Publicado en El Observador  13/04/2021


¿Nuevo orden mundial o autocracia impositiva global? 


 

Estados Unidos soluciona sus problemas obligando a sus aliados a comprárselos y para ello copia a la burocracia supranacional

 

Para muchos resultó casi lógico que la semana pasada el gobierno norteamericano saliera a proponer-imponer a los países bajo su influencia una suba de la tasa mínima permitida (por la OCDE, su santo nombre) del impuesto a las ganancias de las empresas. Es conocido que las corporaciones internacionales, básicamente tecnológicas, dibujan su radicación en las naciones como Irlanda o Luxemburgo, con tributación más baja - la tolerada hoy es el 12.5% - para eludir de ese modo los tributos estadounidenses. Contradictoriamente, la potencia americana venía defendiendo la inmunidad impositiva de sus empresas cuando se intentaba aplicarles impuestos locales, como el IVA. 

 

Siempre las transnacionales usaron lo que se conoce como tax-planning, un procedimiento inicialmente legal que, como otros casos, pasó a ser demonizado por la vocación recaudatoria de los entes supranacionales económicos, casi su objetivo excluyente. La explosión del negocio del entretenimiento y los servicios tecnológicos produjo excesos indefendibles, y Norteamérica perdió una fuente importante de recursos de un sector que en teoría debía aportar lo que ya no aportarían las viejas industrias desplazadas o cedidas. (Las empresas yanquis aprovechan también la alternativa legal que les brindan sus propias leyes, de diferir los impuestos en la medida en que los fondos no sean repatriados)

 

Por eso Obama encaró el problema proponiendo una especie de blanqueo, por el que todos los fondos que se repatriaran pagarían sólo el 10% por única vez por todo el pasado. Y de ahí en más, bajaba la tasa del impuesto a las ganancias a esas empresas específicas al 20% anual, como modo de enfrentar la competencia impositiva. Con ese producido formaría un Fondo de Infraestructura, para encarar una tarea que, como ha explicado esta columna, es imprescindible e impostergable. No fue aprobado por el Congreso. 

 

Trump eligió el camino de bajar el impuesto a las empresas en general al 20%, esperando así reducir el atractivo para la elusión, al minimizar el ahorro de inventar radicaciones en los países de menor tributación y permitir la repatriación sin costo. Se encontró conque las empresas repatriaban los fondos del exterior acumulados, pero no los usaban para invertir ni para generar nuevos empleos. Los aplicaban a la recompra de acciones, una práctica que, en opinión de la columna, viene destruyendo al capitalismo americano hace 4 décadas. O para más bonuses a sus ejecutivos. Eso le golpeó la recaudación e impactó sobre el endeudamiento. 

 

Ambas soluciones, con sus pros y contras, respondían a principios básicos del capitalismo liberal tanto en su política interna como externa. Y a principios económicos probados largamente por la evidencia empírica, con perdón por el ofensivo término. Biden toma otro camino. Como dando la razón a quienes lo ven como el ariete del New World Order o del Reseteo Universal, (socialismo de facto vía pandemia agravada por el miedo y el cierre) sube para todas las empresas los impuestos que había bajado Trump, que podrían haberse perfeccionado. Sólo porque necesita esos supuestos fondos para su plan rooseveltiano de Infraestructura.  Como eso aumenta el incentivo para la elusión vía radicación en terceros países, 

y en el mejor estilo de Roosevelt, (Teddy ahora, no Franklin) quiere imponerle al resto del mundo una tasa de impuesto que le convenga a su proyecto. Nadie puede cobrar menos que el 21%, porque sí. 

 

No importa para el líder americano el efecto que eso ocasione en cada país, ni su estructura impositiva, ni su política fiscal. Ni le importan la soberanía o la democracia de las naciones. Le importa sólo lo que a él le conviene o le parece. Se asemeja, por casualidad o afinidad ideológica o por simple uso de poder, a los entes u organismos burocráticos supranacionales, que han ido borrando - e intentan que sea para siempre – el derecho y la potestad de los ciudadanos de cada estado a darse sus propias leyes y a modelar su propia sociedad. Más claramente, intentan anular las democracias locales. 

 

Y en ese esfuerzo, desprecian la eficiencia de los gobiernos, fomentan el estatismo descaradamente, cancelan el mérito y el esfuerzo de las comunidades, igualan a nivel del subsuelo. Cualquier nación ya no puede cobrar impuestos bajos, o menores a los de Estados Unidos, o a lo que la OCDE determine, o ser tan exitosa que simplemente no cobre impuestos. Faltaría que ahora forzaran a todo el mundo a tener un DMO, un déficit mínimo obligatorio. 

 

Al mismo tiempo, dentro del galimatías de sus cambiantes recetas, el Fondo Monetario Internacional, que como se sabe tiene dos funciones, la de prestamista de última instancia y la de rector moral de la humanidad según las tendencias de esta semana, recomendó a sus miembros gravar a sus ricos, y explicó sus bases empíricas y técnicas para semejante idea: “para dar una muestra de solidaridad a los afectados por la pandemia”. Es bueno que los burócratas expatriados con altísimos sueldos, que suponen ser expertos en economía, se hayan reconvertido en profetas del solidarismo mundial. Total, sobra plata, como todos los lectores de esta columna saben y experimentan.

 

Los efectos de tal muestra de afecto y sensibilidad no fueron incorporados a la ecuación económica, ni se estudiaron los resultados de experiencias similares en el pasado, ni el Fondo las prevé. Simplemente se limita a predicar la caridad con el ahorro ajeno. Estos comunicados del Fondo bien podrían denominarse Encíclicas Monetarias Modernas y ser respaldadas por un paquete de ecuaciones de premios Nobel, para que parezcan técnicas. Y las debería imponer Biden. 

 

¿Cuánto falta para el burocrático impuesto universal a empresas y personas con el que soñaba Keynes? 



 








Publicada en El Observador 08/04/2021


Renta universal: el fin del trabajo

 

La idea obstinada de que el estado reparta un salario mínimo a la sociedad pulverizará el empleo, el bienestar y el crecimiento



 

Muchos antes que la pandemia, o que la lucha contra ella, una extraña comparsa de billonarios y teóricos contratados proponía paliar el desempleo que generarían la robótica, la IA y la tecnología en los próximos años, con una renta universal que el estado pagaría a toda la sociedad, financiada con un impuesto a los seudoricos, (que no tuviesen la estructura elusiva de los que propugnaban la idea) preferentemente global. (Y administrado por una burocracia con sede en el infinito, la pesadilla de Hayek)

 

A esa idea se sumó (o la inventó) el social-comunismo globalista, porque se parecía a su prédica de hoy, aunque chocara con las teorías sobre el trabajo del mismísimo Karl Marx, si se analiza. Aclárese que no es ese el pensamiento de China, que paradojalmente no alberga semejante criterio. Habría entonces que sostener que se trata de una propuesta del social-comunismo-occidental, si se permite tal oxímoron.

 

Las cuarentenas y cierres consolidaron el desempleo que venía agravándose en los 5 años previos y con ello golpearon el consumo, con lo que ahora los abogados de la repartija encuentran una nueva excusa para volver sobre la idea reforzada de subsidiar con un salario universal a media sociedad -ya no a toda - suponiendo que así se reactivará la economía. Dado los límites odiosos que impone la realidad, ese emolumento surgiría de la emisión, el endeudamiento o más impuestos, en definitiva, la misma cosa, un gravamen que, inexorablemente terminará aplicándose sobre la riqueza percibida, hasta que se acabe. 

 

El sindicalismo oriental, empezando por el Pit-Cnt y su controlado, el Frente Amplio, se apresuran a reclamar tal auxilio directo y simplista: si el problema es que la población no tiene ingresos, la solución evidente es ponerle de inmediato plata en el bolsillo, por un tiempito, que tenderá a ser eterno. - Después se arreglará – dicen. La lógica parece irrefutable. Hasta que se comienza a pensar. Ahí se ve que no hay después.

 

Mientras el sindicalismo bregue hasta el empecinamiento por mantener las rigideces laborales y aún el nivel salarial actual, derecho que en muchos puntos tiene pero que puede ser suicida reclamar, es imposible aumentar el empleo privado, único empleo auténtico sostenible. Ni Uruguay vende nada adicional a su producción pastoril ni podrá hacerlo con el actual nivel de costos, dentro de los que se incluye el salario y los impuestos, que justamente con este tipo de ideas sensibles y utópicas se tornan insostenibles. 

 

Insistiendo. A estos niveles de costos salariales y laborales e impositivos, la economía oriental se empantanará. Si se intenta cubrir las diferencias con impuestos de cualquier tipo, el pantano se transformará en desierto. 

 

Ante esta simple descripción del funcionamiento de la realidad, no ya de la economía, cuanto más se subsidie el desempleo menos incentivo habrá para flexibilizar pretensiones y conseguir trabajo. Con lo que la espiral de desempleo será fatal, y crecerá hasta que el único pagador de sueldos sea el estado, o sea usted, lectora. 

 

Antes de que surjan los ayes lastimeros de los enamorados de acusar de insensibles a los que no quieren que les arrebaten su dinero para ayudar a los sufrientes, corresponden dos aclaraciones: no tiene sentido defender un remedio que le alivia el dolor al paciente una semana, pero lo mata en 6 meses. Y tampoco se trata de abandonar a su suerte a los que han perdido su trabajo como consecuencia de la catástrofe mundial. 

 

Por eso es mejor apuntar a una ayuda temporaria, medida y posible a quienes sufren el desempleo, y dedicar la mayoría de los recursos a fomentar y apoyar a las empresas y emprendedores privados que creen empleo. Lo que implica un esfuerzo político e intelectual muy importante, porque se trata de rediseñar o reinventar el crecimiento en un entorno global que será mezquino, proteccionista y ultracompetidor, aunque no ultracompetitivo. 

 

Si adicionalmente se subsidia más o menos permanentemente el desempleo, se elimina todo incentivo a rebajar pretensiones y aún a trabajar, con lo que el desempleo no tendrá límite, y el estado será el único patrón, con las consecuencias previsibles. De ahí no se vuelve. 

 

Hay un criterio laboral oriental por el que el empleador y en especial el inversor es una especie de turista al que hay que extraerle todo el provecho posible. No es intención de esta columna modificar ese temperamento sagrado y simbólico. Simplemente se trata de comprender como funciona la generación de empleo y aún de riqueza en todo el planeta. Cuando se habla de venderle al mundo, todos los factores deben competir, inclusive el estado y el trabajo. 

 

Claro que no ayuda el ejemplo de algunas expotencias en ciernes, como EEUU o la UE, cada vez más en manos de burócratas y parlanchines, que, como los antiguos reyes al borde de la guillotina, se apresuran a compartir y repartir a raudales el botín del gasto público para conseguir votos, tolerancia, indulgencia, perduración o privilegios. Con menos inmediatez, sufrirán el efecto de semejantes políticas. Después, claro. En cambio, los países pequeños sufrirán instantáneamente el efecto de imitarlos. 

 

Por supuesto que para el social-comunismo tal extremo también es deseable, ya que convierte a la sociedad en una masa mendicante y al estado en un feudal protector que provee sustento, seguridad y protección aparente, que es su objetivo desde Lenin. Por eso propone más cierre. Pero ese disputable logro debería surgir de una decisión consciente de la sociedad, no de un engaño ideológico que le hace creer que se puede reemplazar el fruto del esfuerzo del trabajo con una dádiva del estado.

 

Que Yellen defienda este festival estatista mundial, como hizo ayer, simplemente es una confirmación. 

 

 

 

 


Publicado en El Observador  30/03/2021



El impuestazo argentino 

de Astori

 

La inoportuna idea de proponer un impuesto a la riqueza en momentos donde lo que se necesita es que vengan los llamados ricos a radicarse




 



La pandemia ha hecho que el socialismo mundial en todos sus ropajes y sus apodos acelerara con todo oportunismo su campaña del sueño de la renta universal por gracia estatal y saliera a proponer simultáneamente subsidios “al bolsillo” costeados con aumento de impuestos, porque sabe que es una buena manera de eternizar su pulsión marxista, sin importarle si tal concepto se torna un problema insoluble, ni la suerte de las sociedades que lo apliquen.  Como es la única herramienta que conoce procede como el proverbial operario que sólo tiene un martillo y todo quiere arreglarlo a martillazos. 

 

La columna se ocupará del empleo uruguayo en breve. Pero ahora interesa analizar la propuesta de un nuevo impuesto, ilusoriamente por única vez, que está presentando al Frente Amplio el senador Danilo Astori. Se trata de un ansiado impuesto sobre los depósitos de residentes uruguayos en el exterior, cuya letra es casi copia fiel del escandaloso gravamen recientemente aplicado en Argentina. Y su tasa es de 1.6%, confiscatoria en un panorama de renta cero por años.

 

El senador Astori es un político de experiencia, que además domina la economía y conoce de sobra la acción humana que la mueve y los efectos de los actos del gobierno sobre las expectativas y las decisiones de la sociedad. Justamente esta columna lo ha elogiado en varias oportunidades por su sensatez en esa tarea cuando le tocó ejercer la función de gobierno en lugares prominentes. 

 

No puede ignorar que su proyecto no tiene demasiadas chances de transformarse en ley, como no puede ignorar que el solo enunciado de semejante ataque confiscatorio tendrá el efecto de un torpedo bajo la línea de flotación de uno de los pilares del plan de recuperación de la economía oriental del actual gobierno, que es la radicación de personas, empresas y emprendedores de la región, que fue un fuerte componente del crecimiento durante los 10 primeros años de gobierno del Frente, la que además, bajo su acertada influencia, se cuidó de no ahuyentar y hasta de proteger. 

 

Si bien el proyecto es un recurso de política interna y opositora que puede ser justificado por quienes tienen la vocación y la obligación de comprender el accionar de los partidos, es también un acto de sabotaje a la política del gobierno, una de las pocas que puede adoptar la Coalición o cualquier otra tendencia gobernante que intente mejorar el rumbo oriental. 

 

Cuando en Uruguay se analiza el desastre argentino, es común echarle la culpa al peronismo y a su caricatura exagerada que es el kirchnerismo, representada por la figura maléfica de Cristina Kirchner. Pero ¿de qué huyeron los empresarios, los innovadores, los inversores, los creadores, los productores, los privados? No huyeron ni huyen por razones ideológicas, ni siquiátricas, ni discursivas, ni por actitudes destempladas, delirantes o histriónicas de la viceprimera dama y su corte. Huyen de la desaforada vocación de gasto estatal y de confiscación impositiva del peronismo, y de quienes quieren derrotarlo con los mismos principios. Entonces, si se copian los procedimientos y leyes peronistas, se van a obtener los resultados peronistas. 

 

Lo que logrará el senador con este proyecto es no sólo crear dudas en las futuras radicaciones de capitales e individuos, sino que cualquier decisión en tal sentido se torne oportunista, circunstancial y transitoria, ya que queda evidenciado claramente el ataque sobre los patrimonios y la empresa y el empleo privados que sobrevendrá si el Frente Amplio tuviera un resultado favorable en 2024. Lo que automáticamente generaría la estampida de desconfianza que generó la vuelta del kirchnerismo a Argentina. ¿Quién se radicará en Uruguay o en cualquier otra parte si en cuánto lo haga será obligado a perder parte de su patrimonio en solidaridad retroactiva para subsidiar un desempleo eterno, o si se quiere poner en términos técnicos, estructural? ¿Quién pagará semejante peaje cuando tantos países están buscando justamente ofrecer lo opuesto? El argumento de que “como está fuera del país el impuesto es un buen mecanismo para obligar a invertirlo localmente”, o que no tendrá consecuencias económicas, no difiere de la actitud de ama de casa resentida de la mandamás argentina. ¿En serio se puede pensar que alguien se radicará en Uruguay para empezar a pagar al día siguiente un impuesto sobre su patrimonio total obtenido previamente, que no fue generado localmente, en nombre de una supuesta solidaridad que se le endilga y que tampoco hay derecho a exigir de ningún ciudadano que ya ha pagado todos sus impuestos?   

 

Por supuesto que si además el socialismo frenteamplista sigue sosteniendo su idea basada en el concepto de la renta universal que propugna la izquierda internacional cuyo germen está sembrando, el país está condenado al mismo destino argentino, con el estado como único proveedor de empleo, prolegómeno del totalitarismo, además. Y de la pobreza, como también ocurre en Argentina. Y también está condenado a que se agoten los patrimonios antes de que se agoten las necesidades, algo peor aún. 

 

Contrariamente a lo que ensoñadoramente sostiene el pensamiento estatista redistribucionista universal, los países pequeños necesitarán más que nunca del capital, de los emprendedores y de la creación de confianza y seguridad para salir a flote. Atacarlos siempre ha dado malos resultados. Esta vez no será distinto, más bien será fatal. 

 

De modo que, en homenaje a la cordura y seriedad evidenciada en sus gestiones, el senador Astori debería retirar ese proyecto y no intentar presentarlo, por lo menos hasta que su fuerza política vuelva a ser gobierno. Y en ese momento, tampoco presentarlo. 

 






Publicado en El Observador 23/03/2021



Bailando por un Puerto

 

El negocio y la actividad portuaria se llenarán de luces, pero no serán fuegos de artificio, sino estallidos de conflictos postergados y negados

 


El tema portuario estallará en el Mercosur, en la región y en Uruguay, y en varios focos. Lo que era una discusión sorda y latente, primero por la pobre actividad del comercio regional e internacional y luego por la pandemia, cobrará vigencia por decisiones políticas y el empecinamiento gremial en querer conservar condiciones laborales que, más allá de los merecimientos y conquistas sociales, son insostenibles en el mundo real. 

 

La extensión de la concesión a la terminal TCP nubla el hecho de que la operación en esa área languidecía entre la intrascendencia y los pobres resultados, esencialmente provocados por la falta de competitividad ante otros jugadores, y por el también lánguido modelo impo-exportador de la región y especialmente propios. 

 

El formato de la extraña y luenga renovación es per se discutible en varios frentes, y seguramente seguirá siéndolo, como se anticipó en la nota del martes pasado. El nuevo agregado argumental de que una de las razones para proceder como se procedió es el conflicto con Argentina no sólo será refutado, sino que echará biocombustible al fuego. El cambio de funcionarios del país vecino y su nuevo embate kirchnerista, fue posterior a la negociación con Katoen Natie, si bien hace años que está latente el conflicto por la profundidad de dragado, las normas y los subsidios, donde Uruguay y Argentina se espetan mutuos incumplimientos y abusos. 

 

Como del otro lado está Cristina Kirchner, enemiga oriental por vocación y por genes peronistas, no es difícil prever que en vez de renegociar los tratados y acordar un mecanismo común, se terminará en un caos litigioso donde la razón y el derecho no jugarán papel alguno. Lo último que se necesita en la futura etapa donde el comercio será la única oportunidad. 

 

Todo indica que ese conflicto pondrá presión y puede llegar a arrasar con los acuerdos y concesiones locales, incluida la reciente y discutida prórroga. Y más porque una atadura por 50 años en una actividad volátil e impredecible es un riesgo adicional y una disputa permanente en potencia.    No se debe omitir que la actividad portuaria oriental viene perdiendo peligrosamente terreno en el comercio regional, aún frente a Argentina, con la que rivaliza en altos costos operativos para ver quién es peor. 

 

A esto hay que sumar un componente explosivo. La concesión de la Hidrovía, que Argentina hace rato viene pateando para adelante con improvisaciones y parches, que no tiene ninguna chance de tener un final feliz, salvo otra negociación rarísima como las que se acostumbran en la región, que no garantizará ninguna solución duradera ni seria. Sólo que semejante obstáculo venidero e inevitable es un seguro de caos, que repercutirá política y económicamente en las relaciones bilaterales, del peor modo. 

 

Un gobierno nacional que intenta ser racional en el gasto y los subsidios es para los proteccionistas otro problema, ya que no será fácil recurrir a la benevolencia del estado para compensar los costos excesivos. O al menos eso es lo esperable. La fuerte presión de los sindicatos que han decidido que tienen derecho a conservar sus condiciones de contratación y de trabajo más allá de lo que ocurra en el resto del mundo, es muy fácil de complacer cuando el estado, la sociedad, los impuestos o las confiscaciones se hacen cargo de la diferencia, pero mucho más complicado de lograr cuando esa opción no está disponible -felizmente, agréguese. Por otra parte, la disputa contra cualquier subsidio será terrible entre los países involucrados. 

 

Para resumirlo, el sistema portuario uruguayo no tendrá más remedio que competir con la región, suponiendo que se pueda pasar el obstáculo del enemigo kirchnerista, que casualmente comparte su primera letra con el concepto del kamikaze. Y aquí se plantea una falsa dualidad. Las empresas privadas, si quieren sobrevivir, deberán bajar sus costos y aumentar su volumen, casi una sinonimia. Y Uruguay deberá hacer lo mismo tanto si quiere tener costos competitivos para su comercio internacional como si quiere explotar su condición geográfica privilegiada como simple negocio logístico. 

 

Para la empresa privada, el camino es sólo uno. Reemplazar al extremo la mano de obra con tecnología y equipamiento, hasta encontrar un volumen operativo que le permita subsistir. Y el país no tiene una opción muy distinta, salvo la de bajar impuestos que alguien tendrá que pagar, con toda injusticia. Por eso los gremios ya han anticipado su lucha frontal contra el acuerdo con la empresa belga, porque más allá de todas las críticas a la negociación contractual, los amenaza con perder puestos de trabajo al mejorar en los papeles la tecnificación. La relación costo laboral vs. empleo es inexorable. Por eso los gremios necesitan al estado para que se haga cargo de la diferencia y la oculte en la maraña de gastos que paga la sociedad y así pase desapercibido el daño que se ocasiona a todos: “empleo estatal”.

 

Es otro foco conflictivo que inexorablemente estallará y que complica notablemente el vital comercio exterior. Un análisis postergado, un ocultar la cabeza en un agujero que campea sobre la economía oriental desde hace dos décadas al menos. El alto costo laboral y las rigideces contractuales conspiran contra el volumen. O sea, contra la exportación y el crecimiento. Las conquistas sociales se negocian y defienden después de eso, no antes. Eso es más notorio en el caso de los puertos. Por eso pocas actividades laborales son más libres que las portuarias, al menos en el mundo del progreso y el bienestar. 

 

Se gesta una tormenta perfecta. Buen momento para templar convicciones y calibrar el rumbo. No por remanido es menos cierto que quien no sabe adónde va, nunca encuentra buen puerto. 








Publicado en El Observador, 16/03/2021

Para llegar a buen puerto

 

El acuerdo con Katoen Natie tras un tanteo inocente y banal de partida de truco es un error político insostenible que debe ser enmendado y expuesto claramente

 


















La columna advierte sobre su total incompetencia para analizar el manejo y la operación portuarias, junto a otra vasta cantidad de temas, por lo que no intentará opinar sobre ellos.  En cambio, reclama el título de experta en corrupción, para lo que exhibe sus pergaminos obtenidos en Argentina a su propio altísimo costo fiscal, y declama su propósito de aportar esos conocimientos sobre tan triste especialidad para que Uruguay no copie ninguna de las prácticas que son las responsables exclusivas de la decadencia y caída del vecino y querido país. Varias de esas prácticas se acumulan en el reciente acuerdo con la belga Kaoten Natie por la prórroga del contrato en la terminal TCP.

 

Habrá que comenzar por ponerse de acuerdo en una perogrullada: una concesión o prórroga de concesión o contrato de operación de cualquier tipo o formato otorgada por el estado, debe hacerse por medio de una licitación formal y pública. Si ello no está estipulado, o no está suficientemente claro, debería estarlo. El plazo, las condiciones, las contraprestaciones, es otro tema para otra discusión. 

 

Argentina ofrece aquí un brillante ejemplo: las privatizaciones realizadas por el presidente Menem a principios de los años 90 fueron realizadas mediante licitaciones públicas. Pero a su vencimiento, fueron todas renovadas mediante negociaciones privadas mano a mano con los interesados, por gobiernos diversos. El resultado fue que al renovarse se transformaron en monopolios, y todas terminaron con litigios o arreglos de litigios sospechados, sospechosos y ruinosos para el país. 

 

El CIADI tiene hoy casi un departamento dedicado a los juicios contra Argentina, originados en esos arreglos y en especial en el accionar de gobiernos posteriores que ejercieron su pragmatismo adjudicatorio y terminaron pagando varias veces lo que valían las empresas en cuestión. El caso YPF-Repsol, de triste fama y que terminará costando a Argentina innecesariamente el equivalente a 20% de un PIB uruguayo, es el resultado lineal de esas prácticas de negociaciones directas. - Uruguay es distinto. - Dicen los que aún no han podido explicar el agujero de ANCAP. Habrá que creerles. Pero por las dudas no copiar los métodos. 

 

Otra perogrullada sobre la que se debería acordar: las amenazas de juicios no son un precedente jurídico sobre el que basar una excepción presupuestaria o de procedimiento. (Esto también vale para una partida de truco) mucho menos la aceptación de un fallo en contra de antemano y peor, tomar una decisión que supone saber y aceptar el monto de la sentencia de un litigio que ni empezó. Además, hay mecanismos técnicos legales por los que se puede llegar al mismo resultado. (Por ejemplo, cuando se estipula que los participantes en una licitación renuncian a cualquier reclamo previo que tengan contra el estado, cláusula que se puede leer en tantos pliegos)

 

Argentina ofrece en su infinito catálogo de trucos indios corruptos otro ejemplo: el famoso Caso de los cuadernos, un extenso censo de los empresarios argentinos que se enriquecieron corrompiendo al estado. Haciendo negocios contra el estado, no con el estado. Todos los confesos que ahí figuran, sin excepción, (algunos mimados orientales también) han usado profusa y preferentemente la práctica de hacer juicios contra el país para obtener ganancias superiores al valor de sus propios contratos, o amenazar con dichos juicios o canjearlos por prórrogas. Muchos, por décadas, usaron el recurso de ganar licitaciones a pérdida, para luego lograr que la burocracia, en su infinita bondad, cometiera alguna torpeza, deliberada o no, para justificar un juicio que el estado argentino se especializó en perder, a veces dejando caer los plazos, injustificable en una administración que tiene miles de abogados dedicados solamente a esa tarea. 

Seguramente Uruguay es distinto. Pero por aquello de la mujer del César, bien vale acordar que no se pueden negociar privadamente los juicios contra el país. 

 

Y se puede ampliar. Un acuerdo privado del estado (inviable hasta idiomáticamente) impide conocer quiénes fueron los responsables de firmar un contrato débil y quiénes lo incumplieron, y sancionarlos política o penalmente) Si no está prohibido, debería estarlo y ser nulo de toda nulidad. Volviendo a las bases, Néstor Kirchner y varios de sus gobernadores cancelaron de prepo varias concesiones, (¿adrede?) que fueron directamente al CIADI y que costaron mucho más caro que su cancelación contractual legal. 

 

Si hicieran falta similitudes, vale la pena analizar la discusión en la legislatura de Chubut sobre la prórroga sin licitación alguna que el gobernador Das Neves y Néstor Kirchner otorgaron al petrolero Bulgheroni sobre su concesión vigente para la explotación de gas y petróleo de Cerro Largo, por 40 años. Sorprenderán los parecidos en la argumentación oficial, al igual que su superficialidad y pobreza. 

 

El otro argumento que se esgrime, que arguye que no es posible llamar a una licitación cuando la concesión aún no ha vencido, carece de seriedad y es insostenible, cuando se está prorrogando la misma antes de vencer y aceptando la coerción o chantaje de la contraparte, criterios que tampoco deben figurar en los procedimientos.

 

Y para volver a la metodología comprensible de un partido de truco, cabe una pregunta que ya se ha insinuado en estas páginas y que produce un escalofrío: ¿cuál será la actitud cuando también Montecon amenace con un juicio? 

 

El gobierno de la Coalición tiene un desafío de fondo. Mostrar que el resultado electoral no versa tan solo sobre quién conduce el estado. Sino sobre el estilo y los procedimientos que se usan en la tarea. Tal vez ese resulte su gran legado. Es importante recordárselo. 








Publicada en El Observador  09/03/2021



La tentación de la carne

 

El nuevo negocio de Gates con sus gusanos proteicos enfrenta a Uruguay a un 

competidor desleal, con muchos recursos para repartir. Pero no es invencible 

ni infalible



 

 
















Una cierta resignación que se advierte en los sectores más destacados del pensamiento oriental ante el ataque a la ganadería obliga a volver sobre temas ya tratados aquí. Habrá que insistir con la tozudez de Voltaire, aunque no con su sapiencia, lamentablemente. 

 

Para abordar el tema es fundamental comprender que a la principal actividad uruguaya le ha surgido un competidor formidable, como bien se sostiene. Un competidor que se llama Bill Gates, nada menos. Pero para completar la definición, se debe usar un aditamento: un competidor desleal. 

 

Cabe aclarar que si los consumidores, y aún los gobiernos de ciertos países, deciden alimentarse del modo que les de la gana o comer o beber lo que les parezca, tal decisión no es más que el ejercicio de sus libertades. Comercialmente cabe buscar la manera de convencerlos de lo contrario apelando a las diferentes opciones de que se disponen en ese terreno, acciones de comercio y política internacional cuando corresponda.  

 

No es ese el caso. Gates intenta transformar a la carne en enemiga de la humanidad, borrarla por decreto de toda ingesta voluntaria u optativa y eliminarla de todas las dietas y las canastas alimentarias, como si fuera veneno. El argumento que usa es el cambio climático, que – con argumentos todavía en discusión - se produciría por el calentamiento global, más precisamente por la acumulación excesiva de CO2. Acostumbrado a posiciones de dominancia en sus negocios, que le aseguraron siempre el control del mercado y el dominio sobre el sistema y sobre sus clientes, no busca competir con la carne, sino tomar todo ese mercado y reemplazarlo por productos de su propia elaboración mediante el ucase de las organizaciones internacionales y/o la presión sobre los gobiernos de cada país.

 

Debe tenerse presente que el dueño de Microsoft (o su fundación, da lo mismo) es hoy el principal inversor de Beyond Meat, que cotiza en Wall Street con el nic BYND, que ha septuplicado su valor y crecerá más aún, según los pronósticos. Esa empresa se dedica a fabricar la falsa carne producida mediante la cría de moscas que digieren gusanos y los transforman en una pasta proteica que supuestamente alimentará a toda la humanidad y, sobre todo, reemplazará a la carne bovina, caprina y ovina, culpables, según las organizaciones internacionales financiadas por Gates, del 9% de la emisión de CO2,culpable a su vez del fin del mundo que será causado por el calentamiento global a más tardar en 2050.

 

Ante este panorama las reacciones locales parecen dividirse en dos líneas: una es resignarse a que tarde o temprano los grandes países dejarán de comprar carne y alimentarán a su población con ese suplemento proteico (no muy diferente a comer gatos, perros, ratas, murciélagos y otros animalitos que hasta hace un minuto repugnaban a la civilización). La otra línea es la convicción de que, actuando individualmente, Uruguay podrá diferenciarse del resto de los productores mundiales y convencer a la humanidad de que las vacas uruguayas son impolutas y no cambiarán el clima debido a la bondad de su crianza. 

 

En la percepción de esta columna, ambos conceptos tienen una cuota de inocencia y también de omisión del comportamiento de los mercados globales. El tipo de campaña financiada por Gates no hará distinción en el origen de la carne, que será escarnecida, valga el juego de palabras. Y el precio será un factor determinante para la decisión de muchos países. De modo que más que salir a convencer en soledad al mundo de las bondades de las vacas no gaseadoras uruguayas, habrá que pensar en nuevas propuestas que abaraten y/o enriquezcan el producto final y ofrezcan opciones cárneas al puré de gusanos. 

 

La alianza con otros países productores de carnes es fundamental. Hacen falta recursos costosos y de alta sofisticación comunicacional y política para librar esta guerra finalmente comercial, aunque aparente ser una hemorragia de altruismo. La OPEC es un ejemplo que molesta cuando se es consumidor, pero sirve cuando se es productor.

 

Por eso es plausible la actitud del Senador Da Silva, que forzó a retirar un tuit del ministerio del ramo hablando de “carne sintética”, que marca la primera lucha a librar en la OMC, que es lograr la prohibición del uso de la palabra carne con cualquier aditamento para designar al suplemento proteico que produce BYND. Simétrico a la prohibición de usar el término “champagne” o “gruyere” que sufren entre otros los productores uruguayos, a quienes se les prohíbe usarlos, pese a que se producen del mismo modo que en sus países de origen. 

 

La lucha no es sencilla. La fundación de Gates  es la principal aportante a la OMS, por encima de la propia Alemania. La FAO, la FIDA, el PMA y el foro EAT, que convocan ahora mediante la ONU a la Cumbre de sistemas alimentarios, son financiadas por la fundación del billonario, y la ONU ha designado a la doctora Agnes Kalibata para que dirija la crucial cumbre. La Doctora Kalibata preside el programa AGRA de Bill, que fracasó y se estrelló con la Revolución Verde en África, donde produjo una parva de tragedias con sus planes agrícolas fantasiosos, mas denuncias por estafas y corrupción. 

 

“No hay que enojarse con Bill, hace su negocio” – Dice el pensamiento especializado. Tampoco hay que resignarse, ni jugar en soledad - dice la columna. Habrá que empezar por designar un equipo específico a cargo de defender este mercado crucial. Pero que entienda cómo funciona el mundo del comercio y la competencia internacional. El riesgo es terminar en el estereotipo caribeño, vendiendo a precio de regalo el aceite de copra. 

 

Y habrá que rogar que Bill no descubra que los seres humanos también expelen CO2.