La Carta magna es el vehículo, no el límite, de la reina del Senado y regente argentina en su camino a la dictadura electoral
Se dice que el gobierno de la viuda de Kirchner infringe por sistema la Constitución con un triple objetivo: lograr su impunidad, alinear al país en la línea Venezuela-Cuba-patriagrandista y fabricar un voto mayoritario que le garantice su sucesión familiar en el poder, en línea con su formación cursada en una satrapía provincial, como cabe a una baronesa peronista.
Como Chávez antes y Maduro ahora, la abogada putativa populista viene usando crecientemente cada uno de los recursos o vacíos legales que le brinda la Ley Fundamental para formatear a la sociedad en un conjunto de borregos fanatizados que simplemente sigan las consignas que se les dicte y voten a quien se les ordene y lo que se les ordene. Sin embargo, será muy difícil demostrar la inconstitucionalidad de su proceder. Tanto desde la letra como desde la acción de la Corte Suprema.
Si bien los constitucionalistas fulminan sus atropellos, la jefa peronista ha estado siempre muy bien asesorada sobre los recovecos legales, o sea que viene haciendo muy bien el mal. Debería estudiarse su accionar como la medicina estudia a los virus, no los desprecia ni los niega.
En la fase actual de su plan usa hábilmente la veloz y sospechada reforma de 1994, de la que fue constituyente. Tras la apabullante derrota de medio término de 1993, la Unión Cívica Radical, presidida por Alfonsín, se compró el argumento de Carlos Menem que sostenía en la negociación truquera que tenía mayoría para plebiscitar una reforma que le permitiría reelegirse por 6 años, y que luego sería fácil erigir como presidente a Eduardo Duhalde por otros 6 años, con lo que el radicalismo no volvería al poder por 12 años.
En cambio – argumentaba el astuto riojano – si la UCR consensuaba una reforma, él se postularía sólo por 4 años y garantizaría que su sucesor fuera radical. La cuestionada Junta Coordinadora radical defendió a ultranza el pacto, que se llamó de Olivos, y que mereció duras críticas del ministro del interior de Menem, Gustavo Béliz, quién se alejó del gobierno y de la política agitando la acusación de “valijas con dinero” cambiando de manos. Los bolsos, se sabe, son un apotegma peronista, a veces multipartidario.
Alfonsín cedió, pero impuso varios artículos como condición, que fueron rápidamente aceptados por Menem, cuyo interés único era la reelección. Cumpliría minuciosamente su palabra, al extremo de enojar a su excompañero Duhalde, a quien saboteó en 1999 para permitir el triunfo del radical de la Rúa.
Así se crearon varias instituciones a las apuradas. Una de ellas el Ministerio Público, un cuarto poder autónomo que instauraba el cargo de Procurador General. Ese cambio, de vital importancia, tiene en el texto de 1994 apenas un artículo de 4 líneas. Deja librado al Congreso las mayorías requeridas y todo el funcionamiento. Es decir, crea un cuarto poder, pero lo condena a ser manejado por el Senado. Ese agujero jurídico elemental es usado por Cristina hoy. Y logra manejarlo porque en el fondo así lo establece la Constitución. Los dos tercios de mayoría agravada para designar a este funcionario clave, que la maxiimputada va a demoler, debieron estar en el texto constitucional. Los constituyentes gallináceos delegaron esa decisión en el Senado, hoy a cargo del zorro.
La institución del Decreto de Necesidad y Urgencia es otro precipicio legal que permite al presidente pasar una ley en minoría en ambas cámaras (sic). ¡La Constitución creando una norma anticonstitucional! Y, de yapa, delegando su diseño completo en manos del Congreso, que se suicida dictando una ley que le quita su función excluyente. Esa ley del DNU fue utilizada para robar a los jubilados y otros atropellos.
La Constitución que define al país como federal, también obligó en 1994 a dictar una ley de Coparticipación entre las provincias y la nación no después de 1996, un aborto unitario. La esencia misma del sistema económico merece sólo un artículo de 4 líneas en la Carta Magna. De todos modos, nunca se hizo. La falla es la herramienta principal de la dueña del Senado para destrozar la oposición que percibe abroquelada en la Capital Federal.
Mucho del manoseo a la justicia para exculpar a la expresidente-presidente ocurre por la creación en 1994 del Consejo de la Magistratura, que al mismo tiempo establece un sistema paralelo de jury de enjuiciamiento a jueces inferiores, una suerte de duplicidad deliberada. El Consejo es un gran avance, pero se instituyó con un articulado precario, que pone en manos de la política a la que se pretende controlar la composición y manejo de la institución. Hoy es otro herramental kirchnerista que usa a discreción, luego de varias reformas y toqueteos. ¿Inconstitucional? No. Pero muy efectivo para manipular jueces, otro bisturí de la cirugía cristinista de impunidad.
La limitación de la reforma sobre la edad de retiro de los ministros de la Corte también es un arma que el kirchnerismo ha usado hábilmente como amenaza y moneda de cambio, junto a los carpetazos por negocios incompatibles, que no son especialidad de los constitucionalistas.
La destrucción de la educación y el indoctrinamiento escolar, ingredientes de masificación imprescindibles, son usados abiertamente por el kirchnerismo, pero ello no es inconstitucional, aunque sea aborrecible y vil. Como no lo son el accionar disolvente del abolicionismo de la ministra de seguridad y la tolerancia de los gobernadores socios a la resignación de soberanía a manos de los violentos mapuches con ascendientes ingleses, galeses, españoles e italianos, o sea originarios.
La misma técnica de los países que eliminaron las libertades y la propiedad. Dentro de la ley todo, decía Perón. Las leyes las escribía él, claro.
