aún por los efluvios de la soja cara, prometía autofinanciarse en 2018, sin ayuda alguna de rentas generales. Algo distinto que la realidad de 2017, donde el subsidio del estado rozó el 7%, incluyendo prestaciones periféricas, y de 2018, que podría ser peor. La lógica sensibilidad que despierta la vejez implica un complejo abordaje, pero surge ya la certeza de un gasto estatal no menor al 10% o 12% del PIB en pocos años, insostenible para los contribuyentes y contrapeso fatal para el crecimiento.

La solución fácil, como hizo Argentina en 1993, y hará Brasil, es aumentar la edad de retiro y con ello los años de aportes. Pero de inmediato surge la pregunta: ¿y qué pasará en el extremo inferior de la pirámide? Los jóvenes o no tan jóvenes –de por sí renuentes a trabajar, como saben tantos padres– se encontrarán con que los puestos están aún ocupados por los ancianos útiles.

En una economía abierta, libre, con costos laborales bajos y salarios flexibles, sin sindicatos que se adueñen de los trabajadores, la afluencia de nuevos participantes reactiva la demanda de bienes y de empleo, con lo que el punto se resuelve solo. No es el caso de la economía oriental, destructora sistémica de empleo verdadero o sea privado, e indexadora de salarios por inflación, garantía de achique.

Entonces se piensa puerilmente que hacen falta más aportantes, o sea, futuros trabajadores estafados, que se cotizarán hoy para ayudar a pagar a los jubilados y se someterán a la caridad pública en el futuro. Y así, se sueña con una potente inmigración para que el modelo de retiro se sustente. Falso. Mientras el salario y las condiciones laborales sean considerados conquistas sociales y no el resultado de un mercado de trabajo de oferta y demanda, el aumento de la población laboral no tendrá correlato en el aumento del empleo, trátese de jóvenes orientales que se incorporan, o de inmigrantes, salvo que los inmigrantes vengan con una inversión bajo el brazo, algo que, hasta ahora, no ocurrió.

La tasa de participación, que se hunde peligrosamente, es la mejor prueba de tal aserto. Corregida la tasa de desempleo por la de participación, el resultado es, además de contundente, desesperanzador. En ese proscenio cualquier reforma debe ser más potente. No alcanza ni aumentar años, por la razón apuntada, ni bajar la tasa de remplazo, o sea el porciento del salario activo que se garantiza a cada jubilado. El monto jubilatorio no debe ser una cifra basada en los últimos años de trabajo, sino en los aportes del trabajador. Un sistema de aportaciones definidas.

Como describió la columna, el esquema de Suecia –ejemplo favorito de “socialismo”– es un complejo mix entre el modelo de reparto y el privado, basado en cuentas nocionales o virtuales, cuyo saldo recibe el interesado cada mes. El sistema reparte según el rendimiento de las inversiones, el monto de los aportes realizados y la esperanza de vida (se reduce el ingreso mensual si la esperanza de vida aumenta), y el trabajador elige cuándo se retira y por cuánto tiempo cobrará su jubilación. Y puede optar por una jubilación privada adicional.

El método de aportar cierto número de años, jubilarse con el promedio salarial de los últimos años y mantener esa relación indexada de por vida, simplemente explota. Fue una de las causas que llevó a Suecia a la quiebra en 1993. Y que lleva a la quiebra a cualquiera. Al ser imposible de sustentar, el Estado termina incumpliendo su parte del acuerdo con manoseos de índices y otros recursos, con lo que tampoco se garantiza satisfacción ni seguridad, menos en contextos inflacionarios.

Paralelamente, en un mundo en busca de eficiencia, la suma de las altas tasas de aportes del trabajador y la patronal, lleva a una pérdida de competitividad, que a su vez influye en la demanda laboral, el crecimiento y el bienestar, que termina en un aumento del subsidio y consecuentemente de los impuestos y/o la inflación, un círculo vicioso.

El sistema jubilatorio debe ser cambiado de raíz, no solo remendado. También el vicio de usar sus fondos para otros fines, solidarios o no. Lo que implica una monumental tarea de persuasión, negociación, coraje e inteligencia. Por eso es de lamentar que los tres países del Mercosur no hayan encarado simultáneamente el plan de reformas, como modo de transmitir a la sociedad la universalidad del problema y la urgencia de salir del ruinoso formato actual.

Nadie ganará una elección propugnando esta modificación. Pero todos saben que cualquiera que gobierne deberá hacerlo. Es claro que el Frente jamás propondrá semejante reforma, encerrado, junto al PIT-CNT, en una ideología suicida. (Para los trabajadores) La pregunta es si en caso de ganar la oposición tendrá el coraje, el talento y la claridad conceptual como para promover el cambio impostergable. l

El fin del liberalismo

Liberales, abstenerse

"Armen un partido y preséntense a elecciones", solía ser el argumento de la viuda de Kirchner cuando se le reclamaba respeto por las minorías y la república. Además de tratarse de una barbaridad conceptual, porque la democracia es antes que nada el respeto por los derechos minoritarios, la frase mostraba la seguridad de la exfaraona en la eficacia de las vallas que ponía el sistema a la formación de nuevos partidos. 

La ambición reelectoral de Menem le obligó a pagarle (sic) de varias maneras a Raúl Alfonsín, el padre del progresismo democrático moderno, la redacción de una nueva Constitución. La primera cuota del pago fue la inclusión explícita de los partidos como gestores obligatorios de cualquier postulación política. La carta magna de 1853 los había omitido inteligentemente. Ese cambio fue la convalidación de la tendencia para escabullirle al ciudadano el ejercicio de su voluntad, y someterlo al colectivismo de un movimiento o facción, de un comando superior, un congreso partidario, una boleta digitada, una despersonalización de las candidaturas. 

Esa tendencia sigue evolucionando para transformar todos los cargos electorales en propiedad de los partidos, con lo que no solamente se concentra el poder en algún misterioso aparato central de control, sino que se escurren las responsabilidades y los méritos. Los políticos de todas las tendencias aman ese sistema, porque los transforma en monopólicos, en sátrapas, en punteros, en vitalicios. Trate de explicarle a uno de ellos las ventajas de la elección distrital de diputados y prepárese no sólo para una refutación más o menos técnica, sino para el insulto descalificador. Y el insulto peor a su inteligencia, lector, de sostener que ese método favorece a los partidos mayoritarios. 

Otro cambio alfonsinista fue la invención del tercer senador, que infringe la lógica democrática y la lógica sin aditamento, y que aumenta el poder de los partidos en detrimento de los individuos al acuñar el concepto de minoría ganadora. La inclusión del Consejo de la Magistratura, si bien fue un avance republicano, puso en manos de los partidos la mayoría decisoria, con lo que rompió lo que teóricamente quería lograr, y una vez más transfirió el poder de los ciudadanos a las estructuras partidarias. 

De igual gravedad fue la cesión de soberanía que implica la inclusión de cualquier tratado que cree jurisdicciones supranacionales para juzgar casos locales de delitos y reclamos diversos, lo que licua las decisiones de los ciudadanos argentinos, que pasan a subordinarse a entes burocráticos siempre  politizados, siempre de izquierda extrema, siempre disgregantes y disociantes, nunca en favor del orden social interno, con lo que se delega una herramienta imprescindible de las naciones modernas. Basta notar que los países más avanzados no se adhieren a ellos para validar este argumento.

De paso, esa valoración prioritaria del estado como garante del Orden Social, al que considera presupuesto excluyente del bienestar de la sociedad, diferencia al liberalismo de todas las demás corrientes, incluyendo a lo que se llama libertarismo, que se le asemeja sólo en el nombre. La renuncia a la soberanía en manos de entes anónimos trasnacionales es para la concepción liberal una claudicación y una traición a los intereses de la sociedad, de la nación y hasta de la Patria. 

Todos los puntos descriptos son antiliberales. ¿Por qué? Porque el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el progresismo, son tendencias e ideologías basadas en el partido, en el colectivismo, en la decisión verticalista y unánime, como otrora lo fueron el fascismo y el comunismo, como lo es el gremialismo o el cooperativismo. Organizaciones en las que el individuo es un accesorio, las decisiones se toman en montón, o en cónclaves donde las responsabilidades y méritos se esfuman. El mismo Cambiemos se apoyó y apoya en una estructura radical - democristiana y en un concepto de verticalismo que privilegia la lealtad y la obediencia como valores máximos. 

Las leyes de las PASO ahondaron el sesgo antiliberal por las mismas razones, al mantener y profundizar la obligatoriedad del voto, un resabio de la ley Sáenz Peña, que necesitaba del civismo forzoso para movilizar a las masas brutas hacia las urnas. El solo concepto de elecciones internas obligatorias para el ciudadano repugna a cualquier idea de libertad, no ya de democracia. Pero las PASO son funcionales a la intención de no permitir la creación de partidos que otorguen importancia a los ciudadanos individualmente. Su sistema de mínimos, obligatoriedades y exclusiones garantizan el monopolio de los partidos hegemónicos y colectivistas, y por supuesto, convalida las listas sábana en la elección de legisladores. Y además, son modificadas cada vez que convenga a quien tiene el poder. 

Lo mismo ocurre con las leyes electorales y de partidos políticos, que establecen condiciones para la creación de nuevos partidos que parecen a simple vista alcanzables hasta que alguien decide postularse para diputado, por ejemplo. Un liberal, condenado a afiliarse a movimientos que no lo representan, se enfrenta a todas las artimañas imaginables. La primera es que tiene que optar entre armar desde cero un partido distrital o postularse por medio de un partido "de papel", que tenga una aprobación provisoria, un partido remanente o residual de nombre más o menos neutro. 

Si opta por esta última alternativa, se encontrará conque el "dueño" del sello de goma, le exige ir primero en la boleta, y dependiendo del cupo femenino él deberá ir tercero en la sacrosanta boleta, con lo que no tendrá chance alguna. U optar por pagar o alquilar el partido, procedimiento despreciable per se. Pero aún en este caso, chocará con un sistema burocrático deliberado, controlado por las facciones tradicionales, que expurgarán histéricamente sus afiliados, para demostrar que no llega al mínimo legal, verificarán mes a mes las firmas, la permanencia, que no se hayan afiliado hace 10 años a otro partido o que hayan renunciado al mismo, y otras vallas. Tarde o temprano se encontrará conque su partido alquilado no sirve. Salvo que sea Cristina, que arma partidos cuando se le da la gana, en pocas semanas y sin que nadie lo objete, o se da el lujo de ser del bloque peronista para elegir el miembro de la primera minoría del Consejo de la Magistratura y de no ser peronista para las PASO. 

Por el mismo precio, el partido de un solo diputado así constituido deberá obligatoriamente dirimir su PASO si quiere participar en las generales, pero debe obtener un porcentaje mínimo de votos del total del padrón electoral, caso contrario no puede participar en las elecciones generales. Un conveniente trabalenguas para excluirlo. 

Pero hay obstáculos peores. Y ni siquiera pensando en elecciones presidenciales. En provincias de gran población, como Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Capital, Tucumán, Santa Fé, el candidato liberal tendrá que contar con un número inalcanzable de fiscales probos, ya que de lo contrario el fraude en el conteo arrasará con sus votos, que morirán en la urna sin posibilidad de recuento, condenados, por quienes sostienen que la urna electrónica es mala solución, a ser abortados por la verdadera elección, que es la trampa sistemática luego de las 6 de la tarde en cada comicio. Una pena que la cacareada tecnología no sirva para poder votar por su vecino al que conoce desde chico, o que sólo sirva para comprar una divisa abstracta que usted nunca verá. 

Se dirá que esto no le pasa solamente a los liberales, sino a cualquiera que pretenda ir por fuera de los aparatos partidarios a una elección. El punto es que el liberalismo es la única concepción no compatible con el pensamiento de ninguna de las agrupaciones del establishment monopólico partidista. Ni en los métodos ni el las ideas. Justamente, parte del objetivo liberal es huir de los mecanismos colectivistas y verticalistas de los patrones del sistema, lo que no pasa en ningún otro caso. El sistema, las leyes y la práctica están hechos para evitar la posibilidad de cualquier candidatura individual liberal y la formación de cualquier fuerza liberal. Quien haya intentado postularse o esté intentando hacerlo sabe que esto es así y es una grave dificultad casi imposible de sortear. 

Al no permitir la postulación distrital, también se condena a quien se pretenda candidatear a requerir sumas millonarias que solamente los mecanismos casi siempre corruptos o tramposos de los grandes partidos permiten disponer. Nada más en contra de los principios liberales. Ningún obstáculo más formidable. El formato corporativo se advierte con prístina claridad en el sistema. Desde la obligatoriedad de financiar un infinito número de boletas que serán robadas, hasta el hecho de que el estado sólo contempla el financiamiento y la publicidad a los partidos ya existentes, escasamente a los nuevos. 

El lector encontrará muchos otros ejemplos del proteccionismo del corporativismo político, que hará todos los esfuerzos para evitar el ingreso de cualquiera que no adhiera a la tiranía con alternancia del sistema actual, apuntando muy especialmente a quienes desprecian la demagogia, el estatismo, la ineficacia, la corrupción y el populismo: los liberales. La osadía es castigada con el escarmiento de la frustración y el escarnio en las redes y los medios. Y aún en el supuesto optimista de que pudiesen superarse todas las vallas políticas, si alguien con ideas serias fuese electo se encontraría con el Capitulo Segundo de la Primera parte de la Constitución de 1994, con su amplio surtido de nuevos derechos y garantías para todos los gustos, que lo único que aseguran y garantizan es la ruina económica y moral en caso de aplicarse y el reclamo disolvente y paralizante en caso de no hacerlo. Un sistema jurídico a prueba de liberales.