Publicado en El Observador  17/08/2021


La estrategia socialista para que nada cambie

 

Con su mecanismo dialéctico de inventar definiciones y cambiar las reglas según le convenga, el marxismo del siglo XXI neutraliza los ya modestos planes de la Coalición 



 

 













En su nota de hace tres meses “El partido empieza cuando termine la pandemia” la columna anticipaba, con lamentable exactitud, el panorama pospandemia – aquí emoji de dedos cruzados – tanto en lo político como en lo económico. 

 

La pandemia, que conllevó el cierre de la administración pública, más la burocracia estatal enquistada, atrasaron muchos planes de radicación personal y empresaria. A eso se debe agregar la imposibilidad de contactos directos y viajes de interesados en nuevos negocios y alianzas, que, aún en un mundo virtual, son fundamentales cuando se trata de radicar familias y proyectos de vida. Mucho más cuando cualquier radicación en Uruguay tiene siempre latente la amenaza del socialismo confiscatorio y redistributivo del que huye no sólo el capital sino también las personas que privilegian su libertad y su propiedad. El virus, o las cuarentenas, también sirvieron para dar pábulo al clamor opositor de ayuda estatal permanente y universal, que detrás de la solidaridad, oculta la intención de tornar irreversible la dependencia del estado de la mayoría de la población, prolegómeno de cualquier totalitarismo. 

 

La epopeya contra la LUC está cumpliendo su objetivo principal, que es alentar ese miedo, consumir tiempo y energías y transformar en provisorio cualquier emprendimiento y cualquier decisión. Apena unas vacaciones patrimoniales e impositivas, definición de precariedad en la que coincide hasta el propio gobierno. Con cifras infladas apresuradamente para aumentar la importancia del resultado (nadie reparará demasiado si se terminan objetando 100,000 votos, suponiendo que alguna vez se pueda completar un conteo serio) ha logrado cambiar el foco de la discusión y de la gestión. 

 

Con eso ha enervado la acción del gobierno, que de todas maneras parecía haberse conformado con algunos logros presupuestarios y de seriedad económica elogiables, pero no suficientes para el cambio copernicano que se requiere si se pretende renovar significativamente la matriz económica. Es cierto que tampoco la Coalición había prometido en su campaña un cambio revolucionario, pero el mismo es imprescindible si quiere cumplir sus objetivos de empleo y crecimiento. Debe tenerse presente que cualquier decisión de radicación e inversión, aún de un emprendedor pequeño, toma un par de años como mínimo en formalizarse, cuando no bastante más. 

 

Este prereferéndum ha sido también usado para imponer el concepto de que todo cambio debe realizarse por unanimidad, lo que termina de destrozar el principio de la democracia, reemplazado ahora convenientemente por la construcción ideológica de una suerte de suprademocracia auditoril, que se denomina democracia directa, un antiguo mecanismo que descartaron los griegos cuando el voto se volvió menos ilustrado y más masivo, que está más cerca de la rebelión callejera y la ley de Lynch que de un sistema de alternancia política. Como es harto sabido, el comunismo del siglo XXI sólo cree en el empoderamiento y mandato de la democracia representativa cuando gana. Cuando es derrotado se le opone con toda su inventiva y con todas sus fuerzas, no importa el método ni las formas. Por eso irrumpe ahora en el mundo con esta metodología de montón. 

 

Para decirlo más claramente: el Frente Amplio, su Cristina Kirchner propia que es el Pit-Cnt y quienes siguen su línea, sólo aceptarán el resultado democrático y su subsecuente gestión si no se cambia ni una coma de lo que hicieron en sus 15 años de gobierno. De lo contrario, habrá siempre un método para negar la legitimidad de quien intentase hacerlo. En tales condiciones, no sólo el gobierno de Lacalle Pou tenderá a la intrascendencia, sino que los inversores potenciales se enfrentarán a la misma disyuntiva que se planteó en Argentina en las PASO de 2019: la inminencia de un regreso peor del distribucionismo peronista o frenteamplista (da lo mismo) que, ahora sí dando por válida una democracia con el 51% de mayoría y esgrimiéndola como derecho sagrado, avanzará libremente en su plan de destrucción de empleo y empresas privadas. 

 

Imagínese lo difícil que resultaría ahora pensar en una ley de desmonopolización de empresas estatales, por ejemplo, dentro y fuera de la Coalición. O la imposibilidad de soñar con corregir el catecismo de privilegio de los empleados del estado, que no están obligados a cumplir ningún principio de contrapartida ni eficiencia, y que gozan de una diferenciación salarial y otras condiciones por encima de los demás seres humanos. A esto hay que sumar errores propios, como la forma y la justificación para renovar la concesión del Puerto, sobre lo que la columna también se expidió claramente. 

 

Al cuadro se debe agregar la flamante idea de las listas únicas, otro avance contra la democracia y contra el individuo en aras del partido, que ahora parece adoptar el nacionalismo, eje de la Coalición, pero que también quiere aplicar el Pit-Cnt, que pretende lista única para imponer los dirigentes de una entidad que no tiene entidad, otro invento. La lista única es un sistema fatal para toda representatividad, ya afectada por los sistemas políticos que impiden abierta o solapadamente la postulación personal fuera de los partidos. 

 

No es el estado el que debe crear empleo, negocios ni riqueza. Pero tiene en cambio una función irrenunciable. La de preparar el terreno, el campo de juego donde se juegue ese partido. En este caso, también el impedir que se arrojen toneladas de escombros sobre la cancha. Si se piensa en esas funciones y en esos objetivos, difícilmente se pueda estar satisfecho de lo hecho hasta ahora. Salvo el comunismo socialista, que sólo debe sentarse a esperar. 



 








Publicado en El Observador. 10/08/2021


La libertad del precio 

 

La conveniente ignorancia sobre el mecanismo del valor de los bienes lleva siempre a medidas facilistas, demagógicas, ineficaces y contraproducentes


 















El anunciado aumento en el valor de los combustibles disparó nuevamente la discusión sobre los niveles de precios y la inflación, con las respectivas protestas y presiones, como es habitual. También como es habitual, esos reclamos tienen una fuerte cuota de cómodo voluntarismo, sino de infantilismo. 

 

Desde la enunciación de la teoría subjetiva del valor - traducida como teoría del valor subjetivo - se comprendió (o se debió comprender) que el precio de los bienes es el resumen de lo que von Mises llamara la acción humana, o sea la libertad de elegir, de propiedad, de optar y de determinar el valor de los productos en función de la importancia que para cada individuo tienen. Ese concepto es sumamente molesto para quienes al mismo tiempo que exigen que “los precios bajen” o “dejen de subir”, reclaman prestaciones, garantías y ayudas del estado que terminan influyendo gravemente sobre el nivel de precios, distorsionando así todo tipo de lógica. 

 

Como se ha afirmado en esta columna, Uruguay tiene una poison pill en su sistema. Al indexar legal y fácticamente todos los sueldos, costos, servicios públicos y privados por la inflación pasada – una garantía automática hoy confortablemente indiscutible – se establece un piso de aumento fatal de todos los bienes y gastos, lo que tiende a crear una peligrosa espiral prácticamente imparable, salvo “sacrificios” que nadie está dispuesto a soportar, ni a proponer. 

 

El déficit permanente, que para el pensamiento simple es equivalente a un derecho humano de la sociedad, va en la misma dirección, y agrega más leña al fuego inflacionario. La inflación es finalmente, el precio que se paga por gozar de beneficios que no se merecen ni se han ganado. Tal es  el déficit. Una ensoñación pueril, por más que sea justificada por la vocación de los políticos de satisfacer gentiles pedidos de sus votantes, vocación que también se denomina populismo. 

 

Quienes exigen que no suban las tarifas y precios, deberían asegurarse de no estar sosteniendo y clamando por otro lado por el monopolio estatal sobre todos los servicios importantes, incluidos los combustibles. Ese monopolio sin competencia termina incurriendo en gastos de salarios privilegiados, prebendas, inversiones ruinosas, decisiones secretas, mini y maxicorrupción que indefectiblemente terminan en aumento de precios en productos o servicios esenciales, o en su defecto, en pérdidas a cargo del estado, o sea, más déficit-inflación. Es peor cuando el monopolio es de bienes que se importan, que a su vez tienen variaciones de precio propias debido a razones valederas o a razones monopólicas, como en el caso de la OPEC, finalmente un monopolio de tiranos. 

 

Entonces quienes hacen movimientos y convocan a marchas de protestas por las subas, deberían, por coherencia, marchar primero para eliminar los monopolios estatales que excluyen toda competencia y también el número y remuneraciones desproporcionadas de sus empleados y de la administración pública en general, que a la larga se transforman en simples gastos que afectan directamente el costo de esos servicios y bienes, vía inflación o vía impuestos agregados al precio. 

 

Esa inflación sistémica, que no es resultado de la casualidad sino de la acción humana de individuos y políticos con reclamos y soluciones cómodas y superficiales, se perpetúa si se obliga al estado a no trasladar a los consumidores (cautivos) esos costos, ya que se transforman en nuevas causales de inflación. Para decirlo más simplemente, la lucha hay que librarla en otros terrenos, no en el surtidor de nafta, en el medidor o en la garrafa. Claro que esa otra lucha va contra los intereses y ventajas de los propios reclamadores cuando les toca ponerse el sombrero de subsidiados, sindicalistas, empleados del estado con privilegio de eternidad o jerarcas. 

 

Desde Marx en adelante el socialismo (igual que su espejo, el fascismo) atribuye la suba y la formación de precios a causales malvadas. Por eso siempre ha tratado de intervenir arbitrariamente en esos procesos. Históricamente esas intervenciones han fracasado ruidosamente. Desde la hambruna asesina de Mao a las colas de varias horas de la URSS para comprar pan, para evitar la “intermediación innecesaria”.  Como el precio es una expresión de libertad, todas esas luchas han sido tiránicas o dictatoriales. Y todas han fracasado. Cualquiera se escandaliza hoy escuchando a Perón en los 50 prometiendo repartir alambre de fardo para colgar a los especuladores, o encarcelando comerciantes. No muy distinto a lo que han hecho y hacen sus discípulos, para darles un nombre. 

 

Este mismo año, para “abaratar” los alquileres, el peronismo promulgó una ley que en 24 horas aumentó casi al doble el costo de todos los arrendamientos. En la misma línea el gobierno demócrata estadounidense paraliza los desalojos de quienes no pagan, con lo que logrará igual efecto que el peronismo. La intervención del estado, sea previa, como en el caso de los monopolios o los gastos-impuestos, sea posterior como en el caso de la URSS o Argentina, no sólo no baja los precios, sino que, por una elemental ecuación, empuja el desabastecimiento y mata la inversión. Nada peor para el consumidor. 

 

Como otras prédicas del socialismo esta conveniente ignorancia fue rápidamente adoptada por la sociedad, de buena o mala fe. Hoy se enseña a los chiquilines. En un selectivo colegio privado, un profesor pregunta a sus alumnos: ¿“les parece bien que durante la pandemia suban los precios”? – La respuesta es un coro de noes. – Bueno, eso es el capitalismo. – Remata el profe.

 

Eso no es el capitalismo. Es la acción humana. Distorsionada por el estado, sus monopolios, su gasto, sus impuestos, sus sindicatos parásitos y sus prebendas. Y la falta de competencia. Pero lo que quedará es esa prédica docente falaz. Por eso la reacción será siempre dictatorial, como el peor socialismo. Precios máximos, medición de las góndolas con un centímetro como Argentina, el alambre de fardo, la prisión, la destrucción de los sistemas de distribución y la misma producción. El desabastecimiento. 

 

Porque todo control de precios, además de ser inútil y contraproducente, conlleva siempre algún tipo de autocracia y conculcación de derechos. Y eso tiene otro precio mucho más caro: el precio de la libertad. 


 

 






Publicado en El Observador  03/08/2021



El cómodo oxímoron del Estado empresario

 

En vez de usar a las seudoempresas estatales como salida laboral para los graduados, debería dejarse esa función al sector privado





 












La semana pasada el rector de la Universidad de la República se dirigió al Parlamento proponiendo la creación de un Instituto para volver a elaborar vacunas localmente. La idea tiene sentido, no sólo por la necesidad de pertrecharse para enfrentar una pandemia que aún no ha terminado, sino también como una oportunidad de desarrollo de nuevos productos con alto valor agregado que se puedan ofrecer en el mercado internacional. 

 

Seguramente existen en el país los científicos y profesionales con la formación necesaria en este campo, surgidos mayormente de esa institución, distinto a lo que ocurriría en Economía, donde la sesgada formación que brinda esa Casa de Estudios saca prácticamente del mercado a sus graduados que no hayan complementado por su cuenta las falencias que crea ese sesgo. 

 

Pero el planteo contiene algunos errores conceptuales relevantes. El primero es creer que el Estado puede ser empresario, o que pueden existir empresas estatales capaces de semejante emprendimiento. Desde la exploración en busca de petróleo hasta las plantas de gasificación, la explotación de alcohol, cemento, transporte aéreo y prácticamente todas las demás, cuyos fracasos y costos no resultan más evidentes al gozar de consumidores cautivos y presupuestos dispendiosos, el Estado oriental no se ha mostrado como un emprendedor eficiente. (No sentirse mal por eso, es una conclusión universal) El segundo error es creer que existe tal cosa como la empresa estatal. Por definición y en la práctica, se trata simplemente de dependencias estatales con todos sus vicios y ninguna toma de riesgo, de burocracias que cobran a los consumidores y contribuyentes todas sus seudoinversiones y sus fracasos, excesos y falencias. 

 

Y el tercer error es hablar de la “modestia” de la inversión que se requiere del estado, o sea de la sociedad. Como sabe cualquier pyme, los gastos deben analizarse justamente como una suma de partidas relativamente menores, no como grandes totales que se tornan inmanejables e inviables de contener o reducir. “Un poquito más de déficit”, no es un argumento serio. 

 

Al analizar la performance de una gran mayoría de empresas del estado, creadas todas con retórica impecable y patriótica, hace falta mucho desparpajo para requerir de la sociedad una nueva toma de riesgo empresario, que además no le corresponde al sector público asumir, o sea a los ciudadanos. 

 

En cambio, como en tantos otros países que pueden mostrar resultados palpables exitosos, es posible ensayar una tarea compartida entre la Universidad o las universidades y el sector privado, que es el encargado de crear empresas y emprendimientos de riesgo, y que suele hacerlo bastante mejor que la burocracia estatal, y al menos no le cobra sus fiascos y equivocaciones al contribuyente. 

 

La Udelar erra de interlocutor. En vez de convencer al pez de la pecera de morder el anzuelo, lo que podría hacer es abrir la conversación con el sector privado nacional e internacional, e interesarlo en desarrollar estos proyectos en común, aportando cada uno lo que mejor sabe hacer. Y no sólo sobre vacunas. Se alegará que a veces esos emprendimientos suelen requerir, además de capital propio y crédito privado, de adelantos del cliente-estado, en especial en investigaciones de emergencia como las pandemias. Claro que el sector privado tiene la costumbre de devolverlos, y que los resultados suelen ser exitosos. El caso Pfizer, no por ser un fácil ejemplo deja de ser valedero, tanto en los resultados sanitarios como en los económicos. 

 

El planteo del rector, de buscar la creación de nuevos productos y mercados donde aplicar el conocimiento de sus graduados, tendría con esta variante mucha mayor potencia y viabilidad, porque dejaría la tarea de exportar los productos, conseguir nuevos mercados y controlar costos y resultados en manos de quienes saben hacerlo, probadamente, y que conseguirán el capital necesario para cada etapa del proyecto. El estado no debería ser una salida laboral para los graduados, por cómodo que eso fuese. 

 

No parece tampoco adecuado aumentar la dependencia que padece la sociedad de las empresas estatales, con sus gremios que, como se puede ver a diario y ahora generalizada y planificadamente, han tomado de rehenes a sus consumidores forzosos y pasado por encima y saboteado a sus jerarcas, extendiendo los efectos negativos de la burocracia estatal a la entelequia que se oculta bajo ese falso rótulo de “empresa”. 

 

El estado deberá encontrar su lugar y su función para facilitar este tipo de asociaciones, lo que no debe basarse en las dádivas ni en la desgravación, sino simplemente en facilitar los caminos y eliminar las obstrucciones, sobre todo las gremiales e ideológicas. La Universidad podría ser pionera al marcar un camino irreemplazable. 

 

Justamente en la misma semana, la Intendencia de Montevideo lanzó su propuesta de pagar algo más para cambiar el sistema de recolección de basura en Montevideo, lo que evidentemente es imprescindible. Pero comete un error similar al de la idea de producir vacunas: mantiene su dependencia y subordinación al inflexible ADEOM, que condena al fracaso todo intento de mejorar el servicio, al seguir obligando a la población a pagar los costos y las ineficiencias del estado, tanto en lo económico como en los resultados del servicio. Imagínese qué distinto podría ser si se recurriese al sector privado para juntar y disponer de la basura. Habría que observar algunos ejemplos no muy distantes, algo que se prefiere omitir. 

 

En momentos en que se intenta derogar los artículos de la LUC que tímidamente ponen algún mínimo límite al sindicalismo estatal, que evidentemente tiene un poder mayor que la democracia en estos entes, es importante que el gobierno nacional rescate esos proyectos, pero no el mecanismo reiteradamente fracasado que se pretende usar para llevarlo adelante. Y la Intendente de Montevideo debería estudiar cómo combinar su propuesta con liberarse del yugo del sindicato. Si lo que se intenta es aumentar el bienestar y las oportunidades, por supuesto.

 


 







Publicado en El Observador, 27/07/2021


El insoportable Míster Bezos

 

El ejemplo que más molesta a la oligarquía de la burocracia: el éxito del riesgo, la ambición y el esfuerzo

 



Conocí a Jeff Bezos en 1995, en Atlanta, Georgia, donde estuvo a cargo de la keynote, la charla de fondo, en un seminario sobre emprendimientos en Internet, por entonces un misterio para muchos. En especial en el Río de la Plata, donde sólo las universidades y alguno que otro trasnochado accedía al nuevo universo usando el tal vez primer buscador más o menos amistoso, Mosaic, y cuando no existían ni AltaVista, ni Yahoo ni Google y las búsquedas de datos (con lógica booleana) tomaban toda la noche peregrinando entre ignotos servidores, y aún no se habían inventado las arañas-robots. 

 

Yo estaba del lado de los que lo creían un loquito más. Pero la charla entusiasta y coherente del ingeniero de Princeton obligaba a prestarle atención, pese a la audacia de su absurda propuesta de vender libros online. El norteamericano es un lector apasionado y comprador de libros compulsivo, pero ese rito incluía la búsqueda hurgadora y la compra en los negocios especializados, desde Barnes and Noble hasta las librerías de viejo. La idea parecía casi estúpida, además, por el hecho de que Amazon, (nombrada así en referencia al Amazonas, el vital río brasileño, sin omitir su similitud con “amazing”, sorprendente, maravilloso) tenía que competir con sus propios proveedores. Lo que fue más arduo que el propio desarrollo técnico. 

 

Más allá del proyecto específico, Bezos reinauguraba el más puro capitalismo. El mismo principio que a fines del siglo XIX iniciara el ciclo más brillante de bienestar de la historia: una idea, un visionario, una lucha para lograr financiamiento, un planteo de marketing que le de sustento financiero o monetización y una rentabilidad que haga sostenible el proyecto, una utilización distinta de factores preexistentes. Detrás de él, siguieron todos los proyectos, exitosos y fracasados, de la web y su correlato online. Un inventor suficientemente loco que, como Edison, puede apostar a que si en una fecha determinada no da luz eléctrica a New York no cobrará un centavo. 

 

También Tesla, brillante inventor, intenta el mismo camino, pero termina en la ruina al no poder manejar la disciplina y la conducta requerida por el mundo empresarial. La cómoda visión posmoderna transformó en héroe a Tesla, a quien se inventa como un Mozart de Salieri-Edison, olvidando de paso la realidad histórica de que Salieri fue maestro de Mozart, no su competidor envidioso. Los grandes inventores del siglo de oro norteamericano eran también los que conseguían financiamiento para sus proyectos, los modificaban, los corregían, los imponían comercialmente y los transformaban en empresas pujantes, sólidas, fuentes de trabajo y de progreso. Edison, para seguir con un solo ejemplo, crea algo más importante que el motor de corriente continua: la lámpara incandescente. Pero crea algo más trascendente aún: la compañía que diera luego origen, de la mano de JPMorgan, a la General Electric, la empresa insignia de los Estados Unidos durante una larga centuria. 

 

Con Bezos, y con todos los innovadores y emprendedores del nuevo mundo informático, pasa lo mismo que con la electricidad, el ascensor, el teléfono, los ferrocarriles, el auto, las cubiertas, el acero, el avión, el gramófono, el disco, la radio, el telégrafo.  El dueño de una idea busca la ayuda de sus más cercanos (friends and family, le dicen ahora), luego consiguen inversores que toman riesgos importantes, en busca de ganancias futuras igualmente importantes, y van perfeccionando, cambiando y adaptando sus productos hasta hacerlos exitosos. Eso vale para ingenieros en electrónica y en ciencias de la computación como para modestos asalariados. Vale para Edison, para Dunlop, para Goodyear, para Daimler, para Siemens y Martin, para Bezos, para Graham Bell, para Marconi y para Jobs. 

 

Por supuesto, semejante proceso tiene éxitos, excesos y fracasos. Como sabe cualquier inversor, cualquier inventor, cualquier autor, cualquier deportista, cualquier estudiante. Implica no solamente la capacidad de crear, sino la de enfrentar el riesgo, la de caer, o equivocarse y sobreponerse y empezar de nuevo. Amazon perdió plata más de una década, consistentemente. Sin embargo, nadie se retiró. Ni Bezos ni los mezquinos accionistas de Wall Street. 

 

Hoy la empresa emplea 1.400.000 personas, que acaban de decidir no agremiarse. Hoy quienes invirtieron en ella hacen su ganancia. Hoy Bezos es famoso y envidiado. ¿Cómo no concitar la crítica y aún el odio de quienes tienen miedo de encarar la vida por su propia cuenta? ¿Cómo no ser criticado, acusado, denostado y su logro minimizado por quienes son mendigos del estado y por quienes necesitan clientes votantes desprotegidos, miedosos y mendicantes para poder dominarlos? 

El “capricho” del magnate, Blue Origin, que lo impulsó a imitar el salto de pulga de Alan Shepard de hace 60 años, ya da trabajo a 3.000 personas. Se puede llamar ego, ¿qué importa?  “Es la plata de los accionistas y clientes”, dijo de su aventura. ¿Una broma? Un compromiso. 

 

Difícil sería sostener en el caso de Bezos que la riqueza de algunos produce la pobreza de otros. Razón de más para atacarlo. Por caso, se le endilga haber llegado al éxito porque su familia lo apoyó con 300,000 dólares en sus comienzos. Un intento de mostrar que la “riqueza” produce más riqueza. Como si quienes dicen tal cosa fuera capaces de hacer un Amazon si les dieran esos fondos, cuando en realidad no pueden ni siquiera mantenerse por su cuenta sin la ayuda de la limosna o el negocio del estado. 

 

Cínicamente, ignoran que ese mecanismo de financiamiento mediante “friends and family” fue el utilizado por todos los creadores de todas las épocas en sus principios, incluyendo el uso del garaje familiar. E ignoran deliberadamente que ni en este ni en otros casos se trata de familias millonarias que le regalan plata al nene para que juegue a empresario, sino que arriesgan sus ahorros, todos los que tienen a veces, apostando a una idea en la que creen.  Esa ignorancia es la defensa de quienes no soportan el miedo de tener que ser autoportantes de su propia vida y necesitan devaluar cualquier comparación que los ponga en evidencia. 

 

 

Bezos es la figura que encarna todo lo que le molesta al estatismo socialista, el contraejemplo que destroza todas las prédicas marxistas, incluida la del resentimiento. Un ejemplo liberador de la esclavitud del estado y sus burócratas.  Para los oligarcas de La Nueva Clase, que viven de la pobreza y el miedo a enfrentar la vida del que convencen a los pueblos, es un personaje insoportable. Se entiende. 

 

El ejemplo vale para los individuos y para los estados. Uruguay, su gobierno, sus políticos, su sociedad, tienen bastante que meditar y aprender de este caso. El coraje de emprender, de innovar, de arriesgar y de salirse del corsé mental, del proteccionismo psicológico y comercial, de la dialéctica y el relato de fracaso y resignación, en un mundo que compite con todas las buenas y malas artes posibles y que no perdona la mediocridad.  

 

¡Loor a Jeff Bezos! Como la rosa está, ya, dentro de su semilla, detrás de él se alza una aurora por venir de Leonardos, de Galileos y de Colones. Y esto, curiosamente, aunque referido a un ser imaginario e igualmente loco, lo dijo un oriental, fíjese.



 








Publicado en El Observador 20/07/2021



La grieta del referéndum

 

El pedido de una consulta popular para derogar la LUC no es un hito democrático, sino la confirmación de una brecha infranqueable y permanente

 



 















Es asaz sabido que la izquierda, en especial cuando se sincera, sale del closet y se revela comunista, trotskista y afines, como es el caso y lo será más en el futuro, preconiza el respeto por las urnas y los principios sagrados de la democracia cuando gana las elecciones y hace los cambios que se le ocurre. Por el contrario, cuando es derrotada, clama por el debate, el diálogo, la sana alternancia y el equilibrio, e impide toda modificación a sus avances previos por mínima que fuera. 

 

Ningún ejemplo mejor que el caso del referéndum contra la LUC, una ley modesta, un tímido intento de corregir mínimamente algunas de las exageraciones pergeñadas durante 15 años por el Frente Amplio y su okupante el Pit-Cnt, que fue saturando el sistema legal de poison pills (píldoras venosas) capaz de destruir cualquier esquema productivo, con una maraña solapada de leyes, normas, cláusulas de convenios forzadas y apoyadas desde el estado, y hasta disposiciones e interpretaciones constitucionales. Sin omitir las amenazas latentes, y ejercidas, a la seguridad jurídica, de las personas y de la propiedad, elemento vital del marxismo, que necesita que el estado sea visto como gran protector de aquello mismo que desprotege a diario. 

 

La imprescindible nota de este fin de semana de Ricardo Peirano analiza crudamente los resultados de este contubernio de estatismo y sindicalismo, asociación cuasi ilícita que además de las prebendas y los actos de corrupción que conlleva, es un proteccionismo letal. Allí se enfoca el rol oligárquico de la monopólica y autodesignada central sindical y su virtual secuestro de las empresas del estado.

 

Hay un dato crudo que no debe dejarse de lado. En términos proporcionales, el total de personas que reciben un pago mensual del estado versus el total de trabajadores en el sector privado es bastante mayor y escandaloso que el de Argentina, lo que no parece ser tenido en cuenta cuando se analizan los desastres del país vecino, que parecen ser atribuidos a la naturaleza, al cambio climático o a una pandemia, nunca a la sistemática acumulación de prebendas, regalos y premios a quienes no producen riqueza alguna. Otra clase de pandemia.

 

Cuanto más gente dependa de un empleo, una jubilación, una pensión, un subsidio o una prebenda del estado, menos valor tiene la apelación a la democracia directa, una farsa dialéctica, porque el votante es así coimeado directamente para que su voto no lastime su cómoda fuente de ingresos, como ha quedado en evidencia en esta pandemia, donde mientras quienes viven del esfuerzo personal privado debieron pasar por todo tipo de sacrificios y peripecias para ganarse su sustento y a veces para mantener a los empleados de su pyme, el sector público gozó de unas merecidas vacaciones de un año, que a veces terminaron saboteando programas centrales del gobierno, como en el caso de las radicaciones personales y empresarias. 

 

 

 

La apelación “a la voluntad directa del pueblo” como dice el relato seudodemocrático del neocomunismo es por todo eso una mentira. Como lo es cualquier sistema donde el votante es primero desestimulado para proveerse el sustento y atender a su futuro, y tras dejarlo como náufrago a la deriva, se le ofrece el empleo o la limosna estatal como solución que se sabe de corto plazo, pero se esgrime como un reseteo, una panacea. Faltaría agregar la proverbial frase: “¿cómo no se me ocurrió antes?” para perfeccionar la falacia. Cuando la ahora oposición reclamaba un cierre total de actividades para controlar la pandemia (lo que hoy sigue agitando pese a que la evidencia empírica muestra su inutilidad) ¿preconizaba el aislamiento sanitario o necesitaba el aislamiento para aumentar la cantidad de clientes de los subsidios del estado y su arma política central, la sumisión implícita? La frase de la ministra Arbeleche “está más preocupado por gastar que por la pandemia” resume perfectamente el planteo.

 

En tales condiciones, el referéndum convalida y profundiza la brecha en la sociedad, al generar un freno a la tarea del gobierno y un condicionamiento severo a su plan y su ideario. También implica, simboliza y consolida la grieta permanente que no se zanjará con apelaciones a la tolerancia y a la convivencia como muchos politólogos y analistas, seguramente de buena fe, predican. Tampoco se invisibilizará cerrando los ojos y diciendo que no hay tal grieta. Inútil e inocentemente, en opinión de esta columna. La convivencia política y social, más allá de las frases floridas, obliga a aceptar un cierto promedio de ideas. Ese promedio no existe en la concepción izquierdista, que ni siquiera admite que se hagan modificaciones de menor cuantía a la carga estatista y de ataque permanente impositivo al sector privado. 

 

Un buen ejercicio sería pensar en lo que ocurrirá si el referéndum determina la no derogación de la LUC. Es archidescontado que, si tal fuera el caso, lo que hará la izquierda es cambiar de ropaje y de armas, ensayar la lucha callejera, la protesta, el paro, la obstrucción, siempre impidiendo que ese promedio exista. Lo mismo pasaría si las barbaridades cometidas en las empresas del estado, que suman un par de miles de millones de dólares, se denunciasen a la justicia, en vez de ocupar la atención de los jueces con denuncias de abusos en la compra de implementos personales o de viáticos estrambóticos o disfrazarlos de errores estratégicos de una conducción difusa. Allí se vería, como se esbozó hasta ahora, que la impunidad por la que clama la señora de Kirchner, también en nombre de la democracia y el pueblo, no es una característica de su personalidad, solamente, sino que es una metodología de la izquierda latinoamericana, mezcla de marxismo, populismo y documento de Aparecida. 

 

Sería muy difícil sostener que ese tipo de conductas no producirá una grieta, o no la ha producido ya. Más allá de las teorías e ideologías, la mitad de la sociedad no quiere ser despojada, mucho menos con argumentos falaces y autocumplidos. Por ejemplo, la amenaza del referéndum, como las PASO del peronismo en 2019, ha transformado a las radicaciones que planificaba el gobierno como una herramienta poderosa, en apenas un reposo temporario y provisorio, unas vacaciones, antes de que venga de nuevo la ola final. 

 

Se puede, obviamente, seguir insistiendo en que la sociedad oriental no tiene grietas, o que son irrelevantes, o que no debería haberlas. Se puede también, sostener, como sostuvieron tantos, que Uruguay es distinto. Frase casi pueril, para no decir ignorante. El referéndum es el tajo definitivo. Quien quiere ver, que vea. 

 

 

 

 

 

 




Publicado en El Observador  15/06/2021



Peligro: ¡auditoría!

 

Las seudoempresas del estado deben someterse a permanentes y exhaustivos controles públicos y sus inversiones y gastos deben tener una lupa permanente sobre ellos

 





















La columna sostiene lo engañoso del término “empresa del estado”, conque se designan los entes monopólicos que manejan recursos supuestamente estratégicos. No solamente no son empresas, en su más elemental acepción, sino que tampoco son del estado, sino de sus jerarcas, en la práctica. No a la hora de pagar, claro. En general, y no solamente en el ámbito local, esta denominación les permite a sus directivos gozar de una múltiple inmunidad. No suelen estar sujetas a muchas de las reglas de transparencia de la Administración Pública, pero al mismo tiempo tampoco son verdaderas Sociedades Anónima sujetas a las reglas privadas de eficiencia, rendición de cuentas y sanciones económicas y penales. 

 

Petrobras es un fácil ejemplo de esta aseveración, que a la descripción anterior suma la costumbre de ir metiendo bajo su ala actividades que se van alejando de su objetivo central. Seguramente hay quiénes preferirán creer que Brasil también esta lleno de ladrones del primero al último, pero la experiencia muestra que muchas de estas "sociedades" del estado terminaron exponiendo su ineficiencia y corrupción en cualquier parte, aun en los sistemas soviéticos y sucesores, en estos casos con mecánicas de auditoría más duras que las occidentales. 

 

Cuando el presidente prometió en campaña someter a esos entes a una auditoría integral seguramente buscaba evidenciar muchas de las prácticas personales dudosas tras quince años de gestión frenteamplista, pero también tenía un objetivo presupuestario. Limitado constitucionalmente para bajar el gasto burocrático de la Administración - cuyo nivel y crecimiento no tiene en cambio límites constitucionales - las “empresas” del estado requieren y permiten un profundo replanteo, tanto en la omnipotencia en sus supuestas inversiones, como en sus costos de operación, incluyendo cualquier tipo de excesos, abusos o potencial corrupción. (Afortunadamente, los gobiernos de tres lustros no tuvieron tiempo o no advirtieron las ventajas de otorgar inmunidad constitucional a los jerarcas de esos entes y a sus decisiones)

 

Las auditorías encargadas son imprescindibles desde varios puntos de vista. Para detectar inversiones ruinosas o ineficientes, exponerlas y no repetirlas. Para analizar y responsabilizar a los jerarcas de los excesos e irregularidades en esas inversiones. Para deslindar los posibles actos de corrupción en cualquier adjudicación o contrato, o en los gastos personales. Para estudiar cada estructura, su eficacia y su razón de ser. Para ahorrar a partir de esas conclusiones. Y también para no entronizar a los funcionarios como sátrapas, en una Nueva Clase protegida por la política. Con alguna experiencia sobre este aspecto, se puede sostener que tan solo el capítulo dedicado a las tercerizaciones y licitaciones podría proveer los fondos para una suficiente y eficaz ayuda a los damnificados por la pandemia, que con fácil énfasis reclama el propio Frente Amplio. 

 

Sería lamentable que se politizaran el mecanismo de revisión y sus conclusiones. Tanto de parte del gobierno como de la oposición. Algún comentario presidencial sobre la necesidad de poner todas las cartas sobre la mesa tiende a desvirtuar el criterio. Como también es inaceptable la evasiva excusa de algunos frenteamplistas de que en medio de esta pandemia no se debe perder tiempo en detalles menores de gerenciamiento. Al contrario, debería institucionalizarse el sistema, con estudios de auditoría privados y publicación detallada de sus informes como una manera de garantizar la seriedad, probidad y prudencia en el manejo de la cosa pública. Con pandemia aún más, por las tensiones que crea el gasto adicional para paliarla.

 

En oportunidad de comentar la amenazante profecía de cortes masivos que formularan los jerarcas de UTE, esta columna se preguntaba si semejante coerción no tendría que ver con los resultados desfavorables de la auditoría. A la luz de algunas conclusiones, ahora tiene sentido volverse a formular la pregunta. 

 

El antiejemplo de Ancap debe ser una referencia ineludible si se pretende seguir sosteniendo la honestidad del sistema político.  Además de la seriedad presupuestaria. La descapitalización absoluta y multimillonaria (en dólares) del ente ni siquiera ha merecido un análisis profundo y técnico, ni una completa explicación pública. El escándalo termina en una acusación tardía ante la justicia por maniobras que, aunque conformen actos delictivos, son nimias frente a la gravedad de la pérdida ocasionada sin sanción ni conclusión alguna. Las auditorías de hoy, aún antes de haberse publicado sus conclusiones, empiezan a confirmar algo que se prefería no ver. No se trata de cuestiones éticas, que es el paraguas bajo el que se cobijan las defraudaciones contra el estado, lo que permite que estos casos sean derivados al juicio comprensivo de corporaciones tolerantes y cómplices. Se trata a veces de delitos, o posibles delitos graves. 

 

Las auditorías van a exponer algo más: la mentira de que el gasto (y lo que erróneamente se llama inversión estatal) no se puede bajar sin afectar a los que menos tienen. La deliberada mezcolanza y confusión presupuestaria oculta entre las dádivas solidarias, (una coima a la población, diría Fukuyama) la porción de torta que se reservan algunos burócratas para sí. Una de las peores formas de desigualdad. Siempre y en todo lugar, (en Uruguay también, vea) cuanto más se sepa en qué y como se gasta, quién y cómo lo hace, más justa será la sociedad. 

 

Claro, es más fácil, y más rentable, subir tarifas e impuestos. Las “empresas” del estado son las únicas con facturación, clientela e inversión aseguradas.