Astori último modelo

Ningún nuevo impuesto es bueno para el crecimiento y la reactivación, en especial si apunta a gravar patrimonios













En lo que luce como un doble intento de recuperar protagonismo interno y de correr al gobierno por izquierda, el senador Astori anuncia que prepara un proyecto para gravar los depósitos de residentes uruguayos en el exterior. No es una novedad la idea, que también alienta Cristina Kirchner en Argentina, pista de pruebas de toda medida ruinosa. Pero por respeto a la figura del exvicepresidente -cuya gestión ponderó más de una vez esta columna, cabe analizar la propuesta en términos económicos. 

La filosofía del tributo propuesto encaja dentro del tan esgrimido criterio de que todo gasto estatal es correcto y justo y los privados deben sustentarlo ad infinitum y de que cualquier baja de ingresos del sector público debe ser cubierta con fondos extraídos del sector privado, no con una adecuación estatal a los ingresos que recibe. Cuando se habla del “aporte de los privados a la lucha contra el coronavirus” simplemente se está redundando. Los privados siempre aportan hasta cubrir el 100% del gasto del estado. Cuando se dice que el estado ya ha hecho su esfuerzo y que ahora corresponde un esfuerzo equivalente de los privados, no sólo se redunda, sino que se engaña. 

Los 12 años de gobierno frentista terminaron por dejar una endeble situación fiscal, que hace más difícil en la emergencia sostener la pretensión de que el gasto estatal es intocable. Y entonces se produce el manoteo desesperado con argumentos de igualdad, equidad y solidaridad, el robo a las naranjas del árbol del vecino en nombre del hambre. 

La afirmación de que el estado se apodera sólo de un modesto 2 o 3% del capital ajeno es algo jocosa. Se trata de la antigua teoría fiscalista de cortar una feta del salame diaria. Así, la política recaudatoria consiste en extraer todos los días un pequeño trozo del patrimonio, de modo que el afectado nunca esté tan disconforme como para rebelarse o incumplir. Peor es si se agrega la idea del preproyecto de que puede ser por un período de 2 ó 3 años, lo que significa que la exacción total puede llegar al 4 ó 6% o al 8 ó 9%, según el deseo del legislador. O puede ser para siempre y confiscar todo el patrimonio, en un mundo de tasa cero. Vamos viendo, sería el resumen. O “cortamos todas las naranjas del árbol del vecino que nos hagan falta para hacer el dulce”.

El exjerarca afirma que se tratan de capitales improductivos, que sólo persiguen una renta financiera. Como tan bien lo explica Hayek en Camino de servidumbre, el socialismo piensa que es capaz de determinar mucho mejor que sus dueños cuándo un capital es productivo o no. Se siente capacitado para tomar una parte de su patrimonio, o todo, e invertirlo mejor que quien fue capaz de generarlo. El capital de los particulares no es propiedad de la sociedad. Este modo de pensar parece creer que sí. También ignora lo que cada uno planea hacer con su dinero. Decide que es improductivo para el estado. No le importa lo que piense el dueño. 

Luego la justificación avanza por caminos más dirigistas aún, propio de toda planificación central. Así, sostiene que hay que hacer que esos capitales vengan a invertirse a Uruguay, ante la amenaza del gravamen en caso de que no lo hicieran. Algo ligeramente inconstitucional, en principio. Falta que se explique en qué proyecto, en qué rubro, en qué actividad se invertirían esos fondos, que además de ser rentables no sufran el castigo de más impuestos, inflexibilidades laborales y sindicales y proteccionismos que impidan competir. Por supuesto que la frase, a primera vista, parece atractiva políticamente. Aunque ignora la realidad. Las únicas radicaciones que se logran hoy son del estilo UPM, o sea, eliminando impuestos. 

Este tipo de gravámenes, que apelan al resentimiento en su más profunda raíz, nunca recaudan lo que se espera. No sólo por la evasión o elusión, sino porque se basan en cifras sin analizar, como cuando Astori afirma que hay 6200 millones de dólares depositados en el exterior basado en vagos reportes, que no tienen en cuenta la naturaleza jurídica y económica de esos adivinados depósitos. Sobre estos supuestos ligeros se construyen los déficits. 

El exministro sostiene que, al tratarse de un impuesto sobre capitales improductivos, (para el estado) no desestimula la inversión ni el empleo, ni la reactivación productiva. Esta es otra visión lineal del socialismo, que se empeña en no comprender la acción humana. Nada desestimula más que un impuesto de este tipo. La inversión será instantáneamente cero cuando se perciba esta medida como un ataque a la propiedad y una discrecionalidad del estado. Nadie, ni uruguayo ni extranjero, invertiría en un país donde – como dice el mismo Astori – se grava al capital “porque estamos necesitando hacerlo”. La simple insinuación de la aplicación de este tributo, causa suficiente daño al alejar cualquier intento de radicación o inversión instantánea y fulminantemente. La intención de convertir al país en una cooperativa o una mutual no es apreciada por nadie que quiera tomar riesgos y poner su esfuerzo y su talento en una empresa a riesgo. 

El imprescindible ajuste del gasto del estado, antes y después del coronavirus, no se reemplaza con poner un impuesto sobre cualquier manifestación de capacidad contributiva que asome la cabeza. La evidencia empírica es vasta, de larga data e irrefutable. Aunque matemáticamente las cifras parezcan iguales, la realidad y los efectos no lo son. Los individuos no actúan como quieren los legisladores o los jerarcas, sino según su criterio, su confianza y su interés. Creer que aplicar este gravamen no tiene efectos porque no afecta la producción es desconocer la esencia del ser humano. 

El senador Astori, cuya tarea en bien del país ha sido encomiable, debería descartar este proyecto. 



Lo que no hay que hacer

Los caminos que no sirvieron antes tampoco servirán ahora para recuperar el bienestar

















Disclaimer: si el lector está entre las muchas personas que cree que Uruguay es diferente al resto del mundo y como tal no se le aplican las reglas de la economía ni de la lógica, tal vez debería ganar tiempo y pasar ya mismo a las tantas notas interesantes y atractivas que tiene este diario. Porque la columna sostiene inclaudicablemente el principio de von Mises, que resumía toda la economía como las consecuencias y resultados de la acción humana, que son los mismos globalmente, a veces con diferencias en los tiempos, nunca en el efecto final. 

Sin excepción, todos los países han entendido que al haberse paralizado con un frenazo brusco la actividad económica global es imperativo que el estado se ocupe de subsidiar a toda la sociedad, sin discusión posible. La única manera de lograr ese objetivo en un estado de coma inducido es con emisión monetaria brutal. Es decir, que el estado espera que haya confianza en la moneda que imprime, o sea, que se crea que en el futuro se ocupará de que esa emisión no redunde en hiperinflación. Lo que varía es el modo en que el dinero se reparte: usando el seguro de desempleo, subsidios específicos a quienes pierden el empleo por las cuarentenas, a los cuentapropistas, aún a los marginales, que no trabajan ahora ni trabajaban antes. Por supuesto que ese mecanismo siempre es injusto en algún sentido. 

Estados Unidos y Europa están otorgando los subsidios primordialmente a empresas, con el objeto de que por un lado sigan pagando sueldos, y por otro no quiebren y puedan retomar rápidamente la producción tan pronto ceda la pandemia, y para mantener vivo el sistema de pagos. Eso incluye sacarlas del problema de su endeudamiento. Método también siempre injusto en algún sentido. El mecanismo hace que en muchos casos los efectos del parate mundial no se perciban tan duramente y hasta es relativamente cómodo para quienes de ese modo no sufren los efectos de sus acciones previas, tanto empresas como particulares, y se sienten amparados por la acción estatal. 

Ese accionar inevitable y necesariamente temporario del estado en todos los países, hace que haya quienes sostengan que se está ante un cambio de paradigma, una suerte de keynesianismo de izquierda que regirá tras la pandemia, un nuevo orden económico mundial a tono con la idea del salario universal que preconizan los europeos y un par de potentados americanos seudobuenos. Una especie de cómodo populismo universal. El portaestandarte de ese sueño es el neomarxismo, que busca siempre otra oportunidad para intentar reintentar su alocado experimento que ha fracasó todas las veces que se aplicó y sigue fracasando, siempre con el tendal de muertes y ataque a la libertad que le son inherentes. 

Como la emisión no produce riqueza y el estado sólo sabe apoderarse de la riqueza ajena, tal solución es temporaria aún para las grandes economías, y sólo puede ejercerse por muy breve tiempo en las economías emergentes o fronterizas. Con lo que mejor que soñar imposibles es empezar a pensar en los caminos viables para recomenzar el día después. Pero primero habría que concentrarse en lo que no se debe hacer, para evitar la pérdida de tiempo y de oportunidades. 

En el universo residual de desempleo, depresión y hasta deflación, (veneno para los endeudados) la primera tentación es recurrir al proteccionismo. Idea populista y simplista que cuenta con innumerables adeptos, empezando por Donald Trump, el gran precario. O Argentina que acaba de lesionar al Mercosur una vez más al negarse a negociar en conjunto los futuros tratados comerciales. Idea estúpida, coherente con su decisión de bajarse del mundo siguiendo a Cristina. En Uruguay tiene entre otros, el apoyo del FA y del PIT-CNT, pioneros del ensueño del nuevo orden económico socialista. 


















La depresión de 1930 tardó una década en superarse, gracias al proteccionismo de Roosevelt, imitado por el resto del mundo. Esa es una conclusión generalizada en todas las escuelas económicas.  Obviamente que los políticos tenderán a abrazarlo, pero será a sabiendas del daño que hace ese tipo de populismo. De modo que la primera práctica desaconsejada es el proteccionismo, que profundizaría aún más la baja del PIB, y obligaría a más déficit infinanciable.

La siguiente política desaconsejable es la rigidez laboral en todos los aspectos. En un marco de baja de precio de las materias primas agrícolas, como ocurrirá, empujará a un mayor desempleo, y creará un círculo vicioso al desestimular la producción y exportación y consecuentemente la importación. Hasta la corporativa y antiempleo CGT argentina lo ha entendido. 

Las dos políticas erróneas anteriores, de aplicarse, llevarían a otros tres errores fatales: mantener o aumentar el nivel del gasto público, de la emisión-inflación y/o aumentar los impuestos de cualquier tipo. Además de que todos esos conceptos tienen un efímero resultado, llevan a una destrucción del crecimiento y la confianza, lo opuesto a lo que se debe perseguir si se intenta recuperar o mejorar el estándar de vida que se perdió en los últimos años, lo que se venía maquillando con alfileres, y el que se perderá con el aislamiento universal. Por eso el ataque fiscal a los patrimonios, más ideológico que efectivo, es un sabotaje a cualquier recuperación. 

No cabe duda de que muchos países harán exactamente lo que aquí se puntualiza como nocivo. Y obtendrán también los penosos resultados que aquí se pronostican. La instantaneidad, igualmente valorada por el socialismo y por los demagogos, sólo reemplaza por un instante el resultado del esfuerzo, la innovación y el arduo libre comercio. Luego se vuelve miseria. Quienes eviten el facilismo y no cometan estos errores, tendrán una oportunidad. Los demás, seguirán el camino de Venezuela, o Argentina, tarde o temprano. 










En el nombre del virus, de la poliarquía, de la democracia, amén

La consigna opositora parece ser la de impedir que se aplique lo que votó la ciudadanía




















El virus tiene efectos multipropósito. Uno de ellos es permitir que se deslegitime o demore la LUC, por la supuesta imposibilidad de librar un amplio debate sobre sus contenidos. Desde lo institucional, evidentemente quienes sostienen tal tesitura no consideran suficiente el debate parlamentario, ni el resultado de las recientes elecciones, a las que parecen darle el carácter de una simple encuesta. Y a la Constitución el de un tutorial. Omiten que la ley es una parte del programa electoral ampliamente difundido por la coalición, que además se espera que cumpla. Con lo que sería difícil considerar un abuso de poder o un exceso la elevación del proyecto.

Ampliar el debate o la difusión a todos los sectores de la ciudadanía es importante, como lo es en cualquier tema. Lo que no parece razonable es seguir creyendo nostálgicamente en las viejas formas de discusión como si fueran las únicas disponibles y las más efectivas. Las asambleas sindicales o partidistas, las reuniones en las plazas, fueron los limitados mecanismos posibles de una era con escasa comunicación, que, si bien fueron útiles, llevaron a muchas arbitrariedades y al manejo de masas. Hitler, Mussolini o Perón fueron ejemplos extremos de ese manejo. A otro nivel, cualquier gremialista o intendente es hoy experto en manipular esas reuniones.

En un mundo de medios online, de redes que influyen más que los gobiernos y los expertos, de cadenas de whatsapp, de influencers, de voces de todos los estamentos y todos los intereses, donde cada celular es una urna donde el ciudadano vota a cada segundo, donde cualquiera recibe y emite miles de opiniones a diario, no parece demasiado necesario el agolpamiento sudoroso y gritón de las seudomultitudes, a menos que se intente la manipulación de voluntades mediante esas reuniones cuerpo a cuerpo. Y esto vale tanto para las posiciones de los legos como de los expertos. Lo saben muy bien los políticos, que cada vez recurren más a la comunicación on line positiva y negativa. 

En cuanto a los contenidos de la Ley, han sido debatidos permanentemente por la sociedad en los últimos años, aunque no tuvieron eco en los gobiernos del Frente Amplio. La nociva intervención del sindicalismo trotskista en la educación fue denunciada sin efecto alguno durante los últimos 15 años, como la negación a las pruebas PISA o la dilución de contenidos. La necesidad y el reclamo de que el gremio se dedique a defender los intereses de sus afiliados y no a pergeñar la política o los currículos educativos no han sido atendidas. La excelencia educativa ha desaparecido en una sociedad que necesita desesperada y urgentemente recrear oportunidades a los sectores más pobres, en especial. ¿Realmente hace falta mucho más debate? ¿Entre quiénes? 






Los cambios en la seguridad y la justicia penal, sobre la que también se legisla en la LUC, aunque no con la profundidad que debiera, han tenido un apoyo de media sociedad en el reciente referéndum, sin que haya surgido una refutación popular trascendente, salvo el relato. Tampoco los cambios que se propugnan son dramáticos ni eternos. Por supuesto que se deben tomar en consideración las opiniones de los penalistas y expertos en seguridad. Pero no se puede negar la urgencia que siente la ciudadanía ante la amenaza diaria, que deberían haber meritado profundos debates en los últimos años, sobre todo con algún resultado. ¿Se quiere recuperar ahora el tiempo y las vidas perdidas? 


La LUC también toca aspectos laborales, que simplemente replican las recomendaciones de la OIT, con la que el país está en vergonzosa infracción. Evidentemente, eso no justificó ningún debate en 15 años, y si lo hubo, no fue tomado en cuenta. Por el contrario, poco a poco se fueron introduciendo solapadamente cambios en la legislación laboral que hacen perpetuos y rígidos tanto el costo laboral como el gasto del estado y la ideología. Sin debate como el que se exige ahora en nombre de la convivencia.  

Este clamor por largos debates dentro de cada corporación o élite de intereses es una sobreactuación de la teórica poliarquía corporativa, superadas o subsumidas por las constituciones contemporáneas, sobreactuación que fue funcional al Frente cuando reemplazó el debate parlamentario por el debate multipartidario ideológico interno y que quiere aplicar a todo el sistema cuando no tiene mayoría parlamentaria, como un mago que saca conejos de la galera eternamente. 

En esa línea, el FA aprovecha, por ahora mediante sus intelectuales afines, la melancólica concepción de la discusión política entre amigos que obliga a hacer como que se escucha al otro, para reclamar un debate eterno, cuando en realidad está tratando de que no se cambie la ideología que plantó a veces subrepticiamente en la legislación y que convirtió en derechos adquiridos y en gasto peligroso, sin el debate que ahora reclama y que debió priorizar en sus 15 años de gestión. 

Subyacentemente, lo que la oposición pretende es que el gobierno continúe con las mismas políticas, planes e ideología que el Frente Amplio aplicó en sus mandatos. Y como aspiración de mínima, demorar todo cambio. Cualquier desvío de esos lineamientos será considerado una afrenta al sistema, a la democracia, a la tradición y convivencia políticas, a la solidaridad, a la sensibilidad a la igualdad, a las conquistas sociales o a algún tratado supranacional que defienda alguna causa más o menos sacrosanta. 

Con total respeto por la ley, las prácticas legislativas, el diálogo y la Constitución, el gobierno debe avanzar con su programa y su plan. Cuando el virus se haya ido, el tiempo que se pierda ahora, además de las consecuencias en los intereses de cada fuerza política, tendrá duros efectos sobre la sociedad. 




El desempleo también mata

La tarea de recrear el trabajo debe comenzar ahora mismo y empieza por sacarle el peso de los impuestos y los obstáculos al sector privado 




La economía está llegando al borde de la destrucción en lo que alguna vez se llamó el mundo occidental. Cuando se habla de economía en este momento - o siempre -  hay quienes conectan el término con materialismo, deshumanización y explotación y lo consideran un factor secundario y despreciable frente a las muertes que produce y producirá la pandemia.
Ese simplismo se sostiene por el momento porque todos los países han arrojado toneladas de dinero sobre el mercado para garantizar subsidios a los desempleados con motivo del aislamiento masivo y ayuda y préstamos a las empresas para que paguen los salarios y las deudas y hasta a los sectores informales y marginales, y porque hay algunos factores, como el caso del agro y otras materias primas que aún siguen haciendo su aporte fundamental para proveer de ingresos a los sistemas.
Tal mecanismo tiene límites en el tiempo, los montos, la generalización, la financiación y las consecuencias. Y esos límites ya se han sobrepasado. Partiendo del simple hecho de que no hay manera de que se recaude impuestos al ritmo previo, mucho menos al nivel actual de gasto estatal, tanto porque la menor actividad genera menor recaudación impositiva, como porque los privados tampoco pueden pagarlos, con lo que se llegará a una rebelión fiscal inducida, tarde o temprano.
Este es sólo el efecto sobre el financiamiento del gasto estatal en la coyuntura. Pero el costo social es pavoroso cuando se analiza desde el punto de vista del empleo, finalmente la resultante más importante de la actividad económica, y acaso el mayor logro del capitalismo como aporte al bienestar universal. Estados Unidos, tras un mes de una relativa cuarentena parcial e imperfecta, roza ya los 20 millones de desempleados, todo el empleo que se ganó desde la crisis de 2008 a hoy, y continúa perdiendo a razón de 5 ó 6 millones de empleos por semana.



La disyuntiva no es entonces entre economía o lucha contra el covid-19, sino entre muertes por desempleo o muertes por el coronavirus. En esta terrible frase se condensa la importancia de la economía, que no es nada más que la consecuencia de la acción humana, como ha explicado la columna, siguiendo a von Mises. Como se vio en la depresión de los años 30, el delito, los suicidios, la enfermedad, la depresión anímica, el hambre, la violencia, generan más muertes que cualquier virus y mayor drama social, si tiene sentido comparar.
Lo que lleva al paso inexorable que viene: moderar la cuarentena para que la actividad económica resucite lo más rápidamente posible. Y en esa línea, los gobiernos, además de buscar soluciones, están buscando palabras para tratar de explicar el trade off inevitable entre uno y otro drama humano. De modo que pronto, mañana mismo, la humanidad se estará enfrentando al “mundo que no volverá a ser como lo conocimos”, frase a la que cada uno le da el sentido que más le gusta o le conviene.

Y aquí se testeará una vez más la opción del estatismo versus la acción privada y la libertad de comercio y de empresa.  El socialismo contra el capitalismo, para decirlo con claridad y llaneza. El estado no genera empleo, apenas genera puestos cuyos salarios son casi siempre gasto. No produce, o cuando se mete a hacerlo lo hace mal. Y como se ve claramente ahora, no puede funcionar si no tiene un sector privado al que extraerle los impuestos que necesita para subsistir, hasta que no quede sector privado.
La idea de hacer obra pública para salir de la recesión, por caso, no funcionó nunca, tampoco durante las presidencias de Roosevelt. El mundo que se viene tampoco será un mundo de salario universal pagado por el estado, porque no habrá suficientes impuestos para financiarlos. Esa idea europea de bienestar infinito es para soñar en momentos florecientes, no en una depresión como la que viene. Tampoco servirá un mundo proteccionista, como se aprendió en esa década del 30, porque prolongaría la depresión indefinidamente.  De modo que Trump deberá revisar su fobia tarifaria y hasta su fobia migratoria. Con lo que la nueva idea de demonizar a China para aislarla en el comercio mundial no debería comprarse tan rápido, por lo menos si se trata del bienestar de la sociedad.
El empleo será recuperado – y aún a un ritmo no tan acelerado como se querría – sólo con la acción privada, con la empresa, con los emprendedores, con los inversores, con las Pyme de todo el mundo, con la innovación y la toma de riesgo. Todo lo que ahuyente o complique ese accionar, impuestos, restricciones o recargos a la importación y a la inmigración, al comercio internacional, a la libertad de comercio e industria, a la libertad en todas sus formas, o que dañe o restrinja el derecho a la propiedad o el simple derecho, demorará ese proceso o fracasará.

Dentro de lo dramático del futuro que se visualiza, nunca hubo una oportunidad tan clara de confirmar lo que ya ha demostrado largamente la evidencia empírica: el estado no produce, no crea empleo, no crea riqueza. Sólo puedo destruir o deteriorar todo eso si se empeña.

Por supuesto que se pueden intentar el estatismo, el proteccionismo y el populismo, sobre todo con la democracia demagógica que impera casi globalmente en grados diversos. Claro que simplemente volverán a obtenerse los mismos resultados de siempre. Por eso lograrán ventajas aquellos países que apuesten de entrada al sector privado y lo estimulen para que genere una explosión de empleo.
Para meditar, un ejemplo: al ritmo actual, Argentina tendrá al fin de año 6 millones de trabajadores privados formales manteniendo a 25 millones de personas que viven del estado.
El mundo que se viene será distinto al que se conocía hasta ayer, siempre lo es. Pero no será socialista.










Agoniza Argentina

No hacía falta ningún virus para poner al borde de la muerte a un sistema de gasto descontrolado, impagable y corrupto

























El default de la deuda local de mi país no sorprendió a nadie. Hace por lo menos dos años que prestigiosos economistas vienen propugnando como si fuera una solución técnica (que he disputado agriamente) algún formato de licuación, desde encaje obligatorio a emisión de un bono a largo plazo, para la deuda en pesos originada en los múltiples papeles con diferentes nombres que se usaron crecientemente durante los últimos 18 años para absorber los pesos emitidos alegremente desde Duhalde hasta hoy. Las advertencias que al principio del mandato de Macri realizamos algunos profesionales sobre la aberración de pagar con una mano una tasa descomunal para forzar la esterilización de lo que se emitía con la otra mano, fueron descalificadas hasta groseramente por el gobierno de entonces. Como antes y ahora lo fueron por otros gobernantes.
Fernández eligió el camino peronista para combatir la inflación, una mezcla de manoseo de índices, cepo del tipo de cambio como ancla, emisión profusa, controles y acuerdos de precios y amenazas inútiles, un mecanismo de postergación que tenía que terminar como termina, donde aún falta la hiperinflación que ocurrirá inexorablemente. A eso le agregó el aumento de impuestos y retenciones, para completar.
El segundo default no es en pesos, sino es la deuda por los bonos emitidos en dólares por Cristina, el Bonar 2020 y el AY24 (vaya nombre) bajo ley argentina, o sea garantía de que no iban a ser pagados deliberadamente. Estos instrumentos, emitidos para pagar a su vez los fallos sobre otro default, son de un monto mucho mayor que la deuda por las letras con pintorescos nombres que se usaron para absorber pesos.



















Todo esto no tiene nada que ver con el Coronavirus, sino con el desmanejo sin plan del gobierno y su particular estructura de poder o de despoder, que lo lleva nuevamente a hacer lo que hizo la señora de Kirchner en sus dos mandatos.
Los optimistas de siempre, (el optimismo es un veneno que un economista no debería incluir en su botiquín) intentan sostener ahora que este paso tan anunciado se da con la intención de cumplir con los compromisos en dólares emitidos bajo ley de New York. Se trata sin duda de una broma de Fool’s Day. Tampoco esos compromisos serán honrados de ningún modo. Ni aún el “permiso” mundial inspirado por la pandemia alcanza para que se ignore y condone el descalabro de las finanzas argentinas, además de la presencia omnímoda y oculta y la clásica actitud obtusa y prejuiciosa de la señora Fernández. (La confusión de apellidos es deliberada y refleja la realidad)
El virus por un lado desnuda situaciones previas que ya eran dramáticas y por otro agrega condimentos amargos y procedimientos nefastos, que el peronismo ama. El confinamiento absoluto decretado con tono firme y adusto por Fernández, paralizó al país y provocó una paradoja: el aumento de la emisión y al mismo tiempo la desaparición del efectivo del mercado. Un combinado explosivo en un mercado de alta informalidad y con fuerte influencia de las mafias de la droga, que no han acatado la cuarentena. Hizo bien Lacalle Pou al no plantear un aislamiento total. Hoy no sólo Argentina sino todo el mundo trata de moderar la presión domicilaria de los sanos, con dudoso resultado.
















La falta de ventas de las empresas, la evaporación del efectivo, sin un mínimo crédito bancario, con un Banco Central a la deriva y sin reacción, con impuestos impagables, la prohibición a las empresas de despedir personal, y el acoso del estado sobre los comerciantes, hacen que ya se sepa que los sueldos privados de abril no se podrán pagar, que las expensas de los departamentos tengan una incobrabilidad del 40 %, y subiendo, y que el sistema esté en una virtual cesación de pagos y rebelión fiscal obligada. Y el alto y largo desempleo, el peor de todos los virus, es un hecho. Mientras, las provincias amenazan con emitir cuasi monedas, un paso caótico que ya empezó a dar la provincia de Sante Fé. El triste episodio del 3 de abril, con masas de beneficiarios de planes, subsidios y jubilados agolpados desde la madrugada ante los inflexibles bancos y el más inflexible sindicato bancario, fue directamente criminal y tendrá efectos en la salud y en el número de muertos. Consecuencia de una cerrazón apresurada y una incapacidad de gestión del Central, similar a la incapacidad e irresponsabilidad del ministro de Salud, que ni aún hoy tiene un mínimo de kits de tests disponibles, y que quiso confiscar por decreto los insumos e instalaciones del sistema privado de salud. El fin de semana fue un aquelarre en el conurbano y las provincias más pobres, con sus planeros disfrutando en las calles el nuevo subsidio de 10.000 pesos. Más contagio. Más droga.

Además de haber eliminado la formación de leyes por el Congreso al generalizar el uso del decreto de necesidad y urgencia, práctica que, conociendo el bolivarianismo peronista va a ser difícil retrotraer, el máximo diputado Máximo Kirchner le ha informado a Fernández de la presentación de su proyecto para gravar con un impuesto especial a los capitales blanqueados durante el gobierno de Macri. Seguramente inconstitucional, además de suicida si se quiere conseguir alguna ilusa inversión y probablemente un paso más en el rompimiento con el sistema mundial. Como lo es el proyecto del mismo máximo Máximo de limitar las utilidades de los hipermercados, otro delirio chavista-marxista barato.  Mientras Fernández sostiene que no bajará su sueldo y el de los funcionarios porque sería un acto de demagogia, mientras aumenta el costo que los pocos privados sobrevivientes tendrán que afrontar para pagar el gasto del estado y el gobierno compra alimentos para repartir a precios hasta 30% más caros que el supermercado de la esquina, Argentina agoniza en el CTI. Y no por el Covid-19, acaso por el Cristina-20.










El Observador 31/03/2020


En la salud y la enfermedad

La pandemia cambia las reglas sociales, pero no los efectos de las decisiones económicas


Luce superfluo recordar que hace apenas un mes que asumió el gobierno elegido por la sociedad para conducir sus destinos durante los próximos cinco años. Sin embargo, el coronavirus o su excusa amenaza desatar un clima de campaña como si las elecciones se hubieran anulado o no hubieran tenido lugar. Es de esperar que ese primereo despreciable no tenga imitadores y cese de inmediato.
La emergencia sanitaria no tendrá efectos cortos ni menores, además de la salud y de la terrible pérdida de vidas. No los tendrá el costo de la lucha contra la pandemia, tanto en las erogaciones específicas para combatirla como en los gastos y déficit adicional en que se incurrirá para compensar el aislamiento, ni el daño colateral que implica la parálisis de la economía, como en el tremendo golpe en la exportación que se sufrirá como consecuencia del covid-19 en la economía mundial. De modo que está claro que en algún momento habrá que replantearse medidas, tiempos y políticas, comenzando por el presupuesto 2020, que ya antes del virus era una ficción.
Esa es una tarea que debe encarar el gobierno, en la que habrá de escuchar voces y opiniones y acordar, si se puede, sin dejar de lado las convicciones y principios por las que fue votado, es de esperar. No hay que ignorar que las diferencias con la oposición son muy profundas y que las diferencias en la sociedad también lo son, cuando por un lado un sector importante de la ciudadanía cree que la otra parte debe proveer a su bienestar y a sus conquistas, como si fuera culpable de sus carencias o de sus expectativas no cumplidas; y la otra parte intenta proteger el fruto de su esfuerzo, su creatividad y su toma de riesgo y defender su derecho a la propiedad y a la libertad de comerciar y producir. Difícilmente se pueda hallar un promedio en esa grieta. Esa diferencia se zanja con el voto.

Pero esa etapa vendrá después. Ahora hay una sola prioridad: minimizar, curar y vencer a la enfermedad y atender a sus víctimas directas y colaterales. Por supuesto que cada uno puede tener su opinión y manifestarla –por suerte está claro que eso ocurre diariamente en casi 3.500.000 casos sobre cualquier asunto– pero la lucha debe tener una sola conducción, como toda situación catastrófica. “En la salud y en la enfermedad”, dice el clásico voto matrimonial. Que vale para el voto democrático. Y rige también en lo económico: “En la prosperidad y en la adversidad”. Esta catástrofe es la que le tocó pilotear al gobierno. Y este es el gobierno que eligió Uruguay, a todo evento.

La semana pasada el Instituto de Economía de la Udelar publicó las sesudas conclusiones de un trabajo que determina que la pandemia afectará negativamente la economía, y que la solución es aumentar los impuestos a la renta y la riqueza. Además de un panfleto ideológico, se trata de un planteo inoportuno, que pretende reabrir una discusión fuera de tiempo, una primereada, diría la calle. También han surgido opiniones que sostienen, desde el desconocimiento o la mala fe, que no hay evidencia empírica contundente sobre el efecto de la suba de impuestos en casos de economías deficitarias. Más allá de la falacia que se cae a pedazos ante la realidad, se reinventa una discusión que acaba de saldarse en las urnas.


Lo que lleva a una afirmación que ayudará a entender el punto: la pandemia cambia las reglas sociales. Pero no los efectos de las decisiones económicas. Paradojalmente, todas estas neopropuestas, verdaderas pancartas virtuales, intentan ignorar que el nivel de deuda del país, su déficit, su inflación, la pérdida de inversión y de empleo, los límites al endeudamiento, son consecuencia de haber aplicado durante 15 años, en especial los últimos cinco, las políticas que ahora se pretende imponer al nuevo gobierno. Con lo que es evidente que algunos sectores creen que el coronavirus tiene un efecto amnésico sobre las acciones del pasado. O que –dialécticamente– anula el pasado, como diría Borges.


La idea de eliminar el déficit con impuestos a los ricos para poder mantener el rating crediticio y así tomar más deuda, además de cortoplacista y suicida, es de poco vuelo, incongruente e irresponsable y condena a más impuestos a las próximas generaciones. Por otra parte, no es cierto que no haya opciones. Los organismos de crédito mundial, y aún los eventuales bonistas, no exigen medidas drásticas inmediatas, y menos ahora. Quieren ver un plan sólido, consistente, proyectado y mantenido en el tiempo, con metas y rendiciones periódicas. Un plan de crecimiento basado en la inversión privada y en la confianza del mercado sobre país y gobierno.


Esa confianza, por sobre la ideología, fue honrada y mantenida por el gobierno anterior, que merece el reconocimiento por ese logro, acaso el más importante de su gestión. Cuando el virus sea derrotado, cuando la lucha haya terminado y con ella la emergencia, llegará el momento de pensar en el futuro y armar un plan coherente que edifique sobre esa confianza, que se base más en la inversión y la creatividad privada y menos en el Estado como repartidor de felicidad y bienestar con dinero ajeno. Que es la promesa de la coalición. Y que es factible, como lo muestra la tan negada evidencia empírica.


Pero eso viene después. Ahora hay un solo plan, que es domar al virus, proteger la salud y la trama social y salvar vidas. La cuasi cuarentena es una oportunidad para reflexionar, y para que muchos economistas lean los libros que no se leen en la Udelar y estudien profundamente la amplia casuística fiscal en países comparables.

En cuanto a la futura acción económica del gobierno, como ya sostuvo esta columna y como sabe cualquier usuario del por ahora casi inútil Waze, recalcular no es cambiar el objetivo. Es encontrar caminos alternativos para alcanzarlo.







La Prensa. Marzo 28 2020

UNA MIRADA DIFERENTE

El daño colateral irreversible del virus

La tentación de usar la emergencia para imponer un sistema permanente de autocracia en ritmo de joropo madureño.

El tono enérgico y a veces enojado del presidente Fernández puede ser confundido fácilmente con una demostración de liderazgo. En rigor, necesita ese porte autoritario y decidido para imponer cierta disciplina, sensatez y responsabilidad a una parte importante de la población que hace rato se comporta antisocialmente, con una especie de socipatía colectiva y contagiosa que la lleva a saltar por sobre todas las normas de convivencia, del derecho, del respeto por el otro, del orden social y de la ley misma y que llega a enfrentarse a las fuerzas del orden como si se tratase de una pelea de conventillo o de dos bandas de una villa. 
Ese estilo revulsivo, impune y prepotente, paradojalmente instituido, fomentado, elogiado y usado como herramienta electoral por el peronismo que prohijó y entronizó al propio mandatario, es hoy su mayor enemigo en la lucha contra el covid-19 en esta etapa de cono de aislamiento que es – en su expresión más sintética –una carrera entre la pandemia y el número de tests y respiradores que se puedan conseguir-, una forma de ganar tiempo en la trágica competencia entre el virus y la muerte. Suponiendo que esa tregua sirva para equiparse adecuadamente. 
Por eso la sociedad ha consentido o tolerado ese accionar presidencial, como los romanos del imperio consagraban legalmente la figura del Dictador en tiempos de guerra. Eso le ha valido a Fernández, por ahora, su altísima nota de aprobación en las encuestas y le ha permitido tomar medidas que en otros casos se considerarían anticonstitucionales y llevaría a denunciarlo ante la temible, inapelable, burocrática y socioprogresista Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es muy diferente a lo que está ocurriendo mundialmente, salvo en los países dirigidos por delirantes negacionistas. 
En ese camino, a veces evidentemente desesperado, aparecen cuestiones tan graves como la abolición del federalismo, principio liminar de la Constitución, en momentos en que los otros dos principios liminares, la Representatividad y la República, están en riesgo por el accionar del lado sombrío del partido del presidente en el Congreso y por sus ataques a la independencia de la Justicia, ya en marcha imparable.
Las provincias y aún las intendencias son puestas al borde de la secesión o la rebeldía ante la desesperación de ver cómo algunas decisiones del gobierno central barren con su seguridad e inmunidad sanitaria sin acuerdos y sin que se les ofrezcan alternativas explícitas y concretas. El enigma de los tests, su monopolio inicial, el bajo número de testeos, la prohibición de ser realizados por el sistema privado, no ayudan ni convencen aún a los más crédulos. Al contrario. Abren sospechas de todo tipo, incluso de corrupción, proceso en el que no ayuda la figura cada vez más desfigurada del ministro González García, que pese a sus evidentes falencias sigue metiendo la mano para garantizarse su monopolio incomprensible e inmerecido en lo que hace a los insumos vitales en el combate a la pandemia, como otrora hiciera el exministro De Vido en otra crisis, la del gas y la energía. 

Cuarentena al voleo

El escaso número de testeos hace intuir que la cuarentena al voleo seguirá por bastante tiempo, y las prórrogas continuas del aislamiento mostrarían la falta de un enfoque integral del tema. Un agravante más para una economía ya moribunda o muerta antes del coronavirus. La posibilidad de una cuarentena inversa, es decir la aislación de casos no sintomáticos detectados, no de los sanos, parece lejana y teórica. 
Hasta ahí, podría existir un cierto parecido con muchos países con políticos de estilo moderno, es decir, poco preparados para la tarea para la que se postularon y fueron elegidos, tanto en el pasado como en la actualidad. Salvo el ingrediente sospechado de corrupción que es una característica casi exclusiva de Argentina, en el que el peronismo tiene vastos antecedentes, muchos juzgados, otros en etapa de procesamiento, otros ocultos en la asociación ilícita del estado con los laboratorios privados.
De pronto, reaparece el ángel exterminador de Ginés González y decide que todos los respiradores, los tests y otras facilidades sanitarias del país, incluyendo al sector privado, serán administrados por el estado nacional, o sea su ministerio. Se supone que, con la anuencia del presidente, quien tal vez no midió los alcances de tamaña decisión. Para ponerlo en otros términos, el ministro confisca, por su sola decisión, bienes de las provincias y de los particulares y se erige en su administrador exclusivo. 
Este columnista ya anticipó su opinión en un largo hilo de Twitter del miércoles, que, felizmente, sirvió de inspiración a algunas notas de ayer. Se apodera de un plumazo de bienes y sistemas que no le pertenecen a la Nación, pero sí a la población de cada provincia o municipio. Se erige en el burócrata más capacitado para administrar los recursos ajenos. Algo que, además de inconstitucional en su forma y en su fondo, está lejos de haber demostrado en la práctica. Usa el ahorro, el esfuerzo, la previsión y la capacidad médica de otros y los secuestra para tapar sus agujeros y administrar las eventuales muertes. 
La situación empeora cuando se refiere al sector privado, que el ministro ha declarado caduco y expropiado a precio cero. Aquí se rompen todo tipo de reglas, leyes, principios y preceptos constitucionales y jurídicos. Se trata de una deliberada ignorancia del rol de la medicina privada en la salud de los argentinos, ya esbozada al impedir las pruebas de los prestadores de salud. Pero en el fondo, destruye el sistema de medicina prepaga con una declaración, apenas, o una resolución o un decreto. Los aportantes a las prepagas tienen un contrato homologable a un seguro con sus prestadores, que acaba de dejar sin efecto, o de obligar a incumplir, un ministro cuestionadísimo. 
En términos de salud también adquiere una enorme gravedad. Los aportantes al sistema privado de salud compraron a lo largo del tiempo el derecho a ciertas prestaciones vitales, que ahora le es conculcado burocráticamente en una medida estalinista en nombre de la salud de todos. Algo peor que la estafa a los jubilados. La estatización lisa y llana. El corralito sanitario. La soberbia del burócrata que se apodera de los bienes ajenos y se arroga la capacidad infinita de manejarlos mejor que los propios interesados. 
De paso, otra rotura de la seguridad jurídica, del derecho, de los derechos humanos auténticos. El Estado proyecta su incapacidad y su ineficiencia sobre los particulares, y los obliga a ser solidarios al precio de su propia salud y su propia vida, eventualmente.  

Accionar colectivista

Dos preguntas elementales: ¿hasta dónde seguirá este accionar colectivista en nombre de una solidaridad sin costo para el gobierno, pero con alto costo para la gente? ¿Cuán de acuerdo está el presidente con estas decisiones? González García debió ser reemplazado hace mucho, y eso habría mostrado un verdadero liderazgo y valentía presidencial. No sólo sobrevive, sino que mantiene una increíble capacidad de daño. 
No es el único caso en que se generan serias dudas sobre el grado de avance y permanencia de este cómodo criterio autocrático en el futuro. El congelamiento de alquileres y de juicios por cobro de hipotecas y desalojos, la prórroga por decreto de los contratos temporarios -una burla legal-  son medidas oportunistas del más rancio peronismo y cristinismo, además de condenar a un resultado inexorable de escasez de crédito, alquileres y empleo, hacen pensar que, cuando el virus se haya ido, el peronismo autoritario se quedará y ahondará en el estilo venezolano al que tanto hay que temer. 
No muy distintas son las medidas de congelamiento de precios, la obligación de producir, el otorgamiento de monopolios de ventas de tests por decreto, arraigados mecanismos de corrupción que acompañan desde siempre al peronismo, como ejemplifica la historia desde 1946. Y nada hace pensar que ese retroceso sobre una buena decisión económica del gobierno anterior que liberó al sistema de salud y a sus víctimas esclavas del PAMI, no torne a perpetuarse. 
El gobierno del verdadero Fernández recién empezará a pleno cuando el tiempo, la suerte y los trabajadores de la salud hayan exorcizado al demonio del covid-19. Habrá que confiar que en ese momento no se hayan puesto en cuarentena las libertades, la seriedad económica, la Constitución y el derecho. De lo contrario, otro virus más terrible, incurable, asolará a la sociedad.