Precios cuidados, tarifas sensibles,
impuestos tenedor libre
Pocas veces se pudo observar tal ensañamiento
como el que padeciera en los últimos días el ministro de Energía Juan José
Aranguren.
En los ataques se unieron, en una
comparsa macabra, funcionarios del propio gobierno - un infantilismo deplorable
- la oposición amiga y enemiga, usuarios
molestos, sensibles de Palermo y otras zonas, de buena y mala fe, el Congreso y
muchos economistas que decidieron olvidar varios de los principios que suelen
defender, exaltados por la coyuntura.
Corresponde un disclaimer: considero que los
problemas económicos del país tienen su causa principal en el conveniente desconocimiento,
negación o alteración de la teoría de formación de precios de la economía
clásica.
El odio nacional por las curvas de oferta
y demanda atacó esta vez incluso a
muchos liberales que parecen dispuestos a sacrificar un concepto tan elemental
en aras de algún razonamiento técnico elegante.
Por ello tiene sentido comenzar con una aseveración:
no habrá inversión externa o interna
auténtica, ni solidez económica alguna, si no se restablece el concepto de
formación libre de precios, que se perdió en 1930 y no rige entre nosotros. Las
tarifas son un apartado especial donde el estado representa al consumidor, pero
eso no cambia la esencia.
Sin ese requisito elemental, continuaremos
con un sistema privado tramposo, donde Lázaro Báez no es el más importante socio.
El negocio del gas y el petróleo está lleno de esos entornos espurios y hasta
de testaferros K. Tal vez por eso
molesta cualquier tendencia a la ortodoxia de los funcionarios del área.
Los parches técnicos o legales (amados
por el peronismo) para eludir la inexorabilidad del precio como regulador y
motivador, aparte de terminar siempre en fracaso, son los que permiten todas
las trampas y todos los robos al estado. Además de que debe crearse un esquema
penal que impida el expolio, cuanto más puro sea el mecanismo de formación de
precios, menor será la corrupción. Concepto perogrullesco, quizás, pero odiado.
Quienes critican el gradualismo, sin
embargo lo preconizan en este caso. Parecen ignorar que el concepto de
gradualidad ha servido históricamente para perpetuar el statu quo, un gatopardismo que ocurrió varias veces en el rubro
energético.
De todas maneras, como lo expresa con
claridad el formidable trabajo del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” y la Asociación
Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública sobre los subsidios a la energía, el 40% más pobre del país, sólo recibía el 20% de los
subsidios. El 80% del regalo iba, como siempre, al 60% más rico del país. La
presión política obligó ahora a seguir regalando tarifas inmerecidamente.
No
es cierto que ese sector más pobre haya sido descuidado en la fijación
tarifaria, aunque porcentualmente pueden surgir incrementos espectaculares, y
hasta llegar a infinito, frente a lo exiguo de las tarifas hibernadas. El
revoleo de porcentajes se usó mucho para estimular la sensibilidad, la lástima
y la solidaridad, que es el método económico preferido por los argentinos para
transferir sus gastos al estado.
También
existe en el nuevo marco un mecanismo de subsidios para casos especiales, lo que
evidentemente requiere el esfuerzo y la dificultad de hacer un trámite. Acaso ese proceso debería facilitarse, aunque
los subsidios deberían ser cursados desde presupuestos asistenciales, no por el
sistema de energía. Un dato sin validez estadística, pero
sugestivo: de 100 quejas que analicé en mi TL de Twitter, ninguno justificaba las dramáticas críticas. Tal vez casualidad.
Por
supuesto que si el cambio se hubiera realizado más gradualmente, hubiera habido
menos críticas. Eso es lo que recomendaba el trabajo citado. Pero ello también habría demorado el proceso
de recomposición de inversión en las áreas de exploración y procesamiento. El
informe citado es de 2013. Hoy no hay tiempo, además de que un aumento en el
precio del petróleo internacional seria una catástrofe sin eufemismos.
Es cierto, de toda certeza, que se
debieron realizar las audiencias públicas que prevé la ley. Un requisito
inconsecuente más, pero está en la ley. Faltó tal vez alguna mirada jurídica. Debe
solucionarse para evitar la judicialización y también por una cuestión de
respeto a las instituciones.
Sin embargo, es fácil anticipar que,
superado el obstáculo de las audiencias, ya se inventarán otros trucos para
judicializar o impedir cualquier cambio. El punto es que cualquier tarifa que
no sea la que queremos pagar será execrada, al igual que Aranguren. Se llama
populismo.
El sistema energético es una maraña de
reglas, ineficiencias y ridiculeces dignas de la URSS de los 70, con contratos delictivos
entre el estado y varios privados, cuyo costo pagamos como usuarios y como
contribuyentes. Los manoseos en la formación de las tarifas pactadas, las
audiencias públicas, los algoritmos y emergencias inventadas para mantener los
monopolios de los conocidos de siempre y ahuyentar la participación privada
seria.
Esta discusión reciente casi circense
torpedea la incorporación de inversión privada sana al negocio petrolero y
energético, torpedea la inversión en general y obliga a preguntarse qué país quieren
los argentinos. Tal vez el kirchnerismo representa mejor que Macri el sueño del
pagadios.
Es lamentable que no se obligue a
audiencias públicas antes de que un gobierno congele tarifas
irresponsablemente, o se largue a emitir sin control, a gastar sin vergüenza o
aplique cepos mortales. Muchos que abogan por la baja del gasto público omiten
que este plan tarifario es parte de esa baja. Es de imaginar lo que pasaría si el
ataque al dispendio se profundizara.
Aún con los errores que pudiera haber
cometido - que parecen menos que los atribuídos - sería bueno tener más
ministros como el de energía, que encarasen los cambios que deben hacerse sin
usar un coraje gradual, para no decir
temor técnico y político.
En algún lugar de este reciente
plebiscito tarifario online, queda latente el centro del problema: el nivel de
gasto y de impuestos, que golpea al consumo y que afecta el poder adquisitivo
mucho más que las tarifas.
Acaso lo que se debe plebiscitar es dónde
y cuánto gastar y cómo financiarlo. Acaso se empieza a advertir la necesidad de
discutir un presupuesto base cero, el único debate que tendría sentido: revisar
orgánicamente el nivel de participación del estado en la sociedad.
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